RECURSOS

Mendoza reclamó al INAI que frene las cesiones de tierras a los mapuches
La provincia argumenta que se trata de zonas altamente productivas y denuncia que hay “complicidad del kirchnerismo”
Pablo Mannino Gobierno de MendozaEl ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, presentó ayer la queja en el INAI
MENDOZA.– La seguidilla de entrega de tierras a comunidades autodenominadas mapuches en Mendoza por parte del gobierno nacional, que suman más de 26.000 hectáreas, alarma a las autoridades cuyanas, que ayer se presentaron ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en Buenos Aires, para pedir que revierta la medida. La provincia viene denunciando que el accionar de la Nación afectará el desarrollo productivo y estratégico, en medio de una puja política que comenzó en plena pandemia.
El ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibáñez, presentó tres “recursos de reconsideración” contra las resoluciones del INAI, que depende de la administración de Alberto Fernández. “En los recursos que presentamos se plantean todas las irregularidades de las resoluciones, tanto en el procedimiento, sin la intervención de la provincia, como en aspectos sustanciales vinculados con la ilegalidad de la prórroga de la ley 26.160 dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia.
También objetó la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades y los planteos sobre la inexistencia de presencia histórica de Mapuches en el territorio provincial”, detalló Ibáñez.
El gobernador Rodolfo Suárez había dicho que la cesión de terrenos, a instancias del INAI, incluye pozos petroleros de la zona de Vaca Muerta. “Esta nueva decisión del gobierno del Frente de Todos demuestra una intencionalidad política sobre nuestras tierras para continuar perjudicando a Mendoza. Además deja en descubierto la complicidad del kirchnerismo con estos seudomapuches”, se despachó el mandatario.
“Las decisiones del INAI afectan los derechos de Mendoza y son manifiestamente inconstitucionales. Oportunamente una vez transitada esta vía, se realizarán las acciones judiciales que correspondan”, apuntó Suárez.
El gobernador cuestionó la decisión de la Nación de avanzar sobre tierras en las que se encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta. “En ese lugar se desarrolla una inversión millonaria para actividades de exploración y producción, por parte de YPF”, señaló Suárez.
El ministro de Gobierno destacó que las resoluciones del INAI “presentan vicios en la competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad”. Hizo hincapié en la férrea posición del Estado mendocino: “Cada uno de estos vicios está desarrollado en la presentación del gobierno provincial, lo que permite concluir que las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas”.
También se cuestiona la vigencia de la emergencia dispuesta por ley 26.160, prorrogada por diversas normas legislativas hasta 2021 y tuvo una última prórroga mediante el decreto 805/2021 hasta noviembre de 2025. “Se cuestiona la validez del decreto, porque no se ha configurado la situación que prevé la Constitución para dictar una norma de esta naturaleza y, menos aún, prorrogar una emergencia cuya declaración, determinación del plazo y alcances es atribución exclusiva y excluyente del Congreso”, indicaron en el gobierno provincial.
El viernes pasado se conoció la nueva decisión del gobierno nacional, con la publicación en el Boletín Oficial. Se trata del reconocimiento, a través de la resolución 47/2023, por disposición del INAI, de la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, en territorio cuyano, otorgándole 4477 hectáreas en la localidad de Los Molles, en la comuna de Malargüe, a más de 300 kilómetros de la capital provincial.
En la norma quedó establecido, a diferencia de las cesiones anteriores, que esa comunidad cuenta con personería jurídica.
La situación cayó como un baldazo de agua fría en las autoridades locales, en medio de prolongados conflictos en otras provincias, como en Neuquén y en Río Negro, donde la semana pasada fue detenido Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y prófugo de la justicia de Chile.
“El gobierno nacional está entregando, además de tierras, activos económicos de Mendoza. Los mendocinos exigimos explicaciones a los responsables de esta falta de institucionalidad. Sin dudas, iremos hasta las últimas instancias para detener este atropello”, disparó el mandatario mendocino Suárez.
Por su parte, el senador radical y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, volvió a condenar la decisión del gobierno de Alberto Fernández. “Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches: un polígono en el ingreso a Las Leñas y otro frente a La Laguna de la Niña Encantada, que juntos suman 4477 hectáreas”, señaló.
“Más allá de toda la riqueza que Vaca Muerta significa, encontramos el detalle de que a cada instalación se le cobra por el uso de la tierra, por cada uno de los pozos, por cada kilómetro que se hace y por cada kilómetro de cañería que se tira”, sostuvo el exgobernador. “Bajo el ala de una institución pública, el gobierno nacional está tomando una decisión inconstitucional que vulnera activos y recursos provinciales”, completó.
Relaciones conflictivas
El nuevo reconocimiento de terrenos tensó más la cuerda entre ambos gobiernos, ya que el vínculo viene en crecientes problemas desde la pandemia, cuando Mendoza se quejaba de la discriminación en el envío de fondos. Luego, surgieron más cortocircuitos, que culminaron a fines del año pasado con el revés presidencial a la tan mentada “obra del siglo”, la megarrepresa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, también proyectada en Malargüe.
Ahora, la puja se profundiza por la controversia y el malestar que generaron la cesión, días atrás, de más de 21.000 hectáreas a dos grupos “autoidentificados” como mapuches de San Rafael y Malargüe, por parte del INAI. La diferencia con el nuevo caso es que la comunidad beneficiada sí cuenta con personería jurídica, algo que estipulan las normativas vigentes, incluso la Constitución, para poder avanzar en el trámite.

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