INSEGURIDAD

Raíces de la crisis: los niveles de inseguridad afianzan a la Argentina en la región y la alejan de Occidente
Marcha por inseguridad en Rosario

Desde 1983 casi todos los gobiernos en la Argentina terminaron su mandato con mayores niveles de delitos de los que tenían al comenzar; el aumento de los robos se relaciona con la expansión de los mercados ilegales.
Diego P. Gorgal
La Argentina viene experimentando un proceso de latinoamericanización de sus condiciones de seguridad. Las raíces de ello no son nuevas, sino que se hunden en el devenir de nuestra historia contemporánea. Desde la recuperación de la democracia, todos los gobiernos—con excepción del período 2003-2007—culminaron sus mandatos con mayores niveles relativos de delitos registrados de los que tenían al comenzar. El proceso no es inexorable, pero para gestionarlo en el modo deseado, debemos primero entenderlo.
Este deterioro de las condiciones de seguridad presenta aspectos comunes con la región. La Argentina ostenta desde hace muchos años una de las tasas de robos más altas, la que además se ha duplicado en estas décadas. Y una de las más altas victimizaciones (porcentaje de la población víctima de un delito en el último año), la que también creció en este tiempo, pero al doble del resto de la región. Estas tendencias convergentes con América latina son divergentes con el resto de Occidente.
En efecto, desde los 90, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Europa Occidental tienen menos delitos tradicionales contra la propiedad, menos homicidios y menos delitos violentos no letales (agresiones, violaciones), lo contrario de la región. Entonces, si Occidente pareciera haber encontrado la fórmula para controlar la inseguridad, ¿por qué América latina no? Las respuestas son múltiples, pero algunas hipótesis pueden ayudar a simplificarlas y sintetizarlas.
La expansión de los robos en la Argentina y en la región, por caso, muy probablemente se vincule con la expansión de sus mercados ilegales. Estos son espacios donde se compran y venden bienes y/o servicios que están legalmente prohibidos o trasgreden las normas. Este universo incluye tierras, viviendas, drogas (legales e ilegales), bienes culturales, antigüedades, combustibles, metales (oro, cobre, bronce), animales exóticos, armas, ganado, indumentaria, celulares, tecnología, autos, autopartes y otros bienes de consumo .
La Argentina presenta desde hace muchos años una de las tasas de robos más altas en la región
Posibles razones
Los robos sustraen bienes que se transan en algunos de estos mercados. Si hay más robos, hay más transacciones en los mercados ilegales, y viceversa. Entonces, ¿por qué existen y crecen tales mercados?
El consenso apunta a tres factores predictores, muy extendidos en la región.
Primero, la demanda de esos bienes y servicios, en un contexto de deterioro en la capacidad de compra de las personas, por lo que muchos no acceden a aquellos en el mercado formal.
Segundo, regulaciones gubernamentales (tributarias, aduaneras, cambiarias, laborales) que resultan en restricciones físicas (neumáticos) y/o económicas (cigarrillos) de esos bienes y servicios en el mercado formal (o no están, o son muy caros).
Combinados, ambos factores reducen los bienes y servicios legales, dejando una porción de la demanda fuera del mercado formal.
Tercero, por ineficacia o por connivencia, la capacidad de control y represión de la oferta ilegal no es la adecuada. Dado que la demanda latente genera la oportunidad de ofrecer ilegalmente esos bienes y servicios, la escala de la oferta ilegal dependerá de la capacidad gubernamental de reprimirla.
Concentrémonos en este último factor. En América latina, en general, y la Argentina, en particular, la capacidad de hacer cumplir las leyes se encuentra seriamente limitada por el muy bajo efecto disuasivo que el sistema de seguridad y justicia genera.
Marcha por hechos de inseguridad en Villa General Belgrano
Un estudio de la Corporación Andina de Fomento muestra que en Europa se arrestan a 29 personas por cada 100 delitos denunciados. De estos, 21 son procesados, y de ellos, 15 son condenados. Por tanto, cada dos veces que la policía toca la puerta, una termina en condena. Esto habla del desempeño de sus policías y administraciones de justicia. En nuestra región, por el contrario, se arrestan a 32 personas por cada 100 delitos denunciados, pero se procesan a 14 de ellos, de los cuales solo cuatro reciben condena. Es decir, la policía tiene que tocar ocho puertas para llegar a una sanción.
La organización y el funcionamiento de las policías, pero sobretodo de la administración de justicia explican este déficit. En estas décadas, las policías en la región han sido objeto de las más variadas reformas. Pocas han logrado construir una institución efectiva en el cumplimiento de su misión. Pero lo que resulta llamativo es la falta de reforma judicial en clave de producir mayor seguridad, gran responsable de la situación presente. No es casual que solo el 25% de los latinoamericanos y el 16% de los argentinos confíe en la Justicia (Latinobarómetro, 2020).
Transgresión de la ley
Por una razón u otra, ambos actores presentan serios problemas para disuadir la trasgresión de la ley. Quienes están involucrados en el delito o son susceptibles de estarlo, no les resulta creíble que “portarse mal” traiga consecuencias. Esto es consistente, paradójicamente, con el crecimiento relativo de la población penitenciaria en este tiempo.
Como el sistema no disuade a la cada vez más cantidad de personas que ven al delito como algo válido, se “lleva por delante” a cada vez más infractores: en la Argentina, la tasa de encarcelados es cinco veces mayor que en los ochenta, y en la región creció 120% desde el año 2000. Cuando el sistema genera expectativa de castigo creíble, no se necesita usar la plaza carcelaria.
Este deterioro en la disuasión se refuerza en presencia de criminalidad organizada, cual círculo vicioso. La expansión de los mercados ilegales genera un incentivo para organizar mejor la provisión ilegal de los bienes y servicios demandados (drogas ilegales). Ello consolida empresas criminales que tienen mucha más capacidad de administrar castigos (inmediatez, certeza y severidad) que el propio Estado.
Rosario, como tantas otras ciudades latinoamericanas, representa un camino en desarrollo, antes que un punto de llegada.
Aunque central, la falta de capacidad gubernamental para generar disuasión es solo una parte del problema. Antes, el déficit de intervenciones (prevención social y comunitaria) que reduzcan el contagio de conductas delictivas (propensión criminógena) explica que año tras año más personas vean al delito como una alternativa válida y conveniente
Además, la falta de políticas criminales que dirijan la incapacitación (encarcelamiento) hacia los delincuentes más prolíficos y nocivos—en lugar de los más fáciles de arrestar, juzgar y condenar—socava la habilidad de cárcel para reducir la mayor cantidad de delitos. Finalmente, al mismo resultado conduce la falta de intervenciones efectivas que logren el desistimiento del delito de los condenados liberados, limitando la cárcel a ser un descanso en la actividad criminal. Sin una elite política que transforme este entendimiento en un plan de acción sostenible, haremos inexorables nuestros padecimientos.

El autor es politólogo (UCA), con Master in Public Policy (Georgetown University y profesor invitado de las universidades Di Tella, Austral y Tres de Febrero.

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