TAPAR EL SOL CON LAS GARRAS

Rechazan los planteos de Cristina en la causa Vialidad
Los camaristas Hornos y Borinsky negaron sus recusaciones in limine

Paz Rodríguez Niell
Los camaristas de la Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron los planteos que presentó Cristina Kirchner para sacarlos del caso Vialidad, en el que decidirán si confirman la pena de seis años de prisión que recibió en diciembre. El rechazo fue in limine, sin darles trámite a las recusaciones. La defensa de la vicepresidenta consideró “arbitraria” la decisión y adelantó que la recurrirá.
Los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron los planteos que presentó Cristina Kirchner para sacarlos del caso Vialidad, en el que decidirán si confirman la pena de seis años de prisión dictada en diciembre.
La defensa de la vicepresidenta había pedido que se sorteara una nueva integración de la sala, para que otros jueces resolvieran, pero Hornos y Borinsky desestimaron las recusaciones “in limine”, sin darles trámite a los planteos.
Hornos y Borinsky son los jueces a los que Cristina Kirchner denunció por sus visitas a la Casa Rosada y la quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri.
En el fallo, los camaristas aceptaron la excusación del tercer miembro de la sala, Javier Carbajo, quien entendió que no le correspondía intervenir en esta causa por lo que había sostenido cuando confirmó la condena por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Dijo que entre los delitos precedentes de ese lavado estaban los hechos de corrupción que se investigaron en el caso Vialidad. Aquella intervención podía ser interpretada como un prejuzgamiento, entendió Carbajo. Ahora, deberá sortearse un camarista de casación que lo reemplace.
Ese juez se sumará a Hornos y Borinsky y los tres tratarán los recursos contra la sentencia del Tribunal Oral Federal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de cárcel y dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No solo los recursos de las defensas; también los de la fiscalía, que pretende que la vicepresidenta sea condenada, además de por fraude, por asociación ilícita. Todo indica que la decisión de la Cámara no será antes del año próximo.
La defensa de la vicepresidenta había recusado a Carbajo y al fiscal Raúl Pleé. Hornos y Borinsky declararon “inoficioso” tratar los planteos: el de Carbajo, porque estaban aceptando ya su excusación; el de Pleé, porque solo tuvo una actuación “interina” en reemplazo del fiscal Mario Villar, quien seguirá al frente de la acusación.
También cuestionó el fallo. “Es una decisión totalmente arbitraria e ilegal. La vamos a recurrir”, dijo Carlos Alberto Beraldi a la nacion minutos después de conocido lo resuelto.
Hornos y Borinsky sostuvieron que las recusaciones contra ambos “resultan manifiestamente improcedentes” y que, por eso, debe aplicarse “la inveterada jurisprudencia de la Corte”, que establece que “los pedidos de recusación manifiestamente inadmisibles deben ser desestimados de plano; incluso por los mismos jueces cuya recusación se pretende”.
Los argumentos centrales de la vicepresidenta para intentar correrlos del caso fueron dos: las visitas de Hornos y Borinsky a Macri, a la Casa Rosada y a Olivos, y las intervenciones previas de ambos en esta causa, en las que, según Beraldi, “comprometieron una opinión”.
Los camaristas sostuvieron que las defensas de Cristina Kirchner y de Nelson Periotti –otro condenado que también los recusó por sus visitas a Macri– dijeron que está afectada la “independencia e imparcialidad subjetiva” de ellos basadas “en expresiones imprecisas y conjeturales” y que esas “hipótesis especulativas” no pueden sacarlos de la causa porque se La afectaría “la garantía del juez natural”.

Agregaron que la Casación ya rechazó este mismo planteo y que esa decisión quedó firme porque la Corte se negó a revisarla.
Por las visitas se inició una causa penal contra los camaristas y contra Macri. El juez Marcelo Martínez de Giorgi los sobreseyó y la fiscal Alejandra Mángano apeló la decisión, pero el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe desistió del recurso con el argumento de que, aunque hubieran existido encuentros, no se había acreditado que hubieran influido “en el actuar de la Justicia”. El kirchnerismo había denunciado lo contrario.
En cuanto a sus intervenciones previas en la causa, Hornos y Borinsky dijeron que lo resuelto no constituye per se prejuzgamiento”. Afirmaron que ante planteos así “es doctrina” de la Corte “que corresponde el rechazo in limine de la recusación por improcedente”.
Con respecto a Carbajo y su excusación, Hornos y Borinsky dijeron que no resulta oportuno que él intervenga, “para preservar más adecuadamente la confianza en la administración de justicia”.
Respuesta de la defensa
Beraldi dijo a que el procedimiento de los camaristas para resolver las recusaciones es “ilegal” y arbitrario. “Una recusación tiene un trámite procesal: el juez recusado presenta un informe y después se remite a otra sala para que lo resuelva. Ellos no pueden ser jueces de su propia situación”, sostuvo.
“Además –afirmó– el fundamento que damos no es solo que fueron a Olivos. Ya intervinieron en este proceso en instancias previas, tienen comprometida una opinión y corresponde que se aparten”.

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ADEPA denunció el “desvío autoritario” de Quintela
Advirtió sobre el plan para poner límites a la prensa en La Rioja
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó una “profunda preocupación” por las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien exigió a los periodistas que se “autolimiten” y reflejen en sus publicaciones “respeto por las autoridades electas por el voto popular”, ya que “viven de la pauta del gobierno nacional”.
Para los editores, “no es el origen democrático de un funcionario un título que brinde ningún tipo de indemnidad ante la crítica”. Por el contrario –añade-, “en su carácter de mandatarios de esa voluntad popular, estarán sometidos siempre a un escrutinio superior y más intenso de sus acciones. Ese es el papel de la prensa y ese papel es indispensable en un sistema democrático”.
Respecto de los dichos de Quintela sobre la pauta oficial, ADEPA indicó: “La sola sugerencia de que la comunicación institucional que el Estado está obligado a realizar debe ser un motivo de deferencia para con los funcionarios constituye un inusitado desvío autoritario. Erigir la percepción de fondos estatales como una causa para limitar la crítica a los funcionarios por parte de los ciudadanos, sean estos periodistas, empleados públicos o beneficiarios de planes sociales, pone de manifiesto una visión completamente desviada del servicio público y de la propia democracia”.
Aunque destaca que “el desempeño de la actividad periodística no otorga inmunidad por un eventual ejercicio irregular”, la entidad enfatiza que en democracia “el día que la prensa, por presiones económicas o amenazas legales, deje de escrutar y criticar el desempeño de los funcionarios estatales, dejará de ser el sustrato indispensable para la existencia de un sistema democrático de gobierno”.
La entidad, que preside Daniel Dessein (La Gaceta, de Tucumán), añadió que, en ese caso “se habrá convertido en un órgano de propaganda de gobiernos autoritarios o totalitarios”.
Palabras del gobernador
Quintela hizo las polémicas declaraciones un día después de ganar su reelección en La Rioja, con el presidente Alberto Fernández al lado. Planteó que pretende tratar “el tema de la gobernanza de la prensa” en la reforma constitucional provincial que impulsa. “Nosotros respetamos la libertad de expresión a rajatabla, pero creemos que es importante que todos nos autolimitemos cuando tenemos que hablar de las autoridades legítimamente electas por la voluntad popular”.
Y añadió: “Hay términos que son descalificadores hacia las personas, como la persona mía, términos que son humillantes y que agravian a nuestras familias. Cuando decís algo de ese tipo de periodismo se quieren resguardar con que atentamos contra la libertad de expresión. Nada de eso. Queremos que se discuta cuál es el rol de la prensa en la democracia”.

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