AMPLIO RECHAZO A LAS MEDIDAS DE MASSA

Amplio rechazo empresario y político a las medidas de Massa
Gobernadores e intendentes dudan de poder pagar el bono salarial; el sector privado cree que es una “imposición”
Gobernador es, intendentes, cámaras empresarias, entidades agropecuarias y de medicina prepaga y sindicatos expresaron ayer su enérgico rechazo a las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, para compensar los efectos de la devaluación y la inflación sobre los ingresos y sostener su campaña electoral.
Los representantes de provincias y municipios se quejaron de la decisión de otorgar un aumento salarial de suma fija para empleados públicos y privados debido a que, en su visión, no tuvo en cuenta la situación de las finanzas en esos distritos.
Los empresarios de la Cámara de Comercio (CAC), la UIA y la CAME cuestionaron que el Estado imponga aumentos por fuera de las paritarias, consideradas “el ámbito natural” para estas decisiones. “Buena parte de las empresas del país se encuentran en una delicada situación”, expresó la CAC.
Desde el campo, CRA señaló que las medidas para el sector generan “incertidumbre” e “imprevisibilidad”, mientras que los prestadores de servicios de salud calificaron de “catastrófico” el congelamiento de las cuotas. En tanto, economistas privados calculan en $730.000 millones el costo fiscal del paquete, lo que complicaría cumplir las metas con el FMI.
Las medidas anunciadas por Sergio Massa, en un intento de compensar la inflación desbordada y fortalecer su candidatura, enfrentaron ayer un amplio rechazo del sector empresario, como también de gobernadores, intendentes e incluso de movimientos políticos ligados al oficialismo.
Los empresarios rechazaron que el Estado les imponga un aumento por fuera de las negociaciones paritarias abiertas con los gremios.
Otros sectores consideran insuficientes las mejoras en el contexto de inflación creciente y cuestionaron la falta de una solución de fondo para la suba de precios.
Los gobernadores y los intendentes hicieron llegar su reclamo porque la Nación les impuso un incremento para empleados públicos, sin tener en cuenta su situación financiera
Las quejas también provinieron del sector de la medicina privada, al que el Gobierno obligó a congelar sus cuotas. Allí recordaron que “los aumentos de los insumos médicos llegaron hasta un 50% en el último mes, como consecuencia de la última devaluación, el salto de los precios y la dificultad para importar materiales”.
De esa forma, el rechazo a las medidas recorrió un amplio ámbito de sectores, que incluyó a los productores agropecuarios por la distorsión de los precios que implican las medidas.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reúne a cientos de pymes, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) criticaron la decisión del Gobierno de imponer el pago de un bono de $60.000 en concepto de suma fija para compensar la devaluación y la escalada inflacionaria. Destacaron que son las paritarias el ámbito para definir las remuneraciones y que el Gobierno no debería intervenir como lo está haciendo.
“Ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía de la Nación con relación al pago de una suma fija para empleados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, señaló la entidad empresaria en un comunicado.
La CAC sostuvo que los anunHasta cios le generaban una “profunda preocupación”, y, en el mismo sentido que la CAME, afirmó: “Las paritarias son el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, conciliando las pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de cada sector”.
Fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) dijeron que los industriales también creen que cualquier recomposición salarial debe ser a través de las paritarias y que los aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas.
Anoche, la UIA no había realizado declaraciones oficiales sobre el anuncio del Gobierno.
El ministro de Economía anunció el domingo que la suma fija para el sector privado será de 60.000 pesos divididos en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias. Le corresponderá esta suma a 5,5 millones de trabajadores con salarios netos de hasta 400.000 pesos mensuales y el Estado asumirá el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de 100% para las microempresas y de 50% para las pequeñas empresas. Lo mismo rige para empleados públicos nacionales.
La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, detalló ayer que las empresas a partir de 100 o 110 trabajadores, de acuerdo con el sector, deberán asumir por sí solas el bono.
La CAME sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto.
“Los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”, agregó la CAME en su comunicado. Y agregó: “La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”.
La ministra de Trabajo advirtió que “actuarán de inmediato” sobre las empresas que no paguen la suma fija, pero remarcó que los gremios deberán garantizar que haya fiscalización. Asimismo, dijo que los trabajadores podrán hacer denuncias anónimas.
Sin expresarlo públicamente, en la UIA coincidían en reclamar que los cambios se implementaran en las negociaciones con los gremios

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Un “paliativo” de $730.000 millones para compensar el daño devaluatorio
Los economistas consultados creen que las medidas son una ayuda ante la caída de ingresos, que puede tener otros efectos adversos; se complicaría el objetivo de reducir el déficit3
Carlos Manzoni
El paquete de medidas anunciado el domingo por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, para aliviar los bolsillos luego del golpe que produjo la devaluación que él mismo aplicó es apenas un paliativo que, además, puede llegar a aumentar el gasto fiscal y hacer más difícil de cumplir la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según la opinión de los expertos.
En efecto, el Gobierno confirmó que el gasto que implicarán las nuevas medidas destinadas a contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo que generó la devaluación post-PASO ascenderá a $730.000 millones, lo que equivale a 0,4% del producto bruto interno (PBI). Según analistas privados consultados, esa suma apenas alcanza para una mínima ayuda y, aunque esta cuestión dependerá de la evolución de la inflación, puede llegar a complicar el objetivo de tener un déficit fiscal de 1,9% del PBI para este año.
El economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, opinó que, en líneas generales, estas medidas alcanzarán apenas para paliar la pérdida de poder adquisitivo que va a haber en la sociedad por la inflación que provocó la fuerte devaluación oficial. “Con lo cual no hay una mejora producto de este paquete y no podemos decir que es un nuevo ‘plan platita’. Alcanza apenas para compensar el costo devaluatorio”, afirmó.
Según Tiscornia, esto implicará un costo fiscal de aproximadamente medio punto del PBI, en un contexto en el cual el resultado fiscal está todavía muy lejos de la meta con el FMI, que es la misma de antes, de 1,9% del PBI de déficit primario.
“Claro que la inflación puede aportar algo más de recursos y probablemente, si se da el dólar soja IV y se liquida un poco más de la oleaginosa, aparezca algo más de dinero para el Gobierno, pero, por ahora, eso lo veo bastante incierto. Con lo que, en conclusión, yo creo que estas medidas agravan la situación fiscal”, señaló el analista.
Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), señaló que no hay una relación directa entre el gasto por este paquete de medidas y un mayor déficit fiscal. “El valor de los bienes y servicios finales que crea la economía por año, que es el denominado PBI, en términos nominales aumenta cuando sube la inflación. Entonces, si antes de la devaluación había un sendero de inflación determinado y luego de esta ese sendero cambia aumentando la inflación también va a incrementar el producto bruto nominal. Por ende, en ese caso, el gasto en términos de PBI no cambia”, concluyó el economista.
Un trabajo del Iaraf le pone cifras concretas a este análisis. “Si luego de la reciente devaluación del peso, la inflación mantuviera la proyección que traía antes, se produciría un aumento del gasto de 0,3% en términos del PBI en el segundo semestre, imputando únicamente el gasto incremental correspondiente. Es decir que pasaría desde 12% del PBI al 12,3%. Y el anual sería de 20,1%. En este caso el Gobierno debería financiar genuinamente este incremento, para evitar un incumplimiento con la meta de déficit”, se describió en el informe.
Ahora, en el mismo análisis se añadió que “si luego de la reciente devaluación del peso, la inflación subiera hasta un 154% anual, el gasto en términos del PBI sería del 12% en el segundo semestre, no registrándose cambios respecto del escenario sin medidas”.
En tanto, el economista Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, comentó que estas medidas que, a su entender, fueron anunciadas de manera poco ortodoxa, desde el punto de vista fiscal significan una cifra de $730.000 millones, lo que equivale a 0,4% del PBI. “Todo esto, en el contexto de un acuerdo con el FMI que exige menor déficit fiscal este año que el año pasado (de 2,3% a 1,9%), hace que luzca bastante difícil de cumplir la meta”, indicó el especialista.
Delgado cree que el Gobierno hace gala de una necesidad de mostrar ilusión monetaria antes de las elecciones. “Es decir, da aumentos nominales para no resolver el problema de fondo, que es la inflación, que se aceleró por las propias medidas oficiales. Massa dejó de ser ministro de Economía el domingo, se puso el traje de candidato y, entonces, el mismo que había devaluado 30% (7,5% con el impuesto PAIS sobre importaciones y después 22% el 14 de este mes), lo que aceleró la tasa de inflación, ahora trata de paliar las consecuencias de esa decisión”, subrayó el analista.
Asimismo, Delgado adelantó que los efectos van a ser poco palpables. “Si se verifica la inflación de agosto en torno al 12% y 14%, y dependiendo lo que suceda con los dólares financieros y el blue durante septiembre, veremos si la inflación de ese mes no es de nuevo de dos dígitos, parte de estas medidas se van a quedar cortas. De hecho, algunas reacciones que se ven de ATE, CAME y demás muestran que la ilusión monetaria es apenas eso: una ilusión”, dijo.
Por su parte, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, afirmó que las medidas anunciadas por el Gobierno son un paliativo ante la aceleración generada por la política económica inconsistente que llevó a cabo el mismo gobierno. “Es atendible que se busque sostener el ingreso de los más vulnerables cuando la inflación se acelera a los dos dígitos mensuales; lo que no es atendible es que se pretenda continuar con los mismos desequilibrios que nos trajeron hasta esta situación”, opinó.
Además, Marí estimó que las medidas anunciadas tendrán un costo fiscal bruto de 0,4% del PBI. “Aunque estará en parte morigerado por la licuación que está haciendo la inflación sobre otros gastos del Estado, en particular los salarios públicos y jubilaciones que no están entre los beneficiarios. La meta de déficit fiscal primario para este año se mantuvo en 1,9% del producto, pero hasta julio ya se había acumulado 1,3%, con lo que esperamos que se incumpla. El déficit primario este año esperamos que ronde el 2,5% del PBI”, agregó el economista.
“Estas medidas agravan la situación fiscal”, evaluó Tiscornia

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