MEDICINA PREPAGA
“Tenemos a los pacientes, tenemos que pagar a los trabajadores, tenemos que pagar a los médicos. El sistema no tolera un congelamiento” Jorge Cherro pte.
Adecra-Cedim
El presidente de la entidad que agrupa a clínicas y sanatorios privados, y de la cámara de entidades de diagnóstico y tratamiento ambulatorio, sintetizó el malestar del sector de la medicina prepaga. pero subrayó que, además de la atención de los pacientes, de abonarles salarios a los trabajadores y de afrontar los honorarios de los médicos, deben sumar el gasto en “insumos y aparatología”, por lo que el sistema “no tolera” el congelamiento de tarifas anunciado por Massa. “pasamos de los aplausos de 2020 a las piñas de 2023, y ahora pareciera que tenemos que pagar una campaña política”, lamentó el titular del MaterDei, Enrique Camerlincks.
Las prepagas califican de “catastrófica” la decisión de congelar
Las empresas afirmaron que es “discriminatoria” y que rompe la ecuación económica; advertencia entre los prestadores de salud
Gabriela Origlia
Los prestadores se quejan del aumento de los insumos por la devaluación y la inflación
CÓRDOBA.– “Catastrófico”. Así calificaron en el sector vinculado a las prepagas la decisión del Gobierno de congelar por 90 días los aumentos, como anunció el ministro Sergio Massa. Fuentes del sector reconocieron a que la medida la nacion las tomó desprevenidas, ya que no la esperaban. “Están estrangulando el ingreso mientras los costos suben; el sistema no lo tolera”, confió el referente de una empresa. Por su parte, los prestadores advirtieron que no van a permitir que les congelen los aranceles.
Anteanoche, el ministro y candidato a presidente Sergio Massa anunció que el aumento de la medicina prepaga se suspenderá durante los próximos 90 días para las familias con ingresos que no superen los $2 millones mensuales.
Para septiembre, el incremento acordado era ya del 7,18% con respecto al valor del plan de servicio vigente al 31 de este mes. Los empresarios, en una jornada intensa, analizan incluso hasta la posibilidad de ir a la Justicia.
“Es una catástrofe congelar precios mientras el resto de la cadena aumenta al ritmo de la inflación”, subrayó un referente de la medicina prepaga ante la consulta. “Esto no puede terminar bien si no se revierte de alguna manera”, agregó. No dudó en calificar la medida de “electoralista desesperada” y advirtió que va a tener “graves consecuencias en el corto plazo en el sistema de salud en su conjunto”.
Desde las prepagas afirmaron que la decisión del Gobierno es “discriminatoria”, porque en ningún sector de la economía hay congelamiento de precios. Mencionaron, a modo de ejemplo, que a los combustibles se les fijó que no subirían hasta el 31 de octubre después de que incrementaron un 12,5% o que a los alimentos se les admitió un aumento del 5% mensual. “Técnicamente, es una aberración”, definió un empresario.
Si la suba de septiembre se hubiera llevado a cabo en los primeros nueve meses del año, las cuotas habrían acumulado un alza de 78,1% (63,8% para aquellos que se hubieran registrado como de menor poder adquisitivo). Ese era el acuerdo al que habían llegado las partes.
La decisión del Gobierno pega en un contexto muy complejo para el sistema de salud, en el que las empresas prestadoras vienen alertando por el desabastecimiento y la suba de precios de insumos médicos. Días después de la devaluación, el sector subrayó que a la “crisis estructural de financiamiento” que lleva varios años –producto de un descalce entre costos y aranceles– se le suma la problemática coyuntural de la economía local.
“En un contexto de altísima inflacióne incertidumbre, una suspensión transitoria de aumentos no resuelve, peor aún, agrava, el problema del financiamiento del sistema de salud. Los aumentos de los insumos médicos llegaron hasta un 50% en el último mes, como consecuencia de la última devaluación, el salto de los precios y la dificultad para importar materiales. Las prepagas trasladaban automáticamente el 92% de sus aumentos a los prestadores. Con esta medida, no habrá aumento de aranceles a los sanatorios y centros; tampoco habrá aumento de honorarios profesionales, lo cual profundizará el retraso de lo que cada profesional debe ganar”, indicaron en una prepaga.
El rumor de congelamiento llegó a los prestadores. Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Adecra+Cedim), dejó en claro ante
que no lo aceptarán. “Son los la nacion financiadores; son los encargados de hacerse de los recursos para pagarlas prestaciones”, enfatizó. “Nosotros tenemos a los pacientes a quienes estamos atendiendo; tenemos que pagar a nuestros trabajadores; tenemos que pagar los honorarios a los médicos, más los insumos y la aparatología. El sistema no tolera un congelamiento”, dijo. Apuntó que ya están pagando la última cuota de la paritaria –se cerró en abril por seis meses con 50%– y están cobrando recién mayo.
“Las medidas anunciadas son una clara demostración de que al Gobierno no le interesa el sector salud. Volvemos a ser el sector perjudicado en forma directa”, afirmó Enrique Camerlinckx, director del sanatorio Mater Dei. “Además de los incrementos de más del 100% en algunos insumos en los últimos días por la devaluación. ¿no hay medidas de fortalecimiento para nosotros?”, dijo Camerlinckx, que pidió rever los anuncios. “Pasamos de los aplausos de 2020 a las piñas de 2023, y ahora pareciera que tenemos que pagar una campaña política”, se quejó el directivo.
Y agregó: “Desde 2017 venimos perdiendo rentabilidad por la constante pérdida de valor de nuestras prestaciones médicas en comparación con los incrementos paritarios, y ni hablar de la inflación. Hacemos mala bares para ser eficientes, mantener estándar es de calidad y que los pacientes y sus familias nos elijan. Cuando quebremos todos, ¿dónde se atenderán? ¿En el hospital público? Brindamos servicios que son valorados, pero con el sistema de pagos y financiamiento de la salud actual no podemos seguir. La salud gratis no existe”, criticó.
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Repartir hasta lo ajeno para pagar el costo de la devaluación
Francisco Jueguen.
Es la maldición del ministrocandidato. Para conseguir dólares para las flacas reservas del Banco Central, el ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a una devaluación y un ajuste fiscal. Gastar menos, no imprimir tantos pesos y sumar divisas como sea fue la precaria manera que encontró de intentar anclar las descontroladas expectativas y evitar una mayor volatilidad. Es un atisbo –no hay reforma estructural ni plan de largo plazo– del camino para poder normalizar la economía.
Pero el candidato vive presionado a desarmar ese dique de contención. Necesita repartir muchos pesos prestados por organismos internacionales, recaudados por el Estado, impresos por el Banco Central o incluso que aportan las empresas mismas, eso no importa. Además, debe subsidiar más (tarifas o tasas de créditos) y hacer crujir la relación con el Fondo para lograr ser competitivo electoralmente.
Massa es un experto en comunicación. Lo que el ministro quita el kirchnerismo lo oculta. Lo que el candidato ofrece es propalado por la maquinaria oficial. Curiosamente, nada parece alcanzar. Ni lo que quita ni lo que da. Se puede ir un poco más allá: lo que el candidato ofrece es porque antes fue sustraído por el ministro. El paliativo anunciado solo sirve para contener parte del impacto de la devaluación. Y se paga con plata de otros. En ese camino, el cuarto kirchnerismo arriesga la estabilidad para colarse en el ballottage.
En esta trampa, el FMI y el Gobierno comparten un mandato: llegar. En el organismo multilateral descuentan que el actual es un programa de cortísimo plazo, que quien asuma como presidente en diciembre en la Argentina querrá su propio plan y que las elecciones –que suman incertidumbre a una economía que el organismo describió como “cada vez más frágil”– multiplicarán las tensiones hasta diciembre. No solo entre el organismo y el kirchnerismo, que no suele asumir responsabilidades de gestión. También con otros sectores de la economía. No por nada, muchos de ellos –extenuados– ya rechazaron las medidas anunciadas.
Un ejemplo. En un “gobierno de científicos”, la salud cruje. Las medidas electoralistas encendieron las alarmas. “Se intenta solucionar un problema generando otro, con el consecuente desfase entre los costos de las prestaciones médicas, honorarios, tratamientos e insumos”, protestaban en una de las prepagas más grandes, en la que vaticinan mayor conflictividad con médicos, prestadores y laboratorios. “Esto no va a colaborar con una mejor atención” de los pacientes, advirtieron sobre el congelamiento de precios anunciado.
Es probable que los técnicos del Fondo ya tengan en evaluación los paliativos anunciados vía Instagram por Massa durante todo el domingo. En una primera mirada, se trata de una batería de medidas más amplia que las que preveía la letra chica del staff report de la quinta y sexta revisión del programa de facilidades extendidas (EFF, según las siglas en inglés). En el informe elaborado por los técnicos del organismo que siguen el caso argentino y difundido el viernes solo se esperaban aumentos en la Asignación Universal por Hijo (AUH), mejoras en las asignaciones familiares y en la Tarjeta Alimentar, además de seguir con los aumentos a jubilados establecidos por la ley y algunos bonos.
Según el Gobierno, el costo de las medidas rondaría los $730.000 millones, es decir, 0,5% del PBI. Ese gasto extra del candidato deglutiría por otro lado el ahorro en subsidios de este año por el aumento de tarifas aplicado por el ministro.
Es mucho dinero si se tiene en cuenta que la meta del Gobierno con el FMI sufre un desvío difícil de enderezar. Ese criterio fiscal era la única ancla de la economía hasta que este año apareció la sequía (el impuesto PAIS es la nueva retención para las arcas públicas). Pero los paliativos son acotados si se enmarcan en un contexto en el que los ingresos luchan por sostenerse frente a una inflación de entre 140% y 170% para 2023.
Ese fino equilibrio entre el ministro y el candidato debe aliviar el costo que tuvo el salto del dólar –y de los precios– entre los sectores más vulnerables y, a la vez, no perder la ganancia de competitividad que logró con la devaluación de 27% desde fines de julio: al salto del dólar oficial post-PASO hay que agregarle la aceleración de las microdevaluaciones
La devaluación pactada con el FMI desde julio acumula más de un 27% diarias (crawling peg, en la jerga) desde fines de julio pasado, ya que ambos pasos fueron negociados con el FMI).
Vale una aclaración importante para entender lo que viene: en la letra chica del pacto no hubo acuerdo sobre la decisión de dejar el tipo de cambio oficial fijo hasta fines de octubre, como anunció Massa. Todo lo contrario. El Fondo pide no atrasar el dólar. En ese sentido, es probable que el tipo de cambio vuelva a acelerarse después de atravesar dos meses de inflación –agosto y septiembre– con cifras de dos dígitos. Hay una sola forma en la que el Gobierno puede llegar a una inflación mensual de 5% con un programa al que además deberá agregarle un nuevo aumento de las tarifas de la luz en septiembre. Se llama recesión.
Si las metas no se vuelven testimoniales –algo de lo que el Fondo intentó cubrirse con la larga lista de prior actions (medidas que debió tomar antes el Gobierno para recibir US$7500 millones) mencionadas en el staff report–, Massa tendrá que bajar salarios públicos en el segundo semestre y lograr una caída del gasto del 11% (menos transferencias a provincias, empresas públicas y gastos de capital).
Son noticias que no se verán por Instagram. Encima, los riesgos crecen. A esa malaria económica y el shock electoral, se suma el cisne negro para el ministro y candidato. La preocupación en el mercado por una apuesta extrema: la dolarización sin dólares.
CÓRDOBA.– “Catastrófico”. Así calificaron en el sector vinculado a las prepagas la decisión del Gobierno de congelar por 90 días los aumentos, como anunció el ministro Sergio Massa. Fuentes del sector reconocieron a que la medida la nacion las tomó desprevenidas, ya que no la esperaban. “Están estrangulando el ingreso mientras los costos suben; el sistema no lo tolera”, confió el referente de una empresa. Por su parte, los prestadores advirtieron que no van a permitir que les congelen los aranceles.
Anteanoche, el ministro y candidato a presidente Sergio Massa anunció que el aumento de la medicina prepaga se suspenderá durante los próximos 90 días para las familias con ingresos que no superen los $2 millones mensuales.
Para septiembre, el incremento acordado era ya del 7,18% con respecto al valor del plan de servicio vigente al 31 de este mes. Los empresarios, en una jornada intensa, analizan incluso hasta la posibilidad de ir a la Justicia.
“Es una catástrofe congelar precios mientras el resto de la cadena aumenta al ritmo de la inflación”, subrayó un referente de la medicina prepaga ante la consulta. “Esto no puede terminar bien si no se revierte de alguna manera”, agregó. No dudó en calificar la medida de “electoralista desesperada” y advirtió que va a tener “graves consecuencias en el corto plazo en el sistema de salud en su conjunto”.
Desde las prepagas afirmaron que la decisión del Gobierno es “discriminatoria”, porque en ningún sector de la economía hay congelamiento de precios. Mencionaron, a modo de ejemplo, que a los combustibles se les fijó que no subirían hasta el 31 de octubre después de que incrementaron un 12,5% o que a los alimentos se les admitió un aumento del 5% mensual. “Técnicamente, es una aberración”, definió un empresario.
Si la suba de septiembre se hubiera llevado a cabo en los primeros nueve meses del año, las cuotas habrían acumulado un alza de 78,1% (63,8% para aquellos que se hubieran registrado como de menor poder adquisitivo). Ese era el acuerdo al que habían llegado las partes.
La decisión del Gobierno pega en un contexto muy complejo para el sistema de salud, en el que las empresas prestadoras vienen alertando por el desabastecimiento y la suba de precios de insumos médicos. Días después de la devaluación, el sector subrayó que a la “crisis estructural de financiamiento” que lleva varios años –producto de un descalce entre costos y aranceles– se le suma la problemática coyuntural de la economía local.
“En un contexto de altísima inflacióne incertidumbre, una suspensión transitoria de aumentos no resuelve, peor aún, agrava, el problema del financiamiento del sistema de salud. Los aumentos de los insumos médicos llegaron hasta un 50% en el último mes, como consecuencia de la última devaluación, el salto de los precios y la dificultad para importar materiales. Las prepagas trasladaban automáticamente el 92% de sus aumentos a los prestadores. Con esta medida, no habrá aumento de aranceles a los sanatorios y centros; tampoco habrá aumento de honorarios profesionales, lo cual profundizará el retraso de lo que cada profesional debe ganar”, indicaron en una prepaga.
El rumor de congelamiento llegó a los prestadores. Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Adecra+Cedim), dejó en claro ante
que no lo aceptarán. “Son los la nacion financiadores; son los encargados de hacerse de los recursos para pagarlas prestaciones”, enfatizó. “Nosotros tenemos a los pacientes a quienes estamos atendiendo; tenemos que pagar a nuestros trabajadores; tenemos que pagar los honorarios a los médicos, más los insumos y la aparatología. El sistema no tolera un congelamiento”, dijo. Apuntó que ya están pagando la última cuota de la paritaria –se cerró en abril por seis meses con 50%– y están cobrando recién mayo.
“Las medidas anunciadas son una clara demostración de que al Gobierno no le interesa el sector salud. Volvemos a ser el sector perjudicado en forma directa”, afirmó Enrique Camerlinckx, director del sanatorio Mater Dei. “Además de los incrementos de más del 100% en algunos insumos en los últimos días por la devaluación. ¿no hay medidas de fortalecimiento para nosotros?”, dijo Camerlinckx, que pidió rever los anuncios. “Pasamos de los aplausos de 2020 a las piñas de 2023, y ahora pareciera que tenemos que pagar una campaña política”, se quejó el directivo.
Y agregó: “Desde 2017 venimos perdiendo rentabilidad por la constante pérdida de valor de nuestras prestaciones médicas en comparación con los incrementos paritarios, y ni hablar de la inflación. Hacemos mala bares para ser eficientes, mantener estándar es de calidad y que los pacientes y sus familias nos elijan. Cuando quebremos todos, ¿dónde se atenderán? ¿En el hospital público? Brindamos servicios que son valorados, pero con el sistema de pagos y financiamiento de la salud actual no podemos seguir. La salud gratis no existe”, criticó.
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Repartir hasta lo ajeno para pagar el costo de la devaluación
Francisco Jueguen.
Es la maldición del ministrocandidato. Para conseguir dólares para las flacas reservas del Banco Central, el ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a una devaluación y un ajuste fiscal. Gastar menos, no imprimir tantos pesos y sumar divisas como sea fue la precaria manera que encontró de intentar anclar las descontroladas expectativas y evitar una mayor volatilidad. Es un atisbo –no hay reforma estructural ni plan de largo plazo– del camino para poder normalizar la economía.
Pero el candidato vive presionado a desarmar ese dique de contención. Necesita repartir muchos pesos prestados por organismos internacionales, recaudados por el Estado, impresos por el Banco Central o incluso que aportan las empresas mismas, eso no importa. Además, debe subsidiar más (tarifas o tasas de créditos) y hacer crujir la relación con el Fondo para lograr ser competitivo electoralmente.
Massa es un experto en comunicación. Lo que el ministro quita el kirchnerismo lo oculta. Lo que el candidato ofrece es propalado por la maquinaria oficial. Curiosamente, nada parece alcanzar. Ni lo que quita ni lo que da. Se puede ir un poco más allá: lo que el candidato ofrece es porque antes fue sustraído por el ministro. El paliativo anunciado solo sirve para contener parte del impacto de la devaluación. Y se paga con plata de otros. En ese camino, el cuarto kirchnerismo arriesga la estabilidad para colarse en el ballottage.
En esta trampa, el FMI y el Gobierno comparten un mandato: llegar. En el organismo multilateral descuentan que el actual es un programa de cortísimo plazo, que quien asuma como presidente en diciembre en la Argentina querrá su propio plan y que las elecciones –que suman incertidumbre a una economía que el organismo describió como “cada vez más frágil”– multiplicarán las tensiones hasta diciembre. No solo entre el organismo y el kirchnerismo, que no suele asumir responsabilidades de gestión. También con otros sectores de la economía. No por nada, muchos de ellos –extenuados– ya rechazaron las medidas anunciadas.
Un ejemplo. En un “gobierno de científicos”, la salud cruje. Las medidas electoralistas encendieron las alarmas. “Se intenta solucionar un problema generando otro, con el consecuente desfase entre los costos de las prestaciones médicas, honorarios, tratamientos e insumos”, protestaban en una de las prepagas más grandes, en la que vaticinan mayor conflictividad con médicos, prestadores y laboratorios. “Esto no va a colaborar con una mejor atención” de los pacientes, advirtieron sobre el congelamiento de precios anunciado.
Es probable que los técnicos del Fondo ya tengan en evaluación los paliativos anunciados vía Instagram por Massa durante todo el domingo. En una primera mirada, se trata de una batería de medidas más amplia que las que preveía la letra chica del staff report de la quinta y sexta revisión del programa de facilidades extendidas (EFF, según las siglas en inglés). En el informe elaborado por los técnicos del organismo que siguen el caso argentino y difundido el viernes solo se esperaban aumentos en la Asignación Universal por Hijo (AUH), mejoras en las asignaciones familiares y en la Tarjeta Alimentar, además de seguir con los aumentos a jubilados establecidos por la ley y algunos bonos.
Según el Gobierno, el costo de las medidas rondaría los $730.000 millones, es decir, 0,5% del PBI. Ese gasto extra del candidato deglutiría por otro lado el ahorro en subsidios de este año por el aumento de tarifas aplicado por el ministro.
Es mucho dinero si se tiene en cuenta que la meta del Gobierno con el FMI sufre un desvío difícil de enderezar. Ese criterio fiscal era la única ancla de la economía hasta que este año apareció la sequía (el impuesto PAIS es la nueva retención para las arcas públicas). Pero los paliativos son acotados si se enmarcan en un contexto en el que los ingresos luchan por sostenerse frente a una inflación de entre 140% y 170% para 2023.
Ese fino equilibrio entre el ministro y el candidato debe aliviar el costo que tuvo el salto del dólar –y de los precios– entre los sectores más vulnerables y, a la vez, no perder la ganancia de competitividad que logró con la devaluación de 27% desde fines de julio: al salto del dólar oficial post-PASO hay que agregarle la aceleración de las microdevaluaciones
La devaluación pactada con el FMI desde julio acumula más de un 27% diarias (crawling peg, en la jerga) desde fines de julio pasado, ya que ambos pasos fueron negociados con el FMI).
Vale una aclaración importante para entender lo que viene: en la letra chica del pacto no hubo acuerdo sobre la decisión de dejar el tipo de cambio oficial fijo hasta fines de octubre, como anunció Massa. Todo lo contrario. El Fondo pide no atrasar el dólar. En ese sentido, es probable que el tipo de cambio vuelva a acelerarse después de atravesar dos meses de inflación –agosto y septiembre– con cifras de dos dígitos. Hay una sola forma en la que el Gobierno puede llegar a una inflación mensual de 5% con un programa al que además deberá agregarle un nuevo aumento de las tarifas de la luz en septiembre. Se llama recesión.
Si las metas no se vuelven testimoniales –algo de lo que el Fondo intentó cubrirse con la larga lista de prior actions (medidas que debió tomar antes el Gobierno para recibir US$7500 millones) mencionadas en el staff report–, Massa tendrá que bajar salarios públicos en el segundo semestre y lograr una caída del gasto del 11% (menos transferencias a provincias, empresas públicas y gastos de capital).
Son noticias que no se verán por Instagram. Encima, los riesgos crecen. A esa malaria económica y el shock electoral, se suma el cisne negro para el ministro y candidato. La preocupación en el mercado por una apuesta extrema: la dolarización sin dólares.
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