No fue una sorpresa la suba de 2,3% en el índice de precios al consumidor de marzo (ni incluso la de 2,6% en la inflación núcleo, sin precios regulados ni estacionales), como tampoco lo será una variación similar en abril, por los ajustes que ya rigen en gas (32% promedio) y combustibles (4%) en todo el país y de transportes (11,7%) y peajes (13,4%) en el AMBA. Así el IPC cerraría el primer cuatrimestre con un aumento del orden de 9%, equivalente al 60% de la meta oficial para todo el año.
Aunque previsibles, estos datos reabrieron el debate sobre la eficacia del esquema de metas con una inflación anual de dos dígitos (25%), alto déficit fiscal y otro round más intenso de recomposición de precios relativos (tarifas y tipo de cambio) que la acelera y dificulta la desinflación. A tal punto que el ministro Nicolás Dujovne se vio obligado a ratificar la meta de 15% anual fijada hace poco más de tres meses, en medio de versiones sobre otro recálculo.
Entre los economistas hay dos consensos. Uno, que será virtualmente imposible cumplir con el objetivo de 15% para 2018, ya que implicaría aumentos inferiores a 1% mensual en lo que resta del año. Más aun cuando las expectativas inflacionarias se aceleraron en estos meses, para ubicarse en algo más de cinco puntos por encima (20,3% anual en marzo según el REM, con picos de 22/23%).
Otro es que el Banco Central debió aplicar el freno para contenerlas, con lo cual se desdibujaron prematuramente dos propósitos del Gobierno implícitos en el recálculo. Primero, al interrumpir la forzada baja gradual de la tasa de interés de referencia, que desde fin de enero quedó estacionada en 27,25% anual, sin descartar ahora futuras subas si la inflación no cede. Luego, con la decisión de "administrar" la flotación cambiaria a costa de vender sólo en marzo unos US$2000 millones de sus reservas, para "planchar" al dólar en los niveles de fin de febrero.
Con estos cambios sobre la marcha, resulta claro que la Casa Rosada subestimó el impacto inflacionario de acelerar y superponer los aumentos tarifarios durante el verano para levantar el pie en la segunda mitad del año. Y también el traslado a precios de la devaluación del peso de 14,2% entre diciembre y febrero, que inicialmente había sido alentada, con la baja nominal de tasas, para reducir el atraso cambiario de 2017. Además, ese repunte del dólar -ahora frenado-, coincidió con la suba del petróleo (24%) desde octubre, cuando se liberó el precio de los combustibles, con lo cual éstos ya acumulan alzas de 11,5/13,5% en lo que va de este año (tras haber aumentado 32% en 2017).
Si bien a partir de mayo se esperan subas más moderadas de la inflación (aunque en ese mes habrá aumentos de 26% en agua, probablemente de 43% en subtes y en junio otro ajuste en colectivos y trenes), resulta contradictorio que desde la Casa Rosada se sostenga que está bajando, mientras el BCRA advierte que está dispuesto a subir la tasa si eso no ocurre. También es opinable el argumento oficial de que se están apagando los principales motores de la inflación, expuesto por Mario Quintana. El vicejefe de Gabinete identificó a las tarifas (aunque resta otra suba en octubre ajustada por el índice de precios mayoristas); al dólar (cuyo actual freno implica un virtual seguro de cambio, al menos hasta mayo o junio y de extenderse deteriorará el tipo de cambio real) y a la menor inercia derivada de los acuerdos salariales con ajustes de 15% en muchos gremios (y cláusulas de revisión posterior que operan a fines de año o comienzos de 2019). Aunque incluyó además a la emisión del BCRA destinada al Tesoro (que bajará de $140.000 millones a la mitad recién en 2019) olvidó señalar, en cambio, que la base monetaria se expandió casi 30% en marzo.
Pese a estas aceleraciones y frenadas, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA proyecta que la inflación seguirá su curso descendente en 2019 (14,3%) y 2020 (10%), pero sin llegar a un dígito en ese año como lo prevé el gobierno. A la vez estima un crecimiento del PBI entre 2,5 y 3,1% anual hasta entonces.
Si bien a partir de mayo se esperan subas más moderadas de la inflación (aunque en ese mes habrá aumentos de 26% en agua, probablemente de 43% en subtes y en junio otro ajuste en colectivos y trenes), resulta contradictorio que desde la Casa Rosada se sostenga que está bajando, mientras el BCRA advierte que está dispuesto a subir la tasa si eso no ocurre. También es opinable el argumento oficial de que se están apagando los principales motores de la inflación, expuesto por Mario Quintana. El vicejefe de Gabinete identificó a las tarifas (aunque resta otra suba en octubre ajustada por el índice de precios mayoristas); al dólar (cuyo actual freno implica un virtual seguro de cambio, al menos hasta mayo o junio y de extenderse deteriorará el tipo de cambio real) y a la menor inercia derivada de los acuerdos salariales con ajustes de 15% en muchos gremios (y cláusulas de revisión posterior que operan a fines de año o comienzos de 2019). Aunque incluyó además a la emisión del BCRA destinada al Tesoro (que bajará de $140.000 millones a la mitad recién en 2019) olvidó señalar, en cambio, que la base monetaria se expandió casi 30% en marzo.
Pese a estas aceleraciones y frenadas, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA proyecta que la inflación seguirá su curso descendente en 2019 (14,3%) y 2020 (10%), pero sin llegar a un dígito en ese año como lo prevé el gobierno. A la vez estima un crecimiento del PBI entre 2,5 y 3,1% anual hasta entonces.
De ahí que algunos economistas sostengan que la actual estrategia oficial se mantendrá hasta las elecciones de 2019. Carlos Melconian la bautizó "Plan Perdurar" y Miguel Ángel Broda "Plan Reelección". Con algunos matices, ambos prevén que no se atacaran a fondo los déficits "gemelos" (fiscal y externo) y que la agenda de reformas pendientes marchará a paso lento o quedará para un segundo mandato, aprovechando las divisiones de la oposición peronista.
Este gradualismo recargado no está exento de otros problemas. Por lo pronto, basar el crecimiento en la inversión privada requiere bajar costos para las empresas, afectados por la suba de la energía y fletes. La reforma tributaria ya en marcha establece un sendero decreciente en período de 4/5 años, pero con un diseño que permitió a varias provincias subir Ingresos Brutos en vez de bajarlos y también elevar gradualmente los aportes patronales de las pymes para unificarlos en 19%. A la vez, aumenta los impuestos inmobiliarios que resienten el consumo ya que, al igual que las tarifas, se restan de otros gastos.
A esto se suma que la mitad de los hogares de todo el país y 25,4 millones de habitantes (60% del total) se distribuyen entre la clase media baja y la más baja. Este último problema explica la actual crisis de Carrefour por el sobredimensionamiento de su estructura, agravada por la competencia desleal de los comercios que no pagan impuestos ni cargas patronales y, según el Iaraf, sólo en alimentos y bebidas pueden obtener utilidades de hasta 80%. No es un problema reciente y bien justificaría una campaña masiva de la AFIP para promover el reclamo de facturas y/o el pago con tarjeta de débito.
Este gradualismo recargado no está exento de otros problemas. Por lo pronto, basar el crecimiento en la inversión privada requiere bajar costos para las empresas, afectados por la suba de la energía y fletes. La reforma tributaria ya en marcha establece un sendero decreciente en período de 4/5 años, pero con un diseño que permitió a varias provincias subir Ingresos Brutos en vez de bajarlos y también elevar gradualmente los aportes patronales de las pymes para unificarlos en 19%. A la vez, aumenta los impuestos inmobiliarios que resienten el consumo ya que, al igual que las tarifas, se restan de otros gastos.
A esto se suma que la mitad de los hogares de todo el país y 25,4 millones de habitantes (60% del total) se distribuyen entre la clase media baja y la más baja. Este último problema explica la actual crisis de Carrefour por el sobredimensionamiento de su estructura, agravada por la competencia desleal de los comercios que no pagan impuestos ni cargas patronales y, según el Iaraf, sólo en alimentos y bebidas pueden obtener utilidades de hasta 80%. No es un problema reciente y bien justificaría una campaña masiva de la AFIP para promover el reclamo de facturas y/o el pago con tarjeta de débito.
Aunque las empresas extranjeras están pendientes por el consenso político y social sobre la inflación y reformas de fondo, la visita del presidente español, Mariano Rajoy, incluyó un claro respaldo al gobierno de Macri y al objetivo de acelerar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, complicado por la crisis política de Brasil. En la Casa Rosada sostienen que para aumentar la cantidad y calidad de sus exportaciones, la Argentina deberá concretar acuerdos comerciales con más bloques y países. Es un camino de ida y vuelta, que no excluye negociar reglas equitativas.
Rajoy dejó cerrado el conflictivo capítulo de la expropiación de YPF a Repsol y fue más allá al sostener que en la Argentina hay seguridad jurídica, una afirmación que no compartirían muchos argentinos. De hecho, el Consejo de la Magistratura acaba de revelar que el 90% de las causas por corrupción y defraudación fiscal no tienen procesados en la justicia federal porteña. Y casos donde grandes compañías admitieron explícita o implícitamente su complicidad (como Siemens o Skanska) se mantienen desde hace décadas sin sentencias firmes.
Rajoy dejó cerrado el conflictivo capítulo de la expropiación de YPF a Repsol y fue más allá al sostener que en la Argentina hay seguridad jurídica, una afirmación que no compartirían muchos argentinos. De hecho, el Consejo de la Magistratura acaba de revelar que el 90% de las causas por corrupción y defraudación fiscal no tienen procesados en la justicia federal porteña. Y casos donde grandes compañías admitieron explícita o implícitamente su complicidad (como Siemens o Skanska) se mantienen desde hace décadas sin sentencias firmes.
Aun así surgen algunas señales alentadoras. La marcha a Tribunales del último jueves convocada por las redes sociales para reclamar por una justicia eficaz tras la escandalosa excarcelación por cambio de carátula en la causa contra Cristóbal López - que resulta una burla para el conjunto de contribuyentes que cumplen-, contó con la expresa adhesión de la Cámara Argentina de Comercio.
También es valorable que algunos empresarios señalen -con nombre y apellido, como ciudadanos-, las contradicciones que arrastra la política argentina. Por ejemplo, Ignacio Noel (presidente de Sociedad Comercial del Plata y propietario de Morixe) planteó, en una carta de lectores publicada el martes en la nacion, sus dudas sobre el autodenominado PJ "racional" como alternativa para 2019. Allí recuerda que muchos legisladores que lo componen votaron con igual entusiasmo tanto las privatizaciones de Menem como las estatizaciones de Kirchner; el default de la deuda proclamado por Rodríguez Saá y el acuerdo con los holdouts. El cuestionamiento se extiende a las votaciones del senador Pichetto por "obediencia partidaria" en la era kirchnerista, aunque el peronismo atomizado no tenga por ahora a quién obedecer.
N. O. S.
También es valorable que algunos empresarios señalen -con nombre y apellido, como ciudadanos-, las contradicciones que arrastra la política argentina. Por ejemplo, Ignacio Noel (presidente de Sociedad Comercial del Plata y propietario de Morixe) planteó, en una carta de lectores publicada el martes en la nacion, sus dudas sobre el autodenominado PJ "racional" como alternativa para 2019. Allí recuerda que muchos legisladores que lo componen votaron con igual entusiasmo tanto las privatizaciones de Menem como las estatizaciones de Kirchner; el default de la deuda proclamado por Rodríguez Saá y el acuerdo con los holdouts. El cuestionamiento se extiende a las votaciones del senador Pichetto por "obediencia partidaria" en la era kirchnerista, aunque el peronismo atomizado no tenga por ahora a quién obedecer.
N. O. S.
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