LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO ¡¡¡¡¡ YA !!!!!

Que recuperar lo robado deje de ser una utopía
La corrupción, aun cuando se la descubre, nos sigue saliendo muy cara; urge que el Senado avance en la ley de extinción de dominio

El lujoso yate que perteneció a Ricardo Jaime, valuado en alrededor de un millón de dólares, y el avión Learjet 35A de Lázaro Báez, cuyo costo ronda los 600.000 dólares, tienen varios puntos en común: sus dueños están presos acusados por corrupción; los dos bienes fueron decomisados por la Justicia, que los puso en manos del Estado para darles un uso público, y en los dos hay que seguir invirtiendo dinero para que no se deterioren. No pueden venderse porque no ha sido sancionada la ley de extinción de dominio y repatriación de patrimonios, una norma que nos permitirá a todos los argentinos recuperar lo robado por quienes -hayan sido funcionarios o no- se valieron de la función pública para sus espurios negocios privados.
Ese yate y ese avión se suman a una larga lista de bienes que fueron confiscados en los últimos tiempos. La nave de Jaime es utilizada por la Prefectura para patrullar el delta del Tigre. Tiene un enorme cartel con la leyenda: "Embarcación recuperada de la corrupción". El avión, en tanto, yace en un hangar. Otros 300 vehículos decomisados en causas por violación de los deberes de funcionario público, lavado de dinero, asociación e enriquecimiento ilícitos son usados por las fueras de seguridad. Más de 670 automóviles de media y alta gama fueron recuperados del tráfico de estupefacientes. Pero a todos, como a la maquinaria vial secuestrada a Báez en la Patagonia, hay que mantenerlos para que no se degraden, para que no pierdan valor.
Si la ley de extinción de dominio hubiera visto la luz, esos bienes podrían liquidarse y el Estado estaría en condiciones de destinar los fondos a la concreción de diversas políticas públicas. El yate de Jaime, además de costoso, es un engorro: por su gran porte no está en condiciones de patrullar los canales más amplios del Delta.
La corrupción, aun la descubierta, nos sigue saliendo muy cara. La ley de extinción de dominio se encuentra empantanada en el Congreso desde hace muchísimos meses. Diputados sancionó un proyecto que el Senado se niega a aprobar, mientras que el dictamen de la Cámara alta no convence ni a los propios senadores.
Así las cosas, lo robado tarda en recuperarse, la Justicia carece de más elementos para acelerar definiciones y el Estado pierde oportunidades de destinar el producido de esos delitos a educación, salud, seguridad y justicia, entre otros tantos ítems que demandan inversiones urgentes.
Frente a ese panorama hasta hoy sombrío, un acuerdo político nacido en el Senado promete destrabar el debate y avanzar hacia la sanción de la ley. La propuesta corresponde al senador oficialista Federico Pinedo, quien ya mantuvo conversaciones con legisladores de la oposición, como Rodolfo Urtubey y con el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino.
¿Cuáles son los puntos salientes de esa iniciativa tendiente a modificar la sanción de Diputados? Básicamente, los siguientes:

Que la extinción de dominio sea una acción civil destinada a extinguir la posesión ejercida sobre bienes muebles o inmuebles surgidos del crimen organizado.
Que cuando el juez penal llegue a un mínimo nivel de convicción sobre la vinculación con el delito, habilite al Ministerio Público a iniciar la acción civil.
Que pueda ser ejercida mientras se encuentren en trámite los procesos penales o después de la sentencia.
Que en caso de muerte de la persona, la acción proceda contra sus sucesores.
Que esos bienes puedan ser liquidados por el Estado con la mayor prontitud posible, y que se lo haga de forma urgente en caso de presentar riesgos de deterioro, desvalorización o cuyo mantenimiento genere erogaciones excesivas para el erario público.
Se trata de agilizar los procesos, de establecer la forma de liquidar los bienes mal habidos, de disponer de vías alternativas para el caso de que el imputado se haya deshecho de ellos y de resarcir a quien fue sospechado si la Justicia lo declara finalmente inocente.

La discusión parlamentaria definirá qué otro tipo de precisiones debe contener la ley, pero estamos ante una nueva oportunidad para retomar el diálogo y destrabar la discusión.
Luchar contra la corrupción, además de ser un imperativo de transparencia en el manejo de la cosa pública y una respuesta a la fuerte demanda de la sociedad civil en ese sentido, importa encarar el presente con la certeza de que no se está hipotecando el futuro. La corrupción mata, se ha dicho con fundamento. También, empobrece tanto en lo material como en lo espiritual. Necesitamos ver en nuestros legisladores un claro y verdadero compromiso tendiente a acercar posiciones con vistas a la sanción de la ley más adecuada para, como hemos reiterado incesantemente, quienes roban al Estado reciban el correspondiente castigo. Y para que lo robado sea destinado a los fines a los que siempre esos dineros debieran ser asignados.