EDITORIAL

Pesca ilegal y política exterior
Urge evitar cualquier avance de intereses foráneos que pongan en peligro nuestra soberanía, el ambiente y nuestra riqueza ictícola
Cada año, flotas pesqueras, mayormente chinas, llegan hasta las aguas del Atlántico sudoccidental con el objetivo de capturar, principalmente, el calamar Illex argentinus, la segunda especie de calamar más pescada en el mundo.
Se las conoce como flotas de aguas distantes, embarcaciones que, gracias a los subsidios de sus Estados de bandera, al trabajo semiesclavo de sus tripulaciones, a la ausencia de regulaciones que cumplir y a la asistencia de embarcaciones que operan como naves nodrizas, pueden permanecer navegando durante extensos períodos, capturar más productos de mar, más barato y en lugares cada vez más lejanos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) denomina esta actividad pesca ilegal, no declarada y/o no reglamentada o pesca Indnr.
La concentración de embarcaciones al límite de la zona económica exclusiva (ZEE) de la Argentina es un caso inédito a nivel mundial, que llega a superar las 550 embarcaciones. Arriban en noviembre y alcanzan su máximo número en febrero. Ejecutan su actividad en aguas internacionales sin ningún tipo de control, sin respeto a normas sobre períodos de veda, descartes o captura de especies protegidas. A ello se suman las incursiones ilegales en aguas de jurisdicción nacional. Tampoco respetan regulaciones en materia de contaminación de las aguas –vertidos de desechos– ni sobre los derechos que asisten a sus tripulantes.
Esa pesca sin control dentro o fuera del límite de la ZEE genera un impacto ambiental negativo en el ecosistema marino y en los recursos pesqueros de la región, debido a que es la base de la cadena trófica de otras especies, como la merluza común y, a su vez, es alimento de delfines, cachalotes, elefantes marinos, pingüinos y albatros, entre otros. Además, compite de forma desleal con la del país en los mercados internacionales, destino de más del 90% de las capturas de la flota argentina, al colocar productos subsidiados y que no cumplen con ningún requerimiento ambiental ni laboral.
Las principales razones por las que las flotas de aguas distantes eligen el Atlántico Sur son la riqueza biológica y la abundancia de algunas especies; la flexibilidad logística de contar con un puerto en Montevideo, sin que nuestra Cancillería haya elevado queja formal alguna, y la ausencia en el Atlántico Sur de un acuerdo u organismo que regule la explotación de la biodiversidad marina en aguas internacionales, como sí existe en casi todas las regiones del mundo. Esto no se ha concretado hasta el momento, en parte, debido al conflicto de soberanía que la Argentina mantiene con el Reino Unido por las islas Malvinas y por la ausencia de una política diplomática que busque una alternativa al descontrol pesquero actual.
No basta con el patrullaje en la ZEE, siempre insuficiente, ni con los reclamos ante la Organización Internacional de Comercio por la quita de los subsidios. Mucho menos cuando, en los últimos meses, las autoridades provinciales y algunos sindicatos presionan incluso por habilitar puertos argentinos para la asistencia de más de 400 buques de la flota de aguas distantes china. Aducen que se generarían puestos de trabajo, pero a costa de los intereses del país, con franco rechazo de las empresas argentinas que denuncian competencia desleal. Sumado esto a que, en los últimos años, compañías chinas han comprado empresas argentinas, lo que les permite pescar dentro de la ZEE. Sería importante establecer cuáles son los vínculos de estas firmas con las embarcaciones que han hecho incursiones ilegales en esa zona o depredan los recursos en la milla 201. Trabajar para desalentar la pesca ilegal extranjera y que, al mismo tiempo, las autoridades provinciales oficialmente proyecten otorgarles facilidades constituye otra grave incoherencia cuyas consecuencias no se están midiendo. El subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, rechazó cualquier posibilidad en este sentido.
Otros países, solos o en conjunto, adoptan cada vez más medidas para combatir la pesca Indnr. Por ejemplo, en la región, y a través de negociaciones diplomáticas, Ecuador logró en 2021 que la flota china se mantenga a una franja de distancia de 50 millas náuticas de la ZEE de los países del Pacífico Sur. Cabe destacar que la flota china opera frente a la ZEE de Ecuador desde 2017 y que no ha realizado incursiones de pesca ilegal, como sí lo viene realizando en el Mar Argentino desde 2001.
En el contexto de la Organización Mundial del Comercio, los países miembros vienen avanzado en la quita de subsidios y, paralelamente, cada vez más mercados, como el europeo, el japonés o el norteamericano, implementan requisitos de trazabilidad de los productos de mar para identificar e impedir el ingreso a sus mercados de toda pesca sospechada de Indnr. Organizaciones locales como el Círculo de Políticas Ambientales trabajan desde hace años para la implementación de un sistema de trazabilidad en la pesca en la Argentina. A pesar de que no se le da la relevancia que tiene, la pesca en nuestro país es una de las principales actividades económicas y una fuente muy importante de ingreso de divisas: más del 90% de las capturas marinas se exportan.
El patrullaje en la ZEE resulta insuficiente, más allá de que el ministro de Defensa haga un buen balance del primer año del Comando Conjunto Marítimo (COCM) al afirmar que –cuesta creerle– no ingresaron buques ilegales a la ZEE. La Argentina debe recurrir a otras estrategias para hacer frente a esta actividad que afecta los recursos pesqueros de la región y que deben estar orientadas al comercio y a la política exterior.
Iniciar un proceso de exploración de un instrumento que permita avanzar en la creación de un organismo que ordene la actividad en aguas internacionales en el Atlántico sudoccidental junto a los países de la región, realizar los reclamos necesarios ante el gobierno chino por el accionar de sus flotas, no acceder a las presiones para habilitar puertos de la Patagonia para la asistencia de aquellas, sancionar e implementar una ley de trazabilidad de la pesca y cooperar con los países de la región para establecer estrategias comunes frente a la amenaza de la pesca Indnr son acciones de base que el gobierno nacional debería instrumentar sin demoras.
Urge también descartar cualquier avance de intereses foráneos que pongan en peligro nuestra soberanía y las divisas que puede redituarnos una valiosa actividad como la pesquera.

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