EDITORIAL Y ESPAÑA EN PAUSA

Combatir el capital y expulsar a quienes lo generan
Por una tan inexplicable como asfixiante presión, numerosísimas personas y empresas se fueron del país, convirtiéndose en exiliadas impositivas
La Argentina es el país de la región que en los últimos 30 años ha producido la mayor cantidad de los llamados unicornios. Se trata de empresas que han alcanzado un valor superior a 1000 millones de dólares. Pero tanto los emprendedores que los crearon como otros miles de empresarios agobiados por los impuestos han trasladado su domicilio fiscal y su residencia real al exterior. Los destinos predominantes son Uruguay, España, Paraguay y los Estados Unidos. Gradualmente, echan raíces donde se radican y se ven formalmente obligados a permanecer como mínimo 180 días por año. Su actividad emprendedora se desplaza así con ellos también fuera de la Argentina. Solo en Uruguay se han concedido más de 20.000 radicaciones de argentinos desde 2021. La mayor parte de ellos lo hicieron por razones impositivas.
Según un trabajo conjunto del Banco Mundial y la firma PwC, la presión impositiva sobre las empresas ubica a la Argentina en segundo lugar en el ranking mundial, solo después de las Islas Comoras. Este lamentable récord abarca también a las personas de patrimonios medios y altos. Todo habitante de nuestro país debe solventar gravámenes a través del consumo, tales como el IVA, Ingresos Brutos, derechos de importación y más de cien impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Además, se paga el impuesto a las ganancias, que es progresivo y cuyas alícuotas no son precisamente bajas. Los ahorros y el capital formado por cualquier persona ya dejaron una fuerte porción en manos del Estado. Considerando esta circunstancia, excepcionales en el mundo los gobiernos que luego de gravar los ingresos o las ganancias también ponen impuestos sobre los ahorros y bienes de las personas. Se trata de una doble tributación, y la Argentina está dentro de esta triste excepcionalidad.
El impuesto a los bienes personales inició esa práctica en agosto de 1991. Otro gravamen, conocido como impuesto a la riqueza, aunque denominado formalmente aporte solidario y extraordinario, fue creado a fines de 2020 y constituyó un golpe definitivo, aunque fue aplicado una única vez. Ese precedente, sin embargo, creó el temor de su repetición ante cualquier crisis fiscal.
Al igual que en Bienes Personales, el impuesto a la riqueza se determinaba sobre los activos, sin deducir los pasivos. Las tasas de estos impuestos son progresivas, o sea que quien más tiene no solo debe pagar más por ello, sino que además debe enfrentar tasas porcentuales crecientes.
Véase el caso de un emprendedor que creó un unicornio y lo controla reteniendo un 51% de su capital accionario, el cual cotiza en 1000 millones de dólares en bolsas internacionales. Por el impuesto a la riqueza debió pagar en 2021 aproximadamente 22 millones de dólares. Por Bienes Personales agregó un pago de 11 millones, todo ello en dinero efectivo. Tenía acciones y no efectivo, por lo tanto, para cumplir su obligación debía vender un 3,3% del capital accionario de la empresa. De intentarlo por bolsas, podría provocar el derrumbe de la cotización, perjudicando a todos los accionistas. Encontrar un comprador directo no resultaría sencillo y, probablemente, debería ceder el control de la compañía. Conclusión: el fisco argentino lo impulsaba a escapar de sus garras. Así se convirtieron muchísimos empresarios en exiliados impositivos.
A comienzos del gobierno de Mauricio Macri se redujo la alícuota de Bienes Personales y se sancionó una disminución progresiva. Ese compromiso alentó a que muchos se adhirieran al blanqueo, pero esa promesa se incumplió. El actual gobierno incrementó la alícuota y, como hemos visto, sumó por una vez el impuesto a la riqueza sobre la misma base imponible. ¿Qué otra cosa podía esperarse de quienes se vanaglorian “combatiendo al capital” en su emblemática marcha? La estrategia aplicada en este peculiar combate parece haber sido expulsar a quienes crean capital mediante la inversión e innovación. Es una rémora populista que ni siquiera advierte que al expulsar el capital y atacar la inversión está impidiendo la creación de empleo y el aumento del salario real. Durante la era Fernández se crearon o aumentaron impuestos en 32 oportunidades. Por otro lado, si se lo mira exclusivamente desde el ángulo de la recaudación, por resignar un aporte del 2% de la recaudación total por Bienes Personales pueden lograrse un efecto positivo sobre la inversión y el crecimiento, y un aumento futuro mucho mayor de los ingresos fiscales. La eliminación de este impuesto es necesaria, como también la de otros igualmente distorsivos. Así debieran expresarlo en su campaña quienes actualmente, desde la oposición, aspiran a cambiar los paradigmas que tanto han perjudicado a nuestro dolido país.

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España, en pausa
Bajo un sistema parlamentario, en las reciente elecciones españolas se eligieron los diputados y senadores que, tras formar gobierno, nominarán al próximo mandatario.
El líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, no pudo alcanzar la mayoría absoluta y debió conformarse con una victoria con sabor a poco, en una de las más polarizadas elecciones que se recuerden. En tanto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) podría seguir gobernando si lograse el apoyo de una coalición ampliada. El tercer lugar lo ocupó la formación de Santiago Abascal –Vox–, que registró una considerable baja de 600.000 votos, que reduce sus 52 diputados a 33.
Con el 32,77% de los votos, el PP obtuvo 136 diputados, por lo que no llegaría a la mayoría absoluta fijada en 176, sobre un total de 350 escaños. Por su parte el PSOE, que conquistó 122 escaños en el Congreso, con el 31,86%, debería buscar el apoyo de otros partidos menores. En el Seson nado, el PP consiguió 120 de los 208 senadores, y 72 el PSOE.
Como ni el PP ni el PSOE obtuvieron la mayoría absoluta, es imperativa una política de alianzas. Feijóo anunció que iniciará un diálogo con las demás fuerzas políticas para hacer valer el resultado electoral, es decir, para que la fuerza con mayor respaldo asuma la presidencia del gobierno.
Para el PP fue una victoria insuficiente con relación a las expectativas que alimentaron las encuestas y los sondeos en boca de urna, que, como ocurrió en otros países, tampoco acertaron con sus pronósticos. Para el PSOE, se trató de una derrota que, aunque esperada, tiene visos de victoria, dependiendo de lo que se pueda acordar con el prófugo de la Justicia española en Bruselas, Carles Puigdemont y Juntos por Cataluña (JxCat). Aunque las relaciones entre ambos partidos han sido muy tensas en los últimos meses, sus voceros parecen dispuestos a curar heridas.
Tanto el conservador PP como los socialistas del PSOE, encabezados por el desprestigiado presidente Pedro Sánchez, han dominado durante mucho tiempo la política española y, según señalan los expertos, la mayor parte del electorado parece estar acercándose al centro y alejándose de los extremos.
A mediados del corriente mes, los partidos deberán elegir al presidente del Congreso. Este se reunirá con el rey Felipe VI para comunicarle qué fuerzas tienen mayor representación, dando inicio al procedimiento establecido mediante el cual el rey debe proponer un candidato a presidente del gobierno. De no lograrse una mayoría, se someterá a la firma del rey el decreto de disolución de las Cortes Generales y de nueva convocatoria a elecciones.
El resultado de las elecciones del pasado 23 de julio dejan a España en la incertidumbre. Es una situación inédita en casi 50 años de democracia y, al mismo tiempo, una gran paradoja: los que perdieron podrían volver a gobernar.

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