EDITORIALES,

Superar la cultura del asistencialismo
Proponer soluciones a largo plazo implica apostar a la educación formal como herramienta irreemplazable para la inserción laboral

La decisión del gobierno nacional de reconvertir planes sociales en puestos de trabajo formal es, en principio, un paso adelante, como también lo fue el precedente más próximo a esta propuesta: el programa implementado por el gobierno de Cambiemos denominado Plan Empalme, cuyo objetivo era que empleadores privados contrataran a beneficiarios de esas asignaciones y tomaran el monto del beneficio como parte del salario por pagar.
En el caso de la actual iniciativa, se propicia que, a partir del mes próximo, quienes reciben planes sociales puedan llegar a cobrar el doble de la asignación, esto es hasta los 16.875 pesos que hoy se pagan mensualmente como salario mínimo vital y móvil, cuando realicen tareas en rubros como la construcción, la producción de alimentos, el reciclado y la industria textil, entre otras.

Para ello, el Gobierno ha comenzado a establecer acuerdos con empresas, municipios y sindicatos, y avanzará en negociaciones con otros sectores, según expresó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
Sin dudas, en una primera instancia, este tipo de programas constituyen una buena medida, por cuanto persiguen el sano interés de que sean cada vez más las personas que puedan vivir de su propio esfuerzo y no de planes, y perciban un salario por un trabajo en blanco.
Pero hay cuestiones que no pueden soslayarse y que han sido las responsables de los fracasos de casi todos los intentos de reconvertir planes sociales en empleo formal. Una de esas razones es el carácter político y prebendario que confluyó en su origen y que aún hoy siguen teniendo muchos de estos programas, no tan solo por la oportunista y deleznable utilización electoral que de ellos acostumbra hacerse, sino también porque muchas veces no se controla que quienes realmente los necesitan sean efectivamente quienes los perciban.

El actual gobierno está realizando un plan piloto en escuelas bonaerenses, en convenio con el gremio de la construcción, para capacitar a beneficiarios de planes de modo que puedan abocarse a la refacción y pintura de establecimientos educativos en varias provincias. La condición de empleabilidad se sostendrá por el tiempo que demande concluir la tarea asignada, finalizada la cual el beneficiario seguirá recibiendo la asistencia oficial hasta que aparezca una nueva labor.
Las autoridades a cargo del proyecto sostienen que se encuentran estudiando la mejor mecánica para implementar el programa y que la aspiración de máxima es que la mayor cantidad posible de las 600.000 personas que hoy reciben un subsidio de 8000 pesos terminen incorporadas al mercado laboral. Si ese fuera el objetivo, considerar la prolongación de los beneficios de un plan para quien no consigue una nueva ocupación será un arma de doble filo.
Otra pregunta es si alcanza con suscribir ese tipo de acuerdos con diversos sectores sin atacar otros aspectos importantes que hacen al meollo del problema. ¿No se está corriendo el riesgo de que, por atender con celeridad los requerimientos económicos derivados de la profunda crisis económica y social -que nadie duda de que hay que atender-, se descuiden aspectos troncales como la educación? Promover el empleo formal es indudablemente un objetivo primordial, pero es aún más importante que sea un empleo formal de calidad, y eso tiene una vinculación tan directa como estrecha con el grado de cumplimiento de los requisitos de los distintos niveles educativos.
Un reciente trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sostiene que el 60% de las personas con planes asistenciales carecen de preparación para acceder a un empleo formal, por cuanto no han concluido el nivel secundario, mientras que entre quienes tienen un empleo formal solo el 25% no terminaron la secundaria. En el caso de la educación superior, mientras que solo el 4% de beneficiarios de subsidios estatales tienen estudios terciarios o universitarios, entre quienes cuentan con un empleo formal ese porcentaje sube al 45 por ciento.
Sostiene acertadamente el informe que esos datos muestran que el perfil educativo de tales beneficiarios no se condice con los requerimientos educativos de empresas privadas que generan empleos en blanco, por lo que resulta ilusorio esperar que el crecimiento económico brinde empleos de calidad a las personas que hoy viven del asistencialismo.

Coincidimos con Idesa en que ciertamente la capacitación puede contribuir a la hora de obtener un empleo, pero no reemplaza a la educación formal. De hecho, es precisamente con capacitación como se los ayuda a obtener trabajos mayormente informales o changas con las cuales completar el subsidio.
Es necesario poner la mirada más allá de la emergencia si se quiere atacar la raíz del problema. Seguir proponiendo alternativas más o menos creativas para atender con planes asistenciales las necesidades de muchos distrae del que debiera ser el principal objetivo: apostar a la educación. Rever los contenidos, hacer de la escuela un lugar atractivo, garantizar los días de clases, profesionalizar a los maestros, crear condiciones para que los alumnos no abandonen las aulas, involucrar a las familias en la educación, establecer un sistema efectivo de alerta temprana para evitar la deserción, lograr que los adultos concluyan sus estudios al más alto nivel posible, entre muchos otros objetivos, son tareas impostergables, que trascienden en mucho la coyuntura de una crisis económica.

Que la solución será a largo plazo es también una realidad incontrastable, pero no podemos seguir poniendo parches. Es necesario atender el presente planificando y construyendo debidamente el futuro sin demorar las impostergables reformas educativas. De lo contrario, seguiremos inmersos en el gravísimo error de seguir otorgando a simples paliativos el pretendido y falso carácter de soluciones permanentes.