FRANCISCO OLIVERA OPINA,

Propiedad privada: ¿no pasar?

Francisco Olivera
Dicen los usurpados que todo puede desencadenarse en un par de horas. A la madrugada, llega un camión con familias preparadas para el acampe: chapas, estacas, carpas. Y que a las 6 o 7 AM, cuando el primer vecino se dé cuenta de la toma del terreno y le avise al propietario, habrá sido tarde: los ocupantes, tentados por alguien a cambio de cuotas y promesas, ya estarán instalados.

 Empieza entonces una carrera contra el tiempo: lo que fue faja se convierte en colchón, chapa, pared. "Sos el dueño y decidís ir a ver qué pasa. Y caen tres camionetas con matones que te dicen: 'Flaco, tomátelas'. Y vos te vas porque no sos barrabrava, salvo que caigas con otros 20 barrabravas", explica un desarrollador.

Argentina 2020. El proceso exacto inverso a lo que el mundo llama gentrification. Pasa con el desarrollo urbanístico. Un asentamiento empieza a mejorar mediante la entrega de títulos de propiedad, servicios básicos, seguridad a sus vecinos.

 Como la tierra es barata, en algún momento llegan los primeros inversores a comprar lotes. Eso hace subir el valor del metro cuadrado y, así, los habitantes originales eligen vender. Controvertido para quienes lo definen como un "virus irreparable" que expulsa de manera silenciosa a sectores de bajos recursos, es el camino que recorrió Nueva York a partir de la gestión de Rudolph Giuliani, con barrios como Harlem West o Brooklyn. También Shanghai o San Francisco.

Los intendentes tienen miedo. Algunos han reforzado en estos días la seguridad de sus mejores predios. Dicen que la toma es como los saqueos: no hay que nombrarla. Cuanto más se corre la voz, peor el riesgo
Pero en la Argentina no hay Giulianis y los intendentes tienen miedo. Algunos han reforzado en estos días la seguridad de sus mejores predios. Dicen que la toma es como los saqueos: no hay que nombrarla. Cuanto más se corre la voz, peor el riesgo. En los municipios dudan de los cuidadores que contratan y hasta de la policía. ¿Cuál será el límite de la lealtad ante una oferta cuantiosa por hacer la vista gorda?

Nada nuevo, en realidad. En la Capital Federal, las villas se expanden hacia arriba; en el conurbano, hacia los costados: los más jóvenes sueñan con dejar el hacinamiento. A los desarrolladores no les llama la atención en tiempos de elecciones. Pero este año no es electoral, y la dificultad surge de contradicciones internas del Frente de Todos. ¿Hasta cuándo podrán convivir Berni y Sabina Frederic? La izquierda kirchnerista aborda la cuestión del delito con la culpa de un macrista forzado a controlar precios. Semanas atrás, Diego Kravetz, jefe de Gabinete de Lanús, recibió objeciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por haber desalojado en Monte Chingolo lo que consideraba un aguantadero de delincuentes. "No había ni baño, no era un tema habitacional", contestó él.

A la ambigüedad contribuyen las propias normas. Desde abril del año pasado, la Suprema Corte bonaerense obliga con un protocolo a buscar soluciones amistosas, censar a los involucrados y llevar asistentes sociales si no se detecta la toma en flagrancia. La ley provincial 15.172, de este año, prohíbe hasta el 30 de este mes "toda ejecución" que afecte "a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular". El proceso judicial puede entonces durar años. Propietarios de 111 hectáreas ubicadas en Villa Albertina, cerca del Puente La Noria, litigan desde hace una década con el Estado bonaerense por el precio que, consumada la toma, después de la expropiación, se les debe. El conflicto llegó a la cámara. La Provincia ofrece 5 dólares el metro cuadrado y los dueños piden 70: Elliot Management y Maduro estarían más cerca del acuerdo.

"Todo se agravó por los comentarios de los políticos y las organizaciones sociales -dijo a este diario Marcelo Babenco, de la Cámara Inmobiliaria bonaerense-. El que tiene que dar respuestas es el Estado, no los privados". Berni acusó esta semana al Movimiento Evita del conflicto en Guernica. Tiene con ellos antiguos desencuentros, pero es probable que haya aludido a un proyecto de ley presentado en agosto por Patricia Cubría, diputada del Frente de Todos y casada con Emilio Pérsico. Sobre la base de la ley 15.172, "la Colo", como la llama la militancia, propone declarar de utilidad pública esos terrenos. "Los inmuebles citados serán adjudicados en propiedad a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes, con cargo de construcción de vivienda propia", dice el artículo 2. Cubría le dedicó anteayer al ministro dos tuits: "@SergioBerniArg miente. Todos los días de campaña en la TV. Cree que puede tapar el sol con las manos.

Las tomas existen porque hay una situación de emergencia habitacional, millones de compatriotas no tienen dónde vivir con su familia. Es un problema real de derechos vulnerados", dijo, y agregó: "¿Cuál es la solución que propone el ministro que se cree Rambo? ¿Violencia y que vayan a vivir debajo de un puente?". El predio inquieta a la comisión directiva del club San Cirano, que proyectaba erigir al lado su country club con el grupo constructor Campos del Bellaco.
Guernica, cabecera del partido Presidente Perón, puede estar adelantando escenas de la pospandemia. Etapa que, por lo pronto, pondrá a prueba la convivencia entre sindicatos y movimientos sociales. Blanca Cantero, la intendenta, está casada con Carlos Acuña, uno de los líderes de la CGT. "El que les dio aire a esas organizaciones fue el macrismo", se quejan en el sector inmobiliario. Los intendentes le exigieron esta semana a Kicillof dar un mensaje más claro. Es cierto que el Frente de Todos es en sí mismo ambivalente. Pero la sensibilidad del caso reside en el tema y el momento. "Están cabeceando la granada al lado del gasoducto", graficaron cerca de Massa.

La discusión tampoco les será indiferente a Guzmán o a Kulfas, que velan por la inversión. ¿Cómo congeniar esa urgencia con los "derechos vulnerados" del proyecto de Cubría? ¿Cuáles son los alcances y los límites de la justicia social? Quienes dicen haber venido a reivindicarla cuidan hasta las palabras. Para un liberal sería más fácil. En sus Diez lecciones de economía, el jurista catalán Faustino Ballvé saldaba el dilema: "El fin de la Justicia propiamente dicha es, como decían los romanos, dar a cada uno lo que es suyo, y para dar a cada uno lo que es suyo es preciso que ya sea suyo; dar, en ese sentido, es proteger el derecho de la propiedad. Mientras el proceso económico esté en curso, nada es de nadie: solo adquiere cada uno lo suyo cuando lo obtiene al final de un ciclo del proceso económico precisamente en virtud de este proceso y nada más. (...) Cuando cada uno tenga así lo suyo y alguien quiera quitárselo, entonces entrará en función la Justicia, no antes".

La Argentina ha quedado entrampada en viejos malentendidos. Algunos los dirimen por la fuerza. Hace dos semanas, en Moreno, en un confuso episodio de usurpación que investiga la Justicia, murió a balazos Martín Núñez, "Saviolita", miembro de La Banda del Oeste, facción de la hinchada de River. La propiedad privada excede el ámbito de la economía: en su lógica están también la libertad y la paz.