EDITORIALES,

El reino del revés.
Lejos de defender el derecho de propiedad y condenar las usurpaciones, algunas autoridades pretenden penalizar a quienes reclaman que se cumplan las leyes
Lejos de defender el derecho de propiedad y condenar las usurpaciones, algunas autoridades pretenden penalizar a quienes reclaman que se cumplan las leyes.
Desde 2015, tal como se ha consignado reiteradas veces desde esta columna editorial, un grupo de violentos encapuchados autodenominados comunidad Lafken Winkul Mapu incendia cabañas, ataca a vecinos y usurpa propiedades y no pocas hectáreas del emblemático Parque Nacional Nahuel Huapi, quizás uno de los sitios de belleza más impactante de nuestro país. Estas circunstancias han dado lugar a más de un centenar de denuncias en juzgados federales y locales por parte de pobladores de la zona, víctimas de los delitos y de la violencia encarnada por quienes conculcan los derechos de los demás integrantes de la sociedad en aras de afirmar una supuesta identidad sin documentación respaldatoria alguna.
Son hechos que afectan no solo nuestra soberanía territorial, sino también el derecho de propiedad consagrado por la Constitución nacional. Sus responsables son grupos de personas que aducen querer “recuperar un lugar sagrado” cuando –cabe la aclaración–eran los pampas puelches y las etnias tehuelches de Saihueque sus pobladores originarios antes de la Conquista.
A partir de 2017, salvo algunas intervenciones puntuales, ha existido una marcada anomia gubernamental, y los usurpadores no solo no han sido penados, sino que han redoblado su apuesta por la violencia. Con caras tapadas y palos, ejecutan hechos vandálicos que resultan repudiados por las propias comunidades mapuches –muchas de las cuales habitan la zona–, que mantienen un diálogo pacífico con autoridades y pobladores.
La semana pasada, pobladores de Villa Mascardi resultaron nuevamente atacados y eso dio lugar a que se congregara en el Centro Cívico de Bariloche un grupo de ciudadanos con la intención de apoyarlos, conscientes y preocupados por el impacto que los episodios de los últimos tiempos tendrán, entre otras cosas, sobre el quehacer turístico de la zona. Presentaron un petitorio público para solicitar que el gobierno nacional asegure la libre circulación a lo largo de la ruta 40, ejerciendo el deber de custodia que les es propio, y que la Justicia caiga con todo el peso de la ley sobre quienes toman ilegalmente su control como tantas veces ha ocurrido en los últimos tiempos.
Ante esa situación, la sorprendente respuesta del gobierno nacional no se hizo esperar: el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los promotores de la protesta “en defensa de los vecinos de la localidad de Villa Mascardi”, acusándolos por “la posible comisión de los delitos” de instigación, asociación ilícita y apología del crimen. No se toma una medida para desalojar a los intrusos de un lugar que es área protegida por tratarse de un parque nacional que nunca perteneció a las comunidades mapuches, sino que se presenta una denuncia penal contra quienes defienden sus propiedades, sus bienes y su derecho a vivir pacíficamente. Es el reino del revés de Sabina Frederic, quien a regañadientes, y luego de muchos cuestionamientos, admitió que las tomas de tierras son “ilegales”.
El fin de semana pasado, incluso el Sindicato de Guardaparques Nacionales envió una carta al presidente de Parques Nacionales “con gran preocupación por el silencio institucional y la falta de garantías laborales” de parte de esa administración. La institución, que funciona dentro de la órbita de la autoridad ambiental nacional, parece estar ausente y los propios integrantes de la institución, que ha sido ejemplo de custodia de nuestras más valiosas áreas protegidas, dan cuenta del desamparo institucional en el que se encuentran.
Días más tarde, una comunidad –aparentemente mapuche– usurpó una parte del Parque Nacional Los Alerces, a metros del lago Futalaufquen y de la villa del parque. Con ramas y troncos de árboles secos bloquearon el ingreso y ni la Gendarmería ni la Administración de Parques Nacionales (APN) accedieron, justificando su inacción “para evitar cualquier tipo de conflicto”. Ahora se habla de “iniciar un diálogo” con quienes no muestran ninguna vocación en tal sentido, porque increíblemente resulta antipático cumplir con el deber de hacer respetar nuestra Constitución y los derechos que enumera.
También a través de un comunicado, otra comunidad mapuche realizó una ocupación pacífica en la sede de Parques Nacionales de Lago Puelo “con el fin de exigir el resguardo de la integridad física de quienes ‘haciendo uso de su derecho ancestral’, se encuentran resistiendo en cercanías de la zona de Futalaufquen, Chubut”. En el comunicado no faltaron los desvaríos en contra de quien fue el creador de los parques nacionales argentinos, el perito Francisco Moreno, y el pedido de libertad “de todos los presos políticos mapuches”.
Probablemente desconocen que justamente el perito Moreno fue quien donó al gobierno nacional tres leguas cuadradas, equivalentes a unas 7000 hectáreas, al oeste del lago Nahuel Huapi para que se constituyera el primer parque nacional del país, hoy Parque Nacional Nahuel Huapi. Como menciona uno de los naturalistas argentinos más destacados, Claudio Bertonatti, “Francisco Pascasio Moreno dedicó su vida al servicio de su país. La deuda de los argentinos para con él es vitalicia. Su ejemplo de hombre público es un modelo para quienes anhelan un futuro que ofrezca igualdad de posibilidades educativas y culturales para todos los ciudadanos, base de toda justicia. Su preocupación y empeño en conservar el patrimonio natural y cultural deberían contagiar a todos los funcionarios municipales, provinciales y nacionales”.
Las autoridades nacionales parecen desconocer no solo que los vecinos se sienten justificadamente desamparados, sino que el Parque Nacional Nahuel Huapi recibe cada año más de medio millón de visitantes con el consiguiente beneficio económico para la comunidad local. La industria del turismo en la zona se sostiene, en gran parte, gracias al estado de conservación de nuestros parques nacionales. En ella también se depositan las mayores expectativas a la hora de poner en marcha los motores para recuperar la economía luego de la pandemia.
Es por eso indispensable reflexionar acerca del valor de defender nuestros valiosos parques nacionales, modelo de conservación de la naturaleza. La actual APN es el resultado del esfuerzo de muchas generaciones de argentinos por proteger ese patrimonio nacional. Ha contado y cuenta con valiosos guardaparques que han ofrecido su tiempo para conservar la flora, la fauna y los monumentales escenarios naturales y culturales para las actuales y futuras generaciones. Lamentablemente, la institución está, desde hace años y con escasas excepciones, sujeta al máximo peligro: el que personifican sus propias autoridades. La política, los amigos de la política y la burocracia sindical han postergado peligrosamente las necesidades de conservación.
Visitar los parques nacionales despierta una emoción que va más allá del hecho estético, pues estos promueven una relación más duradera con la naturaleza. La presencia de encapuchados y delincuentes en nuestros parques de la Patagonia deja en evidencia a quienes desconocen el respeto por los derechos que la Nación consagra a través de sus normas y sus leyes, al tiempo que ponen en jaque la paz y la seguridad que debe garantizarse a los visitantes de los más bellos escenarios de nuestro país. Si el gobernador de la provincia de Buenos Aires puede declarar que las usurpaciones son ilegales, nos preguntamos en qué difieren las situaciones que se viven hoy en las provincias patagónicas. Insistir en avanzar por senderos de diálogo y negociación con quienes solo están dispuestos a enfrentar el orden constituido es entrar en un juego peligroso. 

El reclamo de una sociedad que no está dispuesta a ver avasallados derechos esenciales como el de la propiedad privada debería impulsar al Gobierno a tomar el toro por las astas. En su lugar, en un nuevo capítulo, se sigue postergando la reinstauración de la legalidad e incluso se pena a las víctimas. No es extraño entonces que la comunidad local y la sociedad en general se pregunten a quiénes protegen realmente nuestras máximas autoridades.