El extraño capitalismo de Alberto Fernández
Carlos Pagni
Axel Kicillof junto a Alberto Fernández...Ricardo PristuplukAlberto Fernández suele decir, citando a Axel Kicillof, que el capitalismo demostró ser tan frágil que casi fue arrasado por un bichito tan pequeño que ni siquiera se ve. Por eso él se compromete a cambiar ese sistema. El año se despide con algunas demostraciones de ese tipo de capitalismo inmune al que aspira el Presidente. No está claro que sea más vigoroso. Ni siquiera se sabe si no será una nueva versión de otro demasiado conocido: empresarios que se enriquecen con maniobras más o menos espurias, financiadas con el dinero de los contribuyentes.
Hay antecedentes. Ayer, por ejemplo, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial confirmó que Cristóbal López y Fabián de Sousa gestionaron la deuda de Oil Combustibles con la AFIP de manera fraudulenta, para financiarse con recursos del Estado. Es difícil encontrar empresarios más cercanos a Fernández que López y De Sousa. Por lo tanto, la utopía económica del Presidente ofrece, hasta ahora, sólo una evidencia: está cubierta por una espesa capa de sospechas.
La transacción plantea dos incógnitas elementales. La primera: ¿por qué Mindlin se desprende de una compañía cuya acción cotiza a 4,13 dólares, cuando llegó a valer 60 a fines de 2017? Mindlin es, antes que nada, un financista. Alguien que hace un credo de comprar barato y vender caro. No al revés. La segunda pregunta: ¿por qué podría ser negocio para Manzano algo que no lo es para Mindlin?
Habría que considerar una segunda hipótesis. Se basa en que los compradores son personas muy conectadas al poder. Manzano tiene un trato esporádico con el Presidente. Pero, igual que Vila, frecuenta a Eduardo "Wado" De Pedro, su lejano sucesor en Interior y curioso, como él, por los negocios. Filiberti está muy ligado al sindicalista José Luis Lingeri, "Mr. Cloro". Más aún: quienes conocen bien su empresa afirman que su principal activo es el vínculo con Lingeri, gremialista de AySA. Este nexo motiva afiebradas fantasías. Por ejemplo, que Lingeri está detrás de Filiberti en la compra de Edenor. Cuesta creer que un sindicalista tenga el patrimonio necesario. Pero una voz con acento anglosajón aclara: "No lo menosprecie. A Cloro le han ido muy bien las cosas. Ya en los '90 contaba con un trust en Merrill Lynch de Ginebra. Era poca plata. 8 millones de dólares. Se llamaba Butterfly. Siempre fue romántico". Difícil de verificar. Merrill Lynch no existe más.
La intimidad con el poder hace pensar que Manzano, Vila y Filiberti podrían beneficiarse con el escandaloso artículo 87 que Massa introdujo en el presupuesto nacional. Se trata de una medida que el Poder Ejecutivo había vetado en una ampliación presupuestaria del mes de julio. Es un caso que desnuda cómo las distorsiones de la política económica habilitan arbitrariedades que dan lugar a negocios fuera de serie.
Como es sabido, desde hace 20 años las tarifas están más o menos congeladas. El aumento de costos castiga a las distribuidoras con un impresionante atraso en los precios. Por eso esas compañías deciden no pagar la electricidad a Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado eléctrico. Massa dispuso, en ese artículo 87, que Cristina Kirchner convalidó y Fernández no vetó, que esa deuda con Cammesa pueda ser licuada casi por completo.
A las distribuidoras se les reconocería un crédito por el 66% de lo que deben y el resto podría ser saldado en 60 cuotas, con seis meses de gracia y una tasa subsidiada al 60%. Por si faltaba discrecionalidad, Massa dispuso que esos pasivos ya no serán negociados con Cammesa sino con la Secretaría de Energía. Su titular, el exdiputado Darío Martínez, haría un plan para cada compañía, según parámetros tan objetivos como el promedio socioeconómico de sus usuarios, o la obtención de un impacto más armónico en las distintas zonas de cobertura.
El contubernio no parece ser un accidente. Sería un objetivo. Manzano y Vila son titulares de la distribuidora cuyana Edemsa, que acumula una deuda con Cammesa de 120 millones de dólares. La deuda de Edenor es de 225 millones de dólares. Un detalle que pasa, quizás, inadvertido: el cambio de manos de la principal distribuidora del país va de un grupo de deudores a otro grupo de deudores. Aun cuando tengan todas las excusas para no pagar a Cammesa. La dimensión de estos pasivos será determinada por el secretario Martínez, a quien los compradores pueden llegar con facilidad a través de Massa, pero también de Aníbal Fernández y hasta de los Dromi, Roberto y Nicolás, padre e hijo, siempre adosados a Manzano.
Para los especialistas energéticos, ninguna de esas ventajas justifica la compra de Edenor. Sobre todo porque ya se sabe que no habrá una actualización de la tarifa. Cristina Kirchner decidió, y se lo comunicó a Martín Guzmán, que sólo se autorizará un único aumento del 9% en marzo. Esta premisa inspira otra conjetura. La idea de que Manzano, Vila y Filiberti se estarían haciendo cargo de Edenor a cuenta de su estatización. Hace meses que desde el Instituto Patria trasciende la fantasía de una nacionalización de servicios públicos. La Cámpora indagó, a través de su encuestadora, Analogías, cómo caería esa decisión en la opinión pública. Hubo una escaramuza con Edesur, que volvió en las últimas horas con el fantasma de una intervención. Si el plan fuera este, es razonable que Mindlin no quiera ser un objetivo. El avance del Estado haría inevitable que inicie una larga saga judicial. Y quedaría también expuesto a que le arrebaten otra empresa, de la que no quiere desprenderse: Transener. Pampa Holding, el fondo de Mindlin, controla el 50% de esa transportista eléctrica. El otro 50% es estatal, a través de Ieasa.
Queda pendiente un tramo problemático de la transacción: debe realizarse una oferta para que los demás socios de Edenor tengan derecho a comprar lo que se le ofreció al trio de emprendedores. Entre esos accionistas está, con un 27,8%, la Anses. ¿Convalidará Fernanda Raverta, la aguerrida titular de esa agencia, que los abuelos se desprendan de ese patrimonio al precio vil al que venderá Mindlin? Es un lindo test para la estadofilia de La Cámpora.
Manzano, el líder de esta operación, ¿es tan temerario como para comprar a cuenta de una estatización? Tres posibilidades: sí, sí y sí. Igual la hipótesis sigue siendo audaz. Aunque los compradores juegan con una ventaja inestimable. Los estatistas argentinos son generosísimos a la hora de pagar sus confiscaciones. El más consumado, Kicillof, le hizo hacer un gran negocio a Repsol por la estatización de YPF. Antoni Brufau se llevó bonos por 5000 millones por el 51%, sin contar los intereses. Hoy toda la firma vale 1927 millones de dólares. Mindlin parece haber previsto una venta futura de Edenor a un comprador pródigo. Y fijó una cláusula: si se produjera, él se quedaría con el 50% de la mejora del precio.
A propósito de YPF, su caso ofrece el segundo ejemplo de ese capitalismo inmune al que promete conducir Fernández. La familia Eskenazi, a la que Néstor Kirchner convirtió en accionista cuando su jefe de Gabinete era el actual presidente, transfirió al fondo buitre Burford Capital los presuntos derechos a un resarcimiento. Las sociedades españolas de los Eskenazi, a través de las cuales se argentinizó la petrolera, alegaron que la estatización no había cumplido con las exigencias previstas en el estatuto societario. Entre ellas estaba la de ofrecer a los demás accionistas la posibilidad de adquirir el paquete que pretendía el Gobierno. Burford aspira a unos 3000 millones de dólares, de los cuales 1000 irían para los Eskenazi.
El Estado, bajo la presidencia de Mauricio Macri, cuestionó el reclamo. Se sirvió, entre otros, de un argumento: la pretensión tiene un vicio de origen, ya que los Eskenazi adquirieron sus acciones de manera fraudulenta, dada su oscura relación con los Kirchner. Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro de la gestión Cambiemos, solicitó a la jueza neoyorkina Loretta Preska que ordene un discovery, es decir, un proceso por el cual se exhiben todos los documentos relacionados con la operación YPF desde el ingreso de los Eskenazi. Preska accedió.
Macri y Saravia dejaron el poder y llegaron Fernández y el procurador Carlos Zannini. El Presidente trabajo para los Eskenazi, tal como se divulgó desde la YPF estatizada. Y Zannini fue, hasta regresar al Gobierno, director del Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi, en representación de la provincia. Estas afinidades son lo de menos. Inclusive Sebastián Eskenazi suele quejarse, en términos muy peyorativos, de que Fernández no le atiende el teléfono. La verdadera pesadilla de Fernández y Zannini es que, para defender al Estado, deberían contribuir al discovery. Es decir, deberían aportar información sobre la generosísima tasa con que los Eskenazi remuneraban los ahorros de Cristina y Néstor Kirchner en Santa Cruz, según declaró el matrimonio delante del juez Norberto Oyharbide en una causa por enriquecimiento ilícito.
Además, tendrían que remitir las declaraciones del contador Víctor Manzanares, nunca investigadas por el implacable Claudio Bonadio, afirmando que el secretario privado Daniel Muñoz le había revelado que las parvas de dinero en efectivo que acumulaba Kirchner se atesoraban en bóvedas de Buenos Aires cuya llave sólo poseían Sebastián Eskenazi y el exdirector del Banco de Santa Cruz y segundo de la Side, Francisco Larcher. Una revelación que hace más verosímil la versión según la cual, advertido por su íntima amiga y sucesora, Silvia Majdalani, de que ya no podría protegerlo, Larcher habría sacado del country Abril un auto cargado de 70 millones de dólares, que pasó 48 horas en un garaje para encontrar después otro destino. El hijastro de Larcher se habría autoasignado 3 millones de dólares como honorarios por el trámite.
Estos detalles, y muchos otros que podrían interesar a la Justicia de Nueva York, como el papel de Pedro Chomnalez y Andrea Camp, de Credit Suisse, en la captura de las acciones de Eskenazi, tal vez jamás lleguen al despacho de Preska. El Estado, representado por Zannini, demora cada vez más en proveer la información. Es lógico: si lo hiciera, la estatua de Néstor Kirchner quedaría hecha añicos. En una audiencia del miércoles 23, la jueza vapuleó a los abogados de Burford exigiéndole la documentación requerida. Sugirió que el fondo tiene algún acuerdo con los Eskenazi, dado que es impensable que hayan comprado un reclamo judicial sin la información completa que le sirve como base. Preska tal vez no sospecha de una posibilidad que comienza a inquietar a los operadores de Burford: que Zannini y los Eskenazi se hayan confabulado para boicotear un discovery en el que tienen mucho más para perder que para ganar.
López y De Sousa. Mindlin, Manzano y Massa. Zannini y los Eskenazi. Apellidos que van delineando el nuevo capitalismo inmune al virus. Un sistema estadocéntrico. Más inspirado en Putin que en Stalin, cuyo parecido con Fernández no pasa del bigote
El contubernio no parece ser un accidente. Sería un objetivo. Manzano y Vila son titulares de la distribuidora cuyana Edemsa, que acumula una deuda con Cammesa de 120 millones de dólares. La deuda de Edenor es de 225 millones de dólares. Un detalle que pasa, quizás, inadvertido: el cambio de manos de la principal distribuidora del país va de un grupo de deudores a otro grupo de deudores. Aun cuando tengan todas las excusas para no pagar a Cammesa. La dimensión de estos pasivos será determinada por el secretario Martínez, a quien los compradores pueden llegar con facilidad a través de Massa, pero también de Aníbal Fernández y hasta de los Dromi, Roberto y Nicolás, padre e hijo, siempre adosados a Manzano.
Para los especialistas energéticos, ninguna de esas ventajas justifica la compra de Edenor. Sobre todo porque ya se sabe que no habrá una actualización de la tarifa. Cristina Kirchner decidió, y se lo comunicó a Martín Guzmán, que sólo se autorizará un único aumento del 9% en marzo. Esta premisa inspira otra conjetura. La idea de que Manzano, Vila y Filiberti se estarían haciendo cargo de Edenor a cuenta de su estatización. Hace meses que desde el Instituto Patria trasciende la fantasía de una nacionalización de servicios públicos. La Cámpora indagó, a través de su encuestadora, Analogías, cómo caería esa decisión en la opinión pública. Hubo una escaramuza con Edesur, que volvió en las últimas horas con el fantasma de una intervención. Si el plan fuera este, es razonable que Mindlin no quiera ser un objetivo. El avance del Estado haría inevitable que inicie una larga saga judicial. Y quedaría también expuesto a que le arrebaten otra empresa, de la que no quiere desprenderse: Transener. Pampa Holding, el fondo de Mindlin, controla el 50% de esa transportista eléctrica. El otro 50% es estatal, a través de Ieasa.
Queda pendiente un tramo problemático de la transacción: debe realizarse una oferta para que los demás socios de Edenor tengan derecho a comprar lo que se le ofreció al trio de emprendedores. Entre esos accionistas está, con un 27,8%, la Anses. ¿Convalidará Fernanda Raverta, la aguerrida titular de esa agencia, que los abuelos se desprendan de ese patrimonio al precio vil al que venderá Mindlin? Es un lindo test para la estadofilia de La Cámpora.
Manzano, el líder de esta operación, ¿es tan temerario como para comprar a cuenta de una estatización? Tres posibilidades: sí, sí y sí. Igual la hipótesis sigue siendo audaz. Aunque los compradores juegan con una ventaja inestimable. Los estatistas argentinos son generosísimos a la hora de pagar sus confiscaciones. El más consumado, Kicillof, le hizo hacer un gran negocio a Repsol por la estatización de YPF. Antoni Brufau se llevó bonos por 5000 millones por el 51%, sin contar los intereses. Hoy toda la firma vale 1927 millones de dólares. Mindlin parece haber previsto una venta futura de Edenor a un comprador pródigo. Y fijó una cláusula: si se produjera, él se quedaría con el 50% de la mejora del precio.
A propósito de YPF, su caso ofrece el segundo ejemplo de ese capitalismo inmune al que promete conducir Fernández. La familia Eskenazi, a la que Néstor Kirchner convirtió en accionista cuando su jefe de Gabinete era el actual presidente, transfirió al fondo buitre Burford Capital los presuntos derechos a un resarcimiento. Las sociedades españolas de los Eskenazi, a través de las cuales se argentinizó la petrolera, alegaron que la estatización no había cumplido con las exigencias previstas en el estatuto societario. Entre ellas estaba la de ofrecer a los demás accionistas la posibilidad de adquirir el paquete que pretendía el Gobierno. Burford aspira a unos 3000 millones de dólares, de los cuales 1000 irían para los Eskenazi.
El Estado, bajo la presidencia de Mauricio Macri, cuestionó el reclamo. Se sirvió, entre otros, de un argumento: la pretensión tiene un vicio de origen, ya que los Eskenazi adquirieron sus acciones de manera fraudulenta, dada su oscura relación con los Kirchner. Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro de la gestión Cambiemos, solicitó a la jueza neoyorkina Loretta Preska que ordene un discovery, es decir, un proceso por el cual se exhiben todos los documentos relacionados con la operación YPF desde el ingreso de los Eskenazi. Preska accedió.
Macri y Saravia dejaron el poder y llegaron Fernández y el procurador Carlos Zannini. El Presidente trabajo para los Eskenazi, tal como se divulgó desde la YPF estatizada. Y Zannini fue, hasta regresar al Gobierno, director del Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi, en representación de la provincia. Estas afinidades son lo de menos. Inclusive Sebastián Eskenazi suele quejarse, en términos muy peyorativos, de que Fernández no le atiende el teléfono. La verdadera pesadilla de Fernández y Zannini es que, para defender al Estado, deberían contribuir al discovery. Es decir, deberían aportar información sobre la generosísima tasa con que los Eskenazi remuneraban los ahorros de Cristina y Néstor Kirchner en Santa Cruz, según declaró el matrimonio delante del juez Norberto Oyharbide en una causa por enriquecimiento ilícito.
Además, tendrían que remitir las declaraciones del contador Víctor Manzanares, nunca investigadas por el implacable Claudio Bonadio, afirmando que el secretario privado Daniel Muñoz le había revelado que las parvas de dinero en efectivo que acumulaba Kirchner se atesoraban en bóvedas de Buenos Aires cuya llave sólo poseían Sebastián Eskenazi y el exdirector del Banco de Santa Cruz y segundo de la Side, Francisco Larcher. Una revelación que hace más verosímil la versión según la cual, advertido por su íntima amiga y sucesora, Silvia Majdalani, de que ya no podría protegerlo, Larcher habría sacado del country Abril un auto cargado de 70 millones de dólares, que pasó 48 horas en un garaje para encontrar después otro destino. El hijastro de Larcher se habría autoasignado 3 millones de dólares como honorarios por el trámite.
Estos detalles, y muchos otros que podrían interesar a la Justicia de Nueva York, como el papel de Pedro Chomnalez y Andrea Camp, de Credit Suisse, en la captura de las acciones de Eskenazi, tal vez jamás lleguen al despacho de Preska. El Estado, representado por Zannini, demora cada vez más en proveer la información. Es lógico: si lo hiciera, la estatua de Néstor Kirchner quedaría hecha añicos. En una audiencia del miércoles 23, la jueza vapuleó a los abogados de Burford exigiéndole la documentación requerida. Sugirió que el fondo tiene algún acuerdo con los Eskenazi, dado que es impensable que hayan comprado un reclamo judicial sin la información completa que le sirve como base. Preska tal vez no sospecha de una posibilidad que comienza a inquietar a los operadores de Burford: que Zannini y los Eskenazi se hayan confabulado para boicotear un discovery en el que tienen mucho más para perder que para ganar.
López y De Sousa. Mindlin, Manzano y Massa. Zannini y los Eskenazi. Apellidos que van delineando el nuevo capitalismo inmune al virus. Un sistema estadocéntrico. Más inspirado en Putin que en Stalin, cuyo parecido con Fernández no pasa del bigote
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