AL MARGEN

Mayor brecha entre el relato oficial y la realidad

Los programas y otras iniciativas lanzadas por el Gobierno con toda pompa terminan por no cumplir con lo que prometían, con lo que agregan aún más incertidumbre en la ya imprevisible economía local
Néstor O. Scibona
Agdamus
“Pagá como quieras, pero pagá precios justos”, sentencia uno de los spots oficiales de radio y televisión que cierran con el eslogan “Primero la gente”. Con una inflación que cerró 2022 cerca de 100% y proyecta un nivel similar para este año, hablar de precios “justos” parece una burla. No encaja en ninguna de las acepciones del término, pero marca la creciente brecha entre el relato oficial y la realidad.
Lo mismo ocurre con otras piezas de esta saga de propaganda con datos sesgados, engañosos y/o fuera de contexto, que el gobierno del fracturado Frente de Todos busca presentar como logros cuando faltan poco más de seis meses para las PASO de agosto. Otros anuncios oficiales empiezan por el final, como la exportación de GNL que –con suerte–, demandará entre dos o tres años; o la moneda única con Brasil, que llevaría décadas ante las asimetrías macroeconómicas entre los dos países.
Uno de los spots que está en el aire señala: “Hacemos realidad 6000 kilómetros de rutas en Corredores Viales”, que es el mismo nombre de la empresa pública creada a fin de 2019 y tiene como accionistas al Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional, sin precisar en qué período se repavimentaron o ensancharon.
Del mismo modo, en los accesos a Buenos Aires –que el Gobierno busca estatizar– pueden verse afiches con fotos de jóvenes que cumplieron el sueño de su “Casa Propia”, denominación de otro plan oficial de carácter federal con créditos a tasa fija. En diciembre de 2022 se informó que en tres años fueron construidas y entregadas 60.000 viviendas (24% del total de 224.000 soluciones habitacionales anunciadas por Alberto Fernández al asumir), pero actualmente la inscripción en el sitio www.argentina.gob.ar está cerrada.
Mientras el déficit habitacional se estima en 3,5 millones de viviendas, el oficialismo mantiene frenada la necesaria reforma de la ley de alquileres, que a partir de 2020 distorsionó el mercado inmobiliario y tampoco la incluyó ahora en las sesiones extraordinarias del Congreso. Si primero está la gente, resulta inexplicable que la prioridad sea el juicio político y la ampliación de la Corte Suprema, así como otra reforma del Consejo de la Magistratura; a menos que se trate de gente con problemas judiciales, como Cristina Kirchner, sus hijos y empresarios amigos.
El lanzamiento del billete de $2000 fue presentado como “conmemorativo del desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina”, aunque nace tarde e infectado por las resistentes bacterias de la alta inflación y la emisión monetaria. En mayo de 2020 el Banco Central planeaba incluir las mismas imágenes de Ramón Carrillo y Cecilia Grierson en un billete de $5000 que no llegó a imprimirse, ante la férrea resistencia del kirchnerismo con el bizarro argumento de que significaba admitir la mayor inflación. Si entonces se hubiera emitido el de $2000, su valor habría sido equivalente a 15,8 dólares (blue) y hoy sería de sólo 5,27 con la actual brecha cambiaria de 93%. Es difícil aventurar cuál será su equivalencia cuando comience a circular dentro de unos meses.
Precios con topes y controles
Por lo pronto, el relanzamiento y ampliación del programa Precios Justos, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, tuvo ayer la escenografía de los innumerables “pactos sociales” que se ensayaron infructuosamente en el pasado para bajar la inflación. Sin embargo, está a años luz de un plan económico con chances de éxito, como en su momento fueron el Austral o la Convertibilidad.
A tal punto que su principal novedad no es macroeconómica sino tecnológica: el panel de monitoreo digital para procesar y controlar 15 millones de datos diarios con precios de lista y geolocalización satelital para detectar y aplicar sanciones si los aumentos exceden el tope de 3,2% mensual hasta fin de junio acordado con 480 empresas que, según Massa, abarcan a 50.000 productos de todo tipo. Esta herramienta desvirtúa los controles presenciales, mientras su manejo no sea una excusa para agrandar estructuras del Estado.
El propio ministro admitió implícitamente la irrelevancia de la canasta de Precios Justos para 2000 productos de consumo masivo en cadenas de supermercados, cuyos precios podrán ser ajustados hasta 9% cuando se descongelen y rotar cada dos o tres meses. El tope de 3,2% se aplicará a un conjunto mucho mayor que no está incluido en ese listado. Una forma de ir corriendo el arco a medida que se acercan las elecciones. Pero también de alinear los ajustes salariales en paritarias con la pauta de 60% anual incluida en el presupuesto y el acuerdo con el FMI.
No es casual que el relanzamiento del programa haya sido previo a la difusión de la inflación de enero, que no tendrá un 4 por delante como pretendía Massa, sino un 5, con decimales cercanos a 6%. Tampoco que se hayan incluido las cuotas de los colegios privados y artículos de la canasta escolar, cuando desde fines del mes pasado se ven filas de media cuadra antes de que abran las librerías mayoristas de la zona “africana” (poblada de manteros) en Once, para comprarlos antes de que sigan aumentando.
Pero no todo es tan simple. Un problema es que los productos frescos –que a su vez son insumos de industrias alimenticias–, quedaron en una zona gris. Si en enero gravitaron las frutas, verduras y hortalizas, con subas tan altas como dispares, el repunte de precios de la carne vacuna ya amenaza el índice de febrero. Miguel Schiariti, (presidente de Ciccra, la cámara de la industria y comercio de la carne) prevé que las últimas lluvias estimularán las pasturas y la retención de ganado en marzo para engordar a menor costo, con lo cual mermará la oferta de hacienda.
Otro es la confianza que el nuevo esquema puede generar en los consumidores que, con ingresos deteriorados, deben pagar aumentos de combustibles, electricidad, gas, prepagas y transportes tras la corrección parcial de precios relativos distorsionados por los deliberados atrasos –y subsidios generalizados– de los últimos tres años.
De ahí que el problema más importante sea macroeconómico. Además de estas distorsiones, la emisión monetaria no deja de crecer; los mayores vencimientos de deuda en pesos se concentran en el segundo trimestre; el tipo de cambio oficial se ajustó en enero por debajo de la inflación; el BCRA vuelve a perder reservas tras la reedición del dólar soja y los permisos de importación (SIRA) siguen siendo cada vez más selectivos.
Las compañías que negociaron “acuerdos voluntarios” de precios, lo hicieron a cambio de zanahorias ofrecidas por Massa, como autorizaciones para pagar importaciones al dólar oficial y líneas de crédito para aumentar la producción. Pero en el resto, como lo reveló una encuesta de la CAC sobre 200 empresas, 85% de las que presentaron sus proyecciones para 2023 no fueron citadas por la Secretaría de Comercio y esta situación ya afecta su funcionamiento. Por caso, las jugueterías debieron vender en Navidad y Reyes los stocks remanentes del último Día del Niño.

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