EDITORIAL

Los problemas de Santiago del Estero tienen nombre: Zamora
Reacciones revanchistas ante los fracasos de su gestión mueven al gobernador a inmiscuirse indebidamente en otras jurisdicciones
Los problemas de Santiago del Estero no son de recursos, sino ligados a la calidad del gasto. Se observa en los índices educativos: el porcentaje de graduados secundarios en relación con el ingreso al sistema es de los más bajos del país y los resultados en lengua y matemáticas de los alumnos de quinto año son lamentables. Aun así, el gobernador Gerardo Zamora tiene el caradurismo de afirmar que apuesta a la industria del conocimiento cuando el abandono de la calidad educativa en la provincia lo desmiente rotundamente.
Los fondos de coparticipación federal de Santiago del Estero son uno de los más altos del país, tanto en montos nominales como en porcentuales sobre el total. Hasta noviembre del año pasado, recibió 225.885 millones de pesos, solo superada por Chaco, Entre Ríos, Tucumán, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, y Santa Fe. Por habitante, equivale a 226.386 pesos: cinco veces más que uno porteño. Cabe aclarar que, tanto Córdoba como Santa Fe producen, cada una, el equivalente al total del PBI del noroeste del país. A estas cifras hay que agregar los aportes no reintegrables del Tesoro nacional y obras financiadas con fondos del Gobierno, ninguna de las cuales ha servido para el desarrollo provincial, sino para dar una escenográfica apariencia de modernidad a la ciudad de Santiago del Estero, con edificios para la burocracia, un aeropuerto internacional con apenas algunos vuelos semanales nacionales y un viaducto para un tren con un solo vagón bautizado con el triste oxímoron de “tren al desarrollo”.
Santiago del Estero ha cambiado su perfil productivo, desde hace un cuarto de siglo, aproximadamente. La inversión de numerosos empresarios agropecuarios ha llevado la producción agrícola, en pocos años, de unos centenares de miles de toneladas a diez millones, entre maíz, soja, trigo y algodón. Su rodeo vacuno es el mayor del noroeste: ronda 1,8 millones de cabezas. Después de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe es la mayor productora agrícola del país. Pero los productores deben soportar desde hace años problemas con la titularidad de la tierra, usurpaciones, mafias de abogados amparados por el poder provincial tanto como rutas deterioradas que son vitales en las zonas más productivas. El centralismo de la ciudad capital de Santiago por sobre los departamentos de la provincia se evidencia en la distribución de la obra pública y, en particular, en lo referente a bajar los costos logísticos.
La pareja reinante en el poder provincial no soporta que una ciudad como Buenos Aires haya hecho de la libertad y del derecho una bandera desde los tiempos de los padres fundadores, con elecciones competitivas, medios de comunicación independientes que no aceptan ninguna forma de censura, abiertos a otras voces, a las ideas y al mundo. Acostumbrados al vasallaje de una prensa complaciente, que los adorna en reportajes muchas veces arreglados, al silencio de quienes temen perder un puesto público para pasar a sentirse en “libertad condicional”, con jueces y legisladores que deshonran el juramento de respetar y defender la Constitución, se resisten a renunciar a la gestión de un patrimonio provincial que consideran propio y que enciende su resentimiento por lo porteño.
En la ciudad de Buenos Aires se recauda el 70% de los fondos que se coparticipan, dado que muchos contribuyentes tienen allí su domicilio fiscal. Pero, a los efectos de la coparticipación de la ciudad y del equilibrio en el reparto de los recursos, hoy corresponde tomar en cuenta el PBI geográfico de la ciudad, que asciende al 20% del total nacional. Traducido, significa que por cada diez pesos que recauda la Nación en tributos generados por la producción de los porteños, el gobierno local solo percibe un peso de coparticipación.
Al igual que otros que financian en gran parte sus presupuestos con fondos recaudados en la ciudad de Buenos Aires, gracias al trabajo de sus habitantes, el gobernador Zamora se queja de un supuesto centralismo porteño, como si el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires gobernara el país. No parece haber comprendido que los problemas del denunciado centralismo deben discutirse con el gobierno nacional. Precisamente, fue el presidente Fernández quien suspendió la transferencia de los servicios de luz y gas dispuesta por la administración anterior a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, manteniendo los subsidios a la población del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dentro de la órbita nacional, aunque dichos subsidios sean pagados con fondos recaudados en estas dos jurisdicciones. Otro de los tantos disparates del kirchnerismo.
No hay peor ataque al federalismo que las retenciones a la exportación. Al reducir los ingresos de los productores disminuyen también las inversiones en las provincias. Los levanta manos que lleva Zamora al Congreso votaron siempre ese despojo a los distritos. Solo les interesa llevarse parte de los fondos que aportan la provincia y la ciudad de Buenos Aires, tanto como rapiñar fondos extras para favorecer a empresarios amigos con obras de baja rentabilidad social. Por ignorancia, no han percibido que el fallo de la Corte Suprema de Justicia preserva precisamente a las provincias de potenciales intentos de cualquier gobierno por bajarles la coparticipación. No quedan dudas respecto del servilismo hacia la vicepresidenta que mueve a la familia Zamora.
Ya hace unos años, un juez federal de Córdoba describió a Santiago del Estero como el “portaaviones de la droga” por las pistas clandestinas existentes en la provincia, agravado por la pasividad policial. Es probable que el fastidio del clan Zamora con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se deba al impulso que el magistrado quiere dar a la lucha contra el narcotráfico, que, según consultoras especializadas en seguridad, se expande localmente. Ha quedado largamente demostrado en el país y en el mundo que ese tipo de avance narco no puede darse sin la connivencia de sectores del poder político y judicial.
Estas denuncias deben ser investigadas en profundidad. El narcotráfico es un problema que afecta a toda la sociedad y alerta sobre el problema de los jueces federales de las provincias que, en vez de estar al servicio del derecho y las garantías individuales, son serviles custodios de los intereses del oficialismo. Ya sucedió cuando el juez Guillermo Molinari, pariente lejano de Claudia Ledesma Abdala, que mostró su ineptitud y complicidad con el gobierno provincial, archivó una denuncia de sobreprecios en la obra pública financiada por la Nación, digitada gracias a la connivencia del gobernador con Julio De Vido y José López, sin siquiera abrir una investigación.
Las democracias republicanas están en jaque y su defensa debe intensificarse. Regímenes feudales como el de Santiago del Estero deben encontrar límite en las leyes, en la Constitución y en las decisiones de una Corte independiente y valiente, dispuesta a poner las cosas nuevamente en su lugar.
Mentiras, servilismo y prácticas autoritarias son el sello de los Zamora, como lo fueron de los Juárez

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