EDITORIAL Y EL DESCARO KK

Narcovuelos sin control
Si las aeronaves que transportan drogas no cometen un error, no son detectadas por nuestro gobierno, tan incapaz como desinteresado frente a semejante flagelo
El hallazgo fortuito de una avioneta accidentada en Avía Terai (Chaco) con 325 kilos de cocaína, a los que luego se sumaron 32 kilos hallados a 60 metros, expone uno de los agujeros más negros en materia de seguridad y control en la Argentina: el espacio aéreo. Según consta en la investigación judicial, la aeronave provenía de Bolivia y la hipótesis principal indica que planeaban arrojar los bultos a modo de “bombardeo” como frecuentemente hacen en la zona, y que la droga iba a tener como destino puertos de Rosario o de la provincia de Buenos Aires para ser embarcada a Europa, donde se multiplica por diez el valor de este estupefaciente producido en Chapare, región del trópico boliviano, que domina el movimiento cocalero liderado por Evo Morales.
Doce días después, se encontró el rastreador satelital de la avioneta en una construcción abandonada a 2 kilómetros del lugar de la caída. También fueron detenidos en el departamento boliviano de Santa Cruz el propietario y el piloto de la aeronave acusados del delito de “tráfico de sustancias controladas” a la Argentina.
En otro episodio, en el departamento salteño de Anta, se detuvo a cinco hombres a bordo de un camión con 423 kilos de cocaína que habían sido arrojados desde una avioneta cerca del límite con Santiago del Estero.
Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción mundial de cocaína se disparó exponencialmente en los dos últimos años. Durante la pandemia, el tráfico por rutas aéreas que sirven para el traslado de la droga desde Bolivia y Perú hacia la Argentina reemplazó al terrestre, mucho más controlado como consecuencia de las restricciones sanitarias.
El itinerario del tráfico de cocaína por vía aérea se inicia en las regiones de Beni y de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y los vuelos, dependiendo del lugar de entrega, tienen una parada de reabastecimiento de combustible en Paraguay para luego llegar a territorio argentino. Más excepcionalmente, se registran también vuelos directos hacia las provincias del norte. Gran parte de este flujo aéreo no es detectado por las autoridades. Bolivia y Paraguay no poseen radares para captar vuelos ilegales, tampoco la Argentina, cuya infraestructura es decididamente obsoleta.
El operativo Escudo Norte, que se lanzó en 2011 y que incluyó un plan de vigilancia a través de radares en la frontera con Bolivia, resulta absolutamente ineficaz. Carece de la necesaria inversión y aprovisionamiento de tecnología para la vigilancia en la región. A pesar de los constantes anuncios, nunca se adquirieron los radares complementarios que son claves para monitorear vuelos a baja altura.
Cuando están por debajo de los 3000 pies, la actual infraestructura del Comando Conjunto Aeroespacial, creado en 2014, no permite detectar las aeronaves como Tránsito Aéreo Irregular (TAI). Tal el caso de la avioneta hallada en el Chaco, que, de no haberse accidentado, no habría conducido al secuestro del cargamento de cocaína.
Si los narcovuelos no cometen una imprudencia o un error, no hay forma de detectarlos y el Estado no hace más que desentenderse frente a esta gravísima problemática.
La casual e inesperada detención de Jorge Adalid Granier Ruiz, un naruna co boliviano, catalogado como empresario, que era clave para el aprovisionamiento de cocaína en el centro del país, constituye otro ejemplo. No pudo superar un control de rutina por no tener licencia de conducir. La Justicia Federal argentina pidió su extradición, acusado de ser el principal transportista de cocaína por vía aérea desde su país a nuestro territorio. Lo apodaban “El señor de los cielos”, como se solía llamar al narco mexicano Amado Carrillo Fuentes.
En enero de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri aprobó por decreto los derribos. Lo hizo como parte de la declaración de la emergencia en seguridad en todo el territorio nacional por el término de un año. Esa norma derivó en una fuerte polémica y se aplicó una sola vez en el caso de una aeronave en Corrientes. No hubo derribo, pero un caza de la Fuerza Aérea acompañó en el aire a la avioneta hasta la frontera con Paraguay.
La falta de inversión del Estado argentino en esta materia estratégica para el control del narcotráfico es alarmante. En ciudades como Rosario, la tasa de homicidios supera los 20 crímenes cada 100.000 habitantes.
Triste y peligrosamente, hemos llegado en nuestro país a naturalizar que el narcotráfico opere creando Estados paralelos, imponiendo sus reglas, sorteando todo tipo de obstáculos, enriqueciendo a mercaderes de la muerte y a sectores políticos y judiciales que hacen la vista gorda. Estamos comprometiendo dramáticamente el presente y el futuro de varias generaciones. Debemos exigir a los candidatos que expliciten sus programas al respecto. No hay más tiempo que perder.

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Previaje: sigue la fiesta que pagamos todos

Con descaro, el Gobierno prolonga y profundiza disparatadas medidas demagógicas. Los recientes anuncios oficiales confirman la quinta edición del Previaje, programa que, bajo el paraguas de estimular el turismo interno, promete reintegros para quienes viajen en septiembre y octubre, antes de la temporada alta. Como anteriormente, se prevé reintegrar el 50% de lo gastado en pasajes, hotelería y excursiones, contra carga anticipada de los correspondientes comprobantes e información personal en la página oficial del programa. Con los reintegros obtenidos y repitiendo la mecánica hasta aquí utilizada, el crédito servirá para continuar realizando compras en el rubro turístico.
Fue en 2020 que, en el afán por contribuir a la reactivación de un sector particularmente castigado por la pandemia, el Ministerio de Turismo y Deportes lanzaba por primera vez este programa. Desde entonces, en Argentina en crisis que ya venía asistiendo al incremento sostenido del número de pobres, unos siete millones de privilegiados –muchos de los cuales bien podrían haberse hecho cargo del total de sus erogaciones turísticas– han aprovechado el beneficio ofrecido por un Estado que no escatima esfuerzos cuando de despilfarrar se trata.
Se calcula que el próximo tope de reintegro sería de 100.000 pesos.
A lo largo de sus anteriores etapas, el programa impactó positivamente sobre el sector turístico y las economías regionales. Sin embargo, ante la existencia de un Estado quebrado, producto de un gobierno incapaz de encarar las correcciones necesarias, este tipo de “subsidios” encubiertos desnuda el verdadero objetivo del plan: intentar captar votos en un universo que le es ciertamente esquivo. Mientras millones de argentinos sufren privaciones, otros viajan por el país a costa de las arcas públicas.
También viajaron gratis en 2022 unos 120.000 egresados bonaerenses, de escuelas públicas y privadas, gracias a uno de los programas “estrella” del gobernador Kicillof, que ya cuenta con 180.000 anotados para este año. Estadías de tres noches con alojamiento, comida, transporte y excursiones totalmente gratis premian los incompletos saberes, a juzgar por las pruebas de aprendizaje, de quienes hoy terminan el secundario y castigan el bolsillo ciudadano, que debe solventar tamaño disparate. El gobernador incluye también en su campaña la distribución de bicicletas e, incluso, descuentos en la tarjeta SUBE.
En el contexto de una inflación desbordada, un cepo asfixiante y una economía en estado crítico, cada peso que un turista argentino recupera con el Previaje, o se ahorra viajando gratis, se contabiliza en dólares o en yuanes, incrementando la asfixiante deuda que deberemos saldar todos los contribuyentes.

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