DOCUMENTOS RESERVADOS Y LA UOCRA TIENE 50000 PUESTOS MENOS

El informe reservado del gobierno de Alberto Fernández que alertó sobre el descontrol de los fondos fiduciarios y ahora está en manos de Milei
Revela graves irregularidades en el manejo de los recursos y falta de control; la gestión de Fernández y Cristina Kirchner estaba al tanto
Camila Dolabjian

El informe reservado de la época de Alberto Fernández
Hace algunos días comenzó a circular internamente en el Gobierno un informe ordenado por la gestión de Alberto Fernández, en los últimos meses de 2023, respecto de los fondos fiduciarios, al que tuvo acceso  Fue elaborado por la Sindicatura General de la Nación durante la anterior administración y alerta sobre muy graves irregularidades en la estructura y gestión de los fideicomisos estatales entre 2020 y 2023. Estos papeles se encuentran en manos de un puñado de funcionarios, que lo toman como prueba de que la administración de Fernández y Cristina Kirchner fue consciente y connivente de la falta de transparencia y control de los mismos.
La formalización de este reporte fue hecha el 15 de septiembre de 2023, aunque tiene adosado un cuadro comparativo de los fondos que contiene información posterior, hasta por lo menos el 27 de diciembre (debido a que menciona el decreto 88/2023, que fue publicado en esa fecha). En el informe se destacan “debilidades de carácter general, comunes a todas las auditorías”. Fuentes de Gobierno explicaron que se trata de factores compartidos por todos los 21 fondos mencionados en el reporte. Dijeron que, según su indagación, es el resumen de 88 informes no públicos, hechos en los últimos tres años del Frente de Todos, en donde se detectaron falencias, ausencia de control e irregularidades en los procesos de compras.
El reporte se encuentra en manos, particularmente, del ministro de Economía, Luis Caputo, ministro de Economía, y Nicolás Posse, jefe de Gabinete. El Presidente también los tiene y los utilizaría como insumo para armar su discurso inaugural en la Asamblea Legislativa.
El informe reservado de la época de Alberto Fernández
El informe, al cual  accedió a parte de su contenido, aglomera las revisiones desarrolladas por las distintas unidades de auditorias internas de los organismos y las entidades de la administración nacional y de las sindicaturas jurisdiccionales. Se hace referencia a seis debilidades compartidas, en los procesos de compras, de contrataciones, de cobranzas a beneficiarios, de rendiciones de cuentas, de evaluación de impacto, de incumplimiento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de fondos y falta de formalización de normativa interna.
Respecto de las falencias en compras y contrataciones, dice: “Se observa inexistencia de información sobre el seguimiento y monitoreo de las instrucciones de compras y contrataciones, así como demoras en los procesos de contratación, lo que imposibilita contar con los bienes y/o servicios requeridos en los plazos previstos.
Algo similar se encontró en todos los fondos en cuanto a los procesos de rendiciones de cuentas o registración de información administrativa, contable y financiera. “Se advierte falta de integridad de la información en las rendiciones de cuenta, la detección de diferencias e inconsistencias en los datos y, en algunos casos, ausencia de monitoreo y control, así como debilidades en los procesos de registración y sistematización de la información sobre la administración y gestión de fondos fiduciarios. Relacionado con este señalamiento, también se detectan atrasos en los procesos de auditoria sobre los estados contables”.
En la actualidad existen 29 fondos fiduciarios que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país. El informe reservado es una prueba de como se manejaron sin controles adecuados y como el poder político era consciente del desmanejo.
En el reporte también se hallaron irregularidades en la gestión de cobranzas. Se constató inacción o demoras en las “actividades de recupero y gestión de morosidad o incobrabilidad ante incumplimiento por parte de los beneficiarios de la asignación de recursos, situación que atenta contra la integridad financiera de los fondos fiduciarios”. Es decir, terceros que se comprometieron a terminar tareas, las incumplieron, pero no tuvieron consecuencias.
Se detectó incumplimiento de requisitos o procedimientos administrativos para el otorgamiento de fondos, entre lo que se destacó ausencia o “falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo en los procesos de otorgamiento de fondos, situación que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos”. En otras palabras, la entrega de recursos sin control.
A su vez, se remarcó una inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario, incluyendo, entre otros aspectos, las políticas generales a ser abordadas; los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones sobre gestión y administración; las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiarios; los sistemas de información sobre estado de ejecución y avance de obras; entre otras irregularidades.
Como sexto punto, se determinó que los fondos no evaluaban el nivel de alcance o impacto alcanzado: “No se define ni se produce información cuantitativa y/o cualitativa, que permita el desarrollo de indicadores, métricas o reportes que permitan evaluar la eficiencia de la gestión y monitorear el desempeño en cuanto al logro de los objetivos fiduciarios, así como el impacto de los resultados, los desvíos y las contingencias”, se plasmó.
En el cuadro comparativo anexo, aparecen 21 fondos fiduciarios, sus fiduciarios y fiduciantes, las auditorias realizadas en los cuatro años de gobierno y las hechas sobre los estados contables. Muchos de ellos no tuvieron ningún informe hasta 2023. También aparecen sus auditores externos, entre los que figuran estudios contables, empresas conocidas como las “big four” (Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG), el presupuesto estimado para 2024, con sus subas y déficit.

Investigan gastos abusivos y comisiones estrafalarios que agravan el caso de los seguros en organismos públicos
El Gobierno comprobó que se pusieron productores la mayor parte de los contratos de múltiples entidades estatales e identificaron tres principales brokers con fluidos vínculos con políticos de la gestión anterior
Camila Dolabjian
Alberto Fernández
Lo que descubrió Osvaldo Giordano en la Anses es tan solo un ejemplo de un sistema constituido durante el gobierno de Alberto Fernández -en realidad, precedentemente, pero reactivado durante su gestión-, que funciona también en otros distritos y que provoca que desaparezcan del sistema público miles de millones de pesos sin justificación. El mecanismo operaba así: se obligó a los organismos del Estado a contratar exclusivamente con Nación Seguros y luego se colocaron productores para “intermediar” y obtener comisiones estrafalarias a cambio de servicios sin un sentido aparente.
Los brokers existen para atraer y mantener clientes. ¿Para qué fueron puestos, si son asegurados cautivos?, se preguntan fuentes del Gobierno que siguen este escándalo, que tomó estado público a partir de una nota del diario Clarín.
Las comisiones que recibían los productores iban hasta un 25%. Durante la época de Silvina Batakis (otra allegada de Fernández) en el Banco Nación, el diputado Martín Tetaz hizo un pedido de informes al respecto, lo que no trascendió públicamente. No recibió respuesta, pero fuentes cercanas a Nación Seguros mencionaron que a partir de ello se recortaron las comisiones que recibían los productores a un 10%-15%.
Los brokers eran tres, principalmente. Héctor Martínez Sosa, marido de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, concentraba la mayor parte de los seguros de organismos vinculados a la seguridad. Uno de los casos más emblemáticos, según fuentes oficiales, es el de la Gendarmería. El seguro de vida de la fuerza es el de póliza más alta, y Martínez Sosa llegó a percibir el 20%, alrededor de $7.000.000.000 en marzo 2023. Ante el inminente cambio de gestión, el año pasado, cambiaron el productor a Bachellier SA, asociado de Martínez Sosa, que tendría a su cargo más contratos.
Declaración jurada de cierre de Alberto Fernández
Martínez Sosa tiene relaciones comerciales actuales con Alberto Fernández. Tan solo por mencionar una reciente que consta en un documento público, el expresidente reportó una deuda a favor de él por $102.240 en su declaración jurada de cierre como primer mandatario.
Otro de los que consiguió muchos de estos negocios es Pablo Torres García, quien tenía el seguro de Anses. Se trata de un importante empresario amigo de Sergio Massa y vinculado a Nicolás Caputo, empresario y amigo personal de Mauricio Macri. accedió a expedientes oficiales reservados que dan cuenta de que Torres también fue el productor de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca durante la gestión de Massa. Hubo un pedido formal de Juan José Bahillo, secretario en ese entonces, para contratar a Paris Broker SA, sociedad de la que es director suplente y en la que figuran en el directorio Hernán y Alejandro Diego Torres García. Así funcionaba el sistema. Había requerimientos de las áreas para poner a un productor y luego se aprobaban con certificación de firmas.
Solicitud de la Secretaría, Agricultura y Pesca
Actualmente, están en revisión los productores del Ministerio de Defensa y de la Casa de la Moneda, en particular.
En diciembre de 2021, a través del decreto presidencial 823, se dispuso que todas las empresas de seguros debían asegurarse con Nación Seguros. Al frente de la empresa estaba Alberto Pagliano, de extrema confianza de Fernández, un “querido amigo” y quien colaboró con él en la constitución del negocio de seguros en el Banco Provincia. El mundo del seguro es extremadamente conocido para el expresidente. Pasó por a Superintendencia de Seguros, trabajó en el Grupo Provincia en Provincia Seguros, Provincia ART y Provincia Vida, en donde se articularon maniobras similares a las que se pusieron en marcha en Nación, durante el 2020 a 2023.
Osvaldo Giordano, el exdirector de la Anses que destapó el caso de los seguros en organismos públicos
Descontrol de gastos
En el Gobierno evalúan también otro tipo de actividades de Nación Seguros. Fuentes cercanas al tema aseguraron que se detectaron abusos en la ejecución de cajas chicas para gastos personales, sobrecargos en autos y combustible y “avivadas” en la asignación de conceptos remunerativos. Pagliano, pese a ser jubilado, habría tomado el cargo de gerente general para cobrar ingresos superiores y solventar su obra social.
Se detectaron, asimismo, importantes gastos en ropa y zapatos en Galerías Pacífico utilizando la tarjeta corporativa. Identificaron pagos desde la caja chica para la medicación oncológica de Pagliano. De las arcas públicas también habrían salido fondos para pagar el alquiler de un departamento en Arroyo y Juncal para que viviera su secretaria, Sonia Gregorini, indicaron las fuentes consultadas.
Entre otras gestiones llamativas, se identificó que hubo varios intentos de pasar siniestros a cargo de la compañía cuando no estaban asegurados con ella, lo que elevó sospechas de uso personal del dinero. También encontraron un convenio con el restaurante de la esquina El Estribo para el pago de no solo los almuerzos diarios del directorio, sino también de viandas para las noches.
Dentro de la gestión surgieron algunas personas claves. Mauro Tanos, que era gerente Comercial Sector Público, Fernando Arana, subgerente General Administrativo Financiero, Carlos Soria, que firmaba como apoderado y Gustavo García Argibay, director. En febrero, fue confirmado el ascenso de Tanos a gerente General. Ciertas áreas de gobierno creen que Guillermo Ferraro, exministro de Infraestructura despedido por Milei, fue un contacto clave para que la gestión anterior permaneciera. Soria y Arana habrían quedaron como parte del equipo de Tanos., Funcionarios de Economía sospechan que un gerente desploteó una Amarok de la empresa para utilizarla para su Pyme distribuidora de alimentos.
Frente a la empresa se encuentra Alfonso José Torres, de quien se conoce poca información. Según sus redes sociales, desde 1987 tiene una productora de seguros llamada Miguel Torres Cia, con sede en el municipio de Laprida, provincia de Buenos Aires. No pudo confirmar un vinculo con los Torres mencionados anteriormente.

Los documentos reservados de las gestiones a favor de un productor de seguros ligado a Alberto Fernández
Se trata de Héctor Martínez Sosa, quien aparece detrás de los clientes cautivos que se le entregaron a una empresa estatal
Camila Dolabjian
Alberto Fernández, en la última elección presidencial
Alberto Fernández se jactó, hacia el final de su gestión, de terminar con un logro: no tener ninguna causa de corrupción. Lo consideraba una distinción respecto de su predecesora, Cristina Kirchner. Sin embargo, hay una serie de contratos en el Estado que le pueden quitar ese galardón, ya que el Gobierno busca que llegue a la Justicia lo que ocurrió en el mundo de los seguros de un conjunto de entidades públicas, donde se manejaron comisiones millonarias.  tuvo acceso a múltiples documentos que prueban que las distintas áreas que respondían políticamente o directamente del Presidente, solicitaron durante los cuatro años de gestión que un amigo de Fernández sea puesto como intermediario de seguros que se contrataban con una empresa pública, Nación Seguros.
Se trata de Héctor Martínez Sosa, marido de la secretaria privada presidencial durante la gestión de Fernández, María Cantero, y con quien el entonces presidente mantenía una relación personal y comercial, que está plasmada en el préstamo que le concedió, por ejemplo, en 2023. Fernández es un gran conocedor del rubro asegurador. Dirigió la Superintendencia de Seguros durante el gobierno de Carlos Menem, trabajó en el Grupo Provincia en Provincia Seguros, Provincia ART y Provincia Vida.

Solicitud de la Superintendencia de Servicios de Salud
Según documentos reservados, Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda, el Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otras dependencias, pidieron contratar a Martínez Sosa. El mecanismo implicaba que tenían que solicitarlo desde las propias áreas a Nación Seguros mediante carta firmada. Las comisiones iban hasta el 25%.

Solicitud de la Casa de la Moneda
Para tomar dimensión del dinero que iba a las cuentas del amigo del entonces Presidente, fuentes conocedoras del acuerdo que se firmó aseguraron que, en el caso de la Gendarmería, podía arrojar hasta $900 millones por mes, algo así como $30 millones por día en concepto de un negocio cautivo, ya que el organismo estatal estaba obligado a contratar con Nación Seguros. La comisión, en ese entonces, se pactó en 15%, pero ante un intento de Nación Seguros de reducirla a 10% debido a las pérdidas que generaba la cuenta, Martínez Sosa “se llevó” el cliente a La Caja Seguros alegando que los aportes realizados para el seguro de los gendarmes eran voluntarios. En la empresa estatal argumentaron que eso violaba el decreto de Fernández que indicó que todas las áreas públicas debían contratar con Nación Seguros porque el tomador era la Gendarmería y no sus empleados.
Solicitud del Ministerio de Seguridad
El Ministerio de Seguridad y Gendarmería contrataron a Bachellier SA, una de las sociedades satélites de Martínez Sosa. La intermediación era solicitada por carta a Nación Seguros y fue firmada por el la subsecretaria de gestión administrativa, Ana Haydeé Flamarinque en el primer caso y el comandante general Andrés Severino en el segundo. Ambas se resolvieron entre septiembre y octubre de 2020. Los contratos de seguridad fueron en su mayoría a Martínez Sosa. El 20 de diciembre, Martín Siracusa, director administrativo de Patricia Bullrich, dio de baja a los productores y hubo una maniobra para que el Servicio Penitenciario Federal quede por fuera, por la “confusión” que generaba si respondía al Ministerio de Defensa o de Seguridad. Pidió una rectificatoria para que quede plasmado que el productor tampoco continuaría operando en esa cartera.
Otro caso es el de la Casa de la Moneda, que contrató directamente a la sociedad de Martínez Sosa. La solicitud fue firmada por el presidente de la entidad, Ángel Mario Elettore el 21 de marzo de 2023, luego de que previamente fuera dado de baja y solicitado que vuelva a levantarse el acuerdo. También pidió por su sociedad la Superintendencia de Servicios de Salud en marzo de 2022, lo que llevó firma del superintendente, Alejandro López.
Solicitud del Ministerio de Relaciones Exterior, Comercio Internacional y Culto
Cuando la Cancillería la encabezaba Felipe Sola, quien respondía al presidente pero terminó enemistado con Fernández por su despido tras las PASO de 2021, se designó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a Emanuel Calvo, otro productor socio de Martínez Sosa.
El mismo mecanismo ocurrió en otras áreas con otro productor, Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa, en Anses y en áreas del ministerio de Economía. Pero hubo una dependencia estatal que nunca se vinculó con Nación Seguros, pese a que era obligatorio por decreto de Fernández (el 823, de diciembre de 2021, determinó que todas las dependencias debían asegurarse con Nación Seguros) y que, por pedido de Nación Seguros, la Sindicatura General de la Nación se expidió respecto de que tenía que cambiar su seguro al Nación. Se trata de Aysa, que era gestionada por Malena Galmarini, y que seguía contratando a Provincia Seguros.
Solicitud de la Gendarmería

Según múltiples fuentes consultadas por este medio, Cantero hizo llamados a distintas dependencias públicas para pedirles que designen como productor de seguros a su esposo. Algunos accedieron, mientras que otros dijeron que no. Según algunas fuentes, uno de los funcionarios que se negó fue Juan Zabaleta, quien fue ministro de Desarrollo Social. Personas allegadas a Zabaleta negaron que eso hubiera ocurrido.

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La Uocra denunció la pérdida de 50.000 puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en dos meses
El gremio responsabiliza al Gobierno por la paralización de las obras públicas; en un comunicado declaró estado de alerta y asamblea permanente
Manifestantes de la Uocra marcharon a tribunales en contra del DNU de Milei, a fin de año
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) denunció la pérdida de 50.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 indirectos en los últimos dos meses debido a la paralización de la obra pública impulsada por el presidente Javier Milei. En la Uocra se declararon en estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras del país.
Según el comunicado publicado por el gremio de la construcción, la pérdida de trabajos se relaciona con la paralización de las obras públicas, la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del Gobierno.
Además, ocurre en un contexto de una “caída abrupta y generalizada de la actividad económica” y la falta de una “recomposición salarial justa”. El mes pasado, Uocra negoció paritarias y acordó un aumento salarial del 20% para enero, aunque esto tuvo vigencia solo hasta el 31 del mes.
“En los dos últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno”, sostuvieron desde el gremio, que es liderado por Gerardo Martínez, y agregaron: “La obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública”.
Pedido de diálogo
Ayer Milei concretó el paso de funciones del Ministerio de Infraestructura, comandado previamente por Guillermo Ferraro y encargado de las obras públicas, a la cartera de Economía a través de los decretos 194 y 195/2024 en el Boletín Oficial. Milei había advertido desde su campaña presidencial que paralizaría la construcción financiada por el Estado por falta de fondos.
Esto generó repercusiones. Hace dos semanas, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el mandatario por el freno de cerca de 1000 obras en el territorio bonaerense y lo acusó de “no entender el daño” que provoca. Milei le contestó en una entrevista con Radio La Red: “Se cortó totalmente la obra pública. Es un mecanismo furioso de robo. Si hay una iniciativa privada, que se haga”.
Javier Milei y Gerardo Martínez

El impacto del recorte fue directo y rápido. A principios de enero, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) declaró estado de emergencia en todo el país y advirtieron por el futuro de 1.400 empresas -muchas que enfrentan problemas de “carácter terminal”- y 200.000 empleos. “De persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general”, escribieron en ese momento.
En el comunicado de hoy, la Uocra criticó que el Gobierno “no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”.


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