Cautela en la UCR ante el caso que afecta a su extitular
La mayoría de la dirigencia evitó expresarse; Lousteau pidió “ecuanimidad” a la Justicia
Deflina Celichini
Una gran parte de la dirigencia radical hace silencio frente a los hechos que sacuden a la Justicia jujeña y que involucran a Gerardo Morales, exgobernador y extitular del Comité Nacional del partido. Tanto parte de su cúpula partidaria como gobernadores y legisladores del espacio optaron por mantenerse al margen del caso en el que la Justicia provincial tuvo detenidos por 50 días a dos hombres por escribir en redes sociales mensajes sobre una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, esposa de Morales. Los dos fueron liberados ayer, pero la causa sigue adelante. Una tercera persona, la arquitecta Lucía González, tiene una orden de detención por haber reproducido ese rumor en un grupo privado de WhatsApp.
“No voy a hacer declaraciones”. Esa fue la respuesta con la que varios dirigentes radicales consultados por
–al menos diez– se excusaron de emitir una opinión sobre los arrestos de Nahuel Morandini y Roque Villegas, las personas acusadas de lesiones psicológicas y alteración de la identidad de una menor.
Tras la insistencia de este medio, no obstante, el presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, hizo una declaración en la que aclaró que la Justicia jujeña deberá expedirse con “ecuanimidad”, aunque señaló una “utilización desproporcionada” de la prisión preventiva.
“Quien se siente víctima de cualquier delito puede denunciar en el fuero que crea pertinente y pretender una sanción determinada. Pero son los fiscales y los jueces los que deben preservar la ecuanimidad y la proporcionalidad. Y en este caso queda claro que ha habido una utilización desproporcionada, abusiva e irresponsable de la prisión preventiva”, indicó Lousteau.
preguntó la opinión la nacion a los principales referentes del partido centenario, que lleva como bandera la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos. Entre los consultados están el titular de la Convención Nacional, Gastón Manes; los jefes de los bloques radicales en Diputados y el Senado, Rodrigo de Loredo y Eduardo Vischi, respectivamente; los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza); el político y juez que participó del Juicio a las Juntas Militares Ricardo Gil Lavedra, y el senador nacional y titular bonaerense del partido, Maximiliano Abad. Algunos no respondieron a la consulta; otros se excusaron de pronunciarse.
Muchos de ellos se habían solidarizado con las militantes radicales arrestadas de manera irregular durante la manifestación en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus. Sin embargo, evitaron opinar en relación con los hechos ocurridos en Jujuy, sobre los que especialistas en derecho coincidieron en manifestar su preocupación.
Fuera de micrófono, no obstante, algunos correligionarios se animaron a comentar su desacuerdo con el proceso judicial llevado adelante en Jujuy. “El sistema punitivo no está para esto, que es parte de la libertad de expresión”, señaló uno de ellos.
Horacio Rodríguez Larreta, de Pro, quien llevó como vice a Morales en su cruzada por llegar a la presidencia, no dudó en mostrarse crítico. “No conozco los detalles de este caso. Pero siempre voy a defender la libertad de expresión y me opondré a cualquier acción que vaya en la dirección contraria”, sentenció el exalcalde porteño
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Detectan gastos superfluos en el Senasa y aplican un ajuste
El recorte abarca desde el pago de seguros de autos en desuso hasta alquileres de oficinas sin utilizar
Una gran parte de la dirigencia radical hace silencio frente a los hechos que sacuden a la Justicia jujeña y que involucran a Gerardo Morales, exgobernador y extitular del Comité Nacional del partido. Tanto parte de su cúpula partidaria como gobernadores y legisladores del espacio optaron por mantenerse al margen del caso en el que la Justicia provincial tuvo detenidos por 50 días a dos hombres por escribir en redes sociales mensajes sobre una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, esposa de Morales. Los dos fueron liberados ayer, pero la causa sigue adelante. Una tercera persona, la arquitecta Lucía González, tiene una orden de detención por haber reproducido ese rumor en un grupo privado de WhatsApp.
“No voy a hacer declaraciones”. Esa fue la respuesta con la que varios dirigentes radicales consultados por
–al menos diez– se excusaron de emitir una opinión sobre los arrestos de Nahuel Morandini y Roque Villegas, las personas acusadas de lesiones psicológicas y alteración de la identidad de una menor.
Tras la insistencia de este medio, no obstante, el presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, hizo una declaración en la que aclaró que la Justicia jujeña deberá expedirse con “ecuanimidad”, aunque señaló una “utilización desproporcionada” de la prisión preventiva.
“Quien se siente víctima de cualquier delito puede denunciar en el fuero que crea pertinente y pretender una sanción determinada. Pero son los fiscales y los jueces los que deben preservar la ecuanimidad y la proporcionalidad. Y en este caso queda claro que ha habido una utilización desproporcionada, abusiva e irresponsable de la prisión preventiva”, indicó Lousteau.
preguntó la opinión la nacion a los principales referentes del partido centenario, que lleva como bandera la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos. Entre los consultados están el titular de la Convención Nacional, Gastón Manes; los jefes de los bloques radicales en Diputados y el Senado, Rodrigo de Loredo y Eduardo Vischi, respectivamente; los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza); el político y juez que participó del Juicio a las Juntas Militares Ricardo Gil Lavedra, y el senador nacional y titular bonaerense del partido, Maximiliano Abad. Algunos no respondieron a la consulta; otros se excusaron de pronunciarse.
Muchos de ellos se habían solidarizado con las militantes radicales arrestadas de manera irregular durante la manifestación en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus. Sin embargo, evitaron opinar en relación con los hechos ocurridos en Jujuy, sobre los que especialistas en derecho coincidieron en manifestar su preocupación.
Fuera de micrófono, no obstante, algunos correligionarios se animaron a comentar su desacuerdo con el proceso judicial llevado adelante en Jujuy. “El sistema punitivo no está para esto, que es parte de la libertad de expresión”, señaló uno de ellos.
Horacio Rodríguez Larreta, de Pro, quien llevó como vice a Morales en su cruzada por llegar a la presidencia, no dudó en mostrarse crítico. “No conozco los detalles de este caso. Pero siempre voy a defender la libertad de expresión y me opondré a cualquier acción que vaya en la dirección contraria”, sentenció el exalcalde porteño
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Detectan gastos superfluos en el Senasa y aplican un ajuste
El recorte abarca desde el pago de seguros de autos en desuso hasta alquileres de oficinas sin utilizar
Mariana Reinke
“Más que aplicar una motosierra es una operación quirúrgica inteligente y profesionalizada”, dicen en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Con un presupuesto anual de $73.000 millones y unos 6000 agentes, el organismo sanitario, que preside Pablo Cortese, está llevando adelante un fuerte ajuste de sus gastos con el propósito de maximizar cada peso que le ingresa.
Según dijeron a allegados la nacion a la conducción del organismo, el recorte se trata de un pedido tanto del Ministerio de Economía como de la Secretaría de Agricultura como parte del plan de duplicar las exportaciones del agro en los próximos cuatro años.
Entre los gastos superfluos que se redujeron se encuentran los seguros de unos 420 vehículos que estaban en desuso, listos para ser compactados. También dejaron de alquilar un edificio entero de 11 pisos en la calle Venezuela 160 porque, habiendo lugar en la propia oficina central, las autoridades del organismo no sabían por qué la gestión anterior había alquilado esta propiedad.
Además, el Senasa se desprendió de dos aviones que no se utilizaban por los que se pagaban US$9000 de alquiler en un hangar.
Otro ítem por el que pasó el recorte fue el de limpieza y seguridad, cuyos gastos fueron reducidos en un 60 por ciento, informaron.
La tijera, según explican en el Senasa, pasará también por las oficinas que el organismo alquila, unas 360 en todo el país. “No tiene sentido contar con tantas teniendo en cuenta que la mayoría de los trámites son por autogestión”, aseguran. Desde la próxima semana habrá una reducción de oficinas, aunque con el personal reubicado. Para esto hay un estudio realizado donde se releva cuáles son las actividades productivas de cada región y, sobre esa base, se priorizará por dónde empezar. El 90% de las funciones del organismo son inspecciones, ya sea en frigoríficos, puertos y aeropuertos, entre otros lugares.
Por otra parte, en el laboratorio del Senasa, ubicado en Martínez, se busca eliminar las ineficiencias. “Se brindaban servicios al sector con valores de menos del 20% del mercado. Muchas empresas se aprovechaban de la situación, actuando como intermediarias: mandaban a realizar los estudios en el laboratorio y luego cobraban hasta el triple a sus clientes. Eso se acabó y se actualizaron los valores”, informaron.
Entre otras cuestiones, el tema de los viáticos está bajo la lupa. Para esto colocaron obligatoriamente a cada vehículo un GPS (integrado al motor) y en esta semana están estableciendo y lanzando una aplicación de los circuitos de viáticos y movilidad. También pusieron controles biométricos en las oficinas regionales y en la sede central.
Por otra parte, el ente está apuntando a agilizar los trámites. “Se trabaja en un sistema que permita la visualización en tiempo real de dónde y en qué estado está el trámite. Son casi 7000 expedientes que estaban parados hace dos años”, dijeron.
“Más que aplicar una motosierra es una operación quirúrgica inteligente y profesionalizada”, dicen en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Con un presupuesto anual de $73.000 millones y unos 6000 agentes, el organismo sanitario, que preside Pablo Cortese, está llevando adelante un fuerte ajuste de sus gastos con el propósito de maximizar cada peso que le ingresa.
Según dijeron a allegados la nacion a la conducción del organismo, el recorte se trata de un pedido tanto del Ministerio de Economía como de la Secretaría de Agricultura como parte del plan de duplicar las exportaciones del agro en los próximos cuatro años.
Entre los gastos superfluos que se redujeron se encuentran los seguros de unos 420 vehículos que estaban en desuso, listos para ser compactados. También dejaron de alquilar un edificio entero de 11 pisos en la calle Venezuela 160 porque, habiendo lugar en la propia oficina central, las autoridades del organismo no sabían por qué la gestión anterior había alquilado esta propiedad.
Además, el Senasa se desprendió de dos aviones que no se utilizaban por los que se pagaban US$9000 de alquiler en un hangar.
Otro ítem por el que pasó el recorte fue el de limpieza y seguridad, cuyos gastos fueron reducidos en un 60 por ciento, informaron.
La tijera, según explican en el Senasa, pasará también por las oficinas que el organismo alquila, unas 360 en todo el país. “No tiene sentido contar con tantas teniendo en cuenta que la mayoría de los trámites son por autogestión”, aseguran. Desde la próxima semana habrá una reducción de oficinas, aunque con el personal reubicado. Para esto hay un estudio realizado donde se releva cuáles son las actividades productivas de cada región y, sobre esa base, se priorizará por dónde empezar. El 90% de las funciones del organismo son inspecciones, ya sea en frigoríficos, puertos y aeropuertos, entre otros lugares.
Por otra parte, en el laboratorio del Senasa, ubicado en Martínez, se busca eliminar las ineficiencias. “Se brindaban servicios al sector con valores de menos del 20% del mercado. Muchas empresas se aprovechaban de la situación, actuando como intermediarias: mandaban a realizar los estudios en el laboratorio y luego cobraban hasta el triple a sus clientes. Eso se acabó y se actualizaron los valores”, informaron.
Entre otras cuestiones, el tema de los viáticos está bajo la lupa. Para esto colocaron obligatoriamente a cada vehículo un GPS (integrado al motor) y en esta semana están estableciendo y lanzando una aplicación de los circuitos de viáticos y movilidad. También pusieron controles biométricos en las oficinas regionales y en la sede central.
Por otra parte, el ente está apuntando a agilizar los trámites. “Se trabaja en un sistema que permita la visualización en tiempo real de dónde y en qué estado está el trámite. Son casi 7000 expedientes que estaban parados hace dos años”, dijeron.
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