CLAVES AMERICANAS Y LAVADO DE DINERO

¿Ignorancia o antisemitismo?
Andrés Oppenheimer
No es nada nuevo que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, haga declaraciones disparatadas sobre asuntos internacionales. Pero su reciente comparación entre el holocausto nazi, que mató a más de seis millones de judíos, y la respuesta de Israel al ataque terrorista del 7 de octubre por parte de Hamas es una muestra monumental de ignorancia que alienta el antisemitismo. Hablando en la 37ª Cumbre de la Unión Africana en Etiopía, Lula dijo el 18 de febrero que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino es parecido a lo que pasó “cuando Hitler decidió matar a los judíos”.
Israel acusó a Lula, con razón, de trivializar el Holocausto y negarle al país su derecho a la autodefensa. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Lula “ha demonizado al Estado judío como el antisemita más virulento”. El gobierno israelí posteriormente declaró a Lula “persona non grata”, y Brasil llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv. Dos días después, los presidentes de Colombia y Bolivia expresaron su “solidaridad” con los comentarios de Lula. Para ser justos, Lula (de 78 años), a diferencia de los presidentes de Colombia y Bolivia, y de los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ha condenado el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre.
Unos 1500 terroristas de Hamas entraron en Israel ese día y mataron a más de 1200 civiles, entre ellos ancianos, bebés y 250 jóvenes que asistían a un festival de música. Los terroristas también se llevaron a más de 200 rehenes a Gaza, mataron a muchos de ellos y violaron “sistemáticamente e intencionalmente” a las mujeres, según constató la Asociación de Centros de Crisis de Violaciones en Israel. Se puede criticar legítimamente, como yo mismo lo he hecho, la política del actual gobierno israelí de permitir la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, o la cerrazón de Netanyahu a negociar la creación de un Estado palestino que reconozca el derecho de Israel a existir. Pero acusar a Israel de llevar a cabo un “genocidio” al estilo nazi es ridículo.
Primero, es una comparación falsa. El holocausto nazi fue una política sistemática de arrestar a los judíos y exterminarlos en campos de concentración. Fue un genocidio, que según las Naciones Unidas se define como “actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”. Israel ha declarado la guerra al grupo terrorista Hamas, no al pueblo palestino, para protegerse de nuevos ataques. Hamas, en cambio, tiene como política oficial la destrucción de Israel.
Hay más de 2,1 millones de palestinos viviendo en Israel, y su número se ha disparado en las últimas décadas. Hay palestinos en el Congreso israelí y en la Corte Suprema. Y en Israel se permite practicar todas las religiones en público, algo que no se puede decir de todos los países islámicos. En segundo lugar, Hamas inició esta guerra. Lo más probable es que las tropas israelíes estén cometiendo excesos, como en cualquier guerra, pero, a diferencia de Hamas, no ataca intencionalmente a civiles. Por el contrario, Israel advierte habitualmente a los civiles de Gaza que abandonen las zonas donde su ejército está a punto de atacar.
La guerra de Israel contra los terroristas de Hamas ha dejado más de 28.000 muertos, según las autoridades de Gaza, controladas por Hamas. Israel dice que más de 10.000 de ellos son combatientes de Hamas, y que los líderes de Hamas se esconden en hospitales y usan a civiles como escudos humanos. En tercer lugar, es irónico que Lula haya hecho estas declaraciones en Etiopía, donde hasta 600.000 civiles han muerto en la guerra del gobierno etíope contra el Frente de Liberación Popular de Tigray en los últimos dos años, según el diario español El País. Pero Lula no dijo una palabra sobre los civiles etíopes muertos en el conflicto ni sobre los cientos de miles de civiles asesinados en la República Democrática del Congo, Sudán o Siria.
La ira de Lula se centra exclusivamente en Israel. Su absurda comparación con los nazis le ha dado buenos argumentos al gobierno israelí para tildarlo de racista y antisemita.

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Un proyecto que debilita la efectividad del sistema
Pedro Biscay
La Argentina corre el riesgo de ingresar nuevamente a la denominada “lista gris” del GAFI por la falta de efectividad del sistema antilavado. Este resultado es el reflejo de la total ineficacia para perseguir delitos de criminalidad organizada. Dos indicadores muestran la criticidad de la situación. Transparencia Internacional ubica al país en el puesto 98 de 180. Hace 10 años ocupábamos el puesto 102 de 176. Ninguno de los estándares en materia de control y sanción de corrupción mejoró desde aquella época. El Índice Global de Criminalidad Organizada de Global Initiative ubica a la Argentina en el puesto 95 entre 193 países. La conclusión es simple: quienes se encargan de supervisar actividades ilícitas no tienen capacidad de enforcement, y la Justicia Federal tampoco.
Los impulsores de un nuevo proyecto en la materia plantean –entre otras cosas– modificar la condición objetiva de punibilidad del delito de lavado que establece que se perseguirán solo aquellas conductas por montos iguales o superiores a los 300.000 pesos. En reemplazo proponen una formula indexada a 150 salarios mínimos. De aprobarse la propuesta ideada por las autoridades salientes de la UIF, los imputados por lavado podrán pedir el cierre de las investigaciones invocando la ley penal más benigna. En algunos casos, los jueces podrán recalificar la conducta aplicando la pena atenuada de lavado, que es de hasta tres años de prisión, o directamente sobreseer el hecho que puede alcanzar penas de hasta 10 años de prisión.
Esto no es menor, dado que uno de los factores principales de inefisolución cacia del sistema es la altísima tasa de mora que poseen los ROS, sumada a la ineficacia del Ministerio Público, lo que genera que los casos de lavado judicializados involucren operaciones que, en el mejor de los casos, tienen una antigüedad de entre dos y cuatro años de realizadas. Es decir que siempre se investigan hechos del pasado.
Diseñar tipos penales con condiciones objetivas de punibilidad es una mala elección cuando una sociedad atraviesa períodos de alta inflación, porque la consecuencia previsible será la aplicación de la ley penal más benigna. Hacerlo con fórmulas indexadas no resuelve el problema. El ejemplo más claro es la ausencia de condenas en el fuero penal tributario.
Claro que un umbral de 300.000 pesos está totalmente desfasado. La opción de los redactores del proyecto omitió considerar una político-criminal basada en las reglas de oportunidad que ya están previstas en el Código Procesal Federal. Por ejemplo, no alterar la referencia a los 300.000 pesos, pero agregar un cláusula que establezca que los fiscales podrán prescindir de ejercer la acción penal en casos que no superen X cantidad de salarios y siempre que aquella decisión no afecte el interés público (por ejemplo, cuando se vea involucrado un funcionario). Hacerlo permitiría generar una solución para orientar la persecución sobre los grandes casos de criminalidad sin poner en riesgo casos importantes, pero que encierran montos económicos menguados por el efecto inflación.

Miembro del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce)

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA