Cada día se registran unos 280 casos de abusos sexuales de menores en todo el país
En los últimos 13 meses las dos fiscalías porteñas especializadas en ciberdelitos tomaron conocimiento de más de 108.000 reportes surgidos del patrullaje en redes y la web
Verónica TollerOperativo de Gendarmería en la casa de un abusador de menores
Más de 108.000 reportes de abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes ingresaron entre enero de 2023 y febrero de este año a las dos unidades fiscales de CABA especializadas en cibercrimen, a cargo de los fiscales Daniela Dupuy y Tomás Vaccarezza. Fueron 8314 reportes por mes. Casi 280 casos por día. Y eso, solo en la órbita de los reportes que llegan a través del National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec), de los EE.UU., gracias a un acuerdo de información entre partes, a lo que hay que sumar las denuncias de ONG y de ciudadanos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el resto del país.
“El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos nos deriva una infinidad de reportes que atañen a toda la Argentina sobre distribución, producción y tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, cometidos a través de internet y las nuevas tecnologías”, afirma la fiscal Dupuy.
Solo en 2022, durante los allanamientos, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) incautó 539.000 fotos y 259.000 videos de abusos de menores, que involucran a 875.000 víctimas. Muchos de los casos terminan fuera de lo virtual, con abuso físico.
El aumento constante de casos generó que en 2020 el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, creara la Ufedyci, a cargo de Dupuy, y tres años después, la Fiscalía Nº 17 Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de Vaccarezza.
Los informes del Ncmec constituyen un reporte medible, pero no representan la totalidad de la problemática. “La dimensión real es difícil de cuantificar y sigue subrepresentada debido a la complejidad que representa unificar todas las denuncias de la ciudad y de las provincias en la Justicia federal, nacional o provincial”, sostiene Vacarezza.
Grooming –acoso sexual a través de la web–, violaciones grabadas o transmitidas en directo, producción y distribución de imágenes y videos de abusos diversos contra menores cometidos a través de internet, redes sociales, juegos en línea, Telegram, WhatsApp, nuevas tecnologías y plataformas es lo que llega a diario y va en aumento. Varios casos tienen derivaciones hacia un delito aún más aberrante, la trata de personas, presente en todas las provincias argentinas. “Hay casos que no pueden tipificarse como trata per se, pero actúan como disparadores y facilitadores que derivan en trata, incluso con conexiones internacionales”, afirma Dupuy.
El mayor número de casos se reporta en el ámbito de la Capital, seguido por la provincia de Buenos Aires. Los casos que no pertenecen a la jurisdicción metropolitana son derivados a la provincia correspondiente. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Misiones, Jujuy y Corrientes presentan una alta estadística de casos.
Acoso, abuso y trata sexual
Una de cada 150 personas en el mundo está esclavizada, según Unicef. Y 3 de cada 10 esclavos son niños y niñas, lo que significa que hay aproximadamente 15 millones de menores víctimas de trata, según el reporte global de tráfico de personas publicado por la ONU en 2021. La trata de personas implica la captación, sometimiento, transporte, entrega de personas y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad con fines de explotación y/o esclavitud, y somete actualmente a más de 50 millones de personas en el mundo (según el informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo, Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones).
Una de las modalidades de trata constatadas en la Argentina es la explotación sexual de menores bajo la forma de producción y distribución de material de abuso sexual infantil y de adolescentes. Constituye trata cuando la distribución del material no se limita solo a compartir imágenes en redes de pedófilos sin compraventa, sino que se vende a redes locales o internacionales. Para la producción, el grooming (con el que los abusadores procuran obtener imágenes sexuales) es la herramienta más frecuente. La hiperexposición de menores a pantallas y nuevas tecnologías durante la pandemia disparó esta modalidad, que en la Argentina llegó a un aumento de casos del 150% en 2020.
Por eso, “como señalan todos los organismos internacionales de Justicia dedicados a enfrentar el grooming, es imperativa la prevención de este crimen, una herramienta perfecta para captar a los niños y, eventualmente, sacarlos de la esfera de su país a la esfera internacional como víctimas de trata”, dice Dupuy.
El caso de Adrián Rowek, el profesor condenado a 20 años de prisión por abuso sexual de menores, es un típico caso donde la producción, consumo y distribución no llegó al delito de trata porque no se comercializaron las imágenes. Durante más de 25 años, Rowek abusó de alumnos de 13 años, la mayoría en situación vulnerable por problemas escolares o familiares. Mantenía excelente relación con los chicos, ganaba la confianza de los adultos y era el “maestro bueno”. Pero, aprovechando esta situación, utilizaba distintos medios para enviar fotos íntimas propias y exigir lo mismo a los alumnos, a quienes también drogaba, les pasaba pornografía y de quienes se aprovechaba sexualmente.
Las nuevas tecnologías y redes permiten llegar mucho más lejos. “Filmaciones, fotografías e imágenes pueden ir a la distribución propia de redes de pedófilos, pero después ser incorporadas por organizaciones internacionales de explotación sexual infantil, en donde usuarios de todo el mundo intercambian el material, lo comercializan y distribuyen esas imágenes de niños siendo abusados”, describe Dupuy.
Es un negocio oscuro que ya denunciaba en febrero de 2021 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc) al presentar el Informe Global sobre Trata de Personas: “Los traficantes han integrado la tecnología en su modelo de negocio […] Se acercan en las redes sociales a muchos niños que son blanco fácil en su búsqueda de aceptación, atención o amistad […] Internet posibilita a los traficantes transmitir en vivo la explotación de sus víctimas, lo que permite el abuso simultáneo de una víctima por parte de muchos consumidores en todo el mundo”.
Aunque se utiliza a una mayoría abrumadora de mujeres, también se somete a varones, sobre todo prepúberes (4 veces más que en otros tipos de trata sexual, según el Informe del Proyecto Polaris, de 2017).
La distribución se vuelve una eterna vulneración al bien jurídico protegido, que es la libertad y la indemnidad de los adolescentes. Así, la revictimización no termina nunca, porque se sostiene en el tiempo con cada reproducción, sostiene el fiscal Vacarezza.
El problema probatorio
Las investigaciones logran comprobar la distribución internacional, pero no la comercialización, el pago a cambio. “Elevados a juicio e incluso confirmados por la Cámara de Apelaciones, se juzga a los culpables por abusos sexuales gravemente ultrajantes, producción de imágenes, grooming, corrupción, pero no llegamos a poder acusarlos de trata porque no podemos comprobar la comercialización del material. Aunque hoy no se cuenta con una cifra ‘blanca’ de casos de trata de menores, sabemos y constatamos que muchos casos sí derivan en este crimen”, lamenta la fiscal Dupuy.
¿Qué se necesita para lograr esa comprobación y obtener condenas por trata?:
▪ Modernizar los códigos procesales penales. Incluir nuevas herramientas digitales. “Mejorar la aplicación en el país de la herramienta del agente encubierto digital, que en otros países presenta avances importantes. También, la herramienta del allanamiento remoto, legislada solo en algunas provincias argentinas”, afirma Vacarezza. “Necesitamos lograr que no se corte la trazabilidad de lo que eventualmente es el modus operandi del delincuente, para poder determinar si hay trata”, agrega Dupuy.
▪ Tener en la mira la relación entre trata y tecnologías. “Es muy importante no dejar de vincular las nuevas tecnologías con la trata de personas –dice Dupuy–. Facilitan la captación de las víctimas, sobre todo menores, mucho más que antes, así como la comercialización y la permanencia del material en el tiempo, con la víctima atrapada en el mismo crimen”.
▪ Informar y concientizar a la sociedad, comenzando por los padres, maestros, niños y adolescentes. El ciudadano común sigue viendo la trata como algo lejano a sí mismo y a su familia. Comunicar con claridad y mayor sencillez favorecerá que la comprensión sea accesible a todos y que se logren resultados de prevención.
“Tras la proyección del film Sonido de libertad realizamos en la Universidad Austral un ejercicio de reflexión con los alumnos –explica Dupuy–. Todos internalizaban la gravedad del problema, pero consideraban que la trata ocurre en otro lado y no cerca suyo o siquiera en el país. El problema gravísimo es que sí pasa, y le puede ocurrir a cualquiera, en muchísimos lugares de la Argentina. Y uno de los caminos que facilitan su consumación son las herramientas digitales, la tecnología”.
Más de 108.000 reportes de abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes ingresaron entre enero de 2023 y febrero de este año a las dos unidades fiscales de CABA especializadas en cibercrimen, a cargo de los fiscales Daniela Dupuy y Tomás Vaccarezza. Fueron 8314 reportes por mes. Casi 280 casos por día. Y eso, solo en la órbita de los reportes que llegan a través del National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec), de los EE.UU., gracias a un acuerdo de información entre partes, a lo que hay que sumar las denuncias de ONG y de ciudadanos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el resto del país.
“El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos nos deriva una infinidad de reportes que atañen a toda la Argentina sobre distribución, producción y tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, cometidos a través de internet y las nuevas tecnologías”, afirma la fiscal Dupuy.
Solo en 2022, durante los allanamientos, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) incautó 539.000 fotos y 259.000 videos de abusos de menores, que involucran a 875.000 víctimas. Muchos de los casos terminan fuera de lo virtual, con abuso físico.
El aumento constante de casos generó que en 2020 el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, creara la Ufedyci, a cargo de Dupuy, y tres años después, la Fiscalía Nº 17 Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de Vaccarezza.
Los informes del Ncmec constituyen un reporte medible, pero no representan la totalidad de la problemática. “La dimensión real es difícil de cuantificar y sigue subrepresentada debido a la complejidad que representa unificar todas las denuncias de la ciudad y de las provincias en la Justicia federal, nacional o provincial”, sostiene Vacarezza.
Grooming –acoso sexual a través de la web–, violaciones grabadas o transmitidas en directo, producción y distribución de imágenes y videos de abusos diversos contra menores cometidos a través de internet, redes sociales, juegos en línea, Telegram, WhatsApp, nuevas tecnologías y plataformas es lo que llega a diario y va en aumento. Varios casos tienen derivaciones hacia un delito aún más aberrante, la trata de personas, presente en todas las provincias argentinas. “Hay casos que no pueden tipificarse como trata per se, pero actúan como disparadores y facilitadores que derivan en trata, incluso con conexiones internacionales”, afirma Dupuy.
El mayor número de casos se reporta en el ámbito de la Capital, seguido por la provincia de Buenos Aires. Los casos que no pertenecen a la jurisdicción metropolitana son derivados a la provincia correspondiente. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Misiones, Jujuy y Corrientes presentan una alta estadística de casos.
Acoso, abuso y trata sexual
Una de cada 150 personas en el mundo está esclavizada, según Unicef. Y 3 de cada 10 esclavos son niños y niñas, lo que significa que hay aproximadamente 15 millones de menores víctimas de trata, según el reporte global de tráfico de personas publicado por la ONU en 2021. La trata de personas implica la captación, sometimiento, transporte, entrega de personas y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad con fines de explotación y/o esclavitud, y somete actualmente a más de 50 millones de personas en el mundo (según el informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo, Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones).
Una de las modalidades de trata constatadas en la Argentina es la explotación sexual de menores bajo la forma de producción y distribución de material de abuso sexual infantil y de adolescentes. Constituye trata cuando la distribución del material no se limita solo a compartir imágenes en redes de pedófilos sin compraventa, sino que se vende a redes locales o internacionales. Para la producción, el grooming (con el que los abusadores procuran obtener imágenes sexuales) es la herramienta más frecuente. La hiperexposición de menores a pantallas y nuevas tecnologías durante la pandemia disparó esta modalidad, que en la Argentina llegó a un aumento de casos del 150% en 2020.
Por eso, “como señalan todos los organismos internacionales de Justicia dedicados a enfrentar el grooming, es imperativa la prevención de este crimen, una herramienta perfecta para captar a los niños y, eventualmente, sacarlos de la esfera de su país a la esfera internacional como víctimas de trata”, dice Dupuy.
El caso de Adrián Rowek, el profesor condenado a 20 años de prisión por abuso sexual de menores, es un típico caso donde la producción, consumo y distribución no llegó al delito de trata porque no se comercializaron las imágenes. Durante más de 25 años, Rowek abusó de alumnos de 13 años, la mayoría en situación vulnerable por problemas escolares o familiares. Mantenía excelente relación con los chicos, ganaba la confianza de los adultos y era el “maestro bueno”. Pero, aprovechando esta situación, utilizaba distintos medios para enviar fotos íntimas propias y exigir lo mismo a los alumnos, a quienes también drogaba, les pasaba pornografía y de quienes se aprovechaba sexualmente.
Las nuevas tecnologías y redes permiten llegar mucho más lejos. “Filmaciones, fotografías e imágenes pueden ir a la distribución propia de redes de pedófilos, pero después ser incorporadas por organizaciones internacionales de explotación sexual infantil, en donde usuarios de todo el mundo intercambian el material, lo comercializan y distribuyen esas imágenes de niños siendo abusados”, describe Dupuy.
Es un negocio oscuro que ya denunciaba en febrero de 2021 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc) al presentar el Informe Global sobre Trata de Personas: “Los traficantes han integrado la tecnología en su modelo de negocio […] Se acercan en las redes sociales a muchos niños que son blanco fácil en su búsqueda de aceptación, atención o amistad […] Internet posibilita a los traficantes transmitir en vivo la explotación de sus víctimas, lo que permite el abuso simultáneo de una víctima por parte de muchos consumidores en todo el mundo”.
Aunque se utiliza a una mayoría abrumadora de mujeres, también se somete a varones, sobre todo prepúberes (4 veces más que en otros tipos de trata sexual, según el Informe del Proyecto Polaris, de 2017).
La distribución se vuelve una eterna vulneración al bien jurídico protegido, que es la libertad y la indemnidad de los adolescentes. Así, la revictimización no termina nunca, porque se sostiene en el tiempo con cada reproducción, sostiene el fiscal Vacarezza.
El problema probatorio
Las investigaciones logran comprobar la distribución internacional, pero no la comercialización, el pago a cambio. “Elevados a juicio e incluso confirmados por la Cámara de Apelaciones, se juzga a los culpables por abusos sexuales gravemente ultrajantes, producción de imágenes, grooming, corrupción, pero no llegamos a poder acusarlos de trata porque no podemos comprobar la comercialización del material. Aunque hoy no se cuenta con una cifra ‘blanca’ de casos de trata de menores, sabemos y constatamos que muchos casos sí derivan en este crimen”, lamenta la fiscal Dupuy.
¿Qué se necesita para lograr esa comprobación y obtener condenas por trata?:
▪ Modernizar los códigos procesales penales. Incluir nuevas herramientas digitales. “Mejorar la aplicación en el país de la herramienta del agente encubierto digital, que en otros países presenta avances importantes. También, la herramienta del allanamiento remoto, legislada solo en algunas provincias argentinas”, afirma Vacarezza. “Necesitamos lograr que no se corte la trazabilidad de lo que eventualmente es el modus operandi del delincuente, para poder determinar si hay trata”, agrega Dupuy.
▪ Tener en la mira la relación entre trata y tecnologías. “Es muy importante no dejar de vincular las nuevas tecnologías con la trata de personas –dice Dupuy–. Facilitan la captación de las víctimas, sobre todo menores, mucho más que antes, así como la comercialización y la permanencia del material en el tiempo, con la víctima atrapada en el mismo crimen”.
▪ Informar y concientizar a la sociedad, comenzando por los padres, maestros, niños y adolescentes. El ciudadano común sigue viendo la trata como algo lejano a sí mismo y a su familia. Comunicar con claridad y mayor sencillez favorecerá que la comprensión sea accesible a todos y que se logren resultados de prevención.
“Tras la proyección del film Sonido de libertad realizamos en la Universidad Austral un ejercicio de reflexión con los alumnos –explica Dupuy–. Todos internalizaban la gravedad del problema, pero consideraban que la trata ocurre en otro lado y no cerca suyo o siquiera en el país. El problema gravísimo es que sí pasa, y le puede ocurrir a cualquiera, en muchísimos lugares de la Argentina. Y uno de los caminos que facilitan su consumación son las herramientas digitales, la tecnología”.
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