Francos activa puentes con las provincias pese a la hostilidad de Milei
Recibió a Sáenz y hoy se reuniría con Weretilneck; buscan negociar un acuerdo fiscal por la ley ómnibus
Maia Jastreblansky
Mientras hacia afuera la tensión de Javier Milei con los gobernadores sigue escalando –en buena parte gracias a la pirotecnia verbal del Presidente en redes sociales–, por debajo la Casa Rosada mantiene diálogos discretos con algunas provincias para intentar, aun sobre tierra arrasada, fomentar un acuerdo político que incluya un paquete fiscal junto con las reformas de fondo que el líder libertario quiere impulsar.
Con el conflicto con Chubut judicializado y en un pico de tensión, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, mantuvo ayer una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Según pudo saber la nacion, hoy está previsto que Francos reciba al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Se trata de uno de los mandatarios patagónicos que se solidarizaron con Ignacio Torres por el descuento en la coparticipación por la deuda que Chubut no pudo refinanciar y que ayer acompañó el reclamo de su par en el Senado.
Voluntarioso, Francos sigue intentando tender puentes en medio de los bombazos que el Presidente lanza desde sus redes sociales y vuelve a reactivar la vía política mientras Milei sigue llevando el conflicto al terreno de la batalla cultural.
Sáenz públicamente fue crítico de la Casa Rosada pero también viene promoviendo públicamente un diálogo entre la Nación y las provincias. Es el mismo mandatario que una semana atrás reunió en su provincia a otros cuatro gobernadores del norte con el propio Francos y con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
En aquel encuentro, Francos tuvo como misión pasar un mensaje: que Milei estaba dispuesto a hacer un gran acuerdo que contemple que el Gobierno trate la cuestión fiscal con las provincias a cambio de apoyos para resucitar reformas de la ley ómnibus. Es decir, que la Nación estaba dispuesta a discutir la cuestión de los fondos –por ahora el grifo nacional está muy cerrado– a cambio de consenso político para que avancen las reformas de fondo del gobierno libertario.
“Un pacto de la Moncloa si salen las reformas de la ‘Ley de bases’”, sintetizó días atrás un muy estrecho ladero de Milei. El Jefe del Estado, sin embargo, nunca cesó en su hostilidad hacia los mandatarios provinciales.
Con un tono distinto al Presidente, ayer el ministro de la cartera política publicó: “Buena reunión con el gobernador Sáenz, seguimos en el camino del diálogo para solucionar en conjunto los problemas de la provincia y avanzar en las normas necesarias para atraer grandes inversiones en sectores esenciales como el litio”. Sáenz replicó en esa misma red social: “Coincidimos en que el diálogo y el consenso son un camino esencial en la búsqueda de soluciones para los salteños y todos los argentinos”.
Clima de hostilidad
El conflicto con Chubut, que devino en una disputa judicial, complica fuertemente cualquier escenario de acuerdo para el Gobierno. El descuento de $13.500 millones en la coparticipación de la provincia gobernada por Torres, por una deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, primero aglutinó a los gobernadores patagónicos y luego encolumnó a los mandatarios de Juntos por el Cambio, que pidieron que no se afectaran los fondos coparticipables, habitualmente intocables. Menos el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, todos los caciques provinciales terminaron solidarizándose con Torres.
El clima de hostilidad con las provincias replica en distintas esferas. En el Senado, el Gobierno tiene serios riesgos de que se conforme una mayoría para rechazar el DNU 70/23. “El conflicto con los gobernadores hizo que hoy el DNU se convierta en moneda de cambio”, reconoció un colaborador libertario.
Milei escribió ayer en X: “Estamos frente a uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia, donde es posible ver a la casta política revolcarse en la miseria y apelando a todo tipo de mentiras para defender sus privilegios y así cargar los costos de sus delirios sobre los argentinos de bien”.
El mandatario de Chubut amenazó con cortar el suministro de gas y petróleo. Si bien ayer el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, amagó con efectivizar la amenaza del lock out energético hoy, lo cierto es que la opinión extendida entre los gobernadores patagónicos es que no avanzarán por ese camino. La advertencia de Torres buscó ser más un llamado de atención nacional que una amenaza real.
El chubutense esperaba como primer paso tener un resultado positivo en la Justicia. “Quiere avanzar por la vía institucional”, dijeron cerca de Torres. Ayer, finalmente el juzgado federal de Rawson Nº 1 emitió un fallo favorable a la provincia.
En la Casa Rosada tampoco creen que el bloqueo energético vaya a prosperar y también apuestan a dar la pelea en la Justicia. “El juez de Rawson no es competente”, advirtieron. La réplica correrá por cuenta de la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, que acudirá también ante la Corte con un per saltum.
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Los vencimientos de deuda suman otro frente de conflicto con las provincias
El gobierno de La Rioja anunció que no pagó una cuota y Buenos Aires debe abonar este viernes US$336,4 millones y 15,1 millones de euros
Gabriela OrigliaSenado...Javier Milei, en la Cámara de Diputados
En diciembre pasado, cuando todavía los gobernadores conservaban el diálogo con Javier Milei y mantuvieron una reunión, el Presidente se comprometió a que un equipo de Economía asistiría a las provincias en la renegociación de sus deudas en dólares, que registraron un salto por la devaluación del peso. El tema recobra importancia horas después de que La Rioja anunciara que no pudo pagar un vencimiento de US$26,2 millones.
En el primer semestre hay vencimientos por US$1000 millones y el monto se duplica para todo el año. Para la Nación no es inocuo que las provincias no paguen.
Distintos mandatarios contaron a en diciembre la nacion el planteo que le hicieron a Milei, porque prevén problemas con sus deudas por efecto de la devaluación. A poco más de dos meses de aquel encuentro, prácticamente ninguna provincia tomó contacto con la cartera de Luis Caputo para recibir asistencia técnica; solo Entre Ríos y Chaco pidieron acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para pagar vencimientos. Ambas fueron autorizadas.
El próximo vencimiento es de la provincia de Buenos Aires por US$336,4 millones y 15,1 millones de euros. Le siguen en el calendario Río Negro, con un monto de US$43,6 millones, para el 11 de marzo, y Mendoza, que el 20 del próximo mes deberá afrontar un vencimiento por US$61 millones.
En abril, según un informe de la consultora Politikon Chaco, las provincias que registran vencimientos son Chubut (34,44 millones); Córdoba (11,54 millones); Jujuy (32,68 millones); Neuquén (12,49 millones), y Tierra del Fuego (2,29 millones). En tanto, durante febrero pagaron Córdoba (US$15,7 millones), Entre Ríos (US$65,8 millones), Chaco (US$37,7 millones) y Neuquén (US$13,5 millones). El resto de los vencimientos hasta fin de año suma un total de 1191,93 millones de dólares.
Los economistas que siguen las finanzas provinciales ya venían advirtiendo que, por la devaluación, el peso del pago de deudas en dólares presionará más sobre las finanzas locales que, además, deben enfrentar más gastos por el ajuste sobre los giros discrecionales que está realizando la Casa Rosada. Hasta el viernes último, según datos de la consultora Politikon Chaco, estas transferencias sumaron $8484 millones, cifra que representa una caída interanual en términos reales del 94% contra los $36.377 millones (76% en términos nominales).
El monto de deuda que deben pagar las provincias hasta junio es de US$1044 millones (cifra que incluye pasivos en euros convertidos a dólares). Hay jurisdicciones que tienen compromisos en pesos, pero se liquidan en dólares, ya que fue esa la moneda de origen del título emitido: son unos US$89 millones.
Incumplimiento
El último informe de S&P Global de fines de enero sobre las provincias advertía que las calificaciones reflejan principalmente “las restricciones de liquidez externa de la Argentina, así como la volatilidad esperada de la liquidez de los gobiernos locales, que podría limitar la cobertura de los próximos pagos del servicio de deuda” y anticipa que podría haber “reestructuraciones” equivalentes “a un incumplimiento (default)”.
El documento repasa que el desempeño fiscal de las provincias mejoró, pero “la presión comenzó a aumentar en 2023 y continuará en 2024. Y añade: “La inflación exacerbada en 2023 aumentó la indexación de los salarios y otros costos, limitando el beneficio fiscal de corto plazo, mientras que la contracción económica desaceleró el crecimiento de los ingresos”. En esa línea, dejó en claro que las administraciones locales “se verán afectadas por el ajuste fiscal que forma parte de las políticas económicas de terapia de shock” que lleva a cabo el gobierno nacional.
“Las medidas del soberano, junto con movimientos en las variables macroeconómicas, tendrán efectos mixtos sobre las finanzas provinciales. Sin embargo, los recortes en las transferencias (especialmente para las provincias que dependen más de ellas) y el aumento del tipo de cambio ejercerán una mayor presión”, añade.
S&P, una de las calificadoras de deuda más importantes del mundo, anticipa que, más allá de su desempeño fiscal, “la liquidez será clave para evitar el incumplimiento (default)”. Y continúa: “En función de los ahorros en dólares estadounidenses (que suelen ser bajos debido a las restricciones) y de los instrumentos en los que se hayan invertido los pesos argentinos acumulados, la liquidez cubrirá más o menos los pagos del servicio de deuda de los bonos en moneda extranjera que se avecinan en 2024. Esos pagos ascienden a alrededor de US$2000 millones para todos los gobiernos locales de la Argentina”.
En diciembre pasado, cuando todavía los gobernadores conservaban el diálogo con Javier Milei y mantuvieron una reunión, el Presidente se comprometió a que un equipo de Economía asistiría a las provincias en la renegociación de sus deudas en dólares, que registraron un salto por la devaluación del peso. El tema recobra importancia horas después de que La Rioja anunciara que no pudo pagar un vencimiento de US$26,2 millones.
En el primer semestre hay vencimientos por US$1000 millones y el monto se duplica para todo el año. Para la Nación no es inocuo que las provincias no paguen.
Distintos mandatarios contaron a en diciembre la nacion el planteo que le hicieron a Milei, porque prevén problemas con sus deudas por efecto de la devaluación. A poco más de dos meses de aquel encuentro, prácticamente ninguna provincia tomó contacto con la cartera de Luis Caputo para recibir asistencia técnica; solo Entre Ríos y Chaco pidieron acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para pagar vencimientos. Ambas fueron autorizadas.
El próximo vencimiento es de la provincia de Buenos Aires por US$336,4 millones y 15,1 millones de euros. Le siguen en el calendario Río Negro, con un monto de US$43,6 millones, para el 11 de marzo, y Mendoza, que el 20 del próximo mes deberá afrontar un vencimiento por US$61 millones.
En abril, según un informe de la consultora Politikon Chaco, las provincias que registran vencimientos son Chubut (34,44 millones); Córdoba (11,54 millones); Jujuy (32,68 millones); Neuquén (12,49 millones), y Tierra del Fuego (2,29 millones). En tanto, durante febrero pagaron Córdoba (US$15,7 millones), Entre Ríos (US$65,8 millones), Chaco (US$37,7 millones) y Neuquén (US$13,5 millones). El resto de los vencimientos hasta fin de año suma un total de 1191,93 millones de dólares.
Los economistas que siguen las finanzas provinciales ya venían advirtiendo que, por la devaluación, el peso del pago de deudas en dólares presionará más sobre las finanzas locales que, además, deben enfrentar más gastos por el ajuste sobre los giros discrecionales que está realizando la Casa Rosada. Hasta el viernes último, según datos de la consultora Politikon Chaco, estas transferencias sumaron $8484 millones, cifra que representa una caída interanual en términos reales del 94% contra los $36.377 millones (76% en términos nominales).
El monto de deuda que deben pagar las provincias hasta junio es de US$1044 millones (cifra que incluye pasivos en euros convertidos a dólares). Hay jurisdicciones que tienen compromisos en pesos, pero se liquidan en dólares, ya que fue esa la moneda de origen del título emitido: son unos US$89 millones.
Incumplimiento
El último informe de S&P Global de fines de enero sobre las provincias advertía que las calificaciones reflejan principalmente “las restricciones de liquidez externa de la Argentina, así como la volatilidad esperada de la liquidez de los gobiernos locales, que podría limitar la cobertura de los próximos pagos del servicio de deuda” y anticipa que podría haber “reestructuraciones” equivalentes “a un incumplimiento (default)”.
El documento repasa que el desempeño fiscal de las provincias mejoró, pero “la presión comenzó a aumentar en 2023 y continuará en 2024. Y añade: “La inflación exacerbada en 2023 aumentó la indexación de los salarios y otros costos, limitando el beneficio fiscal de corto plazo, mientras que la contracción económica desaceleró el crecimiento de los ingresos”. En esa línea, dejó en claro que las administraciones locales “se verán afectadas por el ajuste fiscal que forma parte de las políticas económicas de terapia de shock” que lleva a cabo el gobierno nacional.
“Las medidas del soberano, junto con movimientos en las variables macroeconómicas, tendrán efectos mixtos sobre las finanzas provinciales. Sin embargo, los recortes en las transferencias (especialmente para las provincias que dependen más de ellas) y el aumento del tipo de cambio ejercerán una mayor presión”, añade.
S&P, una de las calificadoras de deuda más importantes del mundo, anticipa que, más allá de su desempeño fiscal, “la liquidez será clave para evitar el incumplimiento (default)”. Y continúa: “En función de los ahorros en dólares estadounidenses (que suelen ser bajos debido a las restricciones) y de los instrumentos en los que se hayan invertido los pesos argentinos acumulados, la liquidez cubrirá más o menos los pagos del servicio de deuda de los bonos en moneda extranjera que se avecinan en 2024. Esos pagos ascienden a alrededor de US$2000 millones para todos los gobiernos locales de la Argentina”.
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