RECORTES E INVERSIONES MUY BAJAS

Los analistas ponen en duda la sostenibilidad del ajuste fiscal del Gobierno
En enero hubo superávit fiscal financiero debido a la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y gastos sociales
Melisa Reinhold
En enero, el Estado registró superávit fiscal financiero. Se trató de un hito que no ocurría desde hacía 12 años y reforzó la promesa de la nueva administración de no gastar más de lo que recauda. Sin embargo, estas cifras se explicaron por la pérdida que tuvieron las jubilaciones frente a la inflación, el recorte de gasto social y subsidios energéticos, un ajuste que los economistas ponen en duda que pueda sostenerse en el tiempo por la presión social y política.
En concreto, el Sector Público Nacional (SPN) registró en enero un superávit fiscal financiero (es decir, el resultado tras el pago de intereses) de $518.408 millones. Fue un número que se festejó en la Casa Rosada: desde agosto de 2012 no se registraba un resultado positivo en las planillas del Estado.
Al poner la lupa sobre cómo cerraron las cuentas del Ejecutivo, sale a relucir que ese resultado fue producto de una fuerte caída del gasto primario (39,1% interanual en términos reales), ya que los ingresos se mantuvieron prácticamente estables en términos reales (+0,7% interanual). No obstante, esto no solo se dio por el recorte de algunas partidas, como el freno a la obra pública (registró una reducción del 86% anual, descontada la inflación) o el recorte de las transferencias a las provincias (-72%). La mayor parte del ajuste se explicó por la licuación de las jubilaciones (-38,1%), el gasto en programas sociales (-23,1%) y la eliminación de los subsidios energéticos (-77,2%).
“Haber alcanzado superávit fiscal total durante el primer mes completo de gestión representa un gran logro para el Gobierno. Sin embargo, la incógnita radica en qué tan sostenible es el ajuste exhibido: casi el 50% de la mejora se explica por la licuación de las prestaciones sociales, siendo las jubilaciones las más golpeadas (que, además, acumulan una caída real de entre 40% y 60% desde diciembre de 2017). Por lo tanto, la clave en los próximos meses estará en lograr que la corrección fiscal sea sostenible social y políticamente”, advirtió un informe de la consultora económica Invecq.
En el mismo sentido apuntó Claudio Caprarulo, director de Analytica Consultora, quien remarcó que en febrero la jubilación mínima (incluyendo los bonos) cayó un 26% con respecto a noviembre.
En marzo, esta pérdida se seguirá consolidando: la semana pasada la Anses informó que la fórmula de movilidad previsional (vigente desde 2021 por iniciativa de la dupla Alberto Fernández-Cristina Kirchner) arrojó un aumento del 27,18% para marzo, muy por debajo de la inflación en el último trimestre (de entre el 50% y 60%, según los economistas). Así, el mes que viene la prestación previsional básica será de $134.445,30, cifra a la que se le suma el bono de $70.000 que anunció el Ministerio de Economía. De esta forma, el ingreso total bruto aumenta a $204.445 y, en mano, reciben $200.412. A modo de contraste, en enero (un dato ya viejo por la inflación de los últimos dos meses) un argentino necesitó $193.147 para no ser pobre, de acuerdo con la canasta básica total del Indec.
“Uno de cada tres pesos que gasta el Estado nacional es para pagar jubilaciones y pensiones. Eso da cuenta de su importancia a la hora de proyectar la política fiscal. Por caso, frente al muy ambicioso objetivo de lograr equilibrio financiero en un año, el Gobierno ya en su plan inicial contemplaba un ajuste”, señaló Caprarulo.
Para el economista, la discusión de la sostenibilidad del superávit fiscal de enero tiene varios frentes. El primero tiene en cuenta lo social, y estará puesto hasta dónde las poblaciones de menores recursos pueden o “están dispuestas a tolerar el ajuste”. Incluso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el Gobierno tendrá que buscar medidas para compensar la caída de ingresos. “Al mismo tiempo, desde diciembre hay una especie de apagón del Estado. Hay partidas que tienen cero de ejecución, algo que difícilmente se pueda sostener. Por ejemplo, se puede no querer hacer obra pública, pero de todas formas necesitás mantenimiento”, agregó.
Por su parte, desde la consultora económica LCG agregaron que en enero Hacienda pagó menos de la mitad de los compromisos devengados en el mes, por lo que la deuda que quedó pendiente de pago asciende a $2 billones. Este monto es equivalente al resultado primario mostrado, es decir, sin ese efecto contable el superávit financiero no habría sido tal.
“Aun así, está claro que el Gobierno devengó menos gasto que el año pasado y el ajuste se aplicó prácticamente de forma generalizada para todas las partidas. El ímpetu de avanzar en la convergencia fiscal no deja de ser destacable, pero hasta el mismo FMI, en su visita al país, reclamó conseguir un mayor enforcement para los cambios propuestos, de manera que puedan percibirse como sostenibles en el tiempo y terminen de apalancar las bases del crecimiento. Los numerosos frentes de batalla que tiene abiertos el Gobierno (gobernadores, legisladores, gremialistas, movimientos sociales, empleados públicos, entre otros) hacen pensar que eso no está dentro de sus objetivos”, completó.
En tanto, para la consultora económica Invecq, la eliminación de los subsidios para la energía de los segmentos medios (que se empezará a sentir en los bolsillos el mes que viene), así como el recorte a las transferencias corrientes a las provincias y la menor obra pública, podrían ser “pilares centrales” del programa fiscal.
“La política de atraso tarifario no era sostenible. El mismo Sergio Massa, cuando inició su gestión como ministro de Economía, había comenzado un sendero de caída de los subsidios. La dificultad es hacerlo y sostenerlo mientras el resto de los precios de la economía también suben fuertemente y el salario real queda muy rezagado. Hay formas de compensar el aumento de tarifas con transferencias directas a los sectores de menores recursos. El gran desafío de la necesaria reconfiguración de la economía argentina es hacerlo con políticas progresivas e ir logrando consenso para su sostenibilidad”, cerró Caprarulo.
La deuda que quedó pendiente de pago el mes pasado es de $2 billones, según LCG

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La inversión del Estado está en uno de los niveles más bajos en 30 años
Hay una caída del 86% con respecto al año pasado; es parte del plan oficial para reducir el déficit público

Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– En enero pasado, el gobierno nacional ejecutó el tercero entre los menores gastos de capital real de los últimos 31 años. Este ítem representa a las inversiones del Estado, que se diferencia del denominado gasto corriente, destinado principalmente al fondeo de salarios, por ejemplo.
La caída interanual de la inversión pública fue del 86%. La comparación de los montos en moneda constante al mes pasado la realizó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf ), que dirige Nadin Argañaraz. El número está en línea con la decisión del presidente Javier Milei de frenar prácticamente toda la obra pública en el país. Ese es otro de los reclamos a la Nación por parte de los gobernadores.
En ese capítulo del gasto, las transferencias de capital a provincias representaron el 28% del total. Del análisis de la ejecución presupuestaria de 1993 a la fecha surge que el primer y el segundo puesto de menor gasto real de capital corresponden a 2002 y 2003, respectivamente. Son los años posteriores a la crisis de 2001.
Con respecto al gasto real promedio entre 1993 y 2023 ($444.000 millones a precios constantes de enero de 2024), el del mes pasado fue un 82,6% menor.
En cuanto a giros de capital a las provincias, con $2581 millones, el mes pasado fue el más bajo de toda la serie. Sobre el promedio real entre 1993 y 2023 ($175.000 millones a precios constantes de enero 2024), la caída este año fue de 98,5% en términos reales.
Argañaraz también evalúa el gasto de capital en inversión real directa y el del mes pasado está entre los seis menores: 72,3% abajo en términos reales del promedio de $269.000 millones, siempre a precios constantes de enero.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción advierten por “la delicada situación que atraviesa el sector en el país” y destacan que hay 3500 proyectos inconclusos que ponen en riesgo la actividad de las 1400 empresas asociadas que dan empleo a más de 500.000 trabajadores. Insisten en el “efecto multiplicador” del sector.
Dio cuenta anteayer de la nacion que el Ministerio de Infraestructura –que se desactivó finalmente ayer en los papeles– ejecutó el 9,40% del presupuesto que tiene asignado para todo 2024.
La gran mayoría de los gastos que se hicieron son pagos de sueldos y subsidios. Cuando se miran los programas, aparecen decenas de ellos con “0,00%” de ejecución.
En el proyecto de ley ómnibus que cayó, se abría la puerta para que la infraestructura fuera financiada por privados y disponía la renegociación o rescisión de contratos en ejecución. Planteaba que el Poder Ejecutivo podría disponer “por razones de emergencia, la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública Nacional”.
Contemplaba un esquema de regreso para las concesiones, un contrato que tiene en su esencia la transferencia del riesgo (del Estado al concesionario) a cambio del pago de un canon que puede o no tener que ver con el resultado de la explotación.
Según un trabajo de Marcelo Capello, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, la inversión real directa consolidada en obra pública (incluyendo los tres niveles del Estado) fue de 2,8% del PBI en 2022.
Entre 2015 y el año pasado, los valores más altos fueron en 2015 (3,3%) y 2017 (3,2%); con 2,8% le siguen 2016, 2018 y 2022. El piso fue en 2020, con 1,9%.

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