MIEDO Y PROTESTA

“Nos tienen abandonados”, dicen en el recorrido del 620
Los compañeros del colectivero Daniel Barrientos y pasajeros suponen que nada cambiará realmente tras el brutal asesinato en La Matanza del chofer de la línea 620
Manuel CasadoPasajeros de la línea 620 se sorprendieron por los controles de la policía bonaerense
No hay asientos de espera, el asfalto del playón está carcomido, los grafitis abundan en las paredes y la basura hace remolinos en el aire. Así se presenta la terminal de salida de la línea 620 ubicada en una de las bajadas de la General Paz y a metros de la ruta 3, en Lomas del Mirador. Allí inició su recorrido el colectivero Daniel Barrientos el pasado lunes pocos minutos antes de ser mortalmente baleado. En ese lugar sube Marta Corvalán. Tutora de personas mayores, tiene 55 años y vive en el Barrio Primavera, en Villa Scasso, en el límite entre González Catán y Gregorio de Laferrere. “Me quedo toda la semana en mi trabajo para no volver a las 12 de la noche, vengo directamente los viernes”, cuenta sobre uno de los tantos atajos que los vecinos ensayan para sortear el avance de la inseguridad en los lejanos confines de La Matanza. “Nos tienen abandonados”, define.
La 620, propiedad de la empresa Nuevo Ideal SA, cuenta con doce ramales. Desde el inicio del recorrido en Lomas del Mirador (el otro punto de partida de la línea es Ramos Mejía) hasta la Estación de Transbordo de La Matanza, el paisaje está dominado por comercios de indumentaria, ferreterías, mercados, entre otros; y puestos de comida a la vera del metrobús de La Matanza, inaugurado en 2017 y el cual abarca buena parte del trayecto de los ramales. Pero, por otro lado, hay trabajadores industriales y de frigoríficos que llegan hasta el polo fabril matancero, ubicado en Virrey del Pino, casi al final del recorrido, ya sobre una zona periurbana.
Desde una punta hasta la otra, hay alrededor de 80 minutos de distancia siempre y cuando sea el trayecto que va directo por la ruta 3. “Cuando te metés a los barrios tardás más, porque las calles están todas rotas y además son angostas. Hoy el servicio es limitado porque es feriado y la mayoría son directos por la ruta 3, pero en algunos barrios ya no estamos entrando ni los días normales”, remarca Edgardo, otro de los choferes, de 28 años, padre de tres hijas y vecino del barrio Esperanza. “Los fines de semana tenemos la orden de desviarnos por la zona de los boliches porque siempre hay problemas. Salen borrachos, violentos, hay mucha droga”, dice, y apunta a las populares discotecas Skylab, sobre la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas, y Jesse James, sobre la calle República de Portugal, ambas a metros de la ruta 3.
Para ir a trabajar, Marta viaja no menos de una hora y media. El 620 no es el único colectivo que debe tomar para llegar a su casa, ubicada sobre la calle “Calderón de la Barca al fondo”, a la altura del kilómetro 28.
También precisa del 621. “A las 7 ya no entran a los barrios, porque se la pasan robando”, dice. “Una vez me puedo tomar un remise, como me pide mi hija, pero es un presupuesto y la plata no alcanza, entonces nos cuidamos con el resto de los vecinos y coordinamos para movernos juntos cuando salimos o regresamos”, relata. Además, hace hincapié en que el ruido de las motos, un vehículo que se ha convertido en una insignia del delito, “se ha convertido en un trauma” para los laburantes que están a la espera del colectivo.
El colectivo en el que viaja Marta es conducido por Claudio, que tiene 32 años y hace más de una década que está arriba del 620 por “legado familiar”. Daniel “el Capitán” Barrientos, el chofer de 55 años asesinado a balazos en el barrio Vernazza, no solo era su compañero, también fue su vecino en el barrio de Los Ceibos, antes de separarse de su esposa y madre de su hija Daniela Barrientos, la cara en el pedido de justicia por su padre. “Cuando era chico me llevaba al colegio en el colectivo”, recuerda con emoción. Sin embargo, asegura que “nada va a cambiar”.
“Yo una vez que termina mi jornada laboral, no salgo más de mi casa, la calle te satura. La gente no anda bien, cualquier roce puede terminar en cualquier cosa. Solo quiero estar con mi familia”, dice.
El vínculo de Claudio con Barrientos no es una mera coincidencia. Pese a que desde afuera en el imaginario colectivo La Matanza parece inabarcable, “todos se conocen con todos”. Desde una de las paradas de la Terminal de Transbordo del partido, así lo afirma Jesica Cuanito, de 36 años, madre de dos hijos y docente de nivel inicial. En su caso, había sido compañera de colegio hasta quinto grado de Leandro Miguel Alcaraz, el chofer de 26 años asesinado de dos balazos por delincuentes cuando hacía su recorrido con el interno 103 de la línea 620 el domingo 15 de abril de 2018. “El que no fue con vos a la escuela fue con tu hermano”, marca sobre los nexos matanceros, y se descarga con bronca: “Fue terrible lo que le hicieron a Leandro”.
Unos años atrás, Jesica y su familia se quedaron sin barrio y sin vehículo propio a raíz de la inseguridad. “Antes vivíamos en el Dorrego (González Catán), y nos fuimos después de que le robaran la moto a mi marido en la puerta de casa. Lo siguieron dos chicos en otra moto hasta Cobo y Spiro, casi llegando a Lafe, y le dispararon tres veces para sacarle la suya. Eran las tres de la mañana y llegó llorando a contarme. Después de eso, fuimos a hacer la denuncia, la moto hasta siguió andando en el barrio con la misma patente y todo. Yo, incluso, sabía en qué casa estaba la moto, pero cada vez que llamábamos al patrullero, nunca aparecía”, indica, y completa: “Hay lugares a donde no entran y gente con la que no se meten”.
Inusuales operativos
Luego del aumento de la conflictividad en la zona que se plasmó en la violenta agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en la protesta de colectiveros de La Matanza, tras la posterior liberación de los choferes implicados en la golpiza al funcionario, que implicó un nuevo paro del servicio durante el jueves, el gobierno bonaerense, Axel Kicillof, dispuso de forma sorpresiva el despliegue de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOI) y del Grupo de Prevención Motorizado (GPM). Equipados con chalecos antibalas y escopetas, los operativos consisten en inspeccionar al azar a los colectivos cuando frenan en las paradas para hacer bajar solo a los hombres, ponerlos en fila, solicitarles sus documentos y cachearlos.
“Si no llevan DNI, cruzamos los datos y vemos los antecedentes. Estamos en toda La Matanza desde que pasó lo que pasó”, se limita a decir uno de los miembros policiales a cargo de ejecutar uno del despliegue de la fuerza a la altura del km 39.
“A las 11 no van a encontrar más que laburantes, podrían aparecer cuando baja el sol y cierra todo o a la madrugada”, murmura uno de los pasajeros. “En dos semanas no los vemos más”, anticipa Edgardo, resignado.
La 620 cuenta con doce ramales. Desde el inicio del recorrido en Lomas del Mirador hasta la Estación de Transbordo de La Matanza el paisaje está dominado por comercios de indumentaria, ferreterías, mercados, entre otros

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Protesta por la cesión de tierras frente a la residencia presidencial
Un grupo de vecinos hicieron una caravana por la entrega de un terreno de la zona

Darío Palavecino

La concentración frente a la residencia presidencial
MAR DEL PLATA.– “Vamos, vamos”, fue el voto unánime, casi un grito y con manos alzadas, cuando luego de casi una hora de batir palmas sobre la ruta 11 se propuso llevar hasta la cercana residencia presidencial de Chapadmalal, donde por estos días descansan Alberto Fernández y su familia, la protesta contra autoridades del gobierno nacional que hace tres semanas entregaron a una ONG marplatense 140 hectáreas de tierras de la zona para el desarrollo de un proyecto agroecológico.
La caravana llegó despacio y a puro bocinazo hasta la tranquera misma del acceso al chalet presidencial, donde el jefe del Estado se instaló el miércoles por la noche, con una importante custodia en esa puerta principal y en todo el perímetro
Con banderas argentinas y esta vez con bastantes ollas para sumar ruido, unos 150 vecinos del barrio El Marquesado e inmediaciones insistieron en este formato de manifestación pública, a la espera de que se dé marcha atrás con este convenio entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Asociación Civil Tercer Tiempo-escuelas de Fútbol y Huertas Comunitarias, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera el dirigente Juan Grabois.
“Si realmente creen que esas tierras son productivas que se las repartan entre vecinos de la zona y no que tenga que venir gente de otro lado a instalarse donde ni siquiera hay servicios”, dijo  la propietaria de una casa en El Marquesado, barrio lindero a estos 1,4 millones de metros cuadrados en los que -según está estipuladose avanzaría con cultivos, viviendas (no se especifican cuántas) y un camping balneario.
“Grabois, regalá tus campos”, decía el cartel que exhibía un niño que participaba de esta manifestación, similar a la que se realizó en los últimos dos fines de semana, con parecida concurrencia. Siempre con participación mayoritaria de residentes del barrio y muchos que llegaron desde Mar del Plata, Miramar y la zona para acompañar la causa.
La Asociación Civil Tercer Tiempo tomó posesión del campo hace dos semanas en un contexto de tensión y discusiones fuertes con vecinos que se oponían a lo que en principio creían una ocupación ilegal. Luego flexibilizaron su posición porque funcionarios nacionales y abogados de la ONG presentaron documentación que certificaba la entrega de esas tierras “en custodia” y por un plazo de 180 días.
El malestar de los vecinos es, en particular, por la forma en que se decidió ceder esos campos de manera discrecional. “Es amiguismo político”, denuncian. En ese sentido se explayó el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, para fundamentar la denuncia penal que presentó ante los tribunales de la Capital Federal para que se revise y dé marcha atrás con esta decisión de la AABE.
La protesta, potenciada por el ruido de las cacerolas y el golpe metálico sobre columnas de alumbrado público, se desarrolló sin inconvenientes. La custodia presidencial siguió cada movimiento desde el otro lado de la tranquera, con apoyo de la policía de la provincia de Buenos Aires en el perímetro exterior.
La residencia presidencial cuenta por estos días con un refuerzo de seguridad, que incluye efectivos bonaerenses y también de la Prefectura Naval Argentina, estos últimos enfocados en la custodia del frente costero al que da la residencia oficial, tanto en la playa y los acantilados como desde el mar, con un guardacostas apostado en las cercanías.
La cesión del predio se efectivizó el 25 de marzo pasado, cuando la ONG, sin aviso previo, tomó posesión del terreno, en medio de la protesta de los vecinos. El predio estaba al cuidado de Luis Boni, en representación de la Fundación Justicia Social.

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