Uno de cada tres hogares vive en situación precaria
Así surge de un estudio de cuatro entidades sobre la crisis habitacional argentina; hay 5687 barrios informales en todo el país
Jesús Allende
El diagnóstico es grave y no escapa de responsabilidad la fallida ley de alquileres y la falta de políticas públicas: unos 4 millones de hogares viven en condiciones de vulnerabilidad y hacinamiento en el país, y se estima que hay 5687 barrios informales distribuidos en todo el territorio. En ellos, el 99% no tiene servicio de gas, el 97% carece de cloacas, el 90% no accede a la red de agua potable y el 66% no tiene energía eléctrica. Así surge del informe realizado en conjunto por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Agencia Francesa de Desarrollo y la asociación Techo. Además del desolador panorama, esas entidades plantean algunos lineamientos para resolver las carencias actuales.
Falta de acceso al agua potable, cloacas o energía eléctrica; viviendas precarias y situaciones de vulnerabilidad extrema con exposición a innumerables factores de riesgo para las personas e incertidumbre para los inquilinos son parte de un demoledor diagnóstico que desnuda la crisis habitacional que azota al país: uno de cada tres hogares tiene condiciones vulnerables o hacinamiento, según el informe presentado ayer por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) junto con referentes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Techo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El estudio expone una radiografía en detalle del deterioro del desarrollo urbano de los últimos 40 años y señala como causa principal del problema la falta de coordinación entre la política de planificación y el acceso a las viviendas, un fenómeno que quedó visibilizado en el aumento desmedido de barrios informales –hoy existen 5687 en el país– donde las condiciones de vida son más precarias. Parte del informe se centró, a su vez, en la crisis desatada en el mercado inmobiliario para inquilinos y propietarios a tres años de la sanción de la ley de alquileres.
A menos de dos semanas para las elecciones PASO, los referentes elevaron propuestas y posibles soluciones para que tomen apunte los precandidatos presidenciales, ya que de no revertirse el derrotero de las políticas públicas implementadas hasta hoy el acceso a la vivienda digna será pronto una entelequia.
“A 40 años de la democracia estamos en una situación urgente que requiere de un debate continuo en la carrera presidencial. Uno de cada tres hogares no cuenta con una vivienda adecuada y es importante poner estos temas en agenda y perspectiva”, advirtió María Victoria Boix, directora del programa Ciudades de Cippec, en la presentación.
Y agregó: “La causa es la falta de planificación urbana, las ciudades crecen de manera desordenada. Falta suelo urbano de calidad y servido, es decir urbanizado, donde se pueda construir en un lote con infraestructura y que sea posible soportar y pagar los costos. Otro factor es la falta de posibilidad de acceso a la vivienda”.
Las peores condiciones se ciernen sobre 4.000.000 de hogares, entendidos como un grupo de personas que viven juntas y comparten alimentos u otros bienes o servicios con cargo a un mismo presupuesto. Representan el 32% del total del país y viven en condiciones deficitarias: 1,3 millones lo hacen en viviendas de precaria calidad o compartidas, es decir que se superponen dos o más hogares por vivienda, y 2,6 millones residen en viviendas que requieren mejoras por falta de espacio, calidad o accesos a servicios esenciales.
El informe muestra el deterioro habitacional que sumergió al país en los últimos 40 años hasta alcanzar una crisis habitacional sin precedentes y se enfocó en dos ejes: cómo evolucionó la planificación y el ordenamiento territorial, cuáles son las posibilidades de acceso al hábitat y la vivienda y las variables que afectan –en distinta magnitud– a todos los sectores de la población. El crecimiento y la expansión urbana sin control y la densificación de los centros de las zonas metropolitanas se volvieron una parte importante del problema. Se usó el concepto “viviendas adecuadas”, empleado por la Agencia de Hábitat de las Naciones Unidas que define los requisitos mínimos para que un inmueble sea adecuado para la vida de las personas.
Más de 5.000.000 de personas viven en los 5687 barrios populares. Una lupa sobre los datos muestra el azote en los sectores más vulnerables: el 66% no tiene acceso formal a la energía eléctrica; 90%, al agua potable; 97%, a la red cloacal, y 99%, al gas. Los números surgen del último relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), de 2022. La mitad de quienes residen allí no tienen título de propiedad y ocho de cada 10 barrios están expuestos a factores de riesgo.
“Están afectados por riesgo de inundaciones, basurales y contaminación, presencia de torres eléctricas, cercanía a los ferrocarriles o autopistas, peligros de derrumbe e incendios. Eso sin contar las conmos diciones climáticas que hacen que estos factores se potencien. En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por ejemplo, 85% de los barrios populares están expuestos a riesgos para la salud y peligros estructurales”, dijo María Lucía Groos, directora del Centro de Investigación e Innovación de Techo.
“Poner en agenda”
Consultada por sobre la la nacion necesidad de declarar la emergencia habitacional, Boix puntualizó. “Puede servir, pero lo que se necesita es una ley por consenso de lineamientos mínimos y políticas de largo plazo. En la Argentina se creó el Consejo Federal que reúne a las provincias y la Nación para abordar estos temas, y nunca se avanzó. Hay muchos espacios institucionales que se crearon y luego se abandonaron”.
Y agregó: “Los tiempos de gestión conspiran contra las políticas integrales. Lleva mucho tiempo hacer una ley de reordenamiento territorial o desarrollar códigos urbanísticos que incluyan las buenas prácticas internacionales y los tiempos de la política son otros, pero no podeseguir con paliativos. Miramos hacia atrás y estamos con problemas que son iguales hace 30 años. Nos preocupa y es lo que intentamos mostrar y poner en agenda”.
La Argentina sufre a la vez un proceso de “inquilinación”, con cada vez menos propietarios y más inquilinos. “Solo el 65,5% son propietarios en el país, una tendencia que desde 2001 va en la baja”, sostuvo Boix. Según la referente de Cippec, esto se debe en gran parte a la falta de acceso al crédito: “Menos del 1% del PBI de la Argentina representa el acceso al crédito. En Paraguay, por ejemplo, es del 4%”. Esta realidad se potencia por un mercado inmobiliario cada vez más dolarizado, donde la divisa en la economía de los argentinos se volvió reserva de valor contra una inflación que en junio alcanzó el 115,6% interanual, según la última medición del Indec.
Entre 2010 y 2022 el promedio de los hogares que alquila creció del 16% al 20%. Según los expositores, hay una reconfiguración de los hogares, que hoy son más pequeños, a la vez que existe una mayor demanda en el mercado y los valores –que aumentan– se alejan del salario real.
“Es preocupante que el 32% de los inquilinos destinen más de la mitad de su sueldo a alquilar y que el 63% estén endeudados con bancos, organismos crediticios o personas físicas. La vivienda es un derecho humano, y acceder a un hogar digno tiene el mismo rango que cualquier otro derecho”, afirmó Fernando Bercovich, integrante del programa Derecho a la Ciudad de ACIJ.
Sobre la implementación de la ley de alquileres, refirió
“Empezó a tener problemas en 2022 y 2023 con la inflación y la devaluación, y es una ley que casi no se aplica. Entre el 60% y el 67% de quienes alquilan no la cumple y pacta aumentos por fuera de la ley. Y el Estado no se hizo cargo de aplicarla. Hay que mirar más allá de la ley y adoptar otras políticas para resolver el problema. El rumor de que se pueda derogar hace daño en el sector y contrae más la oferta”.
Para Bercovich es vital que los alquileres sean acordes a los ingresos de la población en general. “El Estado tiene que tener esto en cuenta y es importante que los privados participen en aquella oferta, por ejemplo, con la cesión de metros cuadrados en vez de pagar en dinero los derechos de la construcción y así crear infraestructura social en muchos barrios. Siempre teniendo en cuenta primero los derechos de los inquilinos, que sea sustentable para que se garantice el acceso a la vivienda que es un derecho humano”.
Los organismos nuclearon sus propuestas en cinco soluciones para superar la crisis habitacional.
Primero, que se sancione una ley de ordenamiento territorial para detener y reorientar el crecimiento urbano descontrolado y regular la gestión del suelo. Según el informe, la mayoría de los códigos de planificación urbana de los municipios están desactualizados y los conglomerados más importantes crecieron entre 2010 y 2016 sin planificación adecuada. Solo la ciudad y las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, La Rioja y Chaco tienen normativas de ordenamiento territorial.
En segundo lugar, sostienen que hay que mejorar las viviendas, ya que es menos costoso que crear unidades, aunque exige de todas formas la asistencia financiera a través de subsidios y créditos para materiales y mano de obra.
Para alcanzar el ideal del alquiler asequible, proponen crear un Programa Nacional de Alquiler donde el Estado se involucre en regular el desarrollo inmobiliario privado para resolver la necesidad del acceso a la vivienda. También que el suelo urbano ocioso, como las viviendas vacías y los baldíos, sean dirigidos a aumentar la oferta pública y privada de alquileres más accesibles.
La urbanización de los barrios populares es un punto central: impulsan destinar fondos a proyectos de urbanización y creación de lotes con servicios esenciales.
Por último, y de forma temporal mientras dure la crisis, que el Estado provea soluciones habitacionales de emergencia –con un alcance nacional, pero implementado por cada municipio– como podrían ser refugios, para resguardar de los factores de riesgo a los habitantes afectados de los barrios populares
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Alerta en empresas por el endurecimiento del cepo
LA UIA advirtió por un “grave impacto” en los precios y la producción; mencionó “débitos indebidos”; temor en la CAC por el CEF
Francisco Jueguen
Las nuevas medidas oficiales, entre ellas la generalización de un impuesto a las importaciones –la devaluación fiscal del Gobierno–, sumado a las trabas introducidas a través de un nuevo muro burocrático para realizar operaciones de comercio exterior, despertó las primeras críticas entre las grandes empresas, que alertaron sobre sus impactos y advirtieron además de “débitos indebidos” de los bancos.
La Unión Industrial Argentina (UIA) fue la primera ayer en expresarse frente a la actual coyuntura de escasez de reservas en el Banco Central (BCRA) y sobre los sucesivos torniquetes oficiales para frenar la sangría de dólares. Son medidas que, dicen en la entidad fabril, continúan sumando “dificultades” y generan un “grave impacto”.
“La Unión Industrial Argentina (UIA) y su red de representación sectorial continúan monitoreando el impacto de las últimas medidas y proponiendo a las autoridades correspondientes modificaciones y aclaraciones sobre la normativa, en especial a las relacionadas con el decreto 377 y sus normas complementarias, que han generado un grave impacto en la operatoria de la industria argentina. Las alteraciones en los sistemas de Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (Ccuce) y en la determinación de la Capacidad Económica Financiera (CEF), ocurrida en los últimos días, sumó aún más dificultades a la operatoria diaria de las empresas, en especial en las pequeñas y medianas”, indicó en un comunicado.
Dio cuenta de que a comienzos de agosto volvió a verse sumamente afectado el sistema de CEF de la AFIP, la primera barrera que debe superar cualquier compañía que requiera hacer una operación de comercio exterior. En el Gobierno indicaron que las empresas que tienen exportaciones con divisas pendientes para liquidar no podrán acceder al mercado único de cambios por ese monto. Ayer, sin embargo, había cámaras que se quejaban de que el amesetamiento del CEF afectaba a firmas sin liquidaciones pendientes. Fuentes oficiales agregaron además que la misma decisión rige para la devolución de IVA a exportadores. No tendrán acceso a ese “beneficio” si no liquidan sus divisas pendientes.
Semanas atrás, el equipo económico que lidera Sergio Massa había impulsado una devaluación parcial generalizando el Impuesto PAIS a las importaciones (una alícuota de 7,5% para bienes; y 25% para servicios), y un dólar de $340 para las economías regionales y el maíz. Hubo excepciones, pero para la UIA y otras cámaras no fue suficiente.
“Resulta primordial eximir del impuesto PAIS a las importaciones temporarias en su conjunto, para no afectar la competitividad argentina y la generación de divisas comerciales genuinas”, agregaron en la entidad que dirige Daniel Funes de Rioja, preocupados por el impacto en las exportaciones.
“La UIA considera que las medidas dispuestas poseen un sesgo muy adverso para las cadenas de valor exportadoras, en la medida que las importaciones temporarias no queden eximidas en todo el universo de insumos y bienes intermedios que requiere la producción de la oferta exportable de bienes industriales y alimentos elaborados, y se va a generar en muchos casos una pérdida económica tal que atenta contra la continuidad productiva, con la consecuente caída de las exportaciones, la pérdida de mercados externos, paradas de líneas de producción y de puestos de trabajo”, dijeron en la entidad fabril.
La UIA pidió que se reglamente “a la mayor brevedad posible” o se aclare que la exención del impuesto PAIS para insumos y bienes intermedios vinculados directamente a los productos de la canasta básica alimentaria y para bienes relacionados a la generación de energía, contemple todo su universo.
“En cuanto a los productos de la canasta básica, la UIA solicitó que también se eximan del impuesto País a aquellos que se enmarcan en el acuerdo de Precios Justos, ya que su gravabilidad generar á un incrementode costos que impedirá sostener los compromisos asumidos oportunamente”, advirtieron sobre la sustentabilidad del programa oficial.
Por otra parte, en la entidad fabril cuestionaron el pago por adelantado del nuevo Impuesto PAIS determinado por la AFIP y cuestionaron que las empresas están sufriendo “débitos indebidos” por parte de los bancos comerciales. “La UIA advirtió también que, con la vigencia del decreto 377/2023, las empresas están sufriendo débitos indebidos del impuesto PAÍS por parte de los bancos comerciales y/o del pago a cuenta establecido por AFIP en la resolución general 5393/2023, que generan una presión fiscal mayor sobre actividades eximidas por el decreto N°377/2023, generando un aumento de costos en dichas cadenas productivas con su correspondiente impacto inflacionario”, indicaron en la cámara empresaria.
En la Cámara Argentina de Comercio CAC también cuestionaron el nuevo cepo importador. “Tomamos conocimiento que en el día de ayer empresas socias que hasta ahora no estaban incluidas en el ‘mundo CEF’, por lo cual operaba sin límite alguno, aparecieron con una calificación de CEF $1. Si bien no es algo generalizado, tampoco son casos aislados; son numerosas las firmas afectadas, de distinto tamaño y sector. Esto es una señal de alarma que nos recuerda lo que sucedió a comienzos del año pasado”, criticaron en un comunicado en el que alertaron que ese instrumento es “una herramienta de restricción de la actividad importadora”.
Las nuevas medidas oficiales, entre ellas la generalización de un impuesto a las importaciones –la devaluación fiscal del Gobierno–, sumado a las trabas introducidas a través de un nuevo muro burocrático para realizar operaciones de comercio exterior, despertó las primeras críticas entre las grandes empresas, que alertaron sobre sus impactos y advirtieron además de “débitos indebidos” de los bancos.
La Unión Industrial Argentina (UIA) fue la primera ayer en expresarse frente a la actual coyuntura de escasez de reservas en el Banco Central (BCRA) y sobre los sucesivos torniquetes oficiales para frenar la sangría de dólares. Son medidas que, dicen en la entidad fabril, continúan sumando “dificultades” y generan un “grave impacto”.
“La Unión Industrial Argentina (UIA) y su red de representación sectorial continúan monitoreando el impacto de las últimas medidas y proponiendo a las autoridades correspondientes modificaciones y aclaraciones sobre la normativa, en especial a las relacionadas con el decreto 377 y sus normas complementarias, que han generado un grave impacto en la operatoria de la industria argentina. Las alteraciones en los sistemas de Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (Ccuce) y en la determinación de la Capacidad Económica Financiera (CEF), ocurrida en los últimos días, sumó aún más dificultades a la operatoria diaria de las empresas, en especial en las pequeñas y medianas”, indicó en un comunicado.
Dio cuenta de que a comienzos de agosto volvió a verse sumamente afectado el sistema de CEF de la AFIP, la primera barrera que debe superar cualquier compañía que requiera hacer una operación de comercio exterior. En el Gobierno indicaron que las empresas que tienen exportaciones con divisas pendientes para liquidar no podrán acceder al mercado único de cambios por ese monto. Ayer, sin embargo, había cámaras que se quejaban de que el amesetamiento del CEF afectaba a firmas sin liquidaciones pendientes. Fuentes oficiales agregaron además que la misma decisión rige para la devolución de IVA a exportadores. No tendrán acceso a ese “beneficio” si no liquidan sus divisas pendientes.
Semanas atrás, el equipo económico que lidera Sergio Massa había impulsado una devaluación parcial generalizando el Impuesto PAIS a las importaciones (una alícuota de 7,5% para bienes; y 25% para servicios), y un dólar de $340 para las economías regionales y el maíz. Hubo excepciones, pero para la UIA y otras cámaras no fue suficiente.
“Resulta primordial eximir del impuesto PAIS a las importaciones temporarias en su conjunto, para no afectar la competitividad argentina y la generación de divisas comerciales genuinas”, agregaron en la entidad que dirige Daniel Funes de Rioja, preocupados por el impacto en las exportaciones.
“La UIA considera que las medidas dispuestas poseen un sesgo muy adverso para las cadenas de valor exportadoras, en la medida que las importaciones temporarias no queden eximidas en todo el universo de insumos y bienes intermedios que requiere la producción de la oferta exportable de bienes industriales y alimentos elaborados, y se va a generar en muchos casos una pérdida económica tal que atenta contra la continuidad productiva, con la consecuente caída de las exportaciones, la pérdida de mercados externos, paradas de líneas de producción y de puestos de trabajo”, dijeron en la entidad fabril.
La UIA pidió que se reglamente “a la mayor brevedad posible” o se aclare que la exención del impuesto PAIS para insumos y bienes intermedios vinculados directamente a los productos de la canasta básica alimentaria y para bienes relacionados a la generación de energía, contemple todo su universo.
“En cuanto a los productos de la canasta básica, la UIA solicitó que también se eximan del impuesto País a aquellos que se enmarcan en el acuerdo de Precios Justos, ya que su gravabilidad generar á un incrementode costos que impedirá sostener los compromisos asumidos oportunamente”, advirtieron sobre la sustentabilidad del programa oficial.
Por otra parte, en la entidad fabril cuestionaron el pago por adelantado del nuevo Impuesto PAIS determinado por la AFIP y cuestionaron que las empresas están sufriendo “débitos indebidos” por parte de los bancos comerciales. “La UIA advirtió también que, con la vigencia del decreto 377/2023, las empresas están sufriendo débitos indebidos del impuesto PAÍS por parte de los bancos comerciales y/o del pago a cuenta establecido por AFIP en la resolución general 5393/2023, que generan una presión fiscal mayor sobre actividades eximidas por el decreto N°377/2023, generando un aumento de costos en dichas cadenas productivas con su correspondiente impacto inflacionario”, indicaron en la cámara empresaria.
En la Cámara Argentina de Comercio CAC también cuestionaron el nuevo cepo importador. “Tomamos conocimiento que en el día de ayer empresas socias que hasta ahora no estaban incluidas en el ‘mundo CEF’, por lo cual operaba sin límite alguno, aparecieron con una calificación de CEF $1. Si bien no es algo generalizado, tampoco son casos aislados; son numerosas las firmas afectadas, de distinto tamaño y sector. Esto es una señal de alarma que nos recuerda lo que sucedió a comienzos del año pasado”, criticaron en un comunicado en el que alertaron que ese instrumento es “una herramienta de restricción de la actividad importadora”.
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