EDITORIAL

Pobreza escandalosa
Las más recientes estadísticas oficiales confirman que la inflación es el peor enemigo de los sectores más vulnerables de la población
Según la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el primer trimestre del año la pobreza llegó al 38,7%, lo cual representa un aumento de 4,4 puntos con relación al mismo período de 2022. Tal porcentaje representa 1.169.808 nuevos pobres en los conglomerados urbanos. Además, la indigencia pasó del 8,2% en el primer trimestre de 2022 al 8,8% en el mismo período de 2023.
La pobreza crece entre los más chicos, y también la indigencia, traducida en hambre. El porcentaje de pobreza infantil, que en el primer trimestre de 2022 era del 48,1%, se disparó al 54,7% en igual período de este año. Constituye un salto de 6,6 puntos porcentuales, lo que implica que 618.979 chicos cayeron en la pobreza en tan solo un año.
En tanto, la cantidad de chicos indigentes pasó de 967.111 (12,1%) en el primer trimestre de 2022 a 1.059.964 (13,2%) en el mismo período de este año. Son 92.853 nuevos niños y adolescentes que ahora no pueden ni remotamente acceder a una canasta mínima de alimentos.
Tal como se ha venido señalando en los últimos tiempos, la realidad impacta también entre los ocupados, donde la tasa de pobreza subió del 24,4% al 28,7%; es decir que incluso quienes tienen trabajo están, en promedio, cada vez más lejos de los productos de primera necesidad. Tanto la línea de indigencia como la de pobreza se calculan en relación con la evolución del precio de las canastas de alimentos, que aumentaron más que la propia inflación. Hacia marzo último, la canasta básica para no ser indigente aumentó el 120,1% interanual; la de pobreza, el 113,2%, y la inflación, el 104,3%.
Las proyecciones auguran un futuro aún más sombrío. A este ritmo, para el segundo trimestre se descuenta que la pobreza habría vuelto a crecer por la mayor inflación y los consecuentes incrementos en los valores de las canastas de alimentos. Al respecto, expertos de la Universidad Torcuato Di Tella, al proyectar los microdatos del Indec, vaticinan para el primer semestre de este año un nivel promedio del 42,1%.
La pobreza es consecuencia de problemas de larga data que se han visto agravados y cuya resolución debería ser urgente. Con más de una generación de argentinos que ha crecido alejada de la cultura del trabajo, la comprobada ineficacia de muchísimos programas sociales para combatirla se verifica también por cuanto obstaculizan el crecimiento económico y, por ende, lo agravan, dado que desestimulan la productividad.
La sociedad argentina está atravesada por una pobreza estructural que tiende a sumar carencias crónicas en materia de recursos y capacidades de desarrollo humano. Se trata de una deuda social que se viene acumulando tras décadas de decadencia, que se agrava en contextos de crisis como el actual y que, durante momentos de crecimiento, tiende a disminuir, pero siempre queda por arriba del piso precedente.
Más escandalosa que los datos recientemente conocidos sobre la pobreza y la indigencia que padece casi la mitad de la sociedad argentina es la falta de compromiso y madurez de nuestra dirigencia política. No haber podido hasta aquí consensuar líneas de acción en el tiempo, independientemente del signo político que se encuentre ocasionalmente a cargo de la conducción del Estado, revela una preocupante insensibilidad ante una dolorosa realidad. Se trata, sin duda, de una de las grandes deudas de la democracia, que ha cumplido cuatro décadas ininterrumpidas.
El drama de la pobreza en la Argentina se agrava periódicamente porque las medidas de fondo siguen ausentes. Urge diseñar programas que incentiven la contratación de trabajadores por el sector privado y encarar las reformas que alienten la perdida confianza inversora, en lugar de seguir alimentando prácticas populistas. Solo así se podrán empezar a contener los graves problemas económicos y sociales que hieren tan profundamente a demasiados compatriotas. Debería ser compromiso de todos, actores políticos y sociedad en general, agotar los medios para que nadie quede excluido de un sistema que garantice la propia dignidad y el derecho a soñar con un futuro mejor para las generaciones venideras.

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