El ministro viajó a Brasil para convencer a Lula
El ministro busca sumar anuncios económicos para fortalecer su campaña presidencial luego de haber acordado con el FMI
Jaime Rosemberg
BRASILIA.– Luego de una jornada dedicada a lanzar una batería de anuncios “paliativos” tras la devaluación del 22% acordada con el FMI, Sergio Massa desembarcó anoche en Brasilia. Su paso por la capital de Brasil, que se extenderá en principio hasta mañana a la noche, tiene según fuentes del Gobierno un objetivo concreto: acordar con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva un mecanismo para poder pagar importaciones desde Brasil con yuanes del swap de monedas vigente con China.
En medio del hermetismo que rodea el viaje, trascendió que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria estará acompañado durante su estadía por el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien de frustrado rival interno en las primarias pasó a asesor de Massa en el Ministerio de Economía e impulsor de medidas para “ayudar” a una economía en crisis que complica los planes del candidato presidencial.
La reunión, prevista para las 17, no será el primer encuentro de Massa con Lula. En la previa de la cumbre de presidentes del Mercosur, en Puerto Iguazú, a principios de julio, el tigrense se vio a solas con el mandatario de Brasil, interesado también en colaborar para que el Gobierno pueda encontrar salidas al laberinto económico y no permitir “que gane la derecha” en las elecciones de octubre.
Hiperactivo, Massa refuerza por estas horas su imagen con anuncios y recorridas, con el objetivo de torcer el resultado de las PASO en las que Unión por la Patria, contando sus votos obtenidos y los del otro precandidato presidencial, Juan Grabois, terminó tercero, detrás del libertario Javier Milei y de Juntos por el Cambio.
En aquella cumbre de Iguazú, según se informó entonces, Lula invitó a Massa a visitar Brasil como candidato presidencial. “Además, dialogaron sobre el acuerdo para que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) financie a las empresas que participan en la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner”, según informaron luego de esa jornada, el 5 de julio pasado, desde Presidencia y el Ministerio de Economía.
Precisamente, uno de los anuncios que piensa llevarse el ministro de esta breve estadía en tierras brasileñas es una línea de financiamiento para la concreción de un nuevo tramo del gasoducto, con el argumento de que su terminación beneficiará también al gigante sudamericano.
La visita de Massa, que incluirá encuentros con el ministro de Economía brasileño, Fernando Haddad, y el canciller Mauro Vieira, se produce pocos días después de la decisión del bloque Brics (que Brasil integra junto a Rusia, la India, China y Sudáfrica) de sumar a la Argentina y otros cinco países (incluido Irán) a partir del primer día del año próximo.
Massa apoyó ese ingreso y desafió a los opositores que se manifestaron en contra. “Imagínense si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur y vamos a romper la relación con China, lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper nuestros dos mercados más importantes”, advirtió Massa durante el encuentro del Consejo de las Américas, en respuesta directa a Milei, quien se opuso al ingreso de la Argentina a los Brics, y aseguró que se iría del Mercosur y que no “pactaría con comunistas”, en relación con el gobierno chino.
En abril, Massa había anunciado que se utilizarían los yuanes del swap para pagar importaciones que vinieran, precisamente, de China. “Activamos el swap con China junto al embajador Zou Xiaoli, empresarios y cámaras del sector, lo que nos permite pagar en yuanes las importaciones con ese país y reemplazar 1040 millones de dólares en abril y 790 millones a partir de mayo”, sostuvo Massa entonces. En estas horas, intentará otra jugada política y económica para posicionarse como un presidenciable que, además, trae soluciones a la escasez de reservas.
Delegación
En la delegación que acompaña al ministro también viajan el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; su par de energía, Flavia Royon, y el presidente de Enarsa, Agustín Gerez, junto al diputado oficialista Eduardo Valdés.
En la nómina se destacan también los nombres de los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia de la Sota, del interbloque Federal de la Cámara baja. La diputada es hija del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota, que fue embajador en Brasil en los 90 y aliado de Massa en 2015.
La bancada está alineada detrás de la candidatura presidencial del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pero ambos legisladores votaron la semana pasada en contra de la modificación de la ley de alquileres, tomando distancia del resto de los miembros del bloque, que se sumaron al conglomerado opositor que terminó venciendo la resistencia del kirchnerismo a cambiar la normativa vigente.
Entre los objetivos con los que viaja Massa también figuran algunos anuncios, como la apertura de nuevos mercados agrícolas con Brasil y la prórroga de la concesión de mantenimiento y administración del puente internacional Santo Tomé-Sao Borja.
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La oposición teme que Cristina use la ley de alquileres como un señuelo
El oficialismo aceptó discutir el proyecto aprobado por Diputados, pero mantiene su intención de nombrar a jueces polémicos
Gustavo Ybarra
Juntos por el cambio y otros bloques opositores lograron darle media sanción en Diputados
Con los pliegos judiciales de la camarista Ana María Figueroa y otros 70 jueces, fiscales y defensores oficiales que la oposición sostiene que forman parte de un intento de colonizar la Justicia por el kirchnerismo como telón de fondo, el Senado comenzará a discutir mañana la modificación de la ley de alquileres que aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados.
El tratamiento del tema fue reclamado por Juntos por el Cambio apenas unas horas después de que la iniciativa saliera aprobada de la Cámara baja. El viernes, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda para discutir el expediente girado por Diputados y una serie de iniciativas vinculadas con la ley de alquileres presentadas por senadores de diferentes bancadas.
Pero la oposición ahora sospecha que Cristina Kirchner habilitó el debate con el objetivo de usar una cuestión de alta sensibilidad social como ariete para quebrar la estrategia de la oposición, que desde hace varios meses viene retaceando el quorum para evitar que el kirchnerismo pueda aprobar los acuerdos judiciales.
No les falta razón. “Los acuerdos siempre se tratan al inicio de las sesiones, nosotros queremos que se discutan”, dijo a el jefe de la nacion la bancada oficialista, José Mayans (Formosa), quien ratificó así que el Frente de Todos sigue firme con su intención de darle un nuevo acuerdo a Figueroa para que pueda continuar por cinco años más en la Sala I de la Cámara de Casación Penal.
La magistrada tiene que definir en al menos dos expedientes sensibles para Cristina Kirchner: la causa Hotesur-Los Sauces, en la que la vicepresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, están acusados de maniobras de lavado de dinero proveniente de la corrupción, y la firma del memorándum con Irán.
Sin embargo, Figueroa quedó atrapada en un limbo jurídico el último 9 de agosto. Ese día cumplió 75 años, edad a la que la Constitución establece que los jueces deben jubilarse, sin que el kirchnerismo pudiera aprobarle un nuevo acuerdo que le extienda su magistratura por cinco años. Por esa razón, la jueza dejó la presidencia de la Cámara de Casación y anunció que se abstendría de firmar sentencias hasta que la Cámara resolviera su situación.
El kirchnerismo ya fracasó en dos oportunidades en darle un nuevo acuerdo a la jueza. El 12 de julio último se quedó sentado en el recinto sin quorum por la negativa de los peronistas díscolos del bloque Unidad Federal a bajar al recinto en represalia por el incumplimiento del oficialismo de ciertas exigencias políticas y legislativas que habían planteado como condición para sumarse a una sesión.
Dos semanas después, el Frente de Todos ni siquiera pudo convocar a sesión ante la imposibilidad de reunir el número suficiente para habilitar la sesión. A la ausencia de una legisladora propia, en esta segunda oportunidad tampoco se mostró dispuesto a participar el provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). El gobernador electo de la provincia patagónica pretendía ver el resultado de las primarias antes de decidir si apoyaba la movida oficialista.
La postura de Weretilneck no parece haber variado, razón por la cual es muy difícil que el kirchnerismo tenga el número para insistir en una sesión en la que los pliegos judiciales sean el tema central del debate.
Nueva estrategia
Por eso ahora el oficialismo decidió avanzar con el debate de la modificación de la ley de alquileres, aun cuando el propio Mayans reconoce que en su bancada coexisten diferentes posiciones en torno al proyecto aprobado por la Cámara baja.
Más aún, el líder del oficialismo en el Senado dijo que su bancada también pretende avanzar con la discusión del proyecto que busca encontrarles una salida a los deudores hipotecarios de créditos UVA.
En la oposición sospechan que el apuro oficialista por discutir esos temas esconde una maniobra de Cristina Kirchner para presionarlos a bajar al recinto a discutir un tema sensible y poder avanzar así con los pliegos judiciales que tanto le interesan a la vicepresidenta y al oficialismo.
Por lo pronto, el kirchnerismo ya realizó un movimiento para asegurarse el control del debate del tema alquileres. El proyecto aprobado por Diputados debió ser girado a la Comisión de Legislación General, en la que la oposición podría reunir mayoría para imponer su posición. Pero la vicepresidenta ordenó sumar a la de Presupuesto y Hacienda, en la que el Frente de Todos tiene la llave para emitir dictamen.
El dato no es menor si se tiene en cuenta que, a priori, la oposición está a tan solo un voto de tener la mayoría que le permitiría convertir en ley el proyecto aprobado por la Cámara baja. El kirchnerismo rechaza ese texto y apuesta a modificarlo y devolverlo en revisión a Diputados.
Con los pliegos judiciales de la camarista Ana María Figueroa y otros 70 jueces, fiscales y defensores oficiales que la oposición sostiene que forman parte de un intento de colonizar la Justicia por el kirchnerismo como telón de fondo, el Senado comenzará a discutir mañana la modificación de la ley de alquileres que aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados.
El tratamiento del tema fue reclamado por Juntos por el Cambio apenas unas horas después de que la iniciativa saliera aprobada de la Cámara baja. El viernes, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda para discutir el expediente girado por Diputados y una serie de iniciativas vinculadas con la ley de alquileres presentadas por senadores de diferentes bancadas.
Pero la oposición ahora sospecha que Cristina Kirchner habilitó el debate con el objetivo de usar una cuestión de alta sensibilidad social como ariete para quebrar la estrategia de la oposición, que desde hace varios meses viene retaceando el quorum para evitar que el kirchnerismo pueda aprobar los acuerdos judiciales.
No les falta razón. “Los acuerdos siempre se tratan al inicio de las sesiones, nosotros queremos que se discutan”, dijo a el jefe de la nacion la bancada oficialista, José Mayans (Formosa), quien ratificó así que el Frente de Todos sigue firme con su intención de darle un nuevo acuerdo a Figueroa para que pueda continuar por cinco años más en la Sala I de la Cámara de Casación Penal.
La magistrada tiene que definir en al menos dos expedientes sensibles para Cristina Kirchner: la causa Hotesur-Los Sauces, en la que la vicepresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, están acusados de maniobras de lavado de dinero proveniente de la corrupción, y la firma del memorándum con Irán.
Sin embargo, Figueroa quedó atrapada en un limbo jurídico el último 9 de agosto. Ese día cumplió 75 años, edad a la que la Constitución establece que los jueces deben jubilarse, sin que el kirchnerismo pudiera aprobarle un nuevo acuerdo que le extienda su magistratura por cinco años. Por esa razón, la jueza dejó la presidencia de la Cámara de Casación y anunció que se abstendría de firmar sentencias hasta que la Cámara resolviera su situación.
El kirchnerismo ya fracasó en dos oportunidades en darle un nuevo acuerdo a la jueza. El 12 de julio último se quedó sentado en el recinto sin quorum por la negativa de los peronistas díscolos del bloque Unidad Federal a bajar al recinto en represalia por el incumplimiento del oficialismo de ciertas exigencias políticas y legislativas que habían planteado como condición para sumarse a una sesión.
Dos semanas después, el Frente de Todos ni siquiera pudo convocar a sesión ante la imposibilidad de reunir el número suficiente para habilitar la sesión. A la ausencia de una legisladora propia, en esta segunda oportunidad tampoco se mostró dispuesto a participar el provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). El gobernador electo de la provincia patagónica pretendía ver el resultado de las primarias antes de decidir si apoyaba la movida oficialista.
La postura de Weretilneck no parece haber variado, razón por la cual es muy difícil que el kirchnerismo tenga el número para insistir en una sesión en la que los pliegos judiciales sean el tema central del debate.
Nueva estrategia
Por eso ahora el oficialismo decidió avanzar con el debate de la modificación de la ley de alquileres, aun cuando el propio Mayans reconoce que en su bancada coexisten diferentes posiciones en torno al proyecto aprobado por la Cámara baja.
Más aún, el líder del oficialismo en el Senado dijo que su bancada también pretende avanzar con la discusión del proyecto que busca encontrarles una salida a los deudores hipotecarios de créditos UVA.
En la oposición sospechan que el apuro oficialista por discutir esos temas esconde una maniobra de Cristina Kirchner para presionarlos a bajar al recinto a discutir un tema sensible y poder avanzar así con los pliegos judiciales que tanto le interesan a la vicepresidenta y al oficialismo.
Por lo pronto, el kirchnerismo ya realizó un movimiento para asegurarse el control del debate del tema alquileres. El proyecto aprobado por Diputados debió ser girado a la Comisión de Legislación General, en la que la oposición podría reunir mayoría para imponer su posición. Pero la vicepresidenta ordenó sumar a la de Presupuesto y Hacienda, en la que el Frente de Todos tiene la llave para emitir dictamen.
El dato no es menor si se tiene en cuenta que, a priori, la oposición está a tan solo un voto de tener la mayoría que le permitiría convertir en ley el proyecto aprobado por la Cámara baja. El kirchnerismo rechaza ese texto y apuesta a modificarlo y devolverlo en revisión a Diputados.
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