CLAVES AMERICANAS Y Los fiscales y la corrupción

Un problema crónico que crece
Andrés Oppenheimer

No es ningún secreto que América Latina sufre una corrupción crónica desde hace mucho tiempo, pero un nuevo ranking de los países más corruptos del mundo muestra que el problema en la región está empeorando. El Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, un centro de estudios anticorrupción con sede en Berlín, Alemania, muestra que la corrupción está prosperando en todo el mundo, pero a un ritmo más acelerado en varios países latinoamericanos.
La Argentina, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala y Perú están entre los países que vieron empeorar sus niveles de percepción de corrupción el año pasado, dice el estudio. El ranking de Transparencia se basa en 13 fuentes, incluida una encuesta entre expertos y empresarios sobre los niveles de corrupción gubernamental de cada país. François Valérian, presidente de Transparencia, me dijo que uno de los problemas clave de América Latina es la falta de un Poder Judicial independiente en muchos países.
“Hemos logrado obtener leyes contra la corrupción e instituciones contra la corrupción, pero lo que falta es un sistema judicial que pueda sancionar la corrupción”, me dijo Valérian. “Necesitamos jueces independientes que tengan los recursos financieros y humanos para luchar contra la corrupción”, agregó. El ranking de 180 países ubica a Venezuela y Nicaragua entre los más corruptos del mundo. En el extremo opuesto del índice, Dinamarca y Finlandia figuran como los más honestos.
En una escala ascendente de 0 a 100, que va desde los países más corruptos hasta los más honestos, Venezuela ocupa el puesto 13 en el ranking, Nicaragua el 17, México el 31, Perú el 33, Brasil el 36, la Argentina el 37, Colombia el 40, Chile el 66, Estados Unidos el 69, Uruguay el 73, Finlandia el 87 y Dinamarca el 90. Valérian me dijo que aunque Estados Unidos sigue siendo un centro financiero que “facilita la corrupción transnacional”, el 22 de diciembre el presidente Joe Biden promulgó una importante nueva ley que ayudará a combatir los sobornos en todo el mundo.
La nueva ley, conocida como ley de prevención de la extorsión extranjera, persigue a los funcionarios de todos los países que exigen sobornos a empresas que se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Además, en enero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a implementar la ley de transparencia corporativa de 2021, que facilitará la identificación de los propietarios de corporaciones fantasma que se utilizan para ocultar fondos en Estados Unidos. “Será una potente herramienta anticorrupción”, me dijo Valérian.
Pero Valérian admite que será difícil avanzar en la lucha contra la corrupción si los países siguen eligiendo líderes autoritarios que debilitan las instituciones independientes. Cuando no hay controles sobre los gobiernos, aumenta la corrupción, explicó. Me temo que veremos más –no menos– corrupción en las Américas, porque hay una tendencia creciente hacia líderes populistas autoritarios.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador trata de debilitar las instituciones independientes que luchan contra la corrupción y por la transparencia de los procesos electorales. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se autodefine “el dictador más cool del mundo”, se declaró ganador por una avalancha de votos en las elecciones del 4 de febrero.
Bukele es muy popular no solo en El Salvador, sino también en toda América Latina, porque ha reducido drásticamente la violencia de las pandillas, y ha puesta a unos 75.000 presuntos pandilleros tras las rejas. El problema es que Bukele ha asumido poderes casi absolutos, lo que está eliminando los controles a su gobierno y facilitando que El Salvador se convierta en un terreno fértil para la corrupción.
El autoritarismo está ganando terreno en todas partes. Los presidentes populistas autoritarios están ganando elecciones en la India, Turquía, Hungría y, si Donald Trump gana en las elecciones de noviembre en EE.UU., podríamos ver lo mismo allí. Sin embargo, para reducir la corrupción, los países no necesitan hombres fuertes, sino instituciones fuertes. No es casual que los países más honestos en el ranking de Transparencia Internacional sean todos democráticos y que los más corruptos sean todos dictaduras. Cuanto menos controles tienen los gobiernos, más corruptos tienden a ser.

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Los fiscales y la corrupción
Antonio Gustavo Gómez Fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero
El anuncio del Poder Ejecutivo Nacional a través del vocero presidencial de que ordenó impulsar la creación de una fiscalía anticorrupción, sumado al encuentro del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con el procurador general sustituto de la Nación, Eduardo Casal, levantó una ola de protesta, como el comunicado que emitieron los procuradores generales de provincia de todo el país que se agrupan en el Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores.
Parece que lo central de la noticia estáenquenoseteníaacienciacierta un conocimiento preciso de la cantidad de organismos de investigación específica. No cansaré al lector con una enumeración de la cantidad de unidades o fiscalías federales, pero basta señalar el rol que hasta hoy desempeñó la Secretaría para la Investigación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos, o la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, creada hace más de sesenta años.
Hay que decir también que el enojo se debe a una falta de estadísticas en la materia. ¿Acaso alguien sabe cuántas causas se inician en el país y cuántas llegan a sentencia de condena? La primera acción que puede impulsar Cúneo Libarona desde su ministerio es que alguna de las oficinas a su disposición aglutine la información que seguramente se aportará desde las provincias. No hay diagnóstico posible en el marco de ninguna decisión de política criminal si no se cuenta con una estadística confiable.
Pero parece atinado aprovechar este reclamo del presidente Milei para plantear algunas propuestas proactivas que irán en la dirección de la intención presidencial. La primera y más urgente es extender el sistema acusatorio a todo el Sistema de Administración de Justicia Penal Federal. Esta decisión terminará con el código actual, que creó compartimientos estancos. Un fiscal de cámara no se entera del caso que le llega en apelación hasta que el sistema Lex 100 o Coirón no lo habilita desde la primera instancia. Es ridículo suponer que un fiscal general pueda leer 20.000 hojas en tres o cinco días por el solo hecho de que el sistema informático no se lo permite hacer antes, todo en el marco de la unidad que tiene el Ministerio Público Fiscal.
Hay dos propuestas que requieren de una ley: la del querellante y la ley de competencia federal para los casos de corrupción. La primera es simple. Hay que habilitar a todos: los que ejercen la primera magistratura en cualquier nivel, sea por modo directo o por poder delegado, y por qué no los legisladores nacionales provinciales y municipales. Que puedan intervenir como querellantes en las causas que denuncien este tipo de hechos. No solo deberían hacerlo por la representación ciudadana con la cual fueron investidos por sus electores, sino además porque les permitirá no quedarse en la mera denuncia y apelar o interponer todo tipo de recursos hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Claro que lo anterior exige un complemento como se utilizó en el pasado con la ley de narcotráfico. Debe establecerse por una norma federal especial –que no solo tipiIdeas fique el tipo penal, sino también la norma procesal específica para investigar estos delitos– que todos los delitos que impliquen la afectación de fondos remitidos por la Nación en cualquier concepto desde su inicio –y casi diría desde la impresión del billete– y hasta la última rendición de cuentas del último municipio o comuna rural sean de competencia federal. Aun cuando son bienes jurídicos diferentes, la globalización y la circulación de los fondos en tal sentido tienen el mismo fundamento que el negocio de las drogas.
Cuando el Presidente estuvo hace un tiempo en Tucumán invitado por el think tank Federalismo y Libertad tuve la oportunidad de proponerle extender la precisión de sus conceptos económicos apoyados en la estadística a otros ámbitos. En el Sistema de Administración de Justicia Penal resulta fundamental para cualquier propuesta política.

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