EDITORIAL Y España: amnistía rechazada

Corrupción: de mal en peor
El nuevo descenso del país en un ranking sobre transparencia debe ser revertido sin obstaculizar a la Justicia, con controles y rendiciones de cuentas
Con una calificación de 37 puntos sobre 100 posibles, la Argentina quedó ubicada en el puesto 98 entre 180 países, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora Transparencia Internacional, lo que representa un descenso de cuatro puestos en comparación con el relevamiento realizado el año anterior. Se trata del cuarto año consecutivo en el que el país sufre una merma en su calidad institucional en esta tan delicada materia.
El IPC clasifica a esas naciones según las percepciones con respecto al nivel de corrupción en el sector público, empleando una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción). Así, la Argentina sigue estancada y sin grandes cambios en el compromiso del país con este problema estructural.
Dinamarca, con 90 puntos, encabeza el índice por sexto año consecutivo, seguida de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda, con puntuaciones de 87 y 85, respectivamente, países que también se encuentran entre los primeros puestos en el Índice de Estado de Derecho debido al buen funcionamiento de sus sistemas de justicia.
Ocupan las últimas posiciones en el índice Somalia, con 11 puntos; Venezuela (13); Siria (13); Sudán del Sur (13), y Yemen (16), países que se ven afectados por prolongadas crisis, en su mayoría conflictos armados.
El informe destaca que solo dos países, Guyana (40) y la República Dominicana (35), han mejorado sus puntajes del IPC durante la última década, mientras que los demás se han estancado o han retrocedido significativamente.
En tanto, Canadá (76) y Uruguay (73) están en la cima del ranking regional, con controles y contrapesos más robustos de la Justicia sobre los gobiernos. Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) tienen los puntajes más bajos de la región, con impunidad generalizada y falta de independencia del Poder Judicial.
Dentro de esta encuesta, nuestro país –que compartió tristemente posición con Etiopía, Zambia, Gambia, Albania y Bielorrusia– aparece muy atrás de Uruguay, que se ubicó en el puesto 16; de Chile, que con 66 puntos quedó en el lugar 29 del ranking, e incluso de Colombia (40 puntos, puesto 87). En cambio, quedó apenas por encima de Brasil, que, con 36 puntos, se ubicó en el puesto 104 del ranking; de Bolivia (29 puntos, puesto 133), y de Paraguay (28 puntos, puesto 136).
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, señaló: “La Argentina se encuentra estancada desde hace mucho en la lucha contra la corrupción. No se han realizado esfuerzos significativos en esta materia. Los vaivenes de las intervenciones de los organismos de control de la corrupción y la injerencia de la política en el Poder Judicial hacen que la lucha contra la corrupción avance muy lentamente en nuestro país”.

El período presidencial de Alberto Fernández constituyó el de mayor caída en el Indicador de Percepción de la Corrupción, con un desplome de 8 puntos en sus cuatro años, al pasar de 45 a 37, según destacó el director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, Marcelo Bermolén. Cabe recordar que durante los gobiernos de Fernández y de Cristina Kirchner la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron retiradas como querellantes de las causas por corrupción contra el kirchnerismo, se intentó remover al procurador general de la Nación y se inició un vergonzoso trámite de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. En la lista tampoco pueden faltar el vacunatorio vip y la fiesta de cumpleaños en Olivos en tiempos de estricto aislamiento por la pandemia.

Según Bermolén, “la responsabilidad (por la mala nota) no es exclusiva del Poder Ejecutivo, que, por ejemplo, en el caso de Alberto evitó enviar al Congreso el proyecto de ley de integridad pública elaborado por la OA. Tampoco el Parlamento tuvo vocación de discutir, pese a existir múltiples iniciativas sobre el tema, la sanción de una nueva ley de ética pública que reemplazara a la vetusta e incompleta vigente por más de dos décadas”.
Respecto del Poder Judicial, el director del Observatorio agregó: “No ha avanzado de modo satisfactorio con condenas ejemplares a exfuncionarios que disuadan las tentaciones de avanzar en comportamientos corruptos”.
Secchi tuvo también una mirada crítica hacia las primeras medidas de la nueva gestión a cargo de Javier Milei. “Carecen casi en su totalidad de un abordaje integral y sistemático en materia de integridad y lucha contra la corrupción, un tema que, sin embargo, está entre las prioridades de la ciudadanía”, expresó.
Es de esperar que la percepción general sobre corrupción en nuestro país sea sustituida por la práctica y cultura de la legalidad. Para ello, es indispensable contar con una Justicia independiente, competente y eficaz, que disponga de herramientas idóneas para la investigación, sin presiones de los otros poderes.
No se trata de perseguir a opositores, sino de determinar, con independencia de cualquier ideología, la verdadera responsabilidad de quienes hayan cometido actos de corrupción. En la medida en que se prevenga, se investigue y se sancione, el actual nivel de impunidad disminuirá. Como sociedad, no podemos acostumbrarnos a tratar con laxitud situaciones que, en muchos casos, ya se han vuelto cotidianas. Que la Justicia aplique el castigo que corresponda a quienes delinquen reinstaurará también el valor de la ejemplaridad, generando la tan requerida confianza, factor principalísimo para que las inversiones vuelvan a nuestro país.

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España: amnistía rechazada
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sufrió un duro revés en el Congreso con el rechazo de la ley de amnistía para los independentistas catalanes, un golpe que evidenció la fragilidad de sus apoyos a dos meses de haber sido reelegido. Votaron en contra el partido Junts per Catalunya, del líder independentista Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica y declarado prófugo por la Justicia española, que consideró que la medida no blindaba a los separatistas ante todos los delitos que se les podrían imputar. Incluir en la ley todo tipo de terrorismo y los delitos de alta traición no fue aceptado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Los siete votos del partido de Puigdemont eran indispensables para alcanzar la mayoría de 176 avales. Los “sí” fueron 171 y los “no”, 179.
Junts exigía a los socialistas que votaran a favor de enmiendas destinadas a contrarrestar las decisiones recientes de dos jueces que pidieron la instrucción de dos casos que podrían salpicar a Puigdemont, uno por presunto terrorismo y otro por supuestamente mantener contactos con Rusia para conseguir apoyo a la independencia de Cataluña, hechos que podrían impedir que la amnistía incluya al líder separatista.
Sánchez está convencido de que la ley de amnistía rechazada por el pleno del Congreso ofrece todas las garantías para conseguir el objeFernández, tivo que se propone y, por ello, no prevé cambios que cree que sí podrían ponerla en riesgo y centrará sus esfuerzos en convencer a Junts para que la apoye. De todas maneras, aunque la ley de amnistía fuese aprobada, será apenas el primer obstáculo superado. El Partido Popular (PP) prometió hacer todo lo posible para ralentizar el paso del proyecto por el Senado, donde dispone de mayoría absoluta.
La fragilidad parlamentaria del PSOE constituye un severo desafío para los intereses españoles. Para garantizarse su supervivencia política, Sánchez se muestra proclive a conceder a Puigdemont, un prófugo de la Justicia española, todo lo que este le pida.

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