EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA Y EMPRESAS DEL ESTADO

Fuerte apoyo de las empresas más importantes del país al avance de la ley ómnibus en el Congreso
AEA respaldó la aprobación en general de la Ley de Bases que impulsó Javier Milei; consideraron que despeja incertidumbre y genera condiciones para el sector privado
Francisco Jueguen
Asociación Empresaria Argentina
Los empresarios dieron hoy un fuerte apoyo a la aprobación en general de La Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos impulsada por el gobierno de Javier Milei -la llamada ley ómnibus- en la Cámara de Diputados. Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) -que nuclea a las compañías más importantes del país- afirmaron que es “un paso muy importante” que despeja “incertidumbre” y estimaron que se trata de un factor “crucial” para el desempeño del sector privado.
“La aprobación en general por parte de la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, representa un paso muy importante”, comenzó el comunicado de AEA, que preside Jaime Campos.
“Esta decisión adoptada en el marco de las instituciones que integran nuestra Constitución Nacional contribuye a despejar la incertidumbre ya que, como lo hemos afirmado reiteradamente, es el sistema representativo republicano y federal de gobierno el fundamento central de nuestra vida política y social y el factor crucial para el desempeño del sector privado”, cerraron en la escueta misiva.
No es el primer apoyo de AEA a Milei. “El inicio del nuevo gobierno genera la esperanza de que nuestro país pueda revertir un largo período caracterizado por el estancamiento económico, altísimas tasas de inflación y un muy significativo aumento de la pobreza”, indicó otro comunicado de AEA luego de conocido el megadecreto de Milei a fines de diciembre pasado.
“Acertadamente, el gobierno del presidente Javier Milei ha puesto foco en dos puntos centrales que explican ese muy mal desempeño: el tamaño excesivo del Estado en relación con el PBI y las consecuencias muy negativas que han tenido por largas décadas los déficits en las cuentas públicas”, dijeron entonces.
“También valoramos, muy especialmente, que el Gobierno se disponga a tomar medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado, sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior, y a amenazas como la Ley de Abastecimiento”, sigue específicamente sobre el megadecreto.
“Desde AEA estamos convencidos de que la eliminación de dichas anomalías y la revalorización del sector privado que propugna el Gobierno, redundará en mayores inversiones productivas, en crecimiento del empleo y en un aumento de las exportaciones, todos ellos aspectos cruciales para volver a colocar a la Argentina en la senda del desarrollo económico y social sostenido”, señalaron entonces.
En esa asamblea de AEA de fin de año reeligieron a Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Sebastián Bagó y Alfredo Coto como vicepresidentes, y a Marcelo Argüelles y Martín Migoya como vocales. Se nominó también a Alberto Hojman como Tesorero. Participaron Campos, Luis A. Pagani, Rocca, Magnetto, Bagó, Coto, Carlos Miguens, Cristiano Rattazzi, Federico Braun, Luis Perez Companc, Alberto Grimoldi, Hojman, Eduardo Elsztain, Argüelles, Marcos Galperin, María Luisa Macchiavello, Migoya, Charlie Blaquier, Mariano Bosch, Claudia Álvarez Argüelles, Martín Brandi, Alejandro Butti, Martín Castelli, Sergio Kaufman, Pablo Roemmers, Gustavo Salinas, Miguel Urus y Amadeo Vázquez, según informó la entidad en un comunicado.
“El tratamiento legislativo ha demostrado plenamente la independencia y complementación de los poderes constitucionales para la gobernanza, mas allá de los diferentes enfoques y puntos de vista. Son también testimonio la necesidad de concretar acuerdos y soluciones para ser efectivos y conducentes en términos de efectividades republicanas”, dijo Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Agregó que es importante que los poderes del Estado sean los que decidan y no los grupos de presión. “Eso no es democracia ni República”, dijo el presidente de la entidad fabril.
Por su parte Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, indicó: “Este es el camino, ojalá la política y los políticos no nos vuelvan a defraudar. Celebramos que, en el marco de la Cámara de Diputados de la Nación, se haya aprobado el proyecto”. Tras ello sumó: “La Argentina sufre desde hace muchas décadas un proceso de decadencia que es insólito en un país con todos los recursos naturales y humanos de excelencia que poseemos, y que solo se puede explicar por las malas políticas implementadas por sucesivos gobiernos. Es necesario rescatar la cultura de la educación, el trabajo y el orden, respetando nuestra Constitución y las leyes”.
Por último Grinman aseguró: “Coincidimos con el objetivo de este Gobierno de eliminar los déficits de las cuentas públicas, producto de un estado elefantiásico, de gastar lo que no tenemos y de privilegiar a grupos de presión en desmedro del pueblo. Estamos convencidos de que son medidas fundamentales para recrear la confianza en los inversores internos y externos, actores imprescindibles para la creación de nuevas empresas y consecuentemente de puestos de trabajo y bienestar”.
El camino de la ley
La cámara baja aprobó en general por 144 votos contra 109 el proyecto de “ley de Bases”, tras tres días de intensas negociaciones y deliberaciones. Con incidentes impulsados por la izquierda en las calles, se decidió luego pasar a cuarto intermedio hasta el martes para el tratamiento de la iniciativa artículo por artículo, debido a que el oficialismo y los bloques “dialoguistas” deben superar disidencias sobre privatizaciones, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la coparticipación del Impuesto PAIS.
La iniciativa fue votada con el respaldo de 38 diputados de la Libertad Avanza, 32 de la UCR, 37 del PRO, 18 de Hacemos Coalición Federal, 9 de Innovación Federal, 1 de Creo; 1 de Avanza La Libertad, 2 de Producción y Trabajo, 2 de Buenos Libre, 3 de Independencia y 1 de Unión Mendocina. El dictamen de mayoría fue rechazado por 109 diputados, de los cuales 91 correspondieron a Unión por la Patria, 5 de la Izquierda, 4 de Hacemos Coalición Federal, 2 de la UCR y 1 de Por Santa Cruz.
Antes de la votación en general se eliminaron los artículos sobre el capítulo fiscal; el sistema de actualización de jubilaciones; financiamiento político; ley de pesca y temas de seguridad, con lo cual el dictamen se redujo a casi la mitad de los artículos. También se reformó el artículo sobre la declaración de emergencia, que quedó limitada a seis materias que son administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria, y energética, y sobre biocombustibles y los entes de la cultura.
La reacción del Gobierno
“La Oficina del Presidente celebra el voto positivo de los señores diputados que aprobaron en general la Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, consignó un comunicado ayer desde la Oficina del Presidente. En ese marco se agradeció especialmente “la colaboración de los señores diputados y jefes de sus respectivos bloques, Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo, quienes, a pesar de nuestras diferencias, han contribuido para que la ley avance”.
“La historia recordará con honor a todos aquellos que comprendieron el contexto histórico y eligieron terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa, en favor del pueblo, que ha sido empobrecido y hambreado durante años por la clase política”, estimó luego.
“Esperamos contar con la misma grandeza el día de la votación de la Ley en particular, para avanzar al Senado y comenzar a devolverle la dignidad al pueblo argentino. El único camino viable para nuestra Patria es el de la libertad, el trabajo y el orden”, cerró el comunicado.

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Radiografía de las empresas del Estado: el detalle de los números que Milei quiere privatizar
Se trata de un debate central en la ley ómnibus, que genera rechazo en la oposición; cuántos empleados tienen, sus ingresos y las transferencias del Tesoro
Esteban Lafuente
Aerolíneas Argentinas es una de las empresas que Javier Milei intentará privatizar.
Las empresas estatales hace meses están en la agenda y hoy aparecen en el centro del debate de la ley ómnibus que impulsa el Gobierno en el Congreso. Es que esa iniciativa incluyó entre sus artículos la facultad de que el Ejecutivo pudiera privatizar decenas de estas firmas sin requerir autorización o aval particular del Parlamento, con el objetivo de reducir las transferencias y recortar el déficit fiscal.
Javier Milei hizo campaña empuñando una motosierra.
Dentro del conjunto de empresas estatales –el Gobierno propuso inicialmente unas 41 firmas, entre las que incluía a YPF o Arsat, y luego en la discusión en Diputados varias fueron quedando en el camino-, existen diferencias en cuanto al rubro, la gestión y el modelo de negocios. Con diferentes dependencias o autoridades, hay firmas que van desde la energía (YPF, Nucleoeléctrica, Enarsa) hasta el transporte (Aerolíneas Argentinas, EANA, Ferrocarriles Argentinos, Belgrano Cargas), la logística (Correo Argentino, Intercargo), la comunicación (Télam, Radio y Televisión Argentina, Educ.AR y Contenidos Públicos) o la impresión de billetes y patentes (Casa de Moneda). Tienen números heterogéneos en cuanto a su dotación de empleados y también con relación a sus balances financieros.
Los últimos datos oficiales muestran que las empresas públicas representaron un déficit de $1,13 billones en los primeros nueve meses de 2023. Así lo reflejan las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, al analizar el conjunto de firmas estatales, en un listado que excluye a las compañías del sector financiero (fundamentalmente el Banco Nación y el BICE) e YPF, que, en rigor, es una sociedad anónima donde el Estado cuenta con el 51% de su paquete accionario.
Dentro de este conjunto, Enarsa es un caso especial. Con una pequeña nómina de empleados (329), representa el 36,8% del gasto público en empresas estatales. Con transferencias de $597.000 millones solo en los primeros nueve meses del año, se dedicó en 2023 a dos cuestiones clave: la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la importación de energía.

Aerolíneas Argentinas
Representó en los primeros nueve meses del año el 18,9% del total de gastos del sector público nacional en empresas estatales, según la Secretaría de Hacienda. La firma, que al cierre de septiembre tenía 11.943 empleados, había recibido en los tres primeros trimestres de 2023 transferencias corrientes del Tesoro por $40.500 millones, que representaron el 7% de sus ingresos corrientes. Para cubrir su rojo, recibe transferencias del sector público desde 2008, año de su estatización.
Según los datos oficiales, la compañía tuvo en el período un rojo operativo de $21.878 millones. Sus números de ventas marcan que el segmento de vuelos de cabotaje representó un 53% de sus ingresos, seguido de su operación regional (14,4%).
Los vuelos de cabotaje son la principal fuente de ingresos de Aerolíneas Argentinas.

El año pasado, la empresa recurrió a una maniobra contable para el cierre de sus balances. Su entonces presidente, Luis Ceriani, anunció un resultado positivo de US$23 millones, aunque al mismo tiempo se financió mediante el FF Global ARSA I, un instrumento financiero que emitió deuda por US$100 millones. Un 50% fue suscripto por el FGS de la Anses, que ahora deberá recuperar esos fondos en un plazo de 36 meses.
Según consta en el Presupuesto 2024 enviado al Congreso durante la gestión anterior -nunca se aprobó, y el Gobierno actual prorrogó discrecionalmente el de 2023-, se habían proyectado transferencias del Tesoro para la empresa por $71.500 millones.
Aysa
La firma encargada de brindar los servicios de agua potable y cloacas en Buenos Aires y 26 partidos del Conurbano representó el 11,9% del gasto en el rubro en los primeros nueve meses del año. Con 7693 empleados, acumuló un rojo de $109.343,6 millones en los primeros nueve meses del año, aun con el fuerte ajuste tarifario y el incremento en las facturas que recibieron sus usuarios.
Según los balances de la empresa, registró en el período ingresos por $138.246,3 millones, con un 59,5% ($82.212,5 millones) proveniente de su operación y el 40,5% restante ($55.591,7 millones) de transferencias corrientes. A su vez, tuvo gastos corrientes por $247.590 millones, de los cuales el 27,9% correspondió a remuneraciones de sus empleados, que son titulares del 10% del capital accionario de la empresa a través de un programa de participación accionaria. El 90% corresponde al Estado Nacional.
Aysa provee el servicio de agua potable y cloacas en Capital y 26 partidos del Conurbano.
La empresa que opera en un universo de 11,2 millones de usuarios, también avanzó con su programa de obras públicas. Según consta en su balance, tuvo gastos de capital por inversiones en su área de operación por $191.718,7 millones. En el fallido presupuesto de 2024, la gestión anterior había estimado un rojo operativo de $49.070 millones en el año, con transferencias corrientes del Tesoro por $139.000 millones.
Correo Argentino
Es la firma pública que presta oficialmente el servicio postal en el país. Solo en nueve meses, representó el 4,4% del gasto del Tesoro en empresas estatales, y tuvo ventas por $114.593 millones. De ese total, los rubros postal y paquetería representan el 56%.
El servicio postal y la paquetería representan el 56% de los ingresos de Correo Argentino.
Los gastos corrientes de la empresa, creada formalmente en 2004 por un decreto del entonces presidente Néstor Kirchner, sumaron $158.342,4 millones entre enero y septiembre de 2023. De todo ese gasto, un 57,8% correspondió a remuneraciones (salarios y otros rubros) para sus 16.989 empleados en todo el país. Para 2024 se habían presupuestado transferencias del Tesoro por $100.000 millones y un resultado operativo esperado de $18.313 millones.
Trenes
La operación del sistema ferroviario en el país tiene diferentes actores y empresas a cargo de distintas áreas. La prestación del servicio de pasajeros (metropolitano y de larga distancia) está a cargo de Operadora Ferroviaria S.E., cuyo nombre informal es Trenes Argentinos Operaciones, y que representó el 7% del gasto del sector público en empresas estatales.
En 2023 empeoró su déficit, con un rojo de $2179,5 millones, y gastos de capital por $26.343,4 millones, destinados a obras de infraestructura. Recibió transferencias corrientes por $224.836,7 millones en los primeros nueve meses del año, y solo en remuneraciones tuvo gastos por $153.557 millones (es el 65,8% de sus egresos). Ahí aparece uno de sus puntos más cuestionados: la empresa declara formalmente a 23.823 empleados.
Trenes Argentinos opera el transporte de pasajeros en el país.Ministerio de Transporte

La administración de la infraestructura ferroviaria, la confección de obras y la construcción de esos trabajos, en tanto, está a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura (el nombre formal de la firma es ADIF). Entre enero y septiembre de 2023, invirtió $50.322 millones en obras civiles, señalamiento y vías.
En tanto, Belgrano Cargas y Logística (Trenes Argentinos Cargas) se encarga de la prestación comercial del transporte ferroviario de cargas en el país. Está integrada por ADIF, OFSE y la Administración General de Puertos. Solo en nueve meses de 2023, esta firma que tiene 4611 empleados tuvo ingresos por $23.488,9 millones en fletes, aunque tuvo pérdidas por $3414,8 millones en el período.
Medios y contenidos públicos
Existe un conglomerado de empresas públicas destinadas a la comunicación, las noticias y los contenidos audiovisuales. Radio y Televisión Argentina es la firma encargada de la TV Pública, Radio Nacional y el servicio Radiodifusión Argentina al Exterior. De acuerdo con los datos oficiales, tiene 2383 empleados y recibió transferencias por $20.842,4 millones en los primeros nueve meses del año. Para 2024, el fallido presupuesto había asignado $39.400 millones en transferencias.
La sede de la TV Pública, sobre la avenida Figueroa Alcorta.

Télam S.E. es la agencia de noticias estatal, y presta servicios de contenidos gráficos y audiovisuales. En septiembre, informó 759 empleados. Entre enero y septiembre de 2023, según consta en los registros oficiales, recibió transferencias por $3948 millones, que representaron un 21% de sus ingresos corrientes. La agencia tuvo también ingresos operativos por $15.077 millones en el período. Para 2024, se proyectaban transferencias por $12.445 millones.

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