HECHÓ A 2 FUNCIONARIOS Y DEMANDA POR LOS SUBSIDIOS

El Presidente echó a dos funcionarios claves por la pelea con los gobernadores
Les pidió la renuncia a Osvaldo Giordano, titular de la Anses, y a la secretaria de Minería, Flavia Royon; es una derivación del fracaso de la ley ómnibus en Diputados
Osvaldo Giordano dejó la Anses; respondía al cordobés Juan Schiaretti

El presidente Javier Milei ordenó anoche desde Roma, donde espera la reunión de pasado mañana con el papa Francisco, el despido de dos funcionarios claves de su gobierno como derivación del cimbronazo político que provocó el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso. Les exigió la renuncia al titular de la Anses, Osvaldo Giordano, y a la secretaria de Minería, Flavia Royon.
Giordano es un técnico de reconocida solvencia en el área previsional que había llegado a la Anses por sus antecedentes al frente del organismo previsional de Córdoba. Royon había sido secretaria de Energía en el gobierno de Alberto Fernández, y su desempeño había sido elogiado por el sector privado. Sin embargo, en la decisión presidencial incidió que Giordano es un hombre del exgobernador cordobés Juan Schiaretti y Royon responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. La esposa de Giordano es la diputada nacional Alejandra Torres, que votó en contra de varios incisos de la ley ómnibus.
Después de haber señalado como “traidores” a gobernadores que objetaron aspectos del proyecto, Milei avanzó con estos cambios.
El presidente Javier Milei echó anoche al titular de la Anses, Osvaldo Giordano, y a la secretaria de Minería, Flavia Royon, según informó oficialmente el Gobierno a través de un comunicado oficial divulgado por redes sociales. Ambos funcionarios están vinculados a gobernadores provinciales a los que Milei les reprocha parte de la responsabilidad por la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, una iniciativa que para el Presidente es fundamental para su gestión.
En la comunicación de la Oficina del Presidente, que se hizo mientras Milei se instalaba en Roma para la segunda parte de su gira por el exterior, se aclaró que los respectivos sucesores de Giordano y Royon “serán anunciados en los próximos días”. El Presidente ya había dejado trascender que esperaba que los propios funcionarios presentaran la renuncia, pero finalmente decidió echarlos. Sus reemplazos podrían resolverse la semana próxima, cuando Milei regrese al país tras su encuentro con el papa Francisco en el Vaticano Incluso, se baraja la posibilidad que la Anses quede en manos de alguien que se referencie con Pro.
Desde el martes pasado, cuando se dieron los votos en el recinto, puertas adentro del Gobierno consideraban que ambos funcionarios debían dar un paso al costado ante el revés legislativo. Fuentes oficiales apuntaban especialmente a Giordano y creían que iba a renunciar en lo inmediato. “Su mujer votó en contra. Su grupo político votó en contra”, argumentaron desde la Casa Rosada por el voto de la diputada Alejandra Torres, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, el bastión que lidera Miguel Ángel Pichetto.
En el final de esta semana y sin novedades sobre las posibles dimisiones, Milei ordenó las salidas desde Roma, donde se encuentra para su audiencia con el papa Francisco.
“Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello”, sostuvo Giordano en su texto de renuncia: “Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba. Le deseo una gran gestión al presidente Javier Milei”, agregó el dirigente cordobés, que se identifica con el liderazgo del exgobernador Juan Schiaretti.
Antes de ser eyectado del Gobierno, Giordano había sido apuntado por Milei porque su esposa, la diputada Torres, votó en contra de un artículo de la ley ómnibus en la sesión del martes pasado. Giordano, un técnico ponderado por su gestión en la provincia de Córdoba, había llegado al Gobierno de la mano del ministro del Interior, Guillermo Francos, en diálogo con el gobernador Martín Llaryora y su antecesor Schiaretti.
Royon, que conservó un lugar en la administración pública tras su paso como secretaria de Energía de Alberto Fernández, señaló a la nacion: “Ya había ofrecido mi renuncia al ministro. No me voy a hacer cargo de diputados de Salta, pero si el presidente lo entiende así, yo no estoy aferrada a un cargo”. La funcionaria está vinculada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, mientras que Giordano fue ministro de Juan Schiaretti en Córdoba antes de desembarcar en la Anses.
A su vez, Royon es una especialista cercana al gobernador de Salta Sáenz y es destacada por su experiencia en el sector privado. La funcionaria había ocupado la secretaría de Energía durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía.
“La crisis heredada y el momento histórico actual requieren de funcionarios comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado”, justificó la Presidencia tras el despido de Giordano y Royon.
En la misma línea, sostuvo que “quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”.
Las salidas de ambos funcionarios dejan lugares centrales en el entramado político del Poder Ejecutivo. Mientras que desde el Gobierno se remitieron a que los nombres de quienes sucederán a Giordano y Royon se conocerán en los próximos días, crecían anoche las especulaciones sobre el posible nombramiento de miembros de Pro, en línea con el acercamiento con las filas libertarias, algo de lo que en principio desde allí solo ubicaban a nivel legislativo.
Además de Royon y Giordano, también dejarían sus cargos el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y Daniel Tillard, uno de los directores del Banco Nación. Mogetta y Tillard también responden al PJ cordobés, de Schiaretti.
Los antecedentes
Giordano comenzó como investigador en el instituto Ieral, de la Fundación Mediterránea. Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía, fue subsecretario de Empleo. Entre 1992 y 2014 fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajó en temas de políticas públicas en varios países latinoamericanos. Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba, le ofreció la presidencia del Banco Córdoba, la entidad financiera provincial. Giordano fue uno de los fundadores de la consultora Idesa. Durante las negociaciones del pacto fiscal, en el gobierno de Mauricio Macri, Giordano fue una de las voces más escuchadas, incluso por sus pares. Era un negociador que estaba en la primera línea. En la actual gestión mantiene conversaciones con los equipos técnicos y es muy crítico de los “incumplimientos” de la Nación, por ejemplo, en lo que hace a las transferencias de la Anses a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.
Royon fue funcionaria del área de minería en Salta y antes tuvo una larga trayectoria en el sector privado. Desde la provincia norteña pasó a la secretaría de Energía nacional por un acuerdo del gobernador Sáenz con el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Su continuidad en el gobierno en el comienzo de la administración de Milei fue motivo de especulaciones políticas, pero finalmente anoche el presidente decidió su salida.
Desde Roma, además, Milei les envió un duro mensaje a los diputados nacionales que no acompañaron la ley ómnibus (ver parte). En un extenso posteo en su cuenta de la red social X titulado “Cambio de Reglas”, Milei criticó a los diputados que votaron en contra de algunos artículos de la ley que volvió a comisión y consideró que lo que se vio en el Congreso fue “un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios”.
“Dijimos que nosotros íbamos a enviar nuestros proyectos al Congreso y los políticos iban a tener que decidir de qué lado de la Historia querían estar, si querían ser parte del cambio o querían seguir manteniendo sus privilegios” y “también dijimos que si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedaran expuestos”, subrayó.
Y agregó que “eso es lo que vamos a hacer”.
“No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y ‘persuaden’ políticos para defender sus intereses”, remarcó el Presidente, que de esta manera le dedicó un nuevo mensaje a los legisladores.
Ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había relativizado el impacto en el Gobierno de la caída de la ley ómnibus y dijo que no afectaba a la gestión. Un mensaje similar intentaron transmitir el titular de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Guillermo Francos
Milei no solo pidió las renuncias, sino que también les envió un mensaje a diputados
Los funcionarios desplazados eran de perfil más técnico que político
Podrían irse también el secretario de Transporte y un director del Nación

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Amenazan los intendentes con demandar al Gobierno por los subsidios
Evalúan ir a la Justicia porque el fondo para el transporte del interior fue creado por ley y está presupuestado; sería un planteo colectivo y se hará cuando se oficialice el recorte

Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Los intendentes de las principales ciudades del país -que el jueves pasado emitieron un duro comunicado por el anuncio de la eliminación del Fondo Compensador para el transporte del interior- esperan la publicación oficial de la decisión para hacer una presentación en la Justicia. Hasta el momento no se ha publicado el decreto que se requiere para terminar con una institución creada por ley y cuyos recursos, además, están presupuestados, advierten los intendentes.
Al prorrogar el presupuesto 2023, la gestión de Javier Milei mantiene los montos asignados que, si se actualizaran en función de la inflación proyectada en esa norma, serían unos $140.000 millones este año. El decreto no puede ser retroactivo, por lo que la Nación debe pagar enero -que no lo hizo- y febrero (que a esta altura ya suele ser mes cancelado).
Pablo Javkin, intendente de Rosario, contó que tuvo una “buena conversación” con el ministro de interior, Guillermo Francos, y adelantó que los intendentes viajarán a Buenos Aires “a plantear el sentido común, la razonabilidad tiene que imperar”. Y afirmó: “Dicen que es una represalia contra las provincias pero no es contra los que gobernamos, es contra los ciudadanos del interior”.
“Esta medida no es contra los intendentes -sostuvieron los jefes comunales en un comunicado-, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades. Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país”. Venían, hace semanas, conversando con Transporte un posible aumento de los recursos del Fondo.
A diferencia de otros giros de la Nación a las provincias, los del transporte tienen trazabilidad: se entregan a las empresas contra CUIT y las unidades tienen GPS para auditar los recorridos.
“No hay argumentos para sostener que van a una caja negra. Van a las empresas y favorecen a los ciudadanos”, dijo a Gabriel Bermúdez, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Córdoba.
Añadió que el acuerdo para la instrumentación de la SUBE en la ciudad se firmó en setiembre pasado. “Si estuvieran mil máquinas y los plásticos, se puede avanzar pero no hay nada de eso. Entonces la transición hay que resolverla”, dijo.
Los intendentes coinciden en que es posible el subsidio directo a los pasajeros y no a las empresas, pero subrayan que debe “ser estudiado en profundidad para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir dicho subsidio”. Y advirtieron que “hacerlo de manera improvisada, puede implicar dejar sin transporte público a millones de argentinos del interior”.
Javkin planteó que la Nación “debería aumentar el subsidio de la SUBE y por lo tanto, mantendría el aporte de manera indirecta” y dijo que “la medida no tiene lógica para cuidar recursos”.
El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, ahora director del Instituto Consenso Fiscal, observó que el anuncio de la Secretaría de Transporte de la Nación fue a través de un comunicado.
Advirtió que esa área del Gobierno pertenecía a Infraestructura [donde todavía sigue en el cargo Guillermo Ferraro, pese a que se anunció su salida el mes pasado] y que “no está aprobada ninguna fusión” de ese ministerio con el de Economía.
“De hecho, el presunto exministro Guillermo Ferraro, cuyo despido se anunció hace dos semanas, sigue siendo titular de su cartera. La desvinculación jamás se oficializó. Más aún, la Secretaría de Transporte aprobó hace tres días la Resolución Nº 5/2024, bajo dependencia del Ministerio de Infraestructura”. Según Rodríguez, en ese contexto, la eliminación del Fondo Compensador debe “formalizarse” desde Infraestructura.
En medio de la tensión, el Gobierno ratificó la decisión del recorte y dijo que si las provincias “no pueden sostener la tarifa, la tendrán que aumentar”.
Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien hizo la aclaración durante su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada. “Si alguna provincia considera que no puede abonar ese subsidio o sostener la tarifa, la tendrá que aumentar, como creo que algunos manifestaron que van a hacer. Otros manifestaron que van a mantener el subsidio. Es una decisión de cada gobernador. Es un tema ajeno a nosotros”, dijo el vocero del presidente Javier Milei. 
Desde la Casa Rosada dijeron que las subas del boleto dependen de cada gobernador

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