¿ UNITARIOS O FEDERALES ?

Alberto Fernández no fue Maradona

Daniel Bilotta


La impericia revelada por el Gobierno en la organización de los funerales de Maradona abre un interrogante entre los intendentes del peronismo bonaerense sobre el grado real de influencia que puede ejercer Alberto Fernández para que sorteen con éxito la inhibición legal de ser reelegidos más de una vez, como les prometió hace un mes en un acto realizado en Avellaneda. La intrusión en la Casa Rosada de barrabravas hizo pasar inadvertido un hecho al que le prestaron atención los jefes comunales. A pocas horas de ese inquietante incidente, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Alejo Ramos Padilla para que apruebe su traslado desde el Juzgado Federal de Dolores al N° 1 de La Plata con competencia electoral. Una confirmación del predominio de Cristina en las decisiones que atañen a la provincia de Buenos Aires, pero también en la tensión que mantiene con Fernández por la agenda legislativa del Gobierno.
Ramos Padilla elevó a juicio la investigación por supuesto espionaje en la que está acusado Stornelli, el fiscal federal de la causa de los cuadernos que involucra a la vicepresidenta. Aunque no se pronunció en público, se especula que Cristina no está a favor de un nuevo mandato de los intendentes
Ramos Padilla elevó a juicio la investigación por supuesto espionaje en la que está acusado Stornelli, el fiscal federal de la causa de los cuadernos que involucra a la vicepresidenta. Aunque no se pronunció en público, se especula que Cristina no está a favor de un nuevo mandato de los intendentes. Lo que vuelve más curiosa la supuesta discrepancia de Berni. Con sigilo, el ministro de Seguridad bonaerense está transmitiendo el mismo mensaje al que apeló el Presidente para intentar persuadirlos. Berni trabaja en reserva sobre otro proyecto. La lista que inscribirá para disputar la presidencia del PJ nacional en febrero. Una contrariedad para los gobernadores y sindicalistas que desean ubicar a Fernández en ese lugar. Para que sea así, precisan integrar a todos los sectores en una sola boleta que sea reconocida por la Junta Electoral como la nómina de nuevas autoridades si es que la competencia se declara desierta. Algo que no se podrá concretar si Berni presenta candidatura.
A pesar de la insistencia de su entorno, resulta difícil de aceptar que lo haga sin el aval de Cristina. Por ahora es un misterio saber si se trata de una estrategia para presionar por cargos en la lista o para convenir un candidato de consenso fuera de Fernández y de Berni. Más fácil de detectar es la conexión entre la crítica del ministro al Gobierno por la presunta aplicación del principio de "dejar hacer, dejar pasar" y "los funcionarios que no funcionan" de la carta que dio a conocer la vicepresidenta. A simple vista, Berni cuestionaría a Frederic, responsable del fallido operativo de seguridad en la ceremonia de despedida de Maradona. Pero en la sofisticada semiótica a la que apela el kirchnerismo para analizar el sentido de sus propios discursos esas palabras tendrían un significado más profundo. Igual que la carta de Cristina, tendrían por destinatario a Fernández y la aparente improvisación derivada de la acumulación de funciones que concentraría. "Alberto es el jefe del gabinete", aceptan cerca del Presidente.
Berni cargó contra "la fe ciega" del progresismo "en las sociedades autorreguladas" y "el piloto automático como filosofía de la resolución de los problemas". El mensaje llega en un momento delicado. La Cámpora intenta replicar en la provincia de Buenos Aires el mismo trámite que le permitió colocar a la senadora Fernández Sagasti y al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, como titulares del PJ en Mendoza y en Tierra del Fuego. El problema es que las autoridades del peronismo bonaerense tienen mandato hasta el año que viene. Tal vez la intención de presidirlo que se atribuye a Máximo Kirchner los persuada de adelantar esos plazos. Fernando Gray no sería un inconveniente. El intendente de Esteban Echeverría tiene relación directa con Cristina y resuelta su sucesión. Más complicado es el caso de Gustavo Menéndez.
La Cámara en lo Criminal y Correccional de Bahía Blanca debe resolver la apelación presentada por el intendente de Merlo, condenado a inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. Aún sin resolver, esa causa podría convertirse en un serio inconveniente para que Menéndez sea candidato a legislador si la reelección sigue vetada a los jefes comunales. No haría falta que la agite la oposición: hace dos semanas Berni se fotografió en Merlo con Othacehé, exintendente y enemigo íntimo de Menéndez. Situación similar a la de Mario Secco. Ya fue elevada a juicio la causa por coacción agravada contra el intendente de Ensenada por usurpar el recinto de la Legislatura bonaerense en diciembre del 2017. Ese clima de inestabilidad abre dudas sobre el éxito del amparo judicial para obtener un nuevo mandato que ya se habría presentado en los tribunales de General San Martín. Pero también abre una incógnita sobre el comportamiento de los intendentes de Pro que adhieren a ese planteo. ¿Lo mantendrían si tuviesen que dialogar con Máximo?
Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Héctor Gay (Bahía Blanca) y Ezequiel Galli (Olavarría) deberán enfrentar otra contradicción más relevante. La Coalición Cívica y los peronistas acaudillados por Joaquín de la Torre en Juntos por el Cambio defenderán la ley impulsada por Vidal para limitar las elecciones. Pero también lo hará la UCR, que el fin de semana reunió en Saladillo a 30 intendentes alineados con el diputado Maxi Abad para recibir a Facundo Manes. Macri analizó con legisladores de su fuerza la situación generada alrededor de esa norma y de una eventual suspensión de las PASO, sobre las que no se pronunció el kirchnerismo. Probablemente no lo haga. Resultaría ilógico suprimirlas transitoriamente sin incluir en ese proceso a la provincia de Buenos Aires. Para hacerlo debería llegar a un acuerdo con la oposición, que tiene mayoría en el Senado. Una alternativa que el oficialismo evitó todo este año.
Algunos de los legisladores bonaerenses expresaron su confianza en que la judicialización de la reelección podría convertirse en una reivindicación de la constitucionalidad de la ley que hizo sancionar Vidal. Toman como antecedente el caso de Zamora. En 2013, la Corte Suprema inhabilitó la reelección del gobernador, que había sido respaldada por la Justicia de Santiago del Estero. Una instancia a la que se llegaría en el supuesto de que la Corte bonaerense le diese aval a la presentación que los intendentes peronistas habrían formalizado a través de un concejal cuyo mandato vence en 2021. En apariencia, no estarían dadas las condiciones para que eso ocurra. La obsesión de Cristina por ejercer el control político de la provincia se encargaría de obturar esa posibilidad.
La confirmación del liderazgo de Cristina sería la peor noticia para quienes permanecen fieles al Presidente por oposición a su vice. Quienes se entusiasmaron con el inicio de un proceso de autonomía después del conflicto por la carta que ella le dirigió el 26 de octubre podrían comenzar a despertar del sueño que se intentó prolongar con el funeral del ídolo máximo del fútbol argentino. Alberto Fernández no fue Maradona.

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