LEELO CON CALMA. ...UNA DESCRIPCIÓN EXACTA DE LAS RUINDADES ARGENTINAS

Anatomía de la absurda guerra K contra la Ciudad y Rodríguez Larreta
En medio de la tormenta de la segunda ola, arrecia la ofensiva política contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la Ciudad.


Por Eduardo Van Der Kooy

La Argentina está en un momento extrañísimo y delicado de su vida política y democrática. Hace décadas que arrastra una crisis económica que ahondó la administración de Mauricio Macri. Alberto Fernández, pandemia de por medio, no la logra atenuar. Por el contrario, existe ahora un dantesco cuadro de pobreza.
El coronavirus y la falta de vacunas incorporaron al país a una crisis sanitaria. Como derivación de esta emergencia y la adopción de restricciones, el Gobierno detonó una crisis de la educación. El reflejo es la pelea con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Todas aquellas, estarían enmarcadas por otro par de crisis que la administración arrastra desde origen: la ausencia de una identidad política que incide sobre la eficacia del funcionamiento. Además, disloca el orden natural de un esquema presidencialista.
La descripción encierra una particularidad. El Gobierno no hace nada para cerrar o atenuar alguno de aquellos cinco frentes abiertos de manera simultánea. Muchas de sus acciones los potencian. ¿Hacía falta plantear ahora el desafío salvaje a Rodríguez Larreta? ¿Era necesario tomar a la educación y sus actores como rehenes? ¿Convenía exponerse a un acto de desobediencia extendida que se vislumbra?
El interrogante no apunta solamente a las protestas sociales en la Ciudad y la apertura mayoritaria de las escuelas (97%). Alberto es presidente y jefe del PJ. Apenas tres gobernadores peronistas salieron a respaldarlo. Uno de ellos, Omar Perotti, de Santa Fe, trazó un abismo entre las palabras y los hechos. Acaba de resolver limitaciones severas en la provincia debido al aumento de los contagios. Mantuvo, sin embargo, las clases presenciales.
Aquella desobediencia expone otras facetas. Cuatro de los gremios que pararon en la Ciudad se dedicaron a vigilar qué escuelas abrían y cuáles acataban la orden de Alberto. El Ministerio de Educación envió una intimación a los colegios privados para que no desobedecieran. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, reclamó a su par porteño que se extremen los controles. Como si en la provincia de Buenos Aires existieran.
Luana Volnovich, titular del PAMI, por ineptitud o mala intención, armó una maniobra para demostrar la ineficacia de la vacunación en la Ciudad. Entregó un listado con gente fallecida, ya inmunizada o domicilios equivocados. Filmó así vacunatorios casi vacíos. Unos 300 cooperativistas atacaron con palos la sede del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad. Nicolás Trotta, luego del porrazo, reapareció con un futuro plan de “asistencia a clase administrada”. No se explicó de qué se trataría.
A la desobediencia, que Alberto no pudo detener con su índice elevado y la admonición de que “a mí con la rebelión no”, se sumaron impericias del Gobierno frente a la judicialización del pleito por las clases. No sólo impericia. También, como sucede, raciones de impunidad. El gran articulador fue el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Su intervención para que las clases fueran suspendidas respondió a la necesidad del Estado de preservar la salud de los niños. Zannini, junto a su esposa, formó parte del escándalo del Vacunatorio VIP. Fue inmunizado en el Hospital Posadas como “personal de Salud”. No como abogado. ¿Qué autoridad moral puede tener para esgrimir un argumento en defensa de los alumnos?
Esa sería, en la Argentina kirchnerista, apenas una cuestión de forma. El fondo tendría que ver con una concepción política que atesora el procurador. Razón de un debate intenso en el poder. Allí los sectores duros interpretan que la autonomía de la Ciudad, consagrada en la Constitución de 1994, no sería asimilable al estatus jurídico de una provincia.
Por tal motivo, Zannini amagó con no enviar representantes oficiales a la audiencia llamada por la Corte Suprema por un tema que el año pasado significó un hito en la guerra del Gobierno contra Rodríguez Larreta y la oposición: la súbita quita de coparticipación a la Ciudad para arreglar un conflicto salarial de la Policía bonaerense que Axel Kicillof no alcanzaba a dominar. Hubo también, en este caso, una cuestión de fondo y otra de forma.
El Presidente hizo el anuncio de sorpresa en una rueda de prensa en Olivos a la cual invitó, provocativamente, a los principales alcaldes de Juntos por el Cambio en el Conurbano.
Finalmente Zannini accedió a enviar delegados. La audiencia duró menos de media hora. Se fijó otra cita para el 12 de mayo. Los límites al procurador surgieron de funcionarios que se identifican con Alberto. Una de las portavoces fue la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Su hermano, Aníbal, fue dos veces jefe de la Ciudad -el segundo mandato quedó trunco por la tragedia de Cromañón- elegido por el voto popular producto de la autonomía consagrada en la reforma de la Constitución.
Aunque suene a locura, una corriente kirchnerista empieza a discutir si no sería conveniente retroceder en la historia. Una ensoñación de momento. Sostiene que el jefe de la Ciudad debiera ser ungido, como antes, por el Presidente. Quizá la única manera que el peronismo pudiera conducir el distrito. Nunca ganó una elección para el cargo máximo. También un ardid político para limar ahora mismo a Rodríguez Larreta.
La Corte Suprema ha reconocido la autonomía y el derecho a litigar de la Ciudad en, al menos, tres fallos. Pero no lo hizo por unanimidad. En uno de ellos (Ciudad versus Córdoba), la jueza Elena Highton sostuvo que la Ciudad posee un carácter distinto al de las provincias. Por ende, carecería del derecho de acceder a la competencia originaria del máximo Tribunal. Arguyó, incluso, que los Constituyentes del 94 no concibieron a la Ciudad como una provincia ni a su autonomía con el mismo alcance que la de aquellas. Pese a esa disidencia, la Corte se declaró competente en el conflicto por la apertura de las escuelas.
La pelea contra Rodríguez Larreta y las transgresiones que siempre insinúa el kirchnerismo enmascaran improvisaciones en materia sanitaria para afrontar la pandemia. Esa realidad está reflejada en varios planos. Uno es el ritmo de la campaña de vacunación, al margen de las dificultades del país para abastecerse de vacunas. El registro oficial lo denuncia: se recibieron 8.932.600 dosis de distinto origen; hay aplicadas entre primeras y segunda dosis 6.807.411. La brecha es excesiva si se tiene en cuenta el apremio general, incluida la Ciudad, que provoca la segunda ola.
Más errores que aciertos​
La estrategia general serpentea. Hace días la ministro de Salud, Carla Vizzotti, anunció que con las nuevas remesas se podría inocular con la primera dosis a mayor cantidad de personas. Para generar algo de anticuerpos. Los especialistas advirtieron que ni la Sputnik V, de Rusia, ni la Sinopharm, de China, tendrían garantías de efectividad si se dejan pasar más de tres semanas para la segunda aplicación. Golpe de timón: el último envío llegado desde Beijing será destinado exclusivamente a las personas que recibieron la primera dosis.
Tal realidad aumenta los enigmas sobre el modo que el Gobierno encaró la puja internacional por las vacunas. El misterio sobre el desacuerdo con el laboratorio Pfizer sigue intacto. También, los motivos por los cuales no se abrieron negociaciones con Moderna o Johnson&Johnson. Con AstraZeneca siguen los incordios. El grueso de lo prometido no llega. Tampoco es posible descubrir debido a que el ex ministro Ginés González García decidió optar por el “mínimo posible” de vacunas del fondo Covax. Nuestro país tenía derecho a 9 millones de dosis. Compró algo más del 10%. Entre tantas cifras por el aire, Pablo Sigal, de Clarín, ancló en una precisión: llegó hasta el presente sólo el 28% de las vacunas anunciadas.
Alberto hizo también, de manera recurrente, augurios errados. Para enmendarlos, tal vez, se encaramó en el anuncio del laboratorio nacional Richmond, sobre la futura producción de la Sputnik V en el país. Visitó el establecimiento junto a su dueño, el empresario Marcelo Figueiras. Este aseguró que se iniciaría la fabricación a gran escala en junio. Añadió un condimento político que permitió descubrirle la pata a la sota: “Será para demostrar que la Argentina es un país con gran futuro”. Daniel Gollan, jefe de Salud de Buenos Aires, confió gestiones secretas con Moscú. El proyecto contará con financiamiento oficial. Será a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que lidera José Ignacio De Mendiguren.
La incertidumbre en materia sanitaria no es una excepción. La acompaña la situación económica. También un comportamiento desmadrado de actores sindicales que acentúan esa sensación. Hace dos semanas que existe un conflicto social en Neuquén que tiene paralizado a Vaca Muerta. Hay 17 cortes de rutas. Pérdidas por US$ 190 millones. Además, la posibilidad que con un invierno riguroso falte el gas. En medio de un éxodo de empresas del país, Francisco De Narváez resolvió adquirir el gigante Walmart. Una extorsión de Pablo Moyano impide ponerla en funcionamiento.
Tanto desorden no es obstáculo para que algunos funcionarios tramiten sus cosas personales discretamente. Cristina renunció al sueldo como vicepresidenta luego de que le fueran repuestas dos pensiones. La propia, como ex presidenta. La otra, del fallecido Néstor Kirchner, su esposo. Una de ellas había sido cancelada en 2016, durante el macrismo.
Cristina reclama ahora una compensación retroactiva. Y la aplicación de dos adicionales. Por su título universitario. Por ser residente en zonas desfavorables. Remite a Santa Cruz. Hoy vive en Recoleta. Ruindades argentinas.

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