Detectaron en la villa Zavaleta un “almacén” que alquilaba armas a delincuentes
Fue detenido el cabecilla de una organización criminal que dotaba a bandas de un elevado poder de fuego
La Policía de la Ciudad detuvo al cabecilla de una organización que, con centro de operaciones en la villa 21-24-Zavaleta, se dedicaba a alquilar armas a bandas de delincuentes que cometían asaltos en la zona norte porteña. Tras una serie de allanamientos en el barrio precario de Barracas, se secuestró un importante arsenal.
Según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir de denuncias recibidas en el 911, División Investigaciones Comunales 4 inició, en agosto pasado, una serie de averiguaciones en la zona de Barracas con el fin de desbaratar una organización criminal que se dedicaba al acopio y alquiler de armamento a otros delincuentes.
El fiscal Rodrigo Pagano Mata, titular de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 24, inició la investigación de oficio, a partir de la competencia asignada a su fiscalía para la investigación de casos complejos vinculados con el aprovisionamiento ilegal de armas, según informó, a su vez, el Ministerio Público Fiscal.
Pagano Mata dispuso la realización de tareas de investigación en el complejo habitacional 21-24-Zavaleta, “dado que, según un análisis de estadísticas sobre violencia armada en la Ciudad de Buenos Aires y de denuncias realizadas por los vecinos, se trata del barrio con mayor conflictividad por delitos relacionados con el uso de armas”.
A partir de la investigación, realizada por los detectives de la Comuna 4, se pudo realizar un relevamiento, trazar un mapa del delito e identificar varios domicilios por donde circularían las armas. También lograron establecer que las armas “alquiladas” eran usadas para cometer delitos en los barrios de Palermo, Belgrano y Recoleta, y luego devueltas.
Las tareas encomendadas por el fiscal Rodrigo Pagano Mata permitieron individualizar a las personas que entregaban las de armas de fuego. Identificaron tres domicilios, uno de los cuales funcionaba como un búnker donde se almacenaban las armas.
El juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº25, Alejandro Villanueva, ordenó los tres allanamientos de urgencia, realizados por efectivos de Investigaciones de la Comisaría 4, junto con grupos de Irrupción y Contención. En el búnker encontraron tres pistolas Glock y dos Bersa de calibres 9 mm y 22, una Taurus 9 mm y una Canik del mismo calibre; también, un revólver calibre 38, una escopeta calibre 12, cuatro cargadores para pistola Glock y otros seis para pistolas Bersa y Canik.
Además, fueron incautadas más de 100 balas de calibre 9 mm, 22, 40 y 45, cartuchos de calibres 12 y 16 para escopeta, y accesorios de llamativa complejidad, como tres cargadores extensibles con capacidad para 50 cartuchos, dos con capacidad para 28 y un culatín, todo para pistola Glock.
El hombre que custodiaba el “almacén de las armas” fue detenido y trasladado a la alcaidía de la jurisdicción, a la espera de su indagatoria.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, “debido a que la proliferación de armas de fuego en manos de la población civil, y la consecuente violencia que dicha situación genera, el fiscal general Juan Bautista Mahiques dispuso, a través de la resolución 54/22, otorgar a la fiscalía 24 la competencia exclusiva para la investigación de delitos complejos vinculados con el aprovisionamiento ilegal de armas. La resolución establece las modificaciones necesarias para que la Justicia porteña, asumiendo un rol proactivo, propicie investigaciones complejas de oficio y pueda impulsar persecuciones penales eficientes vinculadas a este tipo de delitos”
Arrestaron a un jefe narco en Perú
Tras una investigación conjunta de la Policía Federal y de la Policía Nacional de Perú fue arrestado en Lima Jhon Paul Revilla Estrada, sobrino del jefe narco conocido como Marcos. Había sido expulsado de nuestro país luego de un condena por narcotráfico, pero en noviembre de 2020 regresó a formar parte de la banda criminal que opera en la villa 1-11-14.
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Un joven de 16 años fue el autor de amenazas a un colegio
El primer peritaje en computadoras y teléfonos determinó, según los investigadores, la responsabilidad del estudiante
Gabriel Di Nicola
Grupos tácticos participaron del allanamiento
Tras la extracción forense urgente de datos de todos los dispositivos electrónicos de la casa allanada en Martínez, el equipo de “primeros respondedores en escena del crimen digital” lograron determinar, de inmediato, que F, de 16 años, había sido el autor de las amenazas de bomba que recibieron las autoridades del prestigioso colegio Riverside, de Acassuso. El chico, alumno de la institución, había usado una plataforma de mails cifrados ubicada en Suiza llamada Protón mail para enviar los ocho correos electrónicos intimidatorios. Además, una vez que el caso de las amenazas se hizo público el adolescente se convirtió en un “observador fantasma”: la revisión de su notebook y de su celular reveló que el chico había “stalkeado” al fiscal Alejandro Musso y al secretario penal de la Fiscalía de Cibercrimen, sus perseguidores. Sabía quién lo estaba buscando y buscó datos sobre ellos en las redes sociales y en internet varios días antes del operativo final.
El procedimiento dejó otras singularidades. La primera, que de la revisión del contenido de los dispositivos de los miembros de la familia no surgen indicios de que alguien más que el menor de la casa haya participado de la maniobra criminal. Pero, además, en la vivienda situada a tres cuadras del Hipódromo de San Isidro encontraron un arsenal: “Había un revólver calibre 38, un Grant M1, rifle oficial del Ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, una carabina 22 y un fusil de tiro táctico calibre 22. Todas las armas estaban debidamente registradas a nombre del padre de familia”, explicaron a la nacion fuentes de la investigación. Todo ese arsenal estaba al alcance de un adolescente que, durante varios días, sembró el pánico en su escuela al advertir, a través de mails supuestamente imposibles de rastrear, que iba a hacer volar por los aires el edificio del Riverside.
Según informaron calificadas fuentes judiciales, el allanamiento de la casa del sospechoso, en Martínez, requirió la participación de personal de la policía bonaerense especialista en explosivos y de uniformados de la Estación de Policía de Vicente López.
“Secuestramos dos computadoras, una de escritorio, una notebook (que era donde tenía lo más importante) una tablet y un celular del chico; también incautamos los dispositivos de toda la familia, para ver si alguien más estaba participando, pero eso dio resultado negativo”, explicó uno de los investigadores que participó del procedimiento.
Ese detective precisó que, dadas las características del hecho, en el allanamiento se montó un triage, que permite hacer un análisis en el lugar del hecho con la apertura de los dispositivos encontrados y una extracción forense de evidencia digital. “El equipo de primeros respondedores en escena del crimen digital, que son los que analizan las maquinas, realizan la extracción forense de urgencia de lo que es prueba relevante. Se trata de ‘prueba volátil’ porque si apagás la máquina puede desaparecer la información que se busca, sea porque está en la nube o porque está en la memoria RAM. Se obtuvo un montón de prueba contundente que determina que este chico era el autor. Incluso tenía hecho un análisis tipo ‘stalkeo’ de redes sociales del fiscal Musso y de uno de los secretarios. Sabía quién lo estaba buscando”, confió aquel investigador.
La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, conducida por el fiscal Musso, había comenzado tras la primera amenaza de bomba que llegó por correo electrónico. En el texto se daba aviso que el establecimiento estaba “dinamitado” y se aconsejaba no comunicarse con autoridades municipales y provinciales porque, de caso contrario, se iba a proceder a detonar los explosivos.
En total hubo ocho mensajes intimidatorios, según pudo saber la nacion de fuentes de la investigación. El domingo 8 de marzo llegó el primero de los correos en los que se advertía sobre la supuesta presencia de explosivos en el establecimiento educativo, que está situado en Eduardo Costa al 1100, en la localidad de Acassuso. Luego se repitieron las amenazas durante casi toda la semana, obligándose a la momentánea suspensión de clases y evacuación del edificio. En cada oportunidad, especialistas de la policía bonaerense rastrillaron la escuela sin que se encontrasen explosivos.
Tras la requisa del personal de la división antibombas de la policía bonaerense en la casa allanada, especialistas forenses de la Ufeic se encargaron del secuestro del material digital y electrónico para buscar todo lo relacionado con los amenazantes correos electrónicos
Tras la extracción forense urgente de datos de todos los dispositivos electrónicos de la casa allanada en Martínez, el equipo de “primeros respondedores en escena del crimen digital” lograron determinar, de inmediato, que F, de 16 años, había sido el autor de las amenazas de bomba que recibieron las autoridades del prestigioso colegio Riverside, de Acassuso. El chico, alumno de la institución, había usado una plataforma de mails cifrados ubicada en Suiza llamada Protón mail para enviar los ocho correos electrónicos intimidatorios. Además, una vez que el caso de las amenazas se hizo público el adolescente se convirtió en un “observador fantasma”: la revisión de su notebook y de su celular reveló que el chico había “stalkeado” al fiscal Alejandro Musso y al secretario penal de la Fiscalía de Cibercrimen, sus perseguidores. Sabía quién lo estaba buscando y buscó datos sobre ellos en las redes sociales y en internet varios días antes del operativo final.
El procedimiento dejó otras singularidades. La primera, que de la revisión del contenido de los dispositivos de los miembros de la familia no surgen indicios de que alguien más que el menor de la casa haya participado de la maniobra criminal. Pero, además, en la vivienda situada a tres cuadras del Hipódromo de San Isidro encontraron un arsenal: “Había un revólver calibre 38, un Grant M1, rifle oficial del Ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, una carabina 22 y un fusil de tiro táctico calibre 22. Todas las armas estaban debidamente registradas a nombre del padre de familia”, explicaron a la nacion fuentes de la investigación. Todo ese arsenal estaba al alcance de un adolescente que, durante varios días, sembró el pánico en su escuela al advertir, a través de mails supuestamente imposibles de rastrear, que iba a hacer volar por los aires el edificio del Riverside.
Según informaron calificadas fuentes judiciales, el allanamiento de la casa del sospechoso, en Martínez, requirió la participación de personal de la policía bonaerense especialista en explosivos y de uniformados de la Estación de Policía de Vicente López.
“Secuestramos dos computadoras, una de escritorio, una notebook (que era donde tenía lo más importante) una tablet y un celular del chico; también incautamos los dispositivos de toda la familia, para ver si alguien más estaba participando, pero eso dio resultado negativo”, explicó uno de los investigadores que participó del procedimiento.
Ese detective precisó que, dadas las características del hecho, en el allanamiento se montó un triage, que permite hacer un análisis en el lugar del hecho con la apertura de los dispositivos encontrados y una extracción forense de evidencia digital. “El equipo de primeros respondedores en escena del crimen digital, que son los que analizan las maquinas, realizan la extracción forense de urgencia de lo que es prueba relevante. Se trata de ‘prueba volátil’ porque si apagás la máquina puede desaparecer la información que se busca, sea porque está en la nube o porque está en la memoria RAM. Se obtuvo un montón de prueba contundente que determina que este chico era el autor. Incluso tenía hecho un análisis tipo ‘stalkeo’ de redes sociales del fiscal Musso y de uno de los secretarios. Sabía quién lo estaba buscando”, confió aquel investigador.
La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, conducida por el fiscal Musso, había comenzado tras la primera amenaza de bomba que llegó por correo electrónico. En el texto se daba aviso que el establecimiento estaba “dinamitado” y se aconsejaba no comunicarse con autoridades municipales y provinciales porque, de caso contrario, se iba a proceder a detonar los explosivos.
En total hubo ocho mensajes intimidatorios, según pudo saber la nacion de fuentes de la investigación. El domingo 8 de marzo llegó el primero de los correos en los que se advertía sobre la supuesta presencia de explosivos en el establecimiento educativo, que está situado en Eduardo Costa al 1100, en la localidad de Acassuso. Luego se repitieron las amenazas durante casi toda la semana, obligándose a la momentánea suspensión de clases y evacuación del edificio. En cada oportunidad, especialistas de la policía bonaerense rastrillaron la escuela sin que se encontrasen explosivos.
Tras la requisa del personal de la división antibombas de la policía bonaerense en la casa allanada, especialistas forenses de la Ufeic se encargaron del secuestro del material digital y electrónico para buscar todo lo relacionado con los amenazantes correos electrónicos
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