CRISIS DE SEGURIDAD Y ESCEPTICISMO

Planteo de los fiscales por los celulares en las cárceles
Exigen medidas más duras frente a la crisis de Rosario
Hernán CappielloRodrigo néspolo
La situación extrema que atraviesa Rosario tuvo ayer su correlato en un pronunciamiento de los fiscales federales, que reclamaron al Gobierno endurecer los controles para que las bandas narco no puedan utilizar celulares en las cárceles.
Ante la explosión del narcotráfico y los secuestros extorsivos organizados desde las cárceles, como se verifica en la crisis de seguridad que afronta Rosario, la Procuración General de la Nación exhortó ayer al Gobierno a que extreme los recaudos para erradicar la utilización de teléfonos celulares en los penales federales. También solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que coordine una política entre los diversos poderes del Estado para atacar el problema.
Los fiscales le pidieron al ministro de Justicia, Martín Soria, de quien dependen las cárceles federales, que “de manera urgente”, y por su intermedio, todos los organismos de la administración pública nacional “extremen las medidas” para evitar el uso de celulares en los penales de máxima seguridad, que están prohibidos, colocar inhibidores de señales en los pabellones, “evitar los diversos factores que facilitan o promueven este tipo de maniobras” y evitar las consecuencias que estas conductas tienen sobre las causas en trámite y los jueces, fiscales, funcionarios, víctimas y testigos que son amenazados por los narcotraficantes.
Así se resolvió al término de una reunión de la mesa de cárceles de la Procuración, de la que participaron fiscales federales especializados en drogas, antisecuestros y que investigan corrupción administrativa de funcionarios, entre ellos los integrantes del Servicio Penitenciario. Estuvieron el secretario de coordinación institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel, mano derecha del procurador Eduardo Casal; el fiscal Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), entre otros funcionarios.
Según informaron fuentes judiciales, durante el encuentro se trabajó sobre un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, a cargo del fiscal Santiago Marquevich. Allí, el fiscal Iglesias presentó un detalle caso por caso de los presos que manejan el narcotráfico desde sus celdas mediante el acceso a teléfonos celulares y señaló que la respuesta de los jueces y de los funcionarios penitenciarios “es dispar” a la hora de reprimir estas conductas.
Iglesias recordó que la ley prohíbe que los presos tengan celulares en los penales, pero advirtió que aun así su uso es cotidiano. “Pese a la prohibición expresa prevista en el artículo 160 de la ley 24.660 y las recomendaciones emitidas por este Ministerio Público Fiscal en 2021, las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles por parte de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios continúan siendo de uso cotidiano”, expresó el fiscal.
En la misma línea, destacó que aun cuando los narcotraficantes son apresados, se da una “permanencia de graves actividades criminales cometidas por parte de las organizaciones”, lo que “representa una grave amenaza e incrementa las dificultades para una adecuada investigación penal”.
Iglesias repasó las medidas de seguridad adoptadas con los narcos presos de alto perfil, pero recordó que desde los penales “se siguen consolidando lazos delictivos que permiten la continuidad y el avance de las organizaciones criminales en el territorio argentino y que afectan seriamente a la sociedad en su conjunto”.
Dijo que la respuesta judicial es “disímil” por parte de “los órganos jurisdiccionales que tienen a su cargo la detención y/o control de la ejecución de las penas privativas de la libertad, de las personas condenadas por hechos de criminalidad organizada vinculada con la narcocriminalidad”.
Por su parte, el fiscal Rodríguez comentó en el encuentro el avance de las averiguaciones sobre la corrupción penitenciaria, que permite que existan celulares en los penales federales de máxima seguridad, y describió las gestiones que se realizaron ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), para que la mayor conectividad que proporciona el organismo no termine beneficiando a los presos de máxima seguridad. En particular explicó que se gestionó la colocación de “inhibidores de señal en los pabellones o módulos de cada penal”.
Durante el encuentro se compartieron otros dos informes que elaboró la fiscalía antisecuestros de Marquevich, de 2021 y 2022, en los que surgió que diversos secuestros extorsivos fueron planificados, dirigidos y ejecutados por delincuentes que se encontraban recluidos en unidades carcelarias.
Allí se detectó que usaban celulares “dentro de establecimientos carcelarios federales y de la provincia de Santa Fe, con los que las personas privadas de su libertad continuaron liderando organizaciones criminales y ejecutando graves delitos”.
Había en estos casos, según los informes de la fiscalía antisecuestros, “la complicidad de funcionarios de los servicios penitenciarios en la introducción de los equipos de comunicación dentro de los penales para el uso de los reclusos”.
Por eso, encomendaron a Olima Espel que “realice gestiones con el presidente de la Corte Horacio Rosatti “a fin de promover un abordaje interinstitucional, coordinado e integral junto con el Poder Judicial de la Nación” de este grave problema que afronta la seguridad del país.
Los fiscales le pidieron al ministro Soria que “de manera urgente” todos los organismos “extremen las medidas”
El fiscal Iglesias recordó que aunque está prohibido por ley el uso de celulares “continúa siendo cotidiano”

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Dudas y escepticismo ante el desembarco de más agentes federales
Aníbal Fernández encabezó un acto con Perotti y Javkin; se cruzó en público con una periodista

Cecilia Devanna
ROSARIO.– “Lo de Maxi superó todo. En una pelea entre bandas la terminaron ligando él y los otros nenitos. Porque los sicarios aparte de todo son idiotas y tiran sin apuntar a los que quieren matar”. La frase pertenece a un hombre que nació y vivió toda su vida en esta ciudad, pero que después de hablar prefiere que su nombre se mantenga en el anonimato. Al crimen de Máximo Gerez, de 12 años, ocurrido este fin de semana, le siguieron las imágenes de su familia y vecinos en el barrio Los Pumitas, buscando justicia por mano propia. El impacto de esas imágenes impactaron en la Casa Rosada.
En un predio de Gendarmería, a unos kilómetros de la ciudad, el Gobierno hizo ayer su puesta en escena para mostrar el desembarco de 400 efectivos de las fuerzas federales en el territorio, lo que genera expectativas moderadas y dudas naturales, como coincidieron varios de los consultados. En un acto que duró menos de diez minutos, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se dirigió a los agentes, que lo escucharon inmóviles. La mayoría de ellos son jóvenes y no superan la franja de entre 20 y 30 años. El funcionario les pidió “ir al hueso” y “limpiar los barrios” en los que avanza el narcotráfico. Los gendarmes casi no esgrimieron gestos.
En la conferencia de prensa hubo un momento de tensión cuando Fernández se cruzó con una periodista que le preguntó: “¿Por qué hacer esta presentación y perder el tiempo y no estar allá, codo a codo con los vecinos que se sienten amenazados?”. El ministro la interrumpió y le respondió: “No me califiques la tarea... Usted no sabe nada de lo que estamos haciendo nosotros ni a qué venimos”.
“Cuando hay más gendarmes se ordena todo”, dijo una vecina ante la consulta de la nacion. La mujer lleva años viviendo en esta ciudad, a la que llegó desde el interior de Santa Fe, y cree que la presencia puede
marcar un quiebre. No cree que sea algo drástico, pero sí, al menos, “un freno”. De fondo está el convencimiento es que “todo lo que se haga” tiene que ser más profundo. “Hay que entrarles por la plata, un narco sin plata no es nadie. Ahí es donde tienen que golpearle a esta gente”, sugirió.
En lo que es la primera parte de un trabajo interministerial, que incluye además de Seguridad, a Desarrollo Social y Defensa, coordinado por la jefatura de ministros, también se avanzó en la creación de una seccional de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la ciudad. “Suena muy bien, pero van más de tres años de Gobierno y recién ahora llegan con una supuesta ayuda integral. Acá hace años que hay un problema social terrible, que la pobreza es la que arrastra a los jóvenes a caer en la droga o en manos de narcos o transas. No es solo seguridad”, se lamentó otro vecino.
“Acá todos sabemos dónde están los bunkers o cómo la policía va a buscar cada 15 días las cometas o que un comisario tiene un bunker con fachada de almacén en la zona sur, pero no pasa nada y si no van contra eso de eso fondo, es lo mismo que la nada”, agregó otro vecino.
La policía local lleva tiempo en la mira con altos índices de corrupción. En septiembre de 2021 fue desplazado el subjefe de la policía de Santa Fe, Ariel Zancocchia, tras ser allanado en el marco de una causa en la que se investigaba a uniformados y civiles. Seis meses antes, a través de un censo policial de la propia policía nueve de cada diez consultados consideraron que la situación de corrupción en la fuerza es “grave o muy grave”. En 2020 pidió licencia el jefe de la policía Víctor Sarnaglia pidió licencia sospechado de recibir coimas de un empresario del juego vinculado a la banda de Los Monos, cuyos capos coordinan ataques desde la cárcel.
La sensación de que el problema es más complejo es extendida en la ciudad. La ven también en la cadena de complicidades con lo que sucede en las cárceles. “Ahí hay celulares, desde allí se ordenan crímenes o el que está detenido sabe dónde vive el guardia cárcel y lo amenaza con que si no hace lo que le pide le hace tal o cual cosa”, reflexionó una mujer consultada.
Al crimen de Maxi Gerez lo antecedieron otras muertes de niños. Sin ir más lejos, en noviembre pasado asesinaron a una nena de seis años y en febrero balearon a un bebé de menos de dos años, por citar solo algunos de los muchos ejemplos. Es el lado más brutal y cruel de lo que los vecinos cuentan que se naturalizó, como no pisar ciertas zonas, taxistas que no quieren trabajar de noche por miedo y moverse en circuitos “seguros”.
En el fondo sobrevuela una preocupación: “Si no era por lo de Messi no sé si acá ponían más gendarmes o se arreglaba el gobierno nacional o el provincial, pero lo que verdaderamente importa es que esto que anunciaron hoy [por ayer] no quede solo acá”.

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