jueves, 23 de marzo de 2023

LAWFARE Y SESIÓN


Cristina: “No me importa si me van a meter presa”
La vicepresidenta cerró el foro del Grupo de Puebla; expresidentes y juristas con afinidad ideológica denunciaron un “intento de proscripción” y “magnicidio civil”
Rodeada por expresidentes y juristas de Iberoamérica, y ante un auditorio colmado por funcionarios que le pidieron con cánticos, una y otra vez, que sea candidata a la presidencia, Cristina Kirchner cerró ayer el foro del Grupo de Puebla afirmando que su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad y los otros expedientes que enfrenta en la Justicia no tienen que ver con hechos de corrupción, sino con que su gobierno “redistribuyó el ingreso” e “igualó la sociedad”. Y advirtió: “No nos van a perdonar nunca”.
“No nos persiguen porque somos populistas, de izquierda, de derecha, de abajo o de arriba: no, [nos persiguen] porque igualamos a las sociedades”, postuló la vicepresidenta desde el auditorio principal del Centro Cultural Kirchner, y agregó: “El verdadero objetivo del lawfare es la criminalización de una política que tiene que ver con la redistribución del ingreso, con la movilidad social ascendente para que nuestras sociedades no queden cristalizadas entre ricos y pobres”.
Para la vicepresidenta, el lawfare vino a sustituir la doctrina de seguridad nacional y al partido militar, con un nuevo protagonista: “El lawfare no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios y después un juez y un fiscal las suscriben”, dijo.
Como en sus últimas intervenciones, la vicepresidenta planteó que con la dictadura de 1976 se instauró “la economía bimonetaria en la Argentina” y destacó que, al llegar al poder Néstor Kirchner, la agenda de derechos humanos “no figuraba en ninguna encuesta”.
Además, algunas críticas sin nombre hacia Javier Milei y Gerardo Morales, la vicepresidenta se ocupó del presente también al alertar por la urgencia del combate al narcotráfico y señalar que la verdadera batalla se debe dar en el entramado financiero que “lava la guita” de las bandas. En ese caso, no dio cuenta de qué se hizo al respecto durante las cuatro gestiones kirchneristas.
Luego cuestionar la gestión económica de Cambiemos, Cristina Kirchner volvió sobre el lawfare. Dijo que “la persecución política no solo busca reimponer otro modelo económico, sino disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular”.
“¿Quién se va a animar, por ejemplo, a nacionalizar las AFJP?”, preguntó Cristina. El auditorio le respondió gritando su nombre. “No, no, no, esto es tarea de una sociedad, no de una persona”, escapó rápido a la presión la vicepresidenta, y volvió a la senda del lawfare . “No me interesa si me van a condenar, lo que me interesa es construir un estado democrático en el que las garantías de la constitución no sean cartón pintado”, cerró.
El panel final del Grupo de Puebla –pensado inicialmente para celebrarse tras la condena por el caso Vialidad, pero pospuesto luego del atentado a la vicepresidenta– fue moderado por el diputado Eduardo Valdés e integrado por los expresidentes José Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y Evo Morales (Bolivia), además del exjuez español Baltazar Garzón, la abogada brasileña Gisele Ribo com y el coordinador del Grupo de Puebla, Marcos Enríquez-Ominami (Chile). Entre el público, Pepe Mujica (Uruguay) captó también atenciones y elogios. Baltazar Garzón definió al fallo de la causa Vialidad como un “engendro de 1600 páginas que no llamaría sentencia”. Agregó que “no existe esa prueba” en el fallo, que a los jueces “le faltó la fuerza de la convicción” y que lo que se persigue es “la proscripción” de Cristina.
“No necesitamos leer la sentencia para que tus amigos sepamos que eres inocente”, le dijo Samper a la vicepresidenta. “Cuando no nos derrotan política, electoral o culturalmente intentan judicialmente, y es el caso de la hermana Cristina”, agregó Evo Morales.
Rodríguez Zapatero se mostró aún conmovido por el atentado del 1º de septiembre y, con un tono más moderado, confiado en que la Justicia finalmente pondrá las cosas en su lugar. “Jamás inicié una acción judicial contra mis adversarios, porque sabía que les iba a ganar en las urnas”, arengó el español. Recibió un aplauso cerrado del panel y el auditorio, colmado por dirigentes del oficialismo, que impulsó denuncias no solo contra los exfuncionarios de Cambiemos, sino también el juicio político contra la Corte Suprema.

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Un acuerdo opositor en el Senado desafía a Cristina
Juntos por el Cambio y el peronismo disidente avanzan con una sesión, sin la venia del oficialismo.Gustavo YbarraEl interbloque de JxC en el Senado
El interbloque de Juntos por el Cambio presentó un pedido de sesión especial en el Senado para la semana próxima y crecen las posibilidades de una alianza transitoria de la oposición que le imponga la agenda al Frente de Todos. La jugada sería un duro golpe político para Cristina Kirchner, ya que demostraría que la Cámara alta puede funcionar sin la necesidad del oficialismo y con una agenda completamente distinta a la impuesta por la vicepresidenta en los últimos dos años.
El temario de la sesión pedida por el principal conglomerado opositor es muy similar a la reclamada la semana pasada por el bloque de peronistas disidentes de Unidad Federal, por lo que aumentarían las posibilidades de que haya sintonía entre ambos sectores.
De hecho, fuentes de Juntos por el Cambio le dijeron a la nacion que el pedido de sesión especial cuenta con el visto bueno de la bancada que preside el ex-oficialista Guillermo Snopek (Jujuy) y que está integrada por cuatro senadores que abandonaron el Frente de Todos a fines de febrero y la peronista cordobesa Alejandra Vigo, históricamente enfrentada con el kirchnerismo.
Sin embargo, desde el flamante espacio opositor peronista negaron que ya esté todo cerrado. “Acabamos de recibir la nota de Juntos por el Cambio y entre todos vamos a discutir el camino a seguir”, dijo a este diario uno de los integrantes de Unidad Federal.
Con este pedido de sesión especial Juntos por el Cambio estaría dando por cerradas las negociaciones que se habían iniciado la semana pasada con el Frente de Todos y que tenían por objetivo acordar una sesión para la semana próxima que termine con los cuatro meses de silencio legislativo que lleva el Senado. La última vez que la Cámara alta discutió proyectos en una sesión fue el 16 de noviembre. Desde entonces, el recinto se volvió a abrir el 23 de febrero pasado para la sesión preparatoria, que está destinada a elegir las autoridades del cuerpo y en la que no es posible discutir ningún tipo de proyecto.
Sin embargo, las negociaciones entre los dos bloques mayoritarios quedaron estancadas el viernes último, luego de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio protagonizaron una guerra de comunicados en los que se acusaban mutuamente por la parálisis del Senado.
Llegar al quorum
A partir de ahí, empezó a crecer en el conglomerado opositor la idea de unir fuerzas para acordar una agenda que permita reunir quorum y que venza la resistencia del kirchnerismo a discutir ciertos proyectos o temas. El escenario cobra fuerza si se tiene en cuenta que, unidos, Juntos por el Cambio (33 miembros) y Unidad Federal (5) superan el quorum reglamentario de 37 senadores presentes.
La bancada que preside Snopek tiene pedida desde la semana pasada una sesión especial para el 29 de marzo próximo con el tratamiento de un temario que escapa a la lógica que ha llevado adelante el oficialismo durante los últimos dos años, que estuvo basada en la agenda judicial de Cristina Kirchner.
El pedido de sesión especial presentado por Juntos por el Cambio se hace eco de la mayoría de esos temas, ya que contempla el tratamiento de los pliegos judiciales para Rosario y la provincia de Córdoba, que el oficialismo mantiene cajoneados desde hace seis meses, y la denominada ley Lucio.

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