La Corte deja fuera de la agenda del año los fallos de alto impacto político
JUSTICIA. Quiere evitar que afecten la disputa electoral; no tratará la coparticipación porteñaHernán Cappiello
La Corte Suprema resolvió dejar fuera de su agenda del año los casos de alto impacto político que puedan afectar la marcha de las elecciones, según revelaron a fuentes de los tribunales.
Los jueces de la Corte –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti– estuvieron analizando este asunto en su último acuerdo y pidieron un listado de las causas más sensibles. Eligieron aquellos casos que no tuvieran impacto político y resolvieron postergar el resto.
La decisión llega en medio de los ataques que todas las semanas lanza elkirchnerismo contra el máximo tribunal desde la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. La determinación de la Corte postergará hasta el año próximo la definición de fondo en torno a la coparticipación porteña, que la Casa Rosada recortó en medio de la pandemia. En diciembre pasado, ya concedió una cautelar a favor de la Ciudad.
A pasar de estar bajo fuego del oficialismo con un juicio político vocinglero, la Corte Suprema de Justicia resolvió dejar fuera de su agenda de este año electoral los casos de alto impacto político que puedan afectar la marcha de los comicios o incidir en las decisiones de la ciudadanía, según revelaron a la nacion fuentes de los tribunales.
Los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti estuvieron conversando sobre este asunto en su último acuerdo y pidieron un listado de las causas más sensibles y relevantes para analizarlas.
Eligieron aquellos casos que no tuvieran impacto político. Se quedaron con causas civiles, comerciales, laborales, ambientales y tributarias, todas de relevancia jurídica, pero no con reverberancias electorales.
Claro está que esto no quita que deban intervenir –como tribunal de última instancia– en asuntos electorales, si es que les llegan por los recursos planteados por candidatos o fuerzas políticas antes de las elecciones de octubre próximo.
La Corte Suprema dictó a fin del año pasado una medida cautelar mediante la cual dispuso que la Nación debe pagarle 1100 millones de pesos diarios a la Ciudad en concepto de coparticipación federal, que le había quitado Alberto Fernández por decreto para pagar un aumento a los policías de la provincia de Buenos Aires.
El gobierno nacional argumentó que el gobierno de Mauricio Macri había beneficiado en exceso a la Ciudad al aumentar la coparticipación para sufragar los gastos del traspaso de parte de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad y decidió quitarle esos fondos.
La Ciudad reclamó y la Corte Suprema le dio la razón, en parte y de manera provisoria, hasta que resuelva el fondo del caso.
Ahora, la Corte Suprema debe dictar la sentencia definitiva, que en la práctica recoge situaciones similares a las que ya resolvió cuando les dio la razón en sus reclamos a las provincias de San Luis y de La Pampa, y de Santa Fe, San Luis y Córdoba, durante el gobierno de Macri.
A pesar de que la solución cuenta con precedentes, los jueces prefirieron excluir el asunto de este año electoral y pasar la decisión al próximo.
De todos modos, hay algunos recursos a resolver: la recusación que realizó el gobierno nacional de todos los jueces de la Corte Suprema, el pedido de revocatoria in extremis que hizo el Gobierno para dar marcha atrás con la medida cautelar y la solicitud de embargo sobre las cuentas del Estado que realizó la Ciudad para cobrar de la Nación fondos frescos, y no bonos, que es lo que ahora ese está depositando. Estos recursos, con menos trámite que el fallo de fondo, sí podrían resolverse.
No comerse al caníbal
La decisión es no responder con fallos a la embestida del Gobierno. “No corresponde, es como decir que para acabar con los caníbales me los como. No es posible juzgar con un sentido de venganza”, señalan los conocedores del sentir de los jueces de la Corte Suprema.
El presidente Horacio Rosatti lo dijo públicamente tras la Asamblea Legislativa en la que el presidente Alberto Fernández los acusó de tener injerencia en las decisiones del Gobierno y de tomar por asalto el Consejo de la Magistratura. “La Corte no se puede dejar llevar por simpatías o antipatías, tiene que mantener la templanza”, dijo Rosatti una semana después del mensaje presidencial en una entrevista con Joaquín Morales Solá en TN.
En la Corte Suprema, esta tónica de evitar los casos de alto impacto político en años electorales no es nueva, sino que es una costumbre que viene aplicando.
Y este año no fue la excepción, a pesar de que semana a semana se desarrollan las audiencias en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Los jueces siguen lo que se dice en la comisión, algunos directamente, y otros a través de sus colaboradores.
Asombrados por lo que sucede en el Congreso, no dan crédito al tono de las audiencias y las declaraciones que se escuchan, cercanas al“bodrio”, según se comenta en los tribunales.
La marcha del 24
No pasa inadvertida en el Palacio de Justicia la convocatoria que realiza el kirchnerismo duro para reconducir el acto del 24 de marzo por memoria, verdad y justicia, previsto en la Plaza de Mayo, para hacerlo concluir en la Plaza Lavalle, con el declamado propósito de los kirchneristas más exaltados en redes sociales de atacar a los tribunales.
El asunto de la seguridad del lugar el viernes próximo es un tema que está en mente de la Corte Suprema.
El mundo judicial no tiene dudas de que la estrategia es desgastar a la Corte para bajarla a la altura de Cristina Kirchner, hacerle perder su nivel de credibilidad para levantar el relato de la proscripción.
Si la Corte es débil, entonces impide que la vicepresidenta compita. Ya lo dijo Oscar Parrilli: “No puede haber elecciones con Cristina proscripta”, y abundó: “Nadie va a poder gobernar, habiendo ganado las elecciones, con una proscripción”, y remató: “Tenemos que lograr que Cristina sea absuelta”.
La estrategia es una mezcla de asuntos políticos y asuntos jurídicos, al estilo de la gestión kirchnerista en Santa Cruz, que busca forzar decisiones jurídicas merced a cuestiones políticas o a la inversa.
En los tribunales miran con preocupación el rumbo del Gobierno y la interna del Frente de Todos, como una “bomba” que si explota no solo deja a Alberto Fernández como único responsable y al kirchnerismo y La Cámpora buscando evadir su responsabilidad, sino que además provoca un perjuicio para todo el país.
Entre los asuntos que la Corte Suprema anunció que trataría este año en una audiencia pública, se cuenta el caso de un instituto de fertilidad que se negó a destruir los óvulos congelados de una pareja separada que decidió no utilizarlos.
Este caso, que bordeaba el asunto de si los embriones son o no personas, finalmente quedaría fuera de la agenda de audiencias de la Corte porque la defensora general Stella Maris Martínez no sostuvo el recurso de la defensora de menores ante la Cámara Civil.
Así las cosas, esta audiencia no se realizaría, ya que no hay recurso de quien pretendía representar el interés de los embriones
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Hotesur y Los Sauces entran en etapa de definición
La vicepresidenta y sus hijos fueron sobreseídos sin juicio pese a la dura acusación fiscal, pero la Casación se apresta a decidir si confirma la decisión u ordena reabrir la causa
Hernán Cappiello
Finalmente, el caso Hotesur y Los Sauces entra en etapa de definiciones. La vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, se encuentran sobreseídos, pero la Cámara de Casación debe decidir si mantiene firme esa decisión o si reabre el caso para realizar el juicio oral y público. Dos de los jueces que deben decidir ya votaron y la tercera magistrada, Ana María Figueroa, podría hacerlo antes de viajar a reunirse con el papa Francisco la semana próxima o a su regreso, el 10 de abril, confiaron fuentes judiciales.
“Estamos trabajando. Si en la semana nos reunimos varias veces, puede ser. Si no, será al regreso, el 10 de abril”, dijo una fuente de los tribunales federales de Comodoro Py
La decisión es de alta sensibilidad política, pues en la causa Vialidad Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por fraude al Estado con las obras públicas de Santa Cruz. El tribunal oral estableció en su sentencia que ese delito lo cometió para su beneficio económico, obtenido mediante los negocios con Lázaro Báez que se investigan en Hotesur. Ya no es una hipótesis de la acusación, es una verdad jurídica establecida en una sentencia, que no está firme.
En el caso Hotesur y Los Sauces se investigan dos actividades paralelas. Por un lado, la transferencias de dinero de las empresas de Báez al patrimonio de Cristina Kirchner y sus hijos, mediante contratos de alquiler de servicios y explotación de sus hoteles en El Calafate. La hipótesis de la acusación es que esos servicios no se brindaron, sino que fueron una simulación para justificar la transferencia de fondos. Y la otra actividad que se investiga es la transferencia de dinero al matrimonio presidencial por parte del empresario Cristóbal López en concepto de alquileres de propiedades de la familia Kirchner.
Para los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, parte del dinero obtenido por Báez en la obra pública pasó a manos de los Kirchner. Sin embargo, los jueces de otro tribunal oral, Adrián Grümberg y Daniel Obligado –con la disidencia de Adriana Palliotti–, directamente sobreseyeron a Cristina Kirchner y a sus hijos en el expediente Hotesur y Los Sauces, sin hacer el juicio oral.
Los camaristas que deben revisar esos sobreseimientos son Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y la mencionada Figueroa. Los dos primeros ya emitieron su voto y resta el de la jueza, actual presidenta de la Cámara de Casación, que está urgida en los dos primeros días de la semana que se inicia porque el jueves se toma un avión a Roma y los Países Bajos.
Su agenda europea es nutrida. El 30 y el 31 de marzo, la jueza participará de la Reunión Intercontinental Africana Americana de Jueces por los Derechos Sociales, y del encuentro sobre “Colonización, descolonización y neocolonialismo desde la perspectiva de la justicia y el bien común”. Se realizará en la Casina Pío IV de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales en el Vaticano.
Dos días antes, la jueza tiene previsto visitar la Corte de Casación de Italia y luego, en La Haya, visitará la Corte Penal Internacional, donde está previsto un intercambio sobre la manera en que fueron juzgados los crímenes de Ruanda –una masacre que afectó a las comunidades hutu y tutsi–, los juicios de lesa humanidad realizados en la Argentina y el derecho penal internacional.
La Casación podría revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en Hotesur y Los Sauces, donde también están acusados Máximo y Florencia Kirchner, ordenando realizar el juicio oral y público. Son solo presunciones que circulan en los pasillos de tribunales, por el momento.
La operatoria investigada
En el caso Hotesur y Los Sauces, Kirchner y su hijos están acusados de recibir retornos de Báez y Cristóbal López, en forma de alquileres, en pago por los fondos que los empresarios conseguían del Estado para realizar obras. Por su parte, en “La ruta del dinero K”, Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavar dinero de la obra pública originado en sobreprecios, por lo que está siendo juzgado junto con Cristina Kirchner.
En su apelación del sobreseimiento de Hotesur y Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos con el fallo dictado por Grümberg y Obligado. Velasco habló de la “gravedad institucional” de la decisión, que “con un simple análisis dogmático”, sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad “el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la primera magistratura de la Argentina durante más de 12 años”.
Villar, por su parte, al cuestionar a los jueces, dijo que “su único norte era cerrar la causa” contra Cristina Kirchner. Señaló que el fallo fue un “capricho” que no está derivado de la lógica de lo que ocurrió en el proceso. Habló de que en el caso hay una “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuanto menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, la cual tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”.
Señaló que sus integrantes eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa. También integrarían esa asociación, esta vez en calidad de miembros, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Martín, Jorge Ludueña y Ricardo Albornoz.
Enumeró que, en una primera etapa, la organización criminal diseñó una “cuidadosa ingeniería societaria, contable y legal para sustraer los fondos públicos del Estado y, posteriormente, apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado”.
“En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez,López y DeSousa al patrimonio de la familia Kirchner, por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros de propiedad de estos últimos, la construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades del núcleo familiar”, escribió el fiscal. Esta última parte es la que se investiga en el caso Hotesur y Los Sauces.
Dice la acusación que “la asociación se habría apoderado de parte de los fondos que el Estado asignó para la realización de obras públicas en Santa Cruz, para lo cual erigió a Lázaro Báez como principal beneficiario de las obras públicas adjudicadas, mediante procedimientos licitatorios plagados de irregularidades, durante el 12 años”. La otra maniobra que mencionan los fiscales es “el apoderamiento de los fondos públicos que el Estado debía recibir en concepto de impuesto a los combustibles líquidos que los imputados López y De Sousa habrían retenido por la venta minorista de combustible de cada una de las estaciones de servicio que el grupo empresario adquirió de la firma Petrobras”. Por esta causa, López y De Sousa fueron absueltos y fue condenado Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP.
A partir de allí se activa la segunda etapa, dicen los fiscales, con “un sistema de retorno a la familia Kirchner de parte de los fondos que la organización se habría apropiado en forma ilícita del Estado, para lo cual resultaba necesario legitimar la recepción del dinero merced a la simulación de diversos contratos de alquiler de las propiedades que integran el patrimonio del grupo económico Kirchner, especialmente las habitaciones del Hotel Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén y los departamentos de Puerto Madero”.
El pacto con Irán
En un momento se especuló con que este fallo se iba a conocer junto con otro que tiene a estudio la misma sala de la Casación, la firma del pacto con Irán, donde Cristina Kirchner también fue sobreseída sin juicio. Pero no dan los tiempos del tribunal: en el caso del memorándum solo votó uno de los tres jueces y resta que los otros dos elaboren su voto.
La vicepresidenta fue acusada de encubrimiento a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA, a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman en 2015, que cuatro días más tarde fue encontrado muerto. El tribunal oral integrado por José Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado no encontró delito en la firma del memorándum, al entender que se trataba de un acto de Gobierno ratificado por el Congreso.
El fiscal Marcelo Colombo apeló ese fallo y el asunto llegó a la Casación, donde el fiscal Javier de Luca no mantuvo el recurso. No obstante, la apelación prosperó por los acusadores privados, representados por familiares de víctimas del atentado a la AMIA. Son Mario Aberbuj y Luis Dobniewski, representados por los abogados Juan José Ávila y Tomás Farini Duggan.
Finalmente, el caso Hotesur y Los Sauces entra en etapa de definiciones. La vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, se encuentran sobreseídos, pero la Cámara de Casación debe decidir si mantiene firme esa decisión o si reabre el caso para realizar el juicio oral y público. Dos de los jueces que deben decidir ya votaron y la tercera magistrada, Ana María Figueroa, podría hacerlo antes de viajar a reunirse con el papa Francisco la semana próxima o a su regreso, el 10 de abril, confiaron fuentes judiciales.
“Estamos trabajando. Si en la semana nos reunimos varias veces, puede ser. Si no, será al regreso, el 10 de abril”, dijo una fuente de los tribunales federales de Comodoro Py
La decisión es de alta sensibilidad política, pues en la causa Vialidad Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por fraude al Estado con las obras públicas de Santa Cruz. El tribunal oral estableció en su sentencia que ese delito lo cometió para su beneficio económico, obtenido mediante los negocios con Lázaro Báez que se investigan en Hotesur. Ya no es una hipótesis de la acusación, es una verdad jurídica establecida en una sentencia, que no está firme.
En el caso Hotesur y Los Sauces se investigan dos actividades paralelas. Por un lado, la transferencias de dinero de las empresas de Báez al patrimonio de Cristina Kirchner y sus hijos, mediante contratos de alquiler de servicios y explotación de sus hoteles en El Calafate. La hipótesis de la acusación es que esos servicios no se brindaron, sino que fueron una simulación para justificar la transferencia de fondos. Y la otra actividad que se investiga es la transferencia de dinero al matrimonio presidencial por parte del empresario Cristóbal López en concepto de alquileres de propiedades de la familia Kirchner.
Para los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, parte del dinero obtenido por Báez en la obra pública pasó a manos de los Kirchner. Sin embargo, los jueces de otro tribunal oral, Adrián Grümberg y Daniel Obligado –con la disidencia de Adriana Palliotti–, directamente sobreseyeron a Cristina Kirchner y a sus hijos en el expediente Hotesur y Los Sauces, sin hacer el juicio oral.
Los camaristas que deben revisar esos sobreseimientos son Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y la mencionada Figueroa. Los dos primeros ya emitieron su voto y resta el de la jueza, actual presidenta de la Cámara de Casación, que está urgida en los dos primeros días de la semana que se inicia porque el jueves se toma un avión a Roma y los Países Bajos.
Su agenda europea es nutrida. El 30 y el 31 de marzo, la jueza participará de la Reunión Intercontinental Africana Americana de Jueces por los Derechos Sociales, y del encuentro sobre “Colonización, descolonización y neocolonialismo desde la perspectiva de la justicia y el bien común”. Se realizará en la Casina Pío IV de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales en el Vaticano.
Dos días antes, la jueza tiene previsto visitar la Corte de Casación de Italia y luego, en La Haya, visitará la Corte Penal Internacional, donde está previsto un intercambio sobre la manera en que fueron juzgados los crímenes de Ruanda –una masacre que afectó a las comunidades hutu y tutsi–, los juicios de lesa humanidad realizados en la Argentina y el derecho penal internacional.
La Casación podría revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en Hotesur y Los Sauces, donde también están acusados Máximo y Florencia Kirchner, ordenando realizar el juicio oral y público. Son solo presunciones que circulan en los pasillos de tribunales, por el momento.
La operatoria investigada
En el caso Hotesur y Los Sauces, Kirchner y su hijos están acusados de recibir retornos de Báez y Cristóbal López, en forma de alquileres, en pago por los fondos que los empresarios conseguían del Estado para realizar obras. Por su parte, en “La ruta del dinero K”, Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavar dinero de la obra pública originado en sobreprecios, por lo que está siendo juzgado junto con Cristina Kirchner.
En su apelación del sobreseimiento de Hotesur y Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos con el fallo dictado por Grümberg y Obligado. Velasco habló de la “gravedad institucional” de la decisión, que “con un simple análisis dogmático”, sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad “el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la primera magistratura de la Argentina durante más de 12 años”.
Villar, por su parte, al cuestionar a los jueces, dijo que “su único norte era cerrar la causa” contra Cristina Kirchner. Señaló que el fallo fue un “capricho” que no está derivado de la lógica de lo que ocurrió en el proceso. Habló de que en el caso hay una “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuanto menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, la cual tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”.
Señaló que sus integrantes eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa. También integrarían esa asociación, esta vez en calidad de miembros, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Martín, Jorge Ludueña y Ricardo Albornoz.
Enumeró que, en una primera etapa, la organización criminal diseñó una “cuidadosa ingeniería societaria, contable y legal para sustraer los fondos públicos del Estado y, posteriormente, apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado”.
“En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez,López y DeSousa al patrimonio de la familia Kirchner, por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros de propiedad de estos últimos, la construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades del núcleo familiar”, escribió el fiscal. Esta última parte es la que se investiga en el caso Hotesur y Los Sauces.
Dice la acusación que “la asociación se habría apoderado de parte de los fondos que el Estado asignó para la realización de obras públicas en Santa Cruz, para lo cual erigió a Lázaro Báez como principal beneficiario de las obras públicas adjudicadas, mediante procedimientos licitatorios plagados de irregularidades, durante el 12 años”. La otra maniobra que mencionan los fiscales es “el apoderamiento de los fondos públicos que el Estado debía recibir en concepto de impuesto a los combustibles líquidos que los imputados López y De Sousa habrían retenido por la venta minorista de combustible de cada una de las estaciones de servicio que el grupo empresario adquirió de la firma Petrobras”. Por esta causa, López y De Sousa fueron absueltos y fue condenado Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP.
A partir de allí se activa la segunda etapa, dicen los fiscales, con “un sistema de retorno a la familia Kirchner de parte de los fondos que la organización se habría apropiado en forma ilícita del Estado, para lo cual resultaba necesario legitimar la recepción del dinero merced a la simulación de diversos contratos de alquiler de las propiedades que integran el patrimonio del grupo económico Kirchner, especialmente las habitaciones del Hotel Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén y los departamentos de Puerto Madero”.
El pacto con Irán
En un momento se especuló con que este fallo se iba a conocer junto con otro que tiene a estudio la misma sala de la Casación, la firma del pacto con Irán, donde Cristina Kirchner también fue sobreseída sin juicio. Pero no dan los tiempos del tribunal: en el caso del memorándum solo votó uno de los tres jueces y resta que los otros dos elaboren su voto.
La vicepresidenta fue acusada de encubrimiento a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA, a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman en 2015, que cuatro días más tarde fue encontrado muerto. El tribunal oral integrado por José Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado no encontró delito en la firma del memorándum, al entender que se trataba de un acto de Gobierno ratificado por el Congreso.
El fiscal Marcelo Colombo apeló ese fallo y el asunto llegó a la Casación, donde el fiscal Javier de Luca no mantuvo el recurso. No obstante, la apelación prosperó por los acusadores privados, representados por familiares de víctimas del atentado a la AMIA. Son Mario Aberbuj y Luis Dobniewski, representados por los abogados Juan José Ávila y Tomás Farini Duggan.
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