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Otro revés judicial para el país, por US$1500 millones
El fallo adverso del Tribunal Superior de Londres culpó al Estado por haber manipulado los datos del PBI en 2013
Sofía DiamanteFallan contra otra maniobra de Cristina Kirchner y Kicillof
La Argentina recibió ayer un nuevo fallo en contra en los tribunales internacionales, a menos de una semana del revés por la estatización de YPF. En Gran Bretaña, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior de Londres, encontró culpable al país en el caso conocido como “cupón PBI”. El Estado fue acusado de modificar la forma de calcular el producto bruto interno para evitar pagar los intereses de una deuda emitida en 2005.
El Tribunal les dio la razón a los fondos demandantes y la Argentina les deberá pagar daños e indemnizaciones por 643 millones de euros (US$704 millones), según informó la agencia Reuters. Además, “el juez dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1330 millones de euros [US$1460 millones] en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI”, de los cuales los cuatro fondos poseen cerca del 48%”.
El cupón atado al PBI les pagaba a los bonistas cuando la Argentina crecía más de 3% en el año. La demanda contra el país se centró en el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2013, que derivó en una tasa menor de crecimiento del país.
La Argentina recibió un nuevo fallo en contra en los tribunales internacionales en menos de una semana. En Gran Bretaña, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior de Londres, encontró culpable al país en el caso conocido como “cupón PBI”. El Estado fue acusado de modificar la manera de calcular el producto bruto interno (PBI) para evitar pagar los intereses de una deuda emitida en 2005, como canje de los títulos en default en 2001.
En Londres, el Tribunal les dio la razón a los cuatro fondos demandantes – Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited–, y la Argentina les deberá pagar daños e indemnizaciones por 643 millones de euros (US$704 millones), según informó la agencia Reuters.
“El juez también dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1330 millones de euros [unos US$1460 millones] en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%”, dijo Reuters.
El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda que se hizo en 2005. Este instrumento financiero les pagaba a los bonistas cuando la Argentina crecía más de 3% en el año. La demanda contra el país se centró en el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2013, que derivó en una tasa menor de crecimiento de la Argentina.
Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses.
El estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los demandantes, conoce de cerca la Argentina, ya que defendió a otros fondos en la reestructuración de la deuda que llevó adelante el exministro de Economía Martín Guzmán, en 2020.
El Estado tiene la posibilidad de apelar el fallo, pero igualmente deberá pagar una garantía para no tener activos embargados.
Además del juicio en Londres, hay otra demanda idéntica en Nueva York presentada por el fondo Aurelius, pero el caso todavía no empezó. A fin de año debería iniciarse en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, bajo la mirada de la jueza Loretta Preska, la misma que falló en contra del Estado argentino la semana pasada por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. “Ahí hay otros US$415 millones más intereses”, dijo Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.
En 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen (hoy embajador argentino en Arabia Saudita), presentaron una oferta para canjear los títulos en default de 2001 y propusieron como “endulzante” –como se dice en la jerga financiera– un cupón atado a la evolución del PBI, que pagaba si el país crecía por arriba del 3% del producto (exigía un nivel de crecimiento mayor en los primeros años y después descendía al 3%).
Pesada herencia
En 2014, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía en ese entonces, anunció un cambio en la base de cálculo del PBI, lo que en la práctica reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con este cambio, el país no llegaba a crecer por arriba del 3,26% como establecía el cupón para ese año.
Cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec tomaba 1993 como año base de cálculo para ir informando el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística que era poco creíble, luego de que, en 2007, se intervino el Indec de la mano de Guillermo Moreno. Desde entonces, además, el Indec dejó de publicar la serie original con base en 1993.
Kicillof fue también quien avanzó con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012, y tomó la decisión de no hacer una oferta público por el total de la empresa, como decía el estatuto de la petrolera, diseñado en 1993, cuando comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Debido a esa decisión, los fondos Burford y Eton Park demandaron al Estado argentino y la jueza Preska falló en contra de la Argentina el viernes pasado. Eso obligará al país a pagar indemnizaciones de entre US$3500 millones y US$19.000 millones.
El gobernador bonaerense dijo el sábado pasado, en declaraciones radiales: “Este es un año electoral, así que no me extraña que los buitres se vuelvan a meter justo en el medio de la campaña. Hace acordar un poco a 2015 (...) También pueden aparecer otros fallos que andan dando vuelta. Puede ser una embestida de los fondos buitre, siempre contra la misma fuerza política y contra las mismas personas”.

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Los costos que dejó la gestión de Axel Kicillof en Economía
Alfonso Prat-Gay y Luciano Laspina estiman que sus decisiones en el gobierno de Cristina le costaron al país US$33.724 millones

Camila Dolabjian y Domitila Dellacha.
Alfonso Prat-Gay, exministro de Economía de Macri, y Luciano Laspina, economista y diputado nacional de Juntos por el Cambio, publicaron un cálculo al que llamaron “Kicicostómetro”, en irónica referencia a los costos para el país que se acumulan por decisiones de política económica tomadas durante la gestión de Axel Kicillof al frente del Palacio de Hacienda, cuando Cristina Kirchner era presidenta. De acuerdo con sus estimaciones, los costos fiscales de las negociaciones del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires ascienden a US$33.724 millones.
Según el economista Fernando Mar ull, no obstante, las estimaciones de la deuda generada a raíz de negociaciones y juicios con resultados desfavorables para la Argentina duplican la que difundieron Prat-Gay y Laspina. “Los K ya le costaron al país más de US$65.000 millones”, dijo Marull. “Solo en base a litigios se generó una deuda de unos US$23.000 millones”, señaló por su parte Sebastián Maril, director de Latam Advisors. “Eso es el kirchnerismo”, asestó. Y enumeró los juicios iniciados por los holdouts, YPF, juicios perdidos ante el Ciadi y el más reciente fallo por el cupón PBI.
Algunos gastos y deudas destacados en el “Kicicostómetro” son: • Caso Repsol-YPF. “Amenazó con que Repsol tenía que compensar a la Argentina [cuando se estatizó YPF]. Terminó pagando US$5000 millones por el 51% de la compañía”, comentó Prat-Gay.
• Caso Griesa: US$12.627 millones. “Su estrategia de pelearse con el juez y arrastrar los pies desencadenó una condena firme por el triple del valor original de la deuda”, apuntó. Thomas Griesa fue el antecesor de la jueza Preska, que decidió sobre el caso YPF hace unos días.
Club de París: US$3633 millones. Prat-Gay aseguró que Kicillof “aceptó sin discutir intereses punitorios por ese valor, sobre una deuda original de US$4955 millones”. Sin embargo, esta deuda sigue siendo renegociada. Sergio Massa, actual ministro, anunció los últimos cambios en octubre del año pasado. La deuda pendiente con el Club de París suma alrededor de US$2000 millones. Martín Guzmán había acordado dos extensiones antes de abandonar el Palacio de Hacienda. El acuerdo de Kicillof en 2014 reestructuró unos US$9000 millones.
• Deuda de la provincia de Buenos Aires: US$2764 millones. Para el exministro, Kicillof aceptó todas las condiciones de los bonistas. En 2021, como gobernador bonaerense, logró un acuerdo con el 98% de los tenedores de la deuda nominada en dólares, que superaba los US$7148 millones.
• Ciadi: en la institución que se encarga de dirimir diferencias entre estados e inversores internacionales, el país ostenta el primer puesto en la cantidad de causas iniciadas (cerradas y pendientes). Ese récord ya implicó desembolsar –según Marull– más de US$2900 millones.
• YPF: US$8500 millones es lo que calcula Prat-Gay que se deberá pagar por el juicio por la estatización. El 1 de abril, Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, eximió de responsabilidades a YPF en este caso, pero culpó al Estado argentino, que deberá pagar entre US$3500 millones y US$17.000 millones.
• Cupón PBI: US$2650 millones por los juicios perdidos en Londres y por el que arrancará en Nueva York debido al cambio de cómputo para el pago de los cupones. Ayer, en Gran Bretaña, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior de Londres, encontró culpable al país. El Estado fue acusado de modificar la manera de calcular el PBI para evitar pagar los intereses de una deuda emitida en 2005, como can je de los títulos en default en 2001.

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