El envío de gendarmes al conurbano agudiza la pelea entre Nación y Provincia
Aníbal Fernández elevará esta semana la cifra de efectivos, sin coordinar con Berni
Cecilia Devanna y Javier Fuego Simondet
Termina la semana más tensa entre la Casa Rosada y la gobernación de la provincia de Buenos Aires por los episodios de inseguridad. Pero la próxima podría ser peor. El ministro Aníbal Fernández planifica un fuerte incremento de la cantidad de gendarmes en el conurbano, pero sin poner en conocimiento a su par bonaerense, Sergio Berni. Solo habló con los municipios de la idea de establecer un Comando Unificado Conurbano (CUC). “¿Te parece que puede haber diálogo posible después de que Aníbal dijo lo que dijo del gobernador?”, se preguntó un funcionario provincial ante la nacion. Sin articulación, los funcionarios temen problemas operativos en el terreno que puedan complicar el despliegue.
Las diferencias entre la Nación y la provincia de Buenos Aires alrededor del tema inseguridad en el conurbano no cesan y las consecuencias de esa tensión y falta de diálogo podrían agravarse en el territorio en los próximos días. Como telón de fondo del conflicto está el Comando Unificado Conurbano (CUC), desarrollado por la cartera nacional a cargo de Aníbal Fernández, que aunque ya bajó efectivos a las calles se terminará de operativizar en los próximos días. Este desembarco más masivo se hace en diálogo con los municipios, pero sin coordinación con las autoridades bonaerenses.
Desde el ministerio conducido por Aníbal Fernández aseguran que sí hay diálogo con la Provincia, pero sin precisar con quién o quiénes. Desde la Provincia, en cambio, son contundentes a la hora de negar cualquier tipo de comunicación desde allí. Dos mensajes contrapuestos que parecen exhibir las dificultades.
Incluso no estuvieron presentes este miércoles en la reunión que se realizó en la sede de la cartera, en la zona de Recoleta, y que fue encabezada por Mercedes La Gioiosa, secretaria de Seguridad y Política Criminal, y quien está inmediatamente después que Fernández en el organigrama.
Sobre el tema se manifestó el jefe de asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, quien este jueves consideró: “Fue un error grosero de la Nación no haber invitado a la Provincia”.
En declaraciones a Todo este Ruido, por Radio Provincia, Bianco no se quedó allí y fue aún más explícito al asegurar que “no contar con nuestra información limita el impacto de las políticas que se quieren llevar adelante, porque quien tiene el mapa del delito y de las zonas calientes en la provincia es el Ministerio de Seguridad bonaerense”. Y planteó que “tomar decisiones respecto de la seguridad pública sin tener esta información va a tener un impacto limitado”.
“Poder se puede, ya se está haa ciendo”, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo Nacional a este diario. “Se los invitó, se articula y se habla. El diálogo no está roto”, insistieron cerca de las filas de Aníbal Fernández. “¿Te parece que puede haber diálogo posible después de que Aníbal dijo lo que dijo del gobernador?”, se preguntó un importante funcionario provincial en diálogo al referirse los dichos del ministro nacional, que acusó al gobernador de ser un “desconocedor” de lo que sucede en la provincia, al tiempo que negó los contactos a los que aluden en la Nación.
Desde la cartera nacional, por su parte, insisten en que el CUC ya está en desarrollo en la práctica y esperan tenerlo completamente operativo la semana que viene, después de la reunión que este martes mantendrán con el comando noroeste y La Plata. La idea es que se irá aumentando la presencia de efectivos y operativos en el correr de los próximos días en el conurbano bonaerense. En la expectativa final está duplicar el número de efectivos federales que hoy ya están en ese territorio, aunque cumpliendo funciones vinculadas a delitos federales, que se acerca a los seis mil.
Entre los problemas que acarrearía la falta de coordinación entre los mandos de la Nación y la Provincia estarían que no se coordinaron las frecuencias de radio, que son encriptadas; también que, ante la falta de infraestructura de las fuerzas federales en muchos de los distritos en que se apostarán, deberán, en caso de realizar detenciones, acudir a comisarías bonaerenses y que se tome declaración allí.
“No es que un policía de la bonaerense no va a tomar esa declaración, pero por millones de cosas como esas hay que hablar, articular y coordinar antes”, dijo un funcionario bonaerense a este diario.
Otro de los elementos es que en la reunión de este miércoles se les pidió a los secretarios de Seguridad municipales que hagan el mapa de calor de la inseguridad, que es donde se ubican las zonas de conflictividad. “Eso ya está hecho en la provincia, con toda la información y estadísticas. Esto es una cuestión entre el capricho y la política”, añadieron desde la Provincia.
En los distritos, pocos datos
Los funcionarios municipales se llevaron solo algunas precisiones de ese encuentro vaciado de representantes del gobierno de Kicillof, según pudo saber de fuentes distritales.
“La idea es empezar dentro de una semana o diez días. En muchos municipios hay gendarmes, no muchos, pero hay. La intención es dar una dinámica diferente y seguir coordinando, como se venía haciendo, con la estación de cada municipio (donde hay un jefe de estación, que es policía bonaerense). Se coordinará con los municipios en función del mapa de calor del delito y del tipo de delito”, resumió un dirigente de una de las intendencias que participaron del encuentro que encabezó La Gioiosa. La misma fuente deslizó que se habrían restablecido los contactos entre la Nación y la Provincia.
La identificación de las zonas de riesgo es un dato de la reunión que otro hombre al tanto de lo conversado coincidió en mencionar. “Se habló de que les van a pedir a los municipios las zonas en las que quieren que bajen los efectivos de la Gendarmería. Se va a trabajar desde el municipio para marcar rápidamente esas zonas y ver cuánto responde la Nación”, afirmaron a este diario desde uno de los municipios invitados al encuentro del miércoles.
En cuanto a la cantidad de efectivos federales que recibiría cada distrito, los datos escasean. “Se empezó a hablar de cantidades. No de hombres, pero sí de unidades: entre 5 y 10 unidades por municipio”, indicó uno de los funcionarios consultados. “No se habló de cantidad de efectivos. No dijeron cuándo llegarán ni cuántos”, sumó incertidumbre otra fuente.
“Fue una buena reunión de trabajo, de coordinación y planificación de acciones”, definieron desde una de las intendencias que fueron parte de la reunión. No obstante, la tónica de quienes participaron en representación de los municipios y respondieron a las consultas de este diario era de falta de precisiones sobre el despliegue de gendarmes prometido desde el gobierno nacional en medio de la tensión con la provincia de Buenos Aires
“¿Te parece que puede haber diálogo posible después de que Aníbal dijo lo que dijo del gobernador?”, se preguntó un funcionario provincial
La expectativa es duplicar el número de efectivos federales que hoy están en el territorio
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Kicillof sintió el efecto del resbalón político al que lo arrastró Berni
El gobernador vivió en carne propia los golpes a su ministro, que quedó en la mira; se involucró en un tema que suele evitar
Mariano Spezzapria
Axel Kicillof gobernador bonaerense
Los cacheos a los pasajeros del transporte público, al viejo estilo militar, tuvieron su debut el viernes en la zona más picante de La Matanza, donde asesinaron al colectivero Daniel Barrientos, pero fueron desactivados rápidamente ayer. El ruido político que generó en la administración provincial y en el kirchnerismo esa acción implementada por la policía bonaerense, a cargo de Sergio Berni, hizo que la medida tuviera una vida fugaz. Fue otro más de los movimientos en falso que afectaron esta semana al gobernador Axel Kicillof en medio de una nueva crisis de seguridad en el conurbano.
Si bien desde La Plata aseguraron a la nacion que los cacheos habían sido reclamados por los choferes de la línea 620 en la reunión que mantuvieron con Berni el jueves, una vez que se calmó la furia que se había desatado el lunes con golpes y pedradas sobre la humanidad del ministro, lo cierto es que de ahora en más habrá operativos de control en los colectivos y en las rutas de las distintas empresas de transporte, pero ya no se registrarán imágenes que muestren a policías poniendo de espaldas a pasajeros –la mayoría jóvenes– y con las manos elevadas sobre sus cabezas.
El desconcierto que provocó en los sectores más progresistas del kirchnerismo esa medida de la dupla Kicillof-berni fue de similar proporción al que generó entre los intendentes del PJ del conurbano la declaración del gobernador en la que mezcló el asesinato del colectivero con un acto político de Patricia Bullrich en La Matanza y el ataque contra Cristina Kirchner en septiembre del año pasado. Ese resbalón discursivo del delfín de la vicepresidenta empezó a ser desandado ayer por fuentes del entorno del gobernador, que buscaron aclarar que “el asesinato fue un hecho de inseguridad, pero la agresión a Berni es lo que nos sigue llamando la atención”.
A tal punto que hicieron foco en el apellido compartido de dos de los detenidos por la agresión a Berni con uno de los choferes de la línea 620. También apuntaron a una declaración de los delegados gremiales, que hablaron de la existencia de “infiltrados” en la manifestación que terminó en hechos de violencia. Pero lo que no dijeron en La Plata es que Berni tuvo una actitud provocadora al descolgarse de un helicóptero en plena General Paz para encarar a los manifestantes ni tampoco admitieron que el nocaut al “sheriff” es también un duro golpe a Kicillof, que utiliza al ministro como un escudo ante la inseguridad.
De fondo hay, según pudo saber este diario, una discusión conceptual entre Kicillof, Berni y los intendentes por la subejecución del plan para instalar cámaras de seguridad en el interior de los colectivos que transitan por las zonas más peligrosas del conurbano. “No hay que fetichizar la cuestión: la sola existencia de las cámaras en los bondis no va a solucionar un problema estructural para lo cual se viene trabajando desde hace tres años”, aseguraron en La Plata.
Pero entre los intendentes de la región –¿y tal vez en Berni?– anida otra percepción: “Axel viene pisando la caja y no tenemos constancias de que los 2500 millones de pesos de los que él habla que puso en las cámaras realmente los haya puesto”, dijo en voz baja un jefe comunal peronista. El conflicto contiene otro elemento político: el ministro de Transporte, Jorge D’onofrio, que atajó varias piñas que iban dirigidas a Berni, es un massista. Y su jefe político, Sergio Massa, lo instruyó para que si la Provincia no destina los fondos para las cámaras, entonces que se los pida al Ministerio de Transporte nacional, también a cargo de un renovador, Diego Giuliano.
Kicillof llegará a la reunión de mañana con las empresas y el gremio UTA con estos problemas internos como telón de fondo, pero aun así buscará “avanzar de forma definitiva y de conjunto en la instalación de cámaras” en los colectivos, aseguraron las fuentes consultadas por este medio. De todos modos, el gobernador también haría notar –cuando tome la palabra– que su gestión redujo el “delito prevenible” –el que se produce en las calles– un 29% en tres años. “Estamos mejor que antes, estamos muchísimo mejor que zonas como Rosario, estamos infinitamente mejor que los EE.UU., pero cada homicidio nos duele. En la provincia siguen muriendo aproximadamente dos personas en homicidios dolosos por día”, afirmaron cerca de Kicillof.
La saga que sucedió al doloroso crimen de Barrientos perjudicó al gobernador, en principio por sus propios errores no forzados, que lo sacaron del sitial de aspirante sin sobresaltos a la reelección este año. De hecho, le otorgaron a la oposición política –especialmente a la nucleada en Juntos por el Cambio, que tiene candidatos dedicados al tema de la seguridad– un flanco para cuestionarlo públicamente. Justo cuando en el oficialismo comienzan a menear su nombre como posible candidato a la presidencia, en caso de que el Frente de Todos no consiga armar una fórmula competitiva con sus dirigentes nacionales.
El futuro de Berni
El andar del año electoral también trae aparejadas algunas dudas sobre el futuro de Berni, quien sigue teniendo el objetivo de ser candidato en las boletas del Frente de Todos. Según su esposa, la diputada Agustina Propato, tiene la ambición de postularse a la presidencia. Y por eso debería renunciar para encarar la campaña. Ayer circularon versiones sobre su alejamiento del cargo, pero desde la gobernación las desmintieron.
Sin embargo, desde el propio gabinete provincial no faltan quienes evalúan como un “error político” de Berni haber irrumpido en la protesta de los colectiveros. “Otras veces le salió bien, pero ahora no hizo más que poner en agenda la muerte de un trabajador”, advirtieron.
Los cacheos a los pasajeros del transporte público, al viejo estilo militar, tuvieron su debut el viernes en la zona más picante de La Matanza, donde asesinaron al colectivero Daniel Barrientos, pero fueron desactivados rápidamente ayer. El ruido político que generó en la administración provincial y en el kirchnerismo esa acción implementada por la policía bonaerense, a cargo de Sergio Berni, hizo que la medida tuviera una vida fugaz. Fue otro más de los movimientos en falso que afectaron esta semana al gobernador Axel Kicillof en medio de una nueva crisis de seguridad en el conurbano.
Si bien desde La Plata aseguraron a la nacion que los cacheos habían sido reclamados por los choferes de la línea 620 en la reunión que mantuvieron con Berni el jueves, una vez que se calmó la furia que se había desatado el lunes con golpes y pedradas sobre la humanidad del ministro, lo cierto es que de ahora en más habrá operativos de control en los colectivos y en las rutas de las distintas empresas de transporte, pero ya no se registrarán imágenes que muestren a policías poniendo de espaldas a pasajeros –la mayoría jóvenes– y con las manos elevadas sobre sus cabezas.
El desconcierto que provocó en los sectores más progresistas del kirchnerismo esa medida de la dupla Kicillof-berni fue de similar proporción al que generó entre los intendentes del PJ del conurbano la declaración del gobernador en la que mezcló el asesinato del colectivero con un acto político de Patricia Bullrich en La Matanza y el ataque contra Cristina Kirchner en septiembre del año pasado. Ese resbalón discursivo del delfín de la vicepresidenta empezó a ser desandado ayer por fuentes del entorno del gobernador, que buscaron aclarar que “el asesinato fue un hecho de inseguridad, pero la agresión a Berni es lo que nos sigue llamando la atención”.
A tal punto que hicieron foco en el apellido compartido de dos de los detenidos por la agresión a Berni con uno de los choferes de la línea 620. También apuntaron a una declaración de los delegados gremiales, que hablaron de la existencia de “infiltrados” en la manifestación que terminó en hechos de violencia. Pero lo que no dijeron en La Plata es que Berni tuvo una actitud provocadora al descolgarse de un helicóptero en plena General Paz para encarar a los manifestantes ni tampoco admitieron que el nocaut al “sheriff” es también un duro golpe a Kicillof, que utiliza al ministro como un escudo ante la inseguridad.
De fondo hay, según pudo saber este diario, una discusión conceptual entre Kicillof, Berni y los intendentes por la subejecución del plan para instalar cámaras de seguridad en el interior de los colectivos que transitan por las zonas más peligrosas del conurbano. “No hay que fetichizar la cuestión: la sola existencia de las cámaras en los bondis no va a solucionar un problema estructural para lo cual se viene trabajando desde hace tres años”, aseguraron en La Plata.
Pero entre los intendentes de la región –¿y tal vez en Berni?– anida otra percepción: “Axel viene pisando la caja y no tenemos constancias de que los 2500 millones de pesos de los que él habla que puso en las cámaras realmente los haya puesto”, dijo en voz baja un jefe comunal peronista. El conflicto contiene otro elemento político: el ministro de Transporte, Jorge D’onofrio, que atajó varias piñas que iban dirigidas a Berni, es un massista. Y su jefe político, Sergio Massa, lo instruyó para que si la Provincia no destina los fondos para las cámaras, entonces que se los pida al Ministerio de Transporte nacional, también a cargo de un renovador, Diego Giuliano.
Kicillof llegará a la reunión de mañana con las empresas y el gremio UTA con estos problemas internos como telón de fondo, pero aun así buscará “avanzar de forma definitiva y de conjunto en la instalación de cámaras” en los colectivos, aseguraron las fuentes consultadas por este medio. De todos modos, el gobernador también haría notar –cuando tome la palabra– que su gestión redujo el “delito prevenible” –el que se produce en las calles– un 29% en tres años. “Estamos mejor que antes, estamos muchísimo mejor que zonas como Rosario, estamos infinitamente mejor que los EE.UU., pero cada homicidio nos duele. En la provincia siguen muriendo aproximadamente dos personas en homicidios dolosos por día”, afirmaron cerca de Kicillof.
La saga que sucedió al doloroso crimen de Barrientos perjudicó al gobernador, en principio por sus propios errores no forzados, que lo sacaron del sitial de aspirante sin sobresaltos a la reelección este año. De hecho, le otorgaron a la oposición política –especialmente a la nucleada en Juntos por el Cambio, que tiene candidatos dedicados al tema de la seguridad– un flanco para cuestionarlo públicamente. Justo cuando en el oficialismo comienzan a menear su nombre como posible candidato a la presidencia, en caso de que el Frente de Todos no consiga armar una fórmula competitiva con sus dirigentes nacionales.
El futuro de Berni
El andar del año electoral también trae aparejadas algunas dudas sobre el futuro de Berni, quien sigue teniendo el objetivo de ser candidato en las boletas del Frente de Todos. Según su esposa, la diputada Agustina Propato, tiene la ambición de postularse a la presidencia. Y por eso debería renunciar para encarar la campaña. Ayer circularon versiones sobre su alejamiento del cargo, pero desde la gobernación las desmintieron.
Sin embargo, desde el propio gabinete provincial no faltan quienes evalúan como un “error político” de Berni haber irrumpido en la protesta de los colectiveros. “Otras veces le salió bien, pero ahora no hizo más que poner en agenda la muerte de un trabajador”, advirtieron.
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