El debate desgastó la relación de la Nación con los gobernadores
La mayoría de los mandatarios provinciales creen que el llamado a un nuevo pacto fiscal es un intento de aplacar los reclamos por más fondos; ratifican que faltan interlocutores “con poder”
Gabriela Origlia
Llaryora es una figura clave en la negociación
CÓRDOBA.– Las negociaciones por la ley ómnibus –que seguirán la próxima semana– entre los gobernadores y la Casa Rosada provocaron un desgaste indisimulable más allá de que el apoyo de los “dialoguistas” fue clave para la aprobación en general. Las amenazas continuas desde un ala del gabinete nacional tensan el vínculo. La posibilidad de una convocatoria para discutir un nuevo pacto fiscal es interpretada por la mayoría como una forma de “salir del paso” en medio de la pelea por el reparto de fondos. De cara al martes, consideran clave lo que termine pasando con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses y con el impuesto PAIS.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, no dio detalles a ningún gobernador de cuáles serían los lineamientos de ese acuerdo fiscal. Por eso la hipótesis de que la idea surgió en medio de la presión para que se coparticipen el impuesto al cheque o el PAIS. No se trata de una propuesta nueva. En setiembre del 2023, el entonces ministro y candidato a presidente Sergio Massa acordó que coparticiparía ambas cargas para compensar las reformas de Ganancias e IVA. Diez días antes de que terminara su gestión Alberto Fernández, los gobernadores salientes y los entrantes impulsaron que la mitad del impuesto al cheque se distribuyera entre Nación y provincias.
De la reunión con Francos con gobernadores independientes, de la UCR y de PRO, hubo expectativa de avances, pero desde la Oficina del Presidente advirtieron “se discutirá más adelante”. El paso del tiempo no es neutral para las finanzas provinciales: la coparticipación en enero cayó 13,6% interanual en términos reales y los giros discrecionales 98%.
Economía no autorizó “ni un peso”. Por ejemplo, las 13 cajas de jubilación provinciales no transferidas no recibieron nada, ni siquiera las transferencias a valores históricos que venía haciendo Anses. Por eso, es crucial el FGS. Todas las propuestas de los gobernadores para cobrar por esa vía esas deudas, fueron rechazadas por Economía.
Para cumplir el compromiso con el FMI, el impuesto PAIS debe eliminarse a fin de este año por lo que si cuajara la propuesta de coparticiparlo, liderada por el cordobés Martín Llaryora, implicaría volver a discutir todo en un par de meses. Lo más lógico sería reponer Ganancias (Ingresos Personales lo denomina el gobierno). Ese sería el camino estructural para recuperar recursos coparticipables.
Sin datos concretos de por dónde iría la propuesta de Nación, los mandatarios ratifican que las medidas fiscales incluidas en la ley ómnibus eran “desequilibradas” desde una mirada federalista. “Antiprovincias”. Ese sesgo, advierten, no lo aceptarán en ningún pacto fiscal.
También esperan señales del Ejecutivo de cuál será el lineamiento con la obra pública por qué están frenadas todas, con el consecuente impacto en el empleo. Un gobernador independiente especula con que, además de lo económico, Mauricio Macri “o su gente” le debe haber dicho a Javier Milei que es “un gasto innecesario porque la capitalizan ellos; Macri lo padeció en carne propia a eso”.
La relación entre los gobernadores –que estrenaron un grupo de Whatsapp de todos antes del encuentro con el presidente Milei– se mantiene. No hay cortocircuitos, más allá de algunas diferencias que existen. No se está gestando una “liga”, pero unos 14 tratan de acordar posiciones y presentar un frente común.
Entre los peronistas, que también están en el grupo, Axel Kicillof participa poco, al igual que Gerardo Zamora; Ricardo Quintela mantiene su estrategia de confrontación abierta (llamó a la “resistencia” al Partido Justicialista, ya que, según él, Milei viene “por la riqueza y la esperanza de los argentinos”); Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo comparten lineamientos con los “dialoguistas” sin llegar a sumarse a las cumbres ampliadas que estos organizan.
Con la Casa Rosada, coinciden los menos combativos consultados por la nacion, la relación es difícil porque Milei pone “a todos en la misma bolsa; para él todos son caudillos responsables del fracaso” del país. Enfatizan que parece no advertir que hay muchos que son “nuevos”, con vocación “de ayudar” y que “todos” tienen la misma legitimidad de origen que él. “A nosotros también nos eligió la gente y nos eligió para que defendamos sus intereses”, sostienen.
Varios gobernadores celebraron la aprobación en general de la ley ómnibus, pero el ánimo dominante es que no hay vocación de diálogo por parte de la Rosada. “Si a Francos lo dejaran hacer, se hubiera avanzado mucho más rápido y ni siquiera se hubiera bajado el capítulo fiscal –dice un representante de Juntos por el Cambio–. Defiende su postura, pero escucha. El punto es que todo lo tiene que consultar y la respuesta es ‘no’ sea por Milei o por el Toto” (N. de la R.: Luis Caputo).
Hay consenso en que el diagnóstico del libertario es el correcto, pero que las medidas que afectan a las provincias –como un posible consenso fiscal– deben ser conversadas con interlocutores con poder. Son muy críticos del gabinete. Ratifican que la “mayoría” quiere que le “vaya bien, que estabilice la economía, porque sino no hay ninguna gestión posible” tampoco para ellos.
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Senado: las miradas se posan en 9 “independientes”
Villarruel hizo contactos preliminares con los bloques dialoguistas; el kirchnerismo apunta a que se cite a Caputo
CÓRDOBA.– Las negociaciones por la ley ómnibus –que seguirán la próxima semana– entre los gobernadores y la Casa Rosada provocaron un desgaste indisimulable más allá de que el apoyo de los “dialoguistas” fue clave para la aprobación en general. Las amenazas continuas desde un ala del gabinete nacional tensan el vínculo. La posibilidad de una convocatoria para discutir un nuevo pacto fiscal es interpretada por la mayoría como una forma de “salir del paso” en medio de la pelea por el reparto de fondos. De cara al martes, consideran clave lo que termine pasando con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses y con el impuesto PAIS.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, no dio detalles a ningún gobernador de cuáles serían los lineamientos de ese acuerdo fiscal. Por eso la hipótesis de que la idea surgió en medio de la presión para que se coparticipen el impuesto al cheque o el PAIS. No se trata de una propuesta nueva. En setiembre del 2023, el entonces ministro y candidato a presidente Sergio Massa acordó que coparticiparía ambas cargas para compensar las reformas de Ganancias e IVA. Diez días antes de que terminara su gestión Alberto Fernández, los gobernadores salientes y los entrantes impulsaron que la mitad del impuesto al cheque se distribuyera entre Nación y provincias.
De la reunión con Francos con gobernadores independientes, de la UCR y de PRO, hubo expectativa de avances, pero desde la Oficina del Presidente advirtieron “se discutirá más adelante”. El paso del tiempo no es neutral para las finanzas provinciales: la coparticipación en enero cayó 13,6% interanual en términos reales y los giros discrecionales 98%.
Economía no autorizó “ni un peso”. Por ejemplo, las 13 cajas de jubilación provinciales no transferidas no recibieron nada, ni siquiera las transferencias a valores históricos que venía haciendo Anses. Por eso, es crucial el FGS. Todas las propuestas de los gobernadores para cobrar por esa vía esas deudas, fueron rechazadas por Economía.
Para cumplir el compromiso con el FMI, el impuesto PAIS debe eliminarse a fin de este año por lo que si cuajara la propuesta de coparticiparlo, liderada por el cordobés Martín Llaryora, implicaría volver a discutir todo en un par de meses. Lo más lógico sería reponer Ganancias (Ingresos Personales lo denomina el gobierno). Ese sería el camino estructural para recuperar recursos coparticipables.
Sin datos concretos de por dónde iría la propuesta de Nación, los mandatarios ratifican que las medidas fiscales incluidas en la ley ómnibus eran “desequilibradas” desde una mirada federalista. “Antiprovincias”. Ese sesgo, advierten, no lo aceptarán en ningún pacto fiscal.
También esperan señales del Ejecutivo de cuál será el lineamiento con la obra pública por qué están frenadas todas, con el consecuente impacto en el empleo. Un gobernador independiente especula con que, además de lo económico, Mauricio Macri “o su gente” le debe haber dicho a Javier Milei que es “un gasto innecesario porque la capitalizan ellos; Macri lo padeció en carne propia a eso”.
La relación entre los gobernadores –que estrenaron un grupo de Whatsapp de todos antes del encuentro con el presidente Milei– se mantiene. No hay cortocircuitos, más allá de algunas diferencias que existen. No se está gestando una “liga”, pero unos 14 tratan de acordar posiciones y presentar un frente común.
Entre los peronistas, que también están en el grupo, Axel Kicillof participa poco, al igual que Gerardo Zamora; Ricardo Quintela mantiene su estrategia de confrontación abierta (llamó a la “resistencia” al Partido Justicialista, ya que, según él, Milei viene “por la riqueza y la esperanza de los argentinos”); Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo comparten lineamientos con los “dialoguistas” sin llegar a sumarse a las cumbres ampliadas que estos organizan.
Con la Casa Rosada, coinciden los menos combativos consultados por la nacion, la relación es difícil porque Milei pone “a todos en la misma bolsa; para él todos son caudillos responsables del fracaso” del país. Enfatizan que parece no advertir que hay muchos que son “nuevos”, con vocación “de ayudar” y que “todos” tienen la misma legitimidad de origen que él. “A nosotros también nos eligió la gente y nos eligió para que defendamos sus intereses”, sostienen.
Varios gobernadores celebraron la aprobación en general de la ley ómnibus, pero el ánimo dominante es que no hay vocación de diálogo por parte de la Rosada. “Si a Francos lo dejaran hacer, se hubiera avanzado mucho más rápido y ni siquiera se hubiera bajado el capítulo fiscal –dice un representante de Juntos por el Cambio–. Defiende su postura, pero escucha. El punto es que todo lo tiene que consultar y la respuesta es ‘no’ sea por Milei o por el Toto” (N. de la R.: Luis Caputo).
Hay consenso en que el diagnóstico del libertario es el correcto, pero que las medidas que afectan a las provincias –como un posible consenso fiscal– deben ser conversadas con interlocutores con poder. Son muy críticos del gabinete. Ratifican que la “mayoría” quiere que le “vaya bien, que estabilice la economía, porque sino no hay ninguna gestión posible” tampoco para ellos.
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Senado: las miradas se posan en 9 “independientes”
Villarruel hizo contactos preliminares con los bloques dialoguistas; el kirchnerismo apunta a que se cite a Caputo
Gustavo Ybarra
Atentos a lo que ocurre en Diputados, pero sin saber cómo se terminará resolviendo el debate en particular, en el Senado impera la incertidumbre de cara al tratamiento del proyecto de ley ómnibus. De hecho, la vicepresidenta Victoria Villarruel utilizó la indefinición del debate en Diputados como carta de negociación en las conversaciones que mantuvo con los diferentes bloques en su búsqueda de apoyo antes de negar el pedido de sesión especial para rechazar el DNU 70/23 formulado por el kirchnerismo.
Ante la demora de la Cámara baja, la conducción de la Cámara alta todavía no previó ningún cronograma de tratamiento. Más aún, en algunas oficinas cercanas a la presidencia del cuerpo se especulaba con que el debate de la ley recién podría estar comenzando a fines de la próxima semana. Esto eso así porque en caso de que Diputados apruebe el proyecto a lo largo del miércoles –el debate en particular se retomará el martes–, la composición definitiva de un texto de más de 260 artículos por la Secretaría Parlamentaria podría postergar su envío al Senado al menos hasta el jueves. Recién entonces, Villarruel definiría el número de comisiones que intervendrán -podrían ser dos para apurar el trámitey la cantidad de días que se discutirá la iniciativa. Por lo pronto, hasta en los bloques dialoguistas sostienen que deberán desfilar por el Senado ministros y funcionarios del gobierno de Javier Milei. Esto demandaría, como mínimo, tres días de reuniones de las comisiones en plenario.
El kirchnerismo, parado en la vereda de enfrente del gobierno libertario, ya se prepara para demorar todo lo posible el debate del proyecto. El jueves pasado, el jefe del bloque del Frente de Todos José Mayans (Formosa), estimó en un mínimo de dos semanas la discusión en comisiones. Como hicieron sus compañeros de la Cámara baja, Mayans adelantó que los senadores kirchneristas pedirán la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que no se expuso en Diputados. Con estos factores sobre la mesa de negociación, es imposible que el proyecto pueda llegar al recinto de la última semana de febrero. Y para que eso ocurra, el Poder Ejecutivo deberá extender las sesiones extraordinarias, que vencen el 15 del corriente.
Otro cantar es el tema del apoyo que podría tener la iniciativa. Desde que comenzó el debate en Diputados, muchos de los bloques del Senado, sobre todo los exsocios de Juntos por el Cambio, han mantenido aceitado contacto con sus pares que discutían cambios en la otra ala del Palacio Legislativo. Así, los radicales Maximiliano Abad (Buenos Aires), Mariana Juri (Mendoza) y Martín Lousteau siguen de cerca las discusiones que sus correligionarios de la bancada que preside Rodrigo De Loredo (Córdoba) mantienen con el Gobierno y con las otras bancadas de la Cámara baja. Otro tanto ocurre en Pro, donde el jefe de bloque, Luis Juez (Córdoba), y Guadalupe Tagliaferri (Capital) se mantienen al tanto de lo que se discute en Diputados en contactos con Cristian Ritondo, jefe de los diputados de la escudería amarilla, y Silvia Lospennato. Esto indica que lo que apoyen tanto la UCR como Pro en Diputados cuando se defina la letra fina tendrá su correlato en el Senado.
Los 9 “independientes”
Algo parecido ocurriría con los bloques de fuerzas provinciales reunidos en Innovación Federal. En el Senado son tres votos: Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia). Si el Gobierno termina acordando con sus respectivos gobernadores, Alberto Weretilneck y Hugo Passalacqua, esos apoyos estarán asegurados. Otro tanto ocurrirá con la neuquina Lucila Crexell, alineada con el mandatario Rolando Figueroa, y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, aliados del gobernador Claudio Vidal. También será clave el camino que adopte el bloque de peronistas díscolos de Unidad Federal. La cordobesa Alejandra Vigo forma parte de la corriente que lidera Juan Schiaretti, que está integrado al gobierno de Milei, por lo que se descuenta que apoyará al oficialismo. La incógnita estará en saber qué camino adoptarán el correntino Carlos Espínola, presidente de Unidad Federal, y Edgardo Kueider (Entre Ríos). Sin gobernador al cual reportar, han manifestado sus críticas a varias iniciativas del Poder Ejecutivo, como el DNU 70/23, pero tampoco están muy contentos parándose en la vereda opositora junto al kirchnerismo.
Atentos a lo que ocurre en Diputados, pero sin saber cómo se terminará resolviendo el debate en particular, en el Senado impera la incertidumbre de cara al tratamiento del proyecto de ley ómnibus. De hecho, la vicepresidenta Victoria Villarruel utilizó la indefinición del debate en Diputados como carta de negociación en las conversaciones que mantuvo con los diferentes bloques en su búsqueda de apoyo antes de negar el pedido de sesión especial para rechazar el DNU 70/23 formulado por el kirchnerismo.
Ante la demora de la Cámara baja, la conducción de la Cámara alta todavía no previó ningún cronograma de tratamiento. Más aún, en algunas oficinas cercanas a la presidencia del cuerpo se especulaba con que el debate de la ley recién podría estar comenzando a fines de la próxima semana. Esto eso así porque en caso de que Diputados apruebe el proyecto a lo largo del miércoles –el debate en particular se retomará el martes–, la composición definitiva de un texto de más de 260 artículos por la Secretaría Parlamentaria podría postergar su envío al Senado al menos hasta el jueves. Recién entonces, Villarruel definiría el número de comisiones que intervendrán -podrían ser dos para apurar el trámitey la cantidad de días que se discutirá la iniciativa. Por lo pronto, hasta en los bloques dialoguistas sostienen que deberán desfilar por el Senado ministros y funcionarios del gobierno de Javier Milei. Esto demandaría, como mínimo, tres días de reuniones de las comisiones en plenario.
El kirchnerismo, parado en la vereda de enfrente del gobierno libertario, ya se prepara para demorar todo lo posible el debate del proyecto. El jueves pasado, el jefe del bloque del Frente de Todos José Mayans (Formosa), estimó en un mínimo de dos semanas la discusión en comisiones. Como hicieron sus compañeros de la Cámara baja, Mayans adelantó que los senadores kirchneristas pedirán la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que no se expuso en Diputados. Con estos factores sobre la mesa de negociación, es imposible que el proyecto pueda llegar al recinto de la última semana de febrero. Y para que eso ocurra, el Poder Ejecutivo deberá extender las sesiones extraordinarias, que vencen el 15 del corriente.
Otro cantar es el tema del apoyo que podría tener la iniciativa. Desde que comenzó el debate en Diputados, muchos de los bloques del Senado, sobre todo los exsocios de Juntos por el Cambio, han mantenido aceitado contacto con sus pares que discutían cambios en la otra ala del Palacio Legislativo. Así, los radicales Maximiliano Abad (Buenos Aires), Mariana Juri (Mendoza) y Martín Lousteau siguen de cerca las discusiones que sus correligionarios de la bancada que preside Rodrigo De Loredo (Córdoba) mantienen con el Gobierno y con las otras bancadas de la Cámara baja. Otro tanto ocurre en Pro, donde el jefe de bloque, Luis Juez (Córdoba), y Guadalupe Tagliaferri (Capital) se mantienen al tanto de lo que se discute en Diputados en contactos con Cristian Ritondo, jefe de los diputados de la escudería amarilla, y Silvia Lospennato. Esto indica que lo que apoyen tanto la UCR como Pro en Diputados cuando se defina la letra fina tendrá su correlato en el Senado.
Los 9 “independientes”
Algo parecido ocurriría con los bloques de fuerzas provinciales reunidos en Innovación Federal. En el Senado son tres votos: Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia). Si el Gobierno termina acordando con sus respectivos gobernadores, Alberto Weretilneck y Hugo Passalacqua, esos apoyos estarán asegurados. Otro tanto ocurrirá con la neuquina Lucila Crexell, alineada con el mandatario Rolando Figueroa, y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, aliados del gobernador Claudio Vidal. También será clave el camino que adopte el bloque de peronistas díscolos de Unidad Federal. La cordobesa Alejandra Vigo forma parte de la corriente que lidera Juan Schiaretti, que está integrado al gobierno de Milei, por lo que se descuenta que apoyará al oficialismo. La incógnita estará en saber qué camino adoptarán el correntino Carlos Espínola, presidente de Unidad Federal, y Edgardo Kueider (Entre Ríos). Sin gobernador al cual reportar, han manifestado sus críticas a varias iniciativas del Poder Ejecutivo, como el DNU 70/23, pero tampoco están muy contentos parándose en la vereda opositora junto al kirchnerismo.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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