Designan a un exgerente del grupo América y a un dirigente de Pro; analizan la privatización
El gobierno de Javier Milei decretó ayer la intervención de los medios públicos por un año, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros.
De esta manera, el Gobierno allana el camino hacia la posibilidad de una privatización, a tono con sus promesas de campaña y con la autorización a dar ese paso que figura en el proyecto de ley ómnibus que se está debatiendo en el Congreso de la Nación.
A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 111/2024, el Gobierno estableció que la medida abarca a Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, Deportv y la plataforma Contar.
El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el interventor adjunto será Diego Sebastián Marías, que funcionarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al comando de Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una sola vez, según establece la normativa.
Luego de ganar el balotaje frente a Sergio Massa, Milei había ratificado su expresa voluntad de privatizar estas empresas, a las que llegó a definir como “un mecanismo de propaganda”, sobre todo la TV Pública, bajo su lema “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”.
Los objetivos de la intervención, según el decreto, incluyen “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal, y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones”.
Además, la intervención estará encargada de “presentar una rendición
Diego Chaher Interventor / medios públicos de cuentas, designar funcionarios y personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas”.
Desde diciembre de 2023, la TV Pública comenzó a depender del jefe de Gabinete, que tiene atribuciones para “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado” y también “en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.
El papel de Karina
No fue el único cambio en el área: otra disposición publicada en el Boletín Oficial (BO) había establecido el viernes que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, absorbería las principales funciones vinculadas a la comunicación oficial.
Así la vocería, a cargo de Manuel Adorni, y la subsecretaría de Prensa, de Javier Lanari, pasaron a reportar a la hermana del Presidente.
El secretario de Medios de Comunicación, Eduardo Serenellini, quedó notablemente diezmado de poder después de haber protagonizado tensiones con Adorni y con el asesor Santiago Caputo, clave en la comunicación del Gobierno.
La ley ómnibus, que obtuvo el viernes la aprobación en general en Diputados, contiene un listado de empresas públicas factibles de ser vendidas: todos estos medios públicos se encuentran en la lista.
Asimismo, durante diciembre de 2023, la TV Pública comenzó a depender del Jefe de Gabinete, que tiene atribuciones para “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado” y también “en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.
Es así cómo el Gobierno comenzó a allanar el camino hacia la privatización, tal como prometió Milei.
Diego Sebastián Marías Interventor adjunto
Los interventores
El interventor en los medios públicos será Chaher, un abogado mendocino que ocupó durante 20 años cargos gerenciales en medios del grupo América, de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano.
Se recibió en la Universidad de Belgrano en 1997, tiene una maestría en Derecho Empresario por la Universidad Católica de Cuyo y otros estudios de posgrado, según consta en su currículum.
El adjunto, Diego Sebastián Marías, fue diputado en la Legislatura porteña entre 2017 y 2019 por el bloque de Pro. Antes de eso se había desempeñado como funcionario del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, junto al entonces ministro Esteban Bullrich.
En su paso por la cámara de la ciudad participó activamente en la redacción del Código Electoral que rige en el distrito, al ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Al terminar su mandato fue designado como integrante del Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados de la Capital Federal.
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El riesgo de apostar siempre al límite
Milei tensó al máximo a todo el sistema político para aprobar la ley ómnibus y lo dejó en una frágil situación; la amenaza del veto y la advertencia de los aliados del Gobierno
Jorge Liotti
Javier Milei, en un momento crucial de su gobierno
La semana empezó a descomponerse desde el inicio. La reunión del lunes a la noche en el CFI entre gobernadores y legisladores cooperativos con la Casa Rosada, a la que después se sumó Guillermo Francos, fue una muestra de la profunda fragilidad del momento. Allí se terminó de abrir una rajadura que atravesó todo el debate de la ley ómnibus y que dejó en sombras el futuro funcionamiento de todo el sistema político.
El encuentro había sido motorizado por los referentes de Juntos por el Cambio, a partir de la preocupación de los mandatarios provinciales por el efecto que podía tener sobre sus recursos las emergencias y las facultades delegadas que están en el proyecto, así como el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según la definición de uno de ellos, era una reunión “defensiva”. Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, dos de los más activos, sumaron al cordobés Martín Llaryora, para potenciar las demandas de la zona centro.
En la previa del encuentro, el intercambio entre ellos ardió. Todo a través del chat que tienen en común, que pasó a llamarse “23 gobernadores y un jefe de Gobierno”, después de que Axel Kicillof cuestionara el nombre anterior, “24 gobernadores”, por considerar que Jorge Macri no estaba en la misma categoría. En esos diálogos virtuales se generó una dinámica curiosa: empezaron tibiamente a hablar de la posibilidad de presionar para que el impuesto PAIS fuera restituido en el proyecto y coparticipado, y cuando llegaron al CFI ya se estaban repartiendo el dinero por anticipado. “Al principio del día algunos plantearon que podíamos discutir el tema porque hay un 30% de ese impuesto que va a las provincias, pero a través de cooperativas y movimientos sociales. Pero después nos empezamos a entusiasmar y hacer cuentas, para que de ese 30%, 25 fuera administrado por los gobernadores y 5 por los movimientos. De pronto lo dimos por hecho”, admitió uno de los mandatarios allí presente. Cuando Francos llegó a la reunión, la torta ya estaba prácticamente repartida. El ministro, en su habitual estilo diplomático, receptó el pedido y atinó a decir que debía consultarlo. Según una versión, dijo que “no le parecía mal” coparticiparlo. Pero él asegura que jamás abrió esa posibilidad. Igual, el detalle ya es historia, porque a los pocos minutos llegó el comunicado del Gobierno descartando cualquier posibilidad de introducir el tema en el proyecto y mucho menos de coparticiparlo. El delicado acuerdo que algunos creyeron haber sellado esa noche para avalar los artículos más delicados de la ley ómnibus a cambio del impuesto PAIS, terminó de desmoronarse.
Y allí se produjo una fisura que solo parece ensancharse desde entonces. Una falla divisoria que se evidenció en ese episodio pero que se amplifica hasta exponer dos interpretaciones de la política, cosmovisiones totalmente antagónicas del ejercicio del poder. Parafraseando a Samuel Huntington, un choque de civilizaciones. De un lado, la “lógica de la disrupción” de Javier Milei, basada en el principio de que él es una figura excepcional en la historia del país, producto de una crisis también excepcional, y que gracias al apoyo popular está mandatado para actuar de un modo revulsivo para el sistema, al que debe desafiar por la naturaleza del fenómeno que él mismo representa. En la vereda de enfrente rige la “lógica de la convención”, que configura un clásico modelo consensual y pragmático de negociación, reconoce la legitimidad de todos los actores del universo político y naturalmente busca acuerdos a partir de reconocer los intereses de todos los interlocutores, afirmado en el principio de ganancias relativas, no absolutas. Esta confrontación de concepciones demuestra que el problema no es solo de diferencias ideológicas; es esencialmente metodológico y tiene que ver con nociones alternativas de construcción de poder. Por eso la brecha es más profunda.
El fin de la cooperación
Martes al mediodía. Sentado en el lobby de un hotel porteño con sus colaboradores más estrechos, Llaryora estaba en llamas. Sentía que había caído en una emboscada de los ex Juntos por el Cambio y que había sido traicionado por el Gobierno. Allí transmitió un mensaje inequívoco: “Esto es el final de la cooperación, no se puede confiar en esta gente. Yo fui el primero que dije que había que aprobar esta ley y demostré la mejor buena voluntad. Pero estuve anoche en la reunión y ahí Francos se comprometió con lo del impuesto PAIS. Y después salen y me tildan de ‘mentiroso’. Si tuviera un poco de dignidad, debería renunciar”. Desde ese día, el cordobés no le atendió más el teléfono al ministro.
A partir de entonces, las negociaciones entraron en un pantano del cual todavía no pudieron salir. Mientras en el recinto los diputados consumían 30 horas de discursos y agresiones, detrás de los cortinados se sucedían las reuniones para pavimentar la votación en particular. Todas fracasaron, incluso la última gestión de Francos, que el viernes fue a reunirse con los jefes de bloque aliados. Persisten las diferencias por las privatizaciones, por las emergencias y por las facultades delegadas, pero no parecen ítems insalvables. La discusión real es por el impuesto PAIS.
En el Gobierno admiten que la media sanción “no está todavía garantizada” en Diputados. De hecho el comunicado oficial que difundió cuando solo faltaba una hora para la aprobación en general, y que provocó un malestar muy ramificado en la cámara, dicen que se debió a que habían percibido a último momento señales ambiguas de algunos legisladores que iban a votar a favor. Tienen identificado a un sector “que se referencia en Córdoba” y que, según su interpretación está integrado por los cinco legisladores de esa provincia, y que tiene como articuladores a Emilio Monzó y nicolás Massot. Este sector, en la mirada de la Casa Rosaprovincias da, les fue “corriendo el arco en toda la discusión”. Entienden que buscan “doblegar al Gobierno y disputar poder”. Pero fiel a la doctrina de la disrupción, ya tienen una amenaza a mano por si la ley se cae. “Si quieren meter el impuesto PAIS, se va a vetar, y si en el debate en particular el proyecto no sale como está ahora, lo vamos a retirar del Congreso”, explican en el entorno cercano de Milei.
Un sistema sobreestresado
Entre el miércoles y el jueves Francos (a quien algunos vieron con síntomas de fatiga y hartazgo en proporciones similares) agotó la batería de su celular llamando a los gobernadores para plantearles que después de aprobarse la ley, serían convocados a una reunión para debatir todo el capítulo fiscal. Algunos les reclamaron que fuera antes de la sanción. Pero el Presidente bajó una línea: “Vamos a sentarnos a hablar de plata una vez que la ley esté aprobada en las dos cámaras”. Más problemas para Francos, que se siente aprisionado entre dos frentes, el de los gobernadores por un lado, y el de Milei y Luis Caputo, por el otro; dos alas duras.
El Gobierno asegura que la ecuación de urgencias en torno de la distribución de fondos se invirtió respecto de diciembre, cuando aterrizó el megaproyecto en el Congreso. “no nos está yendo mal en lo fiscal, no tenemos problemas de caja. Es más, estamos logrando superávit financiero. Ahora la urgencia es de los gobernadores”, grafican en la Casa Rosada. Este razonamiento enfurece a los mandatarios del interior. “Claro, están ordenando sus números a costa de las provincias. En estos dos primeros meses no nos pasaron un peso por fuera de la coparticipación automática”, se queja uno de los que busca contribuir con el Gobierno.
La discusión por los fondos no se trata solo de transferencias, sino de un modo de entender el poder. En el círculo de Milei admiten que apelan a una función disciplinaria de la caja para doblegar a los gobernadores. “Dentro de un mes nosotros vamos a tener las cuentas en orden y en las no van a poder pagar los sueldos. Así se van a ir acomodando los actores”, grafican. Pero el juego es extremadamente peligroso. En menos de dos meses el esquema de interacciones que compone el sistema político quedó sobreestresado. Todos los actores están irritados, enojados unos contra otros y con los lazos de confianza quebrados. La fragmentación de todo el escenario y la ausencia de liderazgos ordenadores contribuyen a complicar aún más las cosas.
Los gobernadores aliados están enfurecidos porque entienden que solo recibieron destrato a pesar de haber actuado como representantes informales de un Gobierno que no tiene ni un solo representante en las provincias. Incluso los más amigables, como Rogelio Frigerio, Jorge Macri y Alfredo Cornejo, quedaron extenuados. Los diputados, igual. Pichetto, Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo, que como jefes de bloque debieron hacer equilibrio entre las diferencias internas de sus bancadas y las demandas del oficialismo, ya no quieren saber más nada. “Les estamos haciendo el trabajo a ellos. ¿Dónde está (oscar) Zago?”, se desahogó uno de ellos en referencia a su par libertario.
Los negociadores de La Libertad Avanza quedaron desgastados, especialmente el “club de la buena onda”, como llaman a Francos y Martín Menem por su trato amable y su escaso poder de decisión. En todos ellos anida una convicción absoluta y compartida: así Milei no va a poder seguir gestionando sin poner en riesgo la gobernabilidad. Todos entienden que es inviable como modelo, pero no visualizan una salida. Imaginan imprescindible un pacto mínimo de convivencia, algún esquema coalicional, por el que el Presidente no transmite ningún entusiasmo. “Si esto va a ser así los cuatro años, no llega nadie”, resume uno de los exhaustos.
El alerta también tiene un componente callejero, porque el jueves se vieron escenas peligrosas durante la movilización de la izquierda y el kirchnerismo. Primero por una cuestión operativa: durante varios pasajes se produjeron fricciones extendidas con los efectivos policiales, que los llevaron a movimientos envolventes en los que los agentes quedaron encerrados por manifestantes. “El Gobierno adoptó una doctrina de facto que establece que para cumplir el objetivo de despejar la vía pública, se puede ir hasta donde los hechos lo requieran. Entonces los gendarmes o los policías avanzan 200 o 300 metros para desmovilizar y se exponen”, explica un funcionario que estuvo al tanto del operativo. Pero además hay una cuestión estratégica: la aplicación a rajatabla del protocolo antipiquetes en un momento pareció poner en riesgo la aprobación de la ley. Al Ministerio de Seguridad le hicieron llegar el mensaje de que la sobresaturación de efectivos en la calle podía ser contraproducente, sobre todo si le bajaban la orden de reaccionar ante el primer síntoma de incumplimiento del protocolo. Pero Milei está feliz con la actuación de Patricia Bullrich y su misión de ordenar el espacio público, sobre todo cuando las fuerzas son provocadas o desafiadas por los manifestantes. Pero como ocurre en el plano político, la fricción constante no es conveniente para los objetivos ulteriores. Si la semana próxima hay tres días más de disturbios, se volverá complejo de mantener el operativo.
A muchos les llamó la atención que mientras todo esto ocurría Milei tuviera margen para hablar con el fundador de la red Tinder, Sean Rad, y con Larry Fink, el CEO de Blackrock, el fondo de inversión más grande del mundo. Pareció querer exhibir que él estaba en otro plano, mientras se resolvían las terrenalidades de la ley. Como queriendo mostrarse en conexión con las inversiones, el futuro, las finanzas, lo virtual. Probablemente detectó que un sector importante de la sociedad no se conmueve con las peripecias legislativas.
El viernes solo compartió satisfacciones por la aprobación en general de la ley, como si el resto de los problemas no existieran. Cree tener un sensor social más afinado que el de la denostada casta. Pese a que el megaproyecto de 664 artículos hoy ya quedó en 365, asegura que su aprobación no solo es importante como gesto político sino por los tres elementos centrales que aún quedan en pie: las desregulaciones, las privatizaciones y la delegación de facultades. Está claro que el carácter refundacional que tenía la iniciativa al principio, casi un nuevo orden institucional, quedó muy despojado. Y en ese sentido falló su estrategia “blitzkrieg”, la guerra relámpago. Pero aunque sea para disimular, sostiene que la ley es clave como un primer paso.
Un mandatario que lo conoce bien traza una descripción del personaje que parece muy aguda: “Javier es alguien que no tiene nada para perder, por eso juega siempre pleno y sin fichas. no tiene anclaje, ni familiar; no tiene un lugar en el mundo. no tiene un pasado o un futuro que proteger, y está ante la única chance de su vida. Tiene en claro a dónde quiere llegar y está dispuesto a asumir riesgos. Es un tomador de riesgo alto. Tiene un objetivo y juega con otras reglas. nunca va a acordar con nosotros porque habla otro idioma. Siempre nos va a poner del lado de los malos”.
El tablero político de la Argentina quedó completamente desmembrado después de las elecciones. A Milei se le presenta la gran oportunidad de rearmar las piezas en función de sus objetivos. Hoy no hay otra figura que ejerza un liderazgo nacional en otra fuerza como la que exhibe él y abundan los actores dispuestos a cooperar. Pero él no parece interesado en esa reconfiguración. La fascinación por imponerse en el choque de civilizaciones es más poderosa. Apuesta por el pleno. En las próximas semanas sabrá cómo le fue.
Milei no va a poder seguir gestionando así sin poner en riesgo la gobernabilidad
La semana empezó a descomponerse desde el inicio. La reunión del lunes a la noche en el CFI entre gobernadores y legisladores cooperativos con la Casa Rosada, a la que después se sumó Guillermo Francos, fue una muestra de la profunda fragilidad del momento. Allí se terminó de abrir una rajadura que atravesó todo el debate de la ley ómnibus y que dejó en sombras el futuro funcionamiento de todo el sistema político.
El encuentro había sido motorizado por los referentes de Juntos por el Cambio, a partir de la preocupación de los mandatarios provinciales por el efecto que podía tener sobre sus recursos las emergencias y las facultades delegadas que están en el proyecto, así como el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según la definición de uno de ellos, era una reunión “defensiva”. Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, dos de los más activos, sumaron al cordobés Martín Llaryora, para potenciar las demandas de la zona centro.
En la previa del encuentro, el intercambio entre ellos ardió. Todo a través del chat que tienen en común, que pasó a llamarse “23 gobernadores y un jefe de Gobierno”, después de que Axel Kicillof cuestionara el nombre anterior, “24 gobernadores”, por considerar que Jorge Macri no estaba en la misma categoría. En esos diálogos virtuales se generó una dinámica curiosa: empezaron tibiamente a hablar de la posibilidad de presionar para que el impuesto PAIS fuera restituido en el proyecto y coparticipado, y cuando llegaron al CFI ya se estaban repartiendo el dinero por anticipado. “Al principio del día algunos plantearon que podíamos discutir el tema porque hay un 30% de ese impuesto que va a las provincias, pero a través de cooperativas y movimientos sociales. Pero después nos empezamos a entusiasmar y hacer cuentas, para que de ese 30%, 25 fuera administrado por los gobernadores y 5 por los movimientos. De pronto lo dimos por hecho”, admitió uno de los mandatarios allí presente. Cuando Francos llegó a la reunión, la torta ya estaba prácticamente repartida. El ministro, en su habitual estilo diplomático, receptó el pedido y atinó a decir que debía consultarlo. Según una versión, dijo que “no le parecía mal” coparticiparlo. Pero él asegura que jamás abrió esa posibilidad. Igual, el detalle ya es historia, porque a los pocos minutos llegó el comunicado del Gobierno descartando cualquier posibilidad de introducir el tema en el proyecto y mucho menos de coparticiparlo. El delicado acuerdo que algunos creyeron haber sellado esa noche para avalar los artículos más delicados de la ley ómnibus a cambio del impuesto PAIS, terminó de desmoronarse.
Y allí se produjo una fisura que solo parece ensancharse desde entonces. Una falla divisoria que se evidenció en ese episodio pero que se amplifica hasta exponer dos interpretaciones de la política, cosmovisiones totalmente antagónicas del ejercicio del poder. Parafraseando a Samuel Huntington, un choque de civilizaciones. De un lado, la “lógica de la disrupción” de Javier Milei, basada en el principio de que él es una figura excepcional en la historia del país, producto de una crisis también excepcional, y que gracias al apoyo popular está mandatado para actuar de un modo revulsivo para el sistema, al que debe desafiar por la naturaleza del fenómeno que él mismo representa. En la vereda de enfrente rige la “lógica de la convención”, que configura un clásico modelo consensual y pragmático de negociación, reconoce la legitimidad de todos los actores del universo político y naturalmente busca acuerdos a partir de reconocer los intereses de todos los interlocutores, afirmado en el principio de ganancias relativas, no absolutas. Esta confrontación de concepciones demuestra que el problema no es solo de diferencias ideológicas; es esencialmente metodológico y tiene que ver con nociones alternativas de construcción de poder. Por eso la brecha es más profunda.
El fin de la cooperación
Martes al mediodía. Sentado en el lobby de un hotel porteño con sus colaboradores más estrechos, Llaryora estaba en llamas. Sentía que había caído en una emboscada de los ex Juntos por el Cambio y que había sido traicionado por el Gobierno. Allí transmitió un mensaje inequívoco: “Esto es el final de la cooperación, no se puede confiar en esta gente. Yo fui el primero que dije que había que aprobar esta ley y demostré la mejor buena voluntad. Pero estuve anoche en la reunión y ahí Francos se comprometió con lo del impuesto PAIS. Y después salen y me tildan de ‘mentiroso’. Si tuviera un poco de dignidad, debería renunciar”. Desde ese día, el cordobés no le atendió más el teléfono al ministro.
A partir de entonces, las negociaciones entraron en un pantano del cual todavía no pudieron salir. Mientras en el recinto los diputados consumían 30 horas de discursos y agresiones, detrás de los cortinados se sucedían las reuniones para pavimentar la votación en particular. Todas fracasaron, incluso la última gestión de Francos, que el viernes fue a reunirse con los jefes de bloque aliados. Persisten las diferencias por las privatizaciones, por las emergencias y por las facultades delegadas, pero no parecen ítems insalvables. La discusión real es por el impuesto PAIS.
En el Gobierno admiten que la media sanción “no está todavía garantizada” en Diputados. De hecho el comunicado oficial que difundió cuando solo faltaba una hora para la aprobación en general, y que provocó un malestar muy ramificado en la cámara, dicen que se debió a que habían percibido a último momento señales ambiguas de algunos legisladores que iban a votar a favor. Tienen identificado a un sector “que se referencia en Córdoba” y que, según su interpretación está integrado por los cinco legisladores de esa provincia, y que tiene como articuladores a Emilio Monzó y nicolás Massot. Este sector, en la mirada de la Casa Rosaprovincias da, les fue “corriendo el arco en toda la discusión”. Entienden que buscan “doblegar al Gobierno y disputar poder”. Pero fiel a la doctrina de la disrupción, ya tienen una amenaza a mano por si la ley se cae. “Si quieren meter el impuesto PAIS, se va a vetar, y si en el debate en particular el proyecto no sale como está ahora, lo vamos a retirar del Congreso”, explican en el entorno cercano de Milei.
Un sistema sobreestresado
Entre el miércoles y el jueves Francos (a quien algunos vieron con síntomas de fatiga y hartazgo en proporciones similares) agotó la batería de su celular llamando a los gobernadores para plantearles que después de aprobarse la ley, serían convocados a una reunión para debatir todo el capítulo fiscal. Algunos les reclamaron que fuera antes de la sanción. Pero el Presidente bajó una línea: “Vamos a sentarnos a hablar de plata una vez que la ley esté aprobada en las dos cámaras”. Más problemas para Francos, que se siente aprisionado entre dos frentes, el de los gobernadores por un lado, y el de Milei y Luis Caputo, por el otro; dos alas duras.
El Gobierno asegura que la ecuación de urgencias en torno de la distribución de fondos se invirtió respecto de diciembre, cuando aterrizó el megaproyecto en el Congreso. “no nos está yendo mal en lo fiscal, no tenemos problemas de caja. Es más, estamos logrando superávit financiero. Ahora la urgencia es de los gobernadores”, grafican en la Casa Rosada. Este razonamiento enfurece a los mandatarios del interior. “Claro, están ordenando sus números a costa de las provincias. En estos dos primeros meses no nos pasaron un peso por fuera de la coparticipación automática”, se queja uno de los que busca contribuir con el Gobierno.
La discusión por los fondos no se trata solo de transferencias, sino de un modo de entender el poder. En el círculo de Milei admiten que apelan a una función disciplinaria de la caja para doblegar a los gobernadores. “Dentro de un mes nosotros vamos a tener las cuentas en orden y en las no van a poder pagar los sueldos. Así se van a ir acomodando los actores”, grafican. Pero el juego es extremadamente peligroso. En menos de dos meses el esquema de interacciones que compone el sistema político quedó sobreestresado. Todos los actores están irritados, enojados unos contra otros y con los lazos de confianza quebrados. La fragmentación de todo el escenario y la ausencia de liderazgos ordenadores contribuyen a complicar aún más las cosas.
Los gobernadores aliados están enfurecidos porque entienden que solo recibieron destrato a pesar de haber actuado como representantes informales de un Gobierno que no tiene ni un solo representante en las provincias. Incluso los más amigables, como Rogelio Frigerio, Jorge Macri y Alfredo Cornejo, quedaron extenuados. Los diputados, igual. Pichetto, Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo, que como jefes de bloque debieron hacer equilibrio entre las diferencias internas de sus bancadas y las demandas del oficialismo, ya no quieren saber más nada. “Les estamos haciendo el trabajo a ellos. ¿Dónde está (oscar) Zago?”, se desahogó uno de ellos en referencia a su par libertario.
Los negociadores de La Libertad Avanza quedaron desgastados, especialmente el “club de la buena onda”, como llaman a Francos y Martín Menem por su trato amable y su escaso poder de decisión. En todos ellos anida una convicción absoluta y compartida: así Milei no va a poder seguir gestionando sin poner en riesgo la gobernabilidad. Todos entienden que es inviable como modelo, pero no visualizan una salida. Imaginan imprescindible un pacto mínimo de convivencia, algún esquema coalicional, por el que el Presidente no transmite ningún entusiasmo. “Si esto va a ser así los cuatro años, no llega nadie”, resume uno de los exhaustos.
El alerta también tiene un componente callejero, porque el jueves se vieron escenas peligrosas durante la movilización de la izquierda y el kirchnerismo. Primero por una cuestión operativa: durante varios pasajes se produjeron fricciones extendidas con los efectivos policiales, que los llevaron a movimientos envolventes en los que los agentes quedaron encerrados por manifestantes. “El Gobierno adoptó una doctrina de facto que establece que para cumplir el objetivo de despejar la vía pública, se puede ir hasta donde los hechos lo requieran. Entonces los gendarmes o los policías avanzan 200 o 300 metros para desmovilizar y se exponen”, explica un funcionario que estuvo al tanto del operativo. Pero además hay una cuestión estratégica: la aplicación a rajatabla del protocolo antipiquetes en un momento pareció poner en riesgo la aprobación de la ley. Al Ministerio de Seguridad le hicieron llegar el mensaje de que la sobresaturación de efectivos en la calle podía ser contraproducente, sobre todo si le bajaban la orden de reaccionar ante el primer síntoma de incumplimiento del protocolo. Pero Milei está feliz con la actuación de Patricia Bullrich y su misión de ordenar el espacio público, sobre todo cuando las fuerzas son provocadas o desafiadas por los manifestantes. Pero como ocurre en el plano político, la fricción constante no es conveniente para los objetivos ulteriores. Si la semana próxima hay tres días más de disturbios, se volverá complejo de mantener el operativo.
A muchos les llamó la atención que mientras todo esto ocurría Milei tuviera margen para hablar con el fundador de la red Tinder, Sean Rad, y con Larry Fink, el CEO de Blackrock, el fondo de inversión más grande del mundo. Pareció querer exhibir que él estaba en otro plano, mientras se resolvían las terrenalidades de la ley. Como queriendo mostrarse en conexión con las inversiones, el futuro, las finanzas, lo virtual. Probablemente detectó que un sector importante de la sociedad no se conmueve con las peripecias legislativas.
El viernes solo compartió satisfacciones por la aprobación en general de la ley, como si el resto de los problemas no existieran. Cree tener un sensor social más afinado que el de la denostada casta. Pese a que el megaproyecto de 664 artículos hoy ya quedó en 365, asegura que su aprobación no solo es importante como gesto político sino por los tres elementos centrales que aún quedan en pie: las desregulaciones, las privatizaciones y la delegación de facultades. Está claro que el carácter refundacional que tenía la iniciativa al principio, casi un nuevo orden institucional, quedó muy despojado. Y en ese sentido falló su estrategia “blitzkrieg”, la guerra relámpago. Pero aunque sea para disimular, sostiene que la ley es clave como un primer paso.
Un mandatario que lo conoce bien traza una descripción del personaje que parece muy aguda: “Javier es alguien que no tiene nada para perder, por eso juega siempre pleno y sin fichas. no tiene anclaje, ni familiar; no tiene un lugar en el mundo. no tiene un pasado o un futuro que proteger, y está ante la única chance de su vida. Tiene en claro a dónde quiere llegar y está dispuesto a asumir riesgos. Es un tomador de riesgo alto. Tiene un objetivo y juega con otras reglas. nunca va a acordar con nosotros porque habla otro idioma. Siempre nos va a poner del lado de los malos”.
El tablero político de la Argentina quedó completamente desmembrado después de las elecciones. A Milei se le presenta la gran oportunidad de rearmar las piezas en función de sus objetivos. Hoy no hay otra figura que ejerza un liderazgo nacional en otra fuerza como la que exhibe él y abundan los actores dispuestos a cooperar. Pero él no parece interesado en esa reconfiguración. La fascinación por imponerse en el choque de civilizaciones es más poderosa. Apuesta por el pleno. En las próximas semanas sabrá cómo le fue.
Milei no va a poder seguir gestionando así sin poner en riesgo la gobernabilidad
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