Con Ferraro de licencia, Infraestructura no desapareció y depende la palabra de Caputo y la firma de Cúneo Libarona
Pese a que el funcionario no gestiona y que se anunció que las secretarías pasaban a la órbita de Economía, la cartera aún existe y, por ahora, el titular de Justicia tiene que rubricar los actos administrativos
Diego Cabot
Apoyados sobre piedras, los cascos de los obreros que trabajaban en un proyecto del plan Procrear que quedó suspendido, en WildeDicen los conocedores de los pasillos de poder que los funcionarios no son de gastar mucho las suela de los mocasines. Pero hay algunos que por estos días no dejan en paz a los pobres zapatos. Caminan y caminan, algo así como peregrinos burocráticos con escasos resultados.
Se trata, pues, de los secretarios y subsecretarios que fueron nombrados por el desplazado ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. La mayoría permanecen en un estado latente, con poca posibilidad de gestión. Pero lo que llama la atención es que formalmente, el Ministerio de Infraestructura aún existe, pese a que se anunció que todo lo que de él dependía pasaría a manos del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.
Pero hay un condimento más como para entender aquel caminar constante de los funcionarios. De hecho, gran parte de las secretarías arreglan sus temas con el también exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Pero la limitación es absoluta porque, más allá de esa situación, la firma del despacho que fue de Ferraro está delegada en Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. Esta situación no es azarosa. Sucede que en el Estado hay una norma que establece quién tendrá la delegación de firma ante la ausencia de un miembro del Gabinete. Ante la ausencia de Ferraro se sabía que le tocaría al número uno de Justicia.
En el Gobierno dicen que son las últimas horas de esta situación; se especula que finalmente, la cartera desaparecerá. El remedio administrativo será, finalmente, la absorción de todo el Ministerio de Infraestructura dentro del Palacio de Hacienda. Se llegará a aquel número promedito por el presidente Javier Milei en campaña cuando decía que iba a gobernar con ocho ministerios. Promesa cumplida, podrá afirmar si se elige esta alternativa.
Hay un tema más. Formalmente, Ferraro no ha renunciado sino que está de licencia. En su momento, cuando Milei decidió correrlo de su lugar, se optó por esta solución hasta que esté finalizado el organigrama, una suerte de pausa mientras se conjugue la parte burocrática del traspaso. Esa condición se mantiene, al menos, hasta el 29 de febrero, día en que se vence aquella licencia pedida hace un mes. Entonces se escribió que se trataba de “razones personales” y trascendió que había un fuerte enojo del Jefe de Estado por alguna filtración a la prensa de algunos dichos que se dijeron una reunión de Gabinete y que luego salieron publicados. Sin embargo, entonces ya se había tensado la relación de Ferraro con el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse y ese habría sido la principal razón de su alejamiento. Pero más allá de los motivos, no hay renuncia aceptada y se mantiene la licenci
Así están las cosas, enturbiadas y trabadas, el sector que maneja el transporte, las obras públicas, las viviendas y las comunicaciones. “Hablamos con Caputo todo lo que es día a día, pero el tema es que no tiene firma ya que el ministerio aún existe; no se modificó el organigrama y tampoco las partidas. Entonces, para cualquier acto administrativo hay que tener la firma de Cúneo Libarona, que no está al tanto de la gestión del área. Con lo cual, la traba es total. Está difícil la gestión”, confesaba un funcionario de esos que ya debería cambiar alguna que otra suela después de deambular por despachos sin decisión.
Los trabajadores de una obra del Procrear que quedó suspendida, en Wilde, hicieron una instalación con sus cascosLa situación se ha visto reflejada en algunos, pocos, actos administrativos que se han dado estos días. El 15 de febrero, por caso, se designó como subsecretario de Integración Socio - Urbana de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Infraestructura al abogado Sebastián Pareja. El funcionario era uno de los cinco senadores bonaerenses elegidos en las listas de La Libertad Avanza (LLA) que contaba con el apoyo oficial ya que los otros cuatro rompieron con el partido. Su nombramiento como miembro del Poder Ejecutivo se realizó mediante el decreto 145/2024, firmado por el presidente Javier Milei, y por Cúneo Libarona.
La cuestión más importante, mucho más allá del organigrama, es la falta de nombres propios en lugares claves. Sin una conducción clara y sin firma, Caputo no ha nombrado a ninguno de los suyos en la nueva estructura que, en principio, manejaría. No son caprichosas las palabras “en principio”. Nadie se atreve a dar certezas de que efectivamente la fusión de los dos ministerios sucederá o no. Se han escuchado algunos apellidos como para mantener la división y comandar la cartera.
Entre los lugares que están vacantes, por ejemplo, se encuentra Vialidad Nacional, un verdadero vergel de tropelías que comenten viarios funcionarios que fueron nombrados por la anterior administración y todavía resisten en las trincheras burocráticas. Recién el viernes se publicó el nombramiento del cordobés Raúl Bertola como titular de la dependencia vial. Mientras estos días de indefiniciones se sucedían, los generales de la vieja guardia aún hacen de las suyas con horas extras, choferes, autos que se usan como propios, traslados para esconderse en los pliegues del organismo, entre otros vicios que no se cortaron. Sin un titular fuerte y con decisión política, los jerarcas viales se ríen a carcajadas de la motosierra de Milei. Una fiesta que continúa con plata del Estado.
Guillermo Ferraro y parte de su equipo, cuando aún estaba en funcionesOtro lugar de indecisiones es el mundo de la obra pública. El secretario, Luis Giovine, un cordobés que fue director de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), no tiene la silla asegurada aún pero, nadie confirma o no si seguirá en el puesto cuando se decida el destino final de la cartera que manejaba el licenciado Ferraro.
Con semejante incertidumbre, ha dejado de ser un interlocutor válido, sobre todo después del enojo de Milei con los legisladores cordobeses y con el gobernador de esa provincia, Martín Llaryora después del fracaso de la ley ómnibus. De hecho, hace pocos días, dirigentes de la Cámara Argentina de la Construcción se reunieron con Luis Caputo. Los constructores contaron que fue una reunión clara y sincera, la gran mayoría respeta el trabajo y las formas del ministro de Economía, pero salieron con la sensación de que por ahora no había un interlocutor válido para temas centrales como la paralización de la obra pública o los pagos atrasados y desactualizados que quedaron de la anterior administración. Las rutas, el transporte, con Franco Mogetta, y la obra pública están en manos de cordobeses en medio de una fuerte tensión entre los gobiernos provincial y nacional.
La situación anómala de un ministerio central se puede apreciar, también, en la ejecución presupuestaria. Una parte importante del ajuste y el superávit que logró el Gobierno en enero se debe a la paralización total de todos los proyectos de obra pública. De acuerdo a datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la inversión real directa, donde se encuadran estos proyectos explica el 12% del recorte.
El aún latente Ministerio de Infraestructura ha ejecutado el 9,40% del presupuesto anual que tiene asignado para todo 2024, un indicador promedio. La gran mayoría de los gastos que se hicieron son pagos de sueldos y subsidios. Ahora bien, cuando se miran los programas aparecen decenas de ellos con “0,00%” de ejecución. Así, tal cual se puede ver en los datos oficiales del Ministerio de Economía, sin siquiera una décima de dinero ejecutado.
Por caso, en la Secretaría de Transporte se ejecutó el 22,71% del programa “Formulación y Ejecución de Políticas de Movilidad Integral de Transporte” y el 17,24% de otro llamado ”Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Transporte”. Pero hay 0,04% de ejecución en otros como “Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte”.
Como se dijo, uno de los casos paradigmáticos de la falta de conducción es Vialidad. Programas como “Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional”, “Construcción de Rutas Seguras”, “Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales” o “Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales” son algunos de los 9 items de Vialidad que muestran el triple cero en el nivel de gasto. La paralización es total y nadie sabe cómo seguirá. Comentan en Economía que se evaluará proyecto por proyecto y se le dará curso a los que estén cerca de 80% de ejecución. Pero la sensación es que esto es más un lineamiento general que un plan concreto para mañana a la mañana.
La obra del viaducto sobre las vías del Belgrano Sur está paralizadaDesde el lado de los constructores, la situación no es alentadora. Entre las empresas se miran con desconcierto. Como gran parte de la clase política, no logran decodificar la nueva administración. Mientras, acumulan dos problemas. Por un lado, la paralización a cero de las obras; por el otro, las indefiniciones respecto de cuál será la solución para los pagos que han quedado pendientes de la anterior administración anterior.
“Nadie sabe cómo va a seguir el asunto. Lo que sí le puedo decir es que toda esa deuda está sin actualizar. Le digo más, si mañana aparece toda la plata y se pagan las deudas nominales, es posible que la mayoría de las obras tampoco comiencen porque los costos que tienen presupuestados están totalmente fuera de mercado”, se sinceraba un constructor que peregrinó por varias oficinas públicas y que ya ha tenido un par de interlocutores desautorizados desde fines de noviembre.
Otro gran interrogante es qué pasará con las obras que cuentan con financiamiento internacional. Por caso, el viaducto que se construye en el ramal Belgrano Sur. Mediante la operación CFA011175, el banco de desarrollo regional CAF acordó prestar US$150.000.000 de los que ya entregó US$71.274.890, de acuerdo a datos oficiales actualizados al 26 enero pasado. “Por ahora, el proyecto está totalmente parado. No hay definiciones respecto de cómo seguirá. Los desembolsos han sido cero en estos poco más de dos meses”, dijo un funcionario que conoce el trámite burocrático del expediente.
En la Secretaría de Viviendas, que tiene en sus manos, entre otros programas, el plan Procrear, también se paralizaron las obras. Varias empresas ya suspendieron sus empleados. Constructora Niro, por caso, tiene una obra del Procrear en Avellaneda, puntualmente en Wilde. La localización no es casualidad. Desde la época de Jorge Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, casualmente se dieron muchas obras en el distrito. Entonces, el funcionario había pedido licencia en la municipalidad ed Avellaneda, puesto que retomó cuando dejó el gabinete nacional.
Más allá de la anécdota, la constructora que tenía la obra no recibió pagos desde noviembre y entonces se vio forzada a prescindir de 1200 trabajadores. Antes de irse dejaron una postal: en la obra, armaron una instalación con sus cascos y una cruz en una loma de arena. Un símbolo de la parálisis.
En las empresas públicas que están en el área de Infraestructura tampoco ha habido movimientos fuertes. Es verdad que en la cúpula de las más importantes, AySA, Aerolíneas Argentinas y las relacionadas con los ferrocarriles, fue donde despuntó aquella interna entre Posse y Ferraro. Justamente, la conducción de cada una de ellas terminó por decantar el poder del Jefe de Gabinete por sobre el ministro licenciado. En la línea aérea y en los trenes se optó por la continuidad de la anterior administración. En Aerolíneas, Posse sentó como presidente a Fabián Lombardo, Director Comercial, de Planeamiento y de Gestión de Rutas en la línea aérea estatal durante tiempos de La Cámpora; en la Operadora Ferroviaria, la más grande de todas las relacionadas con los rieles, a Luis Luque, exgerente de Legales de la gestión de Sergio Massa, verdadero número uno del área en la administración de Alberto Fernández. “Todo está en veremos, no hay muchas definiciones. En la empresa ferroviaria lo que se hace es ver cuál es el tamaño de la deuda que quedó, y tratar de empezar a pagar. Pero planes para adelante todavía no hay”, dijo un funcionario de Infraestructura.
Así transcurren los días en un sector clave para la Argentina. Transporte, Vivienda y Obras Públicas, de vuelta, en principio, dependerán de Caputo. Comunicaciones, que también estaba en el universo de Ferraro, podría pasar a manos de Posse, de acuerdo a estos movimientos informales que se ven y que trascienden. Pero nada está seguro aún y no están claros los interlocutores. Quizá sean las últimas horas de esta situación anómala. Pero si eso sucede, serán las primeras de una nueva etapa donde probablemente, se cambien los equipos que funcionaron desde poco antes del 10 de diciembre. El ministro de Economía tendrá la última palabra.
En la semana, por caso, hubo paro ferroviario de La Fraternidad. La negociación con ellos dependía de un ministro licenciado, otro que no tiene funciones de derecho, más allá de que se ocupa de la mayoría de los temas concretos, y de un tercero que tiene firma pero no gestión. Ferraro, Caputo y Cúneo Libarona, tres de nueve miembros del Gabinete. O tres de ocho, si avanza la desaparición de una cartera que nació como un superministerio y tuvo un mes y medio de vida.
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“Mi estimación es que en el segundo semestre de 2023 la pobreza fue de 42,5%”
Sofía Diamante
Estudió Economía y la carrera de actuario en la UBA, hizo el máster en Economía en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y el doctorado en la Boston University; es investigador del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la UTDT y profesor y director de la maestría en Econometría; es consultor del Banco Mundial y del BID
Martín González Rozada es uno de los econometristas que más siguen de cerca las mediciones de pobreza. Dirige el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y, en diálogo con la nacion, hizo un análisis técnico de los indicadores sociales publicados por la Universidad Católica Argentina (UCA) y señaló que, según sus estimaciones, el índice de pobreza del segundo semestre de 2023, que el Indec difundirá a fines de marzo, sería de 42,5%.
–Cada vez que sale el dato de pobreza de la UCA hay mucho debate acerca de si se hace bien la medición. Según el último informe, la pobreza subió de 49,5% en diciembre de 2023 a 57,4% en enero. ¿Qué análisis hace de los datos y por qué difieren de los oficiales?
–El dato en la Argentina se calcula en forma semestral usando la definición de pobreza monetaria. Se compara el ingreso total de un hogar con la línea de pobreza, que se construye a partir del valor que tiene una canasta básica total que publica el Indec mensualmente. Los datos de ingresos se obtienen de las encuestas permanentes de hogares (EPH), que se publican trimestralmente, luego de realizar el relevamiento durante los tres meses previos en la población urbana. Si uno quiere calcular la tasa de pobreza, al final del trimestre cuenta cuántos hogares hay con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Cuando se lo compara con el dato de pobreza de la UCA hay dos cosas importantes para remarcar. Primero, el dato que se conoció recientemente corresponde a lo que la UCA llama una simulación para diciembre y enero. Si yo hago una simulación para el tercer trimestre de 2023, me da que 38,5% de personas viven en hogares pobres, según la EPH y la canasta básica publicada.
–¿Eso es lo que hace la UCA?
–La UCA hace algo más complicado, porque hace un ejercicio de simulación para el cuarto trimestre de 2023, pero no tenemos datos de encuestas a hogares correspondientes a ese período [el Indec recién publicó en diciembre la EPH del tercer trimestre de 2023]. Entonces, hay que simular una encuesta de hogares para todo el trimestre. Para eso se toma la encuesta del mismo trimestre del año anterior, la de 2022, y se hacen proyecciones. Ahí es donde las cosas se complican, porque hay que proyectar la estructura del mercado laboral, proyectar si cambió la tasa de empleo, la de desempleo, la cantidad de gente que trabaja en el sector informal y la tasa de actividad, entre otras cosas. Eso es importante, porque cuando se calcula el ingreso total del hogar hay que tener en cuenta que puede variar por dos razones: o porque cambia el ingreso de los integrantes, o porque cambia el número de perceptores de ingresos en el hogar. Hay que proyectar todo, porque si aumenta el desempleo, hay menos perceptores de ingresos. Existen técnicas econométricas que se utilizan para hacer ese tipo de proyección a través de lo que se conoce en la jerga como microsimulaciones. Y después de proyectar la estructura del mercado de trabajo, hay que actualizar los ingresos. Lo que sabemos que hace la UCA, de acuerdo con lo que publicaron, es que proyectan ingresos. Nada dicen de la estructura del mercado laboral. Tampoco hacen una encuesta del cuarto trimestre. Y no sé qué ejercicio de simulación hacen, si toman la encuesta del tercer trimestre y la plantan así [lo cual no es representativo, porque son períodos distintos y en el cuarto trimestre, por ejemplo, se paga el aguinaldo]. Con la simulación de enero es peor todavía, porque involucra la proyección de la encuesta de hogares del cuarto trimestre de 2023 y la encuesta de hogares del primer trimestre de 2024, que todavía está transcurriendo. O sea que ni siquiera tenemos datos ciertos de cuánto cambia el mercado de trabajo.
–¿Por eso hay tanta diferencia?
–La UCA utiliza su encuesta, que en general tiene valores de tasa de pobreza más altos que la oficial. En el tercer trimestre de 2023, el Indec mostró una tasa de pobreza del 38,5%, mientras que a la UCA le dio 44,7%, con su encuesta. Es más de seis puntos porcentuales por arriba de la tasa oficial. Cuando uno utiliza diferentes mediciones, lo importante no es la medición puntual, sino la evolución a través de tiempo, usando la misma metodología y la misma encuesta. El número de la UCA de 44,7% me parece un poco alto porque es el mismo porcentaje de personas que vivían en hogares pobres en el tercer trimestre de 2020, cuando tuvimos la pandemia, según esa metodología. Cualitativamente, me parece que estábamos un poco mejor en el tercer trimestre de 2023 que en el tercer trimestre de 2020. Además, como son todas estimaciones a partir de encuestas, tienen un margen de error. El Indec, por ejemplo, mide ese margen de error poniendo los límites del intervalo de confianza al 90%. Es decir, calcula la pobreza para personas del primer semestre de 2023 en 40,1%, con un intervalo de confianza de 38,4% a 41,7%. Ese intervalo responde a que estoy trabajando con una encuesta y no con el total de los hogares urbanos del trimestre. Es el error muestral.
–También se dice que en las encuestas los hogares tienden a subestimar sus ingresos.
–Sí, puede ser, pero salvo que esa subestimación cambie sistemáticamente en el tiempo, no hay problema [en términos de comparación], porque si subestiman más o menos de la misma manera a lo largo del tiempo, la comparación de la evolución de la pobreza es la misma. Pero cuando se hace una simulación hay más errores. Cada decisión que tomo de cómo se comporta el mercado de trabajo tiene un margen de error. Usualmente, si uno es intelectualmente honesto, publica la tasa de pobreza con el margen de error que dan los intervalos, que generalmente son más grandes que los intervalos del Indec, porque involucran no solo el error muestral de la encuesta, sino también el error de estimación por todos los supuestos hechos para llegar a ese valor. La UCA no publica un error de estimación. Entonces, no sabemos si el error de estimación es un punto porcentual o si son 10 puntos porcentuales. Es muy distinto. Y necesito reflejar de alguna manera en cuánto me estoy equivocando
–¿Es correcta la forma en que se mide la pobreza en el país?
–Es la misma que se usa en todo el mundo: el método de pobreza monetaria. Cuando se define cómo se va a medir la pobreza se hace para tener estadísticas de evolución de la pobreza comparables con el resto de los países. El número puntual es importante, obviamente, pero más importante es ver la tendencia.
–¿Cómo evolucionó la pobreza en los últimos años? ¿Se puede comparar con 2001?
–Solo se puede ver la evolución desde 2016. Cuando uno define la pobreza se comparan los ingresos con una canasta de bienes. Esa canasta se va modificando en el tiempo. Por ejemplo, la canasta de 2001 no incluía la tarifa del celular o de internet, porque en ese momento tener esos servicios era algo de hogares con ingresos más altos. Los datos oficiales de 2001 no son comparables con los de hoy, porque en 2016 se actualizó la metodología, que estaba sin cambios desde 1985. Desde ahí, uno ve que la pobreza empieza en alrededor del 32,2% de la población y baja hasta 25,7% en el segundo semestre de 2017. Luego se dispara hasta el 42% en el segundo semestre de 2020, que es un período de la pandemia.
–¿Y ahora podría estar cerca de ese 42% de nuevo?
–Después de la pandemia bajó hasta 36,5% en el primer semestre de 2022. Y a partir de ahí volvió a crecer. La última medición, la del primer semestre de 2023, ubica el dato en 40,1%. Mi estimación es que el dato de pobreza del segundo semestre de 2023, que el Indec publicará a fines
A fines de marzo, es de 42,5%.
–¿Cómo se explica que, sin pandemia, se llegue a niveles similares?
–La tasa de desempleo bajó desde la pandemia, pero los ingresos son menores, porque creció la cantidad de trabajadores en el sector informal. Además hay un efecto muy importante de la inflación, que llevó el precio de la canasta de bienes a un nivel muy alto en comparación con los ingresos, que aumentaron a un ritmo mucho menor.
–¿El pico de pobreza sería en el primer semestre de este año?
–En mi impresión, si todo sale bien... La economía está entrando en una recesión fuerte. Los ingresos de las personas no están acompañando el incremento de la inflación. Estimo que la tasa de pobreza del primer semestre será más alta que la de 40,1% del primer semestre de 2023. Y a partir de ese punto, si todas las cosas salen bien, deberían empezar a recuperarse los ingresos, a bajar la inflación, a bajar la valorización de la canasta con la cual se comparan los ingresos. Entonces, empezaría a disminuir la pobreza.
–El Gobierno le diría que la recesión ya arrancó en agosto...
–Sí, la recesión arrancó en julio del año pasado, claramente. Ahora se está profundizando.
–¿Se podría haber hecho el ajuste de alguna forma distinta, para que el nivel de pobreza no aumentara tanto?
–El nivel de pobreza es un resultado de las políticas económicas. No es un objetivo particular de un gobierno. En general, los objetivos son más amplios, como intentar estabilizar la economía para empezar a crecer. Si empezamos a crecer, la pobreza va a bajar. Siempre se pueden hacer políticas diferentes. Cada gobierno tiene su forma de pensar cuál es la manera correcta de estabilizar.
–Los planes sociales, ¿ayudan a evitar que suba la indigencia?
–Sí, la ayuda social impacta fuertemente en los niveles de indigencia y menos en la pobreza. En los últimos años, la indigencia no subió más debido a que se amplió la red de contención de los planes sociales. Ahora debería estar aumentando más, básicamente porque los precios de los alimentos estuvieron aumentando desde mediados de 2023 por encima de la inflación general.
–¿Cómo analiza en ese sentido la tasa de inflación?
–No quiero ser muy optimista, pero uno espera que la tasa de febrero y la de marzo sean más bajas que la de diciembre y la de enero. Y después de marzo hay que ver cuál es el plan de estabilización elegido por el Gobierno para seguir adelante.
–¿Es inevitable el plan de estabilización en los próximos meses?
–Hasta ahora, el Gobierno trató de controlar el ancla fiscal y el tipo de cambio. Con eso, más la recesión del año pasado, los precios tienen que bajar. En mi opinión, eso no es sostenible en el tiempo. Tiene que haber recomposición de ingresos y un plan de estabilización, con una pata monetaria y una pata fiscal que vaya evolucionando en el tiempo.
–¿Eso debería anunciarse en el primer semestre del año? ¿Se puede demorar más?
–Creo que debería ser en el primer semestre, porque la licuación de ingresos no es sostenible socialmente.
–El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dijo que podría haber una crisis peor que la de 2001. ¿Qué opina?
–Difícil de afirmar esas cosas. Los contextos son distintos. Hay una amplia red de planes sociales. Lo veo difícil. No creo que esto explote de la forma que explotó en 2001. Sí veo una situación complicada social. Pero ya hemos pasado por todas estas cosas y todo tiene solución.
“Mi estimación es que en el segundo semestre de 2023 la pobreza fue de 42,5%”
Sofía Diamante
Estudió Economía y la carrera de actuario en la UBA, hizo el máster en Economía en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y el doctorado en la Boston University; es investigador del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la UTDT y profesor y director de la maestría en Econometría; es consultor del Banco Mundial y del BID
Martín González Rozada es uno de los econometristas que más siguen de cerca las mediciones de pobreza. Dirige el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y, en diálogo con la nacion, hizo un análisis técnico de los indicadores sociales publicados por la Universidad Católica Argentina (UCA) y señaló que, según sus estimaciones, el índice de pobreza del segundo semestre de 2023, que el Indec difundirá a fines de marzo, sería de 42,5%.
–Cada vez que sale el dato de pobreza de la UCA hay mucho debate acerca de si se hace bien la medición. Según el último informe, la pobreza subió de 49,5% en diciembre de 2023 a 57,4% en enero. ¿Qué análisis hace de los datos y por qué difieren de los oficiales?
–El dato en la Argentina se calcula en forma semestral usando la definición de pobreza monetaria. Se compara el ingreso total de un hogar con la línea de pobreza, que se construye a partir del valor que tiene una canasta básica total que publica el Indec mensualmente. Los datos de ingresos se obtienen de las encuestas permanentes de hogares (EPH), que se publican trimestralmente, luego de realizar el relevamiento durante los tres meses previos en la población urbana. Si uno quiere calcular la tasa de pobreza, al final del trimestre cuenta cuántos hogares hay con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Cuando se lo compara con el dato de pobreza de la UCA hay dos cosas importantes para remarcar. Primero, el dato que se conoció recientemente corresponde a lo que la UCA llama una simulación para diciembre y enero. Si yo hago una simulación para el tercer trimestre de 2023, me da que 38,5% de personas viven en hogares pobres, según la EPH y la canasta básica publicada.
–¿Eso es lo que hace la UCA?
–La UCA hace algo más complicado, porque hace un ejercicio de simulación para el cuarto trimestre de 2023, pero no tenemos datos de encuestas a hogares correspondientes a ese período [el Indec recién publicó en diciembre la EPH del tercer trimestre de 2023]. Entonces, hay que simular una encuesta de hogares para todo el trimestre. Para eso se toma la encuesta del mismo trimestre del año anterior, la de 2022, y se hacen proyecciones. Ahí es donde las cosas se complican, porque hay que proyectar la estructura del mercado laboral, proyectar si cambió la tasa de empleo, la de desempleo, la cantidad de gente que trabaja en el sector informal y la tasa de actividad, entre otras cosas. Eso es importante, porque cuando se calcula el ingreso total del hogar hay que tener en cuenta que puede variar por dos razones: o porque cambia el ingreso de los integrantes, o porque cambia el número de perceptores de ingresos en el hogar. Hay que proyectar todo, porque si aumenta el desempleo, hay menos perceptores de ingresos. Existen técnicas econométricas que se utilizan para hacer ese tipo de proyección a través de lo que se conoce en la jerga como microsimulaciones. Y después de proyectar la estructura del mercado de trabajo, hay que actualizar los ingresos. Lo que sabemos que hace la UCA, de acuerdo con lo que publicaron, es que proyectan ingresos. Nada dicen de la estructura del mercado laboral. Tampoco hacen una encuesta del cuarto trimestre. Y no sé qué ejercicio de simulación hacen, si toman la encuesta del tercer trimestre y la plantan así [lo cual no es representativo, porque son períodos distintos y en el cuarto trimestre, por ejemplo, se paga el aguinaldo]. Con la simulación de enero es peor todavía, porque involucra la proyección de la encuesta de hogares del cuarto trimestre de 2023 y la encuesta de hogares del primer trimestre de 2024, que todavía está transcurriendo. O sea que ni siquiera tenemos datos ciertos de cuánto cambia el mercado de trabajo.
–¿Por eso hay tanta diferencia?
–La UCA utiliza su encuesta, que en general tiene valores de tasa de pobreza más altos que la oficial. En el tercer trimestre de 2023, el Indec mostró una tasa de pobreza del 38,5%, mientras que a la UCA le dio 44,7%, con su encuesta. Es más de seis puntos porcentuales por arriba de la tasa oficial. Cuando uno utiliza diferentes mediciones, lo importante no es la medición puntual, sino la evolución a través de tiempo, usando la misma metodología y la misma encuesta. El número de la UCA de 44,7% me parece un poco alto porque es el mismo porcentaje de personas que vivían en hogares pobres en el tercer trimestre de 2020, cuando tuvimos la pandemia, según esa metodología. Cualitativamente, me parece que estábamos un poco mejor en el tercer trimestre de 2023 que en el tercer trimestre de 2020. Además, como son todas estimaciones a partir de encuestas, tienen un margen de error. El Indec, por ejemplo, mide ese margen de error poniendo los límites del intervalo de confianza al 90%. Es decir, calcula la pobreza para personas del primer semestre de 2023 en 40,1%, con un intervalo de confianza de 38,4% a 41,7%. Ese intervalo responde a que estoy trabajando con una encuesta y no con el total de los hogares urbanos del trimestre. Es el error muestral.
–También se dice que en las encuestas los hogares tienden a subestimar sus ingresos.
–Sí, puede ser, pero salvo que esa subestimación cambie sistemáticamente en el tiempo, no hay problema [en términos de comparación], porque si subestiman más o menos de la misma manera a lo largo del tiempo, la comparación de la evolución de la pobreza es la misma. Pero cuando se hace una simulación hay más errores. Cada decisión que tomo de cómo se comporta el mercado de trabajo tiene un margen de error. Usualmente, si uno es intelectualmente honesto, publica la tasa de pobreza con el margen de error que dan los intervalos, que generalmente son más grandes que los intervalos del Indec, porque involucran no solo el error muestral de la encuesta, sino también el error de estimación por todos los supuestos hechos para llegar a ese valor. La UCA no publica un error de estimación. Entonces, no sabemos si el error de estimación es un punto porcentual o si son 10 puntos porcentuales. Es muy distinto. Y necesito reflejar de alguna manera en cuánto me estoy equivocando
–¿Es correcta la forma en que se mide la pobreza en el país?
–Es la misma que se usa en todo el mundo: el método de pobreza monetaria. Cuando se define cómo se va a medir la pobreza se hace para tener estadísticas de evolución de la pobreza comparables con el resto de los países. El número puntual es importante, obviamente, pero más importante es ver la tendencia.
–¿Cómo evolucionó la pobreza en los últimos años? ¿Se puede comparar con 2001?
–Solo se puede ver la evolución desde 2016. Cuando uno define la pobreza se comparan los ingresos con una canasta de bienes. Esa canasta se va modificando en el tiempo. Por ejemplo, la canasta de 2001 no incluía la tarifa del celular o de internet, porque en ese momento tener esos servicios era algo de hogares con ingresos más altos. Los datos oficiales de 2001 no son comparables con los de hoy, porque en 2016 se actualizó la metodología, que estaba sin cambios desde 1985. Desde ahí, uno ve que la pobreza empieza en alrededor del 32,2% de la población y baja hasta 25,7% en el segundo semestre de 2017. Luego se dispara hasta el 42% en el segundo semestre de 2020, que es un período de la pandemia.
–¿Y ahora podría estar cerca de ese 42% de nuevo?
–Después de la pandemia bajó hasta 36,5% en el primer semestre de 2022. Y a partir de ahí volvió a crecer. La última medición, la del primer semestre de 2023, ubica el dato en 40,1%. Mi estimación es que el dato de pobreza del segundo semestre de 2023, que el Indec publicará a fines
A fines de marzo, es de 42,5%.
–¿Cómo se explica que, sin pandemia, se llegue a niveles similares?
–La tasa de desempleo bajó desde la pandemia, pero los ingresos son menores, porque creció la cantidad de trabajadores en el sector informal. Además hay un efecto muy importante de la inflación, que llevó el precio de la canasta de bienes a un nivel muy alto en comparación con los ingresos, que aumentaron a un ritmo mucho menor.
–¿El pico de pobreza sería en el primer semestre de este año?
–En mi impresión, si todo sale bien... La economía está entrando en una recesión fuerte. Los ingresos de las personas no están acompañando el incremento de la inflación. Estimo que la tasa de pobreza del primer semestre será más alta que la de 40,1% del primer semestre de 2023. Y a partir de ese punto, si todas las cosas salen bien, deberían empezar a recuperarse los ingresos, a bajar la inflación, a bajar la valorización de la canasta con la cual se comparan los ingresos. Entonces, empezaría a disminuir la pobreza.
–El Gobierno le diría que la recesión ya arrancó en agosto...
–Sí, la recesión arrancó en julio del año pasado, claramente. Ahora se está profundizando.
–¿Se podría haber hecho el ajuste de alguna forma distinta, para que el nivel de pobreza no aumentara tanto?
–El nivel de pobreza es un resultado de las políticas económicas. No es un objetivo particular de un gobierno. En general, los objetivos son más amplios, como intentar estabilizar la economía para empezar a crecer. Si empezamos a crecer, la pobreza va a bajar. Siempre se pueden hacer políticas diferentes. Cada gobierno tiene su forma de pensar cuál es la manera correcta de estabilizar.
–Los planes sociales, ¿ayudan a evitar que suba la indigencia?
–Sí, la ayuda social impacta fuertemente en los niveles de indigencia y menos en la pobreza. En los últimos años, la indigencia no subió más debido a que se amplió la red de contención de los planes sociales. Ahora debería estar aumentando más, básicamente porque los precios de los alimentos estuvieron aumentando desde mediados de 2023 por encima de la inflación general.
–¿Cómo analiza en ese sentido la tasa de inflación?
–No quiero ser muy optimista, pero uno espera que la tasa de febrero y la de marzo sean más bajas que la de diciembre y la de enero. Y después de marzo hay que ver cuál es el plan de estabilización elegido por el Gobierno para seguir adelante.
–¿Es inevitable el plan de estabilización en los próximos meses?
–Hasta ahora, el Gobierno trató de controlar el ancla fiscal y el tipo de cambio. Con eso, más la recesión del año pasado, los precios tienen que bajar. En mi opinión, eso no es sostenible en el tiempo. Tiene que haber recomposición de ingresos y un plan de estabilización, con una pata monetaria y una pata fiscal que vaya evolucionando en el tiempo.
–¿Eso debería anunciarse en el primer semestre del año? ¿Se puede demorar más?
–Creo que debería ser en el primer semestre, porque la licuación de ingresos no es sostenible socialmente.
–El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dijo que podría haber una crisis peor que la de 2001. ¿Qué opina?
–Difícil de afirmar esas cosas. Los contextos son distintos. Hay una amplia red de planes sociales. Lo veo difícil. No creo que esto explote de la forma que explotó en 2001. Sí veo una situación complicada social. Pero ya hemos pasado por todas estas cosas y todo tiene solución.
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