SE RETOMA LA SESIÓN

Sin los votos garantizados, el oficialismo se enfrenta a la discusión de los artículos claves
Sectores de la oposición dialoguista quieren modificar la delegación de facultades; sigue sin haber acuerdo en torno a las privatizaciones y a eliminar límites a la hora de contraer deuda externa; el impuesto PAIS se discutiría junto al paquete fiscal
Laura Serra
Votación de la "Ley Ómnibus" en la tercera jornada de Debate en la cámara de Diputados.
Tras aprobar en general el megaproyecto de ley del Gobierno, el oficialismo enfrenta hoy en la Cámara de Diputados la instancia más difícil: la aprobación de cada uno de sus artículos. Los puntos más sensibles de la iniciativa no tenían anoche garantizada la mayoría: las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo, las privatizaciones de las empresas públicas, el derrotero del impuesto PAIS como así también el artículo que releva de todo límite para contraer deuda en moneda extranjera constituyen los puntos conflictivos más importantes sobre los que todavía no hay acuerdo entre la oposición dialoguista y la Casa Rosada.
La aprobación en general del proyecto, el viernes por la tarde, fue un paso importante pero insuficiente y de implicancia apenas simbólica. Un proyecto adquiere media sanción recién cuando se lo vota in totum, es decir, artículo por artículo. Ergo, si la mayoría de la Cámara de Diputados decide durante la sesión de hoy rechazar o modificar los puntos claves de la ambiciosa “Ley de Bases”, Milei se quedará con una norma virtualmente vacía de contenido. Más aún desde que el propio Poder Ejecutivo decidió eliminar del dictamen el paquete fiscal, el corazón de esta mega reforma que Milei exhibe como fundacional.
El último fin de semana pasó sin pena ni gloria; salvo algunos borradores intercambiados entre los técnicos de la Casa Rosada y los legisladores, no hubo avances significativos en las negociaciones. El reloj corre, faltan apenas horas para que se retome la sesión y los libertarios llegarán al recinto sin los números asegurados para superar los escollos que les esperan; toda una osadía que bloques parlamentarios más experimentados jamás acometerían.
Los números, en definitiva, son los que importan. Según arroja el resultado de la votación del viernes pasado, cuando se trató general el proyecto, 144 resultaron positivos mientras que 109 fueron negativos. Este es el número máximo que consiguieron quienes defienden el proyecto y sus detractores; en otras palabras, si los 109 diputados que rechazaron el proyecto en general logran persuadir a otros 20 colegas a que se sumen a la volteada de alguno de los artículos, el oficialismo se verá en serios problemas.
El arranque no se prevé sencillo: los primeros cuatro artículos del proyecto que se someterán a votación son los referidos a la delegación de facultades delegadas para el Poder Ejecutivo por un año. A priori, los números aparecen tan justos que la votación no será apta para cardíacos.
Por ahora suman diez los legisladores que, si bien votaron a favor en general del proyecto, rechazarán este capítulo durante el debate en particular. Ellos son los seis diputados de la Coalición Cívica y cuatro diputados que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora. Los legisladores de la provincia mediterránea sorprendieron esta tarde a sus compañeros de bloque con esta postura, contraria a la que supieron cultivar en durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Sucede que Llaryora, fastidiado con el gobierno nacional ante la falta de respuestas a las demandas para atender las demandas fiscales de las provincias, bajó línea a sus legisladores a mostrarse duros durante la votación en particular.
La pregunta es si los díscolos sumarán otros diez legisladores para alcanzar la mayoría. Las especulaciones y los poroteos están al rojo vivo. Puede suceder, como en tantas otras votaciones que se auguran ajustadas, que por pedido de algún jefe de bloque aliado del oficialismo algunos legisladores accedan a abstenerse antes que votar en contra, o bien se retiren subrepticiamente del recinto a la hora de votar. Una argucia para sacarle ventaja a los detractores. Picardías como éstas han sido comidilla en la historia parlamentaria.
“Los votos los vamos a tener, despreocupate”, dijo un conspicuo diputado de Pro que, a falta de soldados libertarios con experiencia en el rastreo de votos, puso a su bloque en esa tarea.
Facultades delegadas
La cuestión de las facultades delegadas no es menor. El Gobierno propone declarar seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Sobre estas emergencias, el artículo cuatro establece las bases de legislación, las cuales, a gusto de los legisladores opositores, son por demás amplias. Por caso, se le otorgarían facultades para no solo reorganizar el sector público nacional para hacer más eficiente y racional su funcionamiento; además, propone intervenir todos los entes, empresas y sociedades cualquiera sea su tipo jurídico, a excepción de las universidades.
Además, se le permitiría al Poder Ejecutivo privatizar total o parcialmente empresas, sociedades establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad sea del estado nacional. Asimismo, podrá modificar, transformar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos y fondos fiduciarios públicos, estas últimas cajas negras de la administración.
Privatizaciones, con los votos justos
Las privatizaciones de empresas públicas será una pelea voto a voto. Si bien la Casa Rosada accedía a reducir de 36 a 27 el número de empresas a ser declaradas sujetas a privatización total, tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal insisten en que se incluya en el articulado un mecanismo de control parlamentario exhaustivo previo a cada privatización, ya sea a través de la Auditoría General de la Nación o una Comisión Bicameral de Seguimiento con facultades extendidas. El radicalismo también avisó que no está de acuerdo con que el Banco Nación pueda ser privatizado parcialmente.
Los artículos que liberan al Poder Ejecutivo de las ataduras del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera siguen generando cortocircuitos. El dictamen propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, el cual establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respeto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Además, dispone que toda toma de deuda externa que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso.
Respecto del impuesto PAIS, los cordobeses insistirán en ponerlo sobre la mesa del debate para que sea coparticipado. No obstante, el ministro del Interior ya anticipó que, en caso de ser incorporado como artículo del texto, será vetado. Todo indica que finalmente el debate de este capítulo será prorrogado junto con el resto del paquete fiscal para su discusión con los gobernadores, aún sin fecha fija.

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Ley ómnibus | Los seis puntos que traban la aprobación del proyecto clave para Javier Milei
El tironeo por el reparto de fondos a las provincias es el mayor conflicto abierto, que afecta a artículos medulares de la iniciativa; la discusión podría extenderse toda la semana
Guillermo Francos y Karina Milei, durante el debate parlamentario de la ley ómnibus

Ya es el debate parlamentario más largo en 40 años de democracia y el final todavía aparece incierto en el horizonte. El tratamiento de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -conocida como “ley ómnibus”- empezó el miércoles pasado, se aprobó en general el viernes después de 30 horas netas de discursos y entrará mañana en el terreno pantanoso de la discusión artículo por artículo, que podría consumir hasta tres días más.
Desde su presentación, en diciembre, el texto perdió más de 300 artículos, lo que implica la mitad de su tamaño. Pero la configuración definitiva es aún un misterio, ya que siguen trabadas las negociaciones que enfrentan a la Casa Rosada con los bloques de la oposición dialoguista (y en especial a los gobernadores). El punto central de la discordia tiene que ver con el reparto de fondos: al quitar del proyecto el capítulo fiscal, el Gobierno advirtió que promoverá un ajuste mayor en fondos destinados a las provincias para compensar las subas de impuestos descartadas. Empezó entonces una batalla abierta que repercute en el Congreso. Los gobernadores tienen capacidad de hacer naufragar la ley; Milei puede, en represalia, afinar la motosierra sobre la caja de las provincias. En esa pulseada se juega el destino del proyecto.
Los siguientes son los cinco puntos principales cuya redacción todavía se discute al filo de la reanudación de la sesión parlamentaria.

Impuesto PAIS

El impuesto PAIS tiene una vigencia acotada y el Gobierno espera que la ley convalide su validez hasta fin de año. Los gobernadores se unieron en el reclamo de que la recaudación se coparticipe con las provincias. Desde su creación en 2019 los ingresos por ese tributo van en un 70% al PAMI y la Anses; el 30% restante se destina al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que administran los movimientos sociales. El pedido de los gobernadores es que ese 30% se reparta entre las provincias. Una de las últimas propuestas fue que se coparticipe el 21% y el 9% se gire directamente al Renabap.

El diputado Miguel Pichetto al final de la tercera jornada de debate por la ley ómnibus
Pero Milei se niega tajantemente, porque insiste en que es un impuesto temporal ligado a la existencia del cepo cambiario y que si lo coparticipa se hará casi imposible eliminarlo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, ya advirtió que si la oposición incluye el artículo en la ley el Presidente está dispuesto a vetarlo.

Privatizaciones

El proyecto original de ley disponía que el Presidente tuviera la facultad de avanzar con la privatización de 41 empresas públicas. En las primeras semanas de negociación se retiró de la lista a YPF y se limitó la cantidad de acciones sujetas a venta del Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina (la generadora de energía eléctrica que gestiona Embalse, Atucha II y Atucha II). Antes de llegar al recinto continuó la poda: se quitaron empresas importantes para algunos de los gobernadores aliados, como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la Casa de la Moneda, Radio Universidad de Córdoba, la Fabrica Argentina de Aviones (también con base en Córdoba), Radio Universidad del Litoral (Santa Fe), la aeroespacial Veng, Dioxitek (producción de dióxido de uranio), Fabricaciones Militares y la minera con sede en Catamarca Yacimientos de Agua de Dionisio.
Entre las 27 empresas que quedan en el texto en discusión figuran AYSA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Intercargo, Ferrocarriles Argentinos, la agencia de noticias Télam y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se mostró como un activo negociador por la ley ómnibus
La discusión del articulado no está saldada. El bloque de la UCR reclama que se vote cada empresa por separado. En Hacemos reclaman que los procesos de privatización sean revisados por una comisión bicameral del Congreso. Si Milei se niega, los opositores podrían reclamar que haya una ley específica para convalidar cada venta, algo que podría contar con el apoyo del peronismo.
Delegación de facultades
Los diputados limitaron las pretensiones originales de Milei de declarar la emergencia en 11 materias y tener poderes especiales por dos años, prorrogables por decreto. Se incluirán finalmente 5 emergencias (económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa), mientras siguen discutiendo si añaden la de seguridad. El período de delegación será de un año, prorrogable con acuerdo del Congreso.
Los gobernadores recelan también de las delegaciones para manejar 30 fondos fiduciarios, entre los que se incluyen algunos creados para auxiliar obras públicas que están en marcha.
Contratos vigentes
El radicalismo y algunos de los diputados de Hacemos se resisten a otorgarle al Gobierno la facultad para prorrogar, rescindir o directamente anular contratos de concesiones, de obras públicas y de alquileres. Quieren que el Congreso tenga derecho a supervisar estas cuestiones, del mismo modo que con las privatizaciones.
Germán Martínez y Martín Menem
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses
Antes de empezar el debate en Diputados, el secretario parlamentario anunció la eliminación del artículo relacionado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que declaraba la transferencia al Tesoro de sus activos y establecía que se compensarían los pasivos de las provincias con el organismo previsional. Es decir, que los flujos hagan frente a las compensaciones anuales de las cajas jubilatorias de las provincias no transferidas al organismo. Con el correr de las semanas se reavivó la discusión sobre ese artículo. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, impulsa reponerlo con una cláusula en la que se disponga la compensación automática para las cajas de jubilaciones provinciales “armonizadas”, como la de su provincia. Santa Fe también apoya la moción. El Gobierno cuenta con esta carta para limar las asperezas que genera el impuesto PAIS.
Karina Milei y Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados
Deuda pública
Los artículos que liberan al Poder Ejecutivo de las ataduras del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera son resistidos por diputados que negocian por estas horas con el oficialismo. El dictamen propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, que establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respeto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Además, dispone que toda toma de deuda externa que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso. Milei que no rijan para él estos límites.

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