Bullrich pide que los organizadores de la marcha paguen la policía
El Ministerio de Seguridad solicitó a la Justicia que exija a los impulsores cubrir el costo de las fuerzas
Los gobernadores presionan por el impuesto PAIS y Quintela va a la Corte
Weretilneck denunció “aprietes” del Gobierno y pidió a la Casa Rosada que busque consensos
Gustavo Ybarra Gabriela Origlia
El Gobierno deberá prestar especial atención a la discusión artículo por artículo en la Cámara de Diputados del proyecto de ley ómnibus y tendrá que extremar cuidados para no dejar cabos sueltos que puedan complicar la discusión de la iniciativa en el Senado, en donde cualquier modificación obligaría al regreso del texto en segunda revisión a Diputados, un escenario costoso en términos políticos y de tiempos para la administración de Javier Milei.
El dato clave pasa por el kirchnerismo, que con 33 senadores es primera minoría en el Senado y está a tan solo cuatro votos de alcanzar la mayoría absoluta. En otras palabras, Unión por la Patria podría valerse de la disconformidad de algún sector político o de los senadores de determinada región del país para modificar el proyecto y devolverlo a Diputados.
“Por eso, lo del Senado tiene un complejidad extra, que tiene que ver con la obviedad de que si le cambiás una coma (al proyecto) tiene que volver a Diputados”, alertó un senador libertario en diálogopara remarcar la importancia que tendrá el acuerdo que alcance el Gobierno en la discusión del articulado de la iniciativa de cara al debate en particular que se iniciará hoy en la Cámara de Diputados.
Un ejemplo de las tensiones que cruzan al Senado por estas horas es el capítulo referido a las privatizaciones. “En Diputados te podés dar el lujo de perder algunos votos; pero si la lista de empresas no cuenta con el apoyo de todos los senadores corrés el riesgo de que el artículo se caiga o se modifique y el proyecto deba volver a Diputados”, alertaron en un despacho radical.
Es esta indefinición del contenido definitivo del proyecto lo que impide, por estas horas, a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a sus colaboradores más cercamos hacer cuentas y saber si podrán ofrendarle a la Casa Rosada la sanconsumo ción definitiva de la ambiciosa “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
La misma incertidumbre reina en bloques como la UCR y Pro, en donde rehúsan dar una definición antes de tener a la vista el texto que apruebe la Cámara baja. “Hasta que no sepamos el articulado en particular no podemos definir, hay que esperar”, responden, sistemáticamente, ante la consulta periodística en los conglomerados opositores más proclives a dialogar con el Gobierno.
En la misma sintonía se expresan legisladores de fuerzas provinciales como los tres miembros del interbloque Innovación Federal, integrado por Juntos Somos Río Negro y el Frente Renovador de la Concordia; los dos de Alianza por Santa Cruz y la neuquina Lucila Crexell, alineada con el gobernador Rolando Figueroa. Sus votos serán claves para la sanción de la ley, como también lo será la posición que adopten los tres peronistas díscolos de Unidad Federal, bloque que preside Carlos Espínola (Corrientes), y que integran Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Alejandra Vigo (Corrientes). En este Senado, donde los libertarios apenas tienen siete legisladores, cada voto cuenta.
Con la discusión en particular a punto de comenzar en Diputados, algunos legisladores de las bancadas dialoguistas confían en que lo que se apruebe en la Cámara baja llegará con el suficiente respaldo para unificar sus bloques detrás del apoyo a la iniciativa.
Basan su optimismo en el trabajo coordinado que han mantenido en las últimas semanas con sus pares de la Cámara baja, en donde las consultas entre ambas cámaras estuvieron a la orden del día. Citan como ejemplo la derogación de la denominada ley de zonas frías, que otorga beneficios en la tarifa por de gas a las regiones donde el insumo es vital en épocas invernales, que fue eliminada del proyecto luego de que desde el Senado se hizo notar que esa medida sería rechazada por todos los representantes de los bloques dialoguistas de las provincias de la Patagonia y de Mendoza.
En un despacho radical mostraron su confianza en que el Gobierno terminará acordando de manera tal que el proyecto salga de Diputados con el suficiente consenso en su articulado para que el texto se discuta en el Senado a libro cerrado. Esto eliminaría la posibilidad de que en la Cámara alta se produzcan casos como el de Facundo Manes, que votó en contra del proyecto en general.
En ese caso, sostiene este senador de la UCR, la discusión en la Cámara alta pasará por lo conceptual más que por cuestiones puntuales. “No podemos pasar del Estadocentrismo al mercadocentrismo de un día para el otro, hay que terminar con esta Argentina pendular”, explicó el legislador.
Sin embargo, entre las bancadas dialoguistas hay coincidencia en que el consenso no implicará que habrá un trámite exprés del proyecto en el Senado.
La idea es que los ministros de las diferentes áreas afectadas por la denominada ley ómnibus asistan a las comisiones a dar explicaciones y a justificar las medidas reclamadas por el Poder Ejecutivo.
“Si para Roca gobernar era poblar, para Sarmiento era educar y para este gobierno es comunicar, para nosotros gobernar debe ser explicar”, manifestó otro senador de la UCR para justificar la necesidad de que los funcionarios del Poder Ejecutivo comparezcan ante las comisiones de la Cámara alta que van a tratar el tema.
Por el momento, Victoria Villarruel no tomó una definición al respecto, pero se baraja la posibilidad de que sean dos y que la Comisión de Legislación General, que todavía no se constituyó pero que presidirá el oficialista y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), sea cabecera del debate.
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CÓRDOBA.– Pocas horas antes de que la Cámara de Diputados reanude el debate en particular de cada artículo de la ley ómnibus, los gobernadores insisten en la coparticipación del impuesto PAIS (impuesto para una argentina inclusiva y solidaria) mientras el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó que si eso se aprueba el presidente Javier Milei lo vetará. Es uno de los puntos que traban un eventual acuerdo. Se trata de una caja clave, que solo en enero recaudó casi 470.000 millones de pesos a partir del tributo que pesa sobre los gastos en dólares realizados con tarjetas de crédito.
La tensión entre la Casa Rosada y las provincias sigue latente. Así lo demuestran los cruces retóricos previos al reinicio del debate parlamentario. El mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, insistió: “Busquen consensos y saquen de sus cabezas vernos de rodillas”. Mientras que su par riojano, Ricardo Quintela, ratificó que la Nación “no dará un peso” a las provincias y realizó ayer la presentación en la Corte Suprema de Justicia de la demanda contra la Nación. De la amenaza a la acción. Quintela ya judicializó el decreto de necesidad y urgencia que impulsó Milei a fines de 2023.
El rionegrino Weretilneck volvió a cruzar a la Casa Rosada. “Dejen de agredir y de apretar. Dejen de una buena vez la confrontación y busquen consensos. Y saquen de sus cabezas vernos de rodillas”, dijo. De esta manera, le respondió al presidente provisional del Senado y legislador de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala, quien en una entrevista radial llamó a los gobernadores “animalitos de gastar”.
Weretilneck afirmó que “jamás en 40 años desde el regreso de la democracia un gobierno nacional agredió y les faltó el respeto a las provincias como padecemos desde el 10 de diciembre”. En su cuenta de la red social X, añadió que el hecho de que Abdala trate de “animales” a los gobernadores “no es un ataque a quienes fuimos elegidos por el voto popular, es un agravio y una falta de respeto a los millones de provincianos que todos los días construimos la república”.
“Nos llaman ‘animalitos de gastar’ porque garantizamos el derecho a la educación y ‘gastamos’ para darle seguridad y salud gratuita a nuestro pueblo –precisó-. Nos llaman ‘animalitos’ porque invertimos para que más turistas, argentinos y extranjeros, hagan turismo y generen divisas. ‘Gastamos’ porque construimos viviendas, escuelas y hospitales, hacemos rutas y llevamos agua potable y servicio de cloacas a cada hogar”, finalizó.
La recaudación del impuesto PAIS es el centro de la disputa, ya que viene creciendo de manera significativa. En efecto, durante enero aumentó 25% en términos reales respecto de diciembre y se ubicó en un máximo real. Un informe del Iaraf señala que desde la discusión política lo relevante es que esta carga puede llegar a aportar una recaudación 2024 equivalente al 1,5% del PBI.
Es decir que el 30%, significaría 0,45% del PBI; como por la reforma de la cuarta categoría de Ganancias las provincias perderían 0,48% del PBI, el 30% de la recaudación de impuesto PAIS prácticamente las compensaría. La consultora dice que sería un “mal paso coparticiparlo”.
En el Ciclo de Encuentros Esperanza Federal que se realizó en La Rioja con la participación de dirigentes de esa provincia, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, Quintela planteó que “el peronismo tiene que ser un administrador y un distribuidor de los diversos intereses que tiene una sociedad”.
“Queremos un Estado presente para que actúe en donde la sociedad tiene un conflicto o donde haya una necesidad. No quiere
Cualquier coma que se cambie devolvería el proyecto a la Cámara baja
El impuesto PAIS creció un 25% y en enero recaudó $470.000 millones
La Rioja reclama $9300 millones adeudados por el gobierno nacional
decir que somos los que resolvemos todos los problemas, como tampoco es cierto que nos gusta la asistencia social como respuesta a todo”, añadió. En una entrevista con Clarín, afirmó que Milei quiere “incendiar” las provincias.
Presentación ante la Corte
Ayer se hizo la presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la demanda riojana en reclamo de $9300 millones “adeudados y retenidos ilegalmente” por la Nación. Los patrocinantes son Andrés Gil Domínguez y el exsenador Jorge Yoma. Los fondos corresponden a lo determinado en el presupuesto 2023 para el distrito. Además, sumaron los $ 48.000 millones que estaban consignados para este año.
Gil Domínguez explicó que el Estado federal le debe a la provincia esos $9300 millones “coparticipables, que son de La Rioja” y que para el actual ejercicio “debe pagarle $48.000 millones, debidamente actualizados y no a través de 12 cuotas sino a través del sistema de goteo diario, como es el que existe para todas las provincias”.
No son aportes del Tesoro a las provincias, aclaró, sino “recursos propios. No hay ninguna discusión sobre este tema; la discusión está dada porque el Estado no cumple el pago”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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