TIERRA DE NADIE E INÉDITO

“Tierra de nadie”. No tiene freno la escalada de homicidios durante ataques y asaltos en el conurbano
En las primeras semanas de 2024 al menos trece vecinos fueron asesinados en el Gran 

Gustavo Carabajal José María Costa
Víctimas de asesinatos en ocasión de robo en el conurbano durante 2024
Los hechos de inseguridad que terminan con personas muertas no dan tregua en el conurbano. Solo este fin de semana salieron a la luz seis nuevos casos que grafican la problemática. Se suman a los siete homicidios en ocasión de robo que tomaron estado público en enero.
En lo que va de este mes se conocieron los asesinatos de un niño de cuatro años y de su madre, de 22, que fue violada, apuñalada y estrangulada, mientras su otro hijo, de solo siete meses, se salvó de milagro y permanece internado.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Camila Nahir Acosta y Nehuén Valentín, cuyos cuerpos fueron encontrados el viernes a la noche en una casa situada en la calle Lobos al 2800, en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, donde también estaba el bebé que sobrevivió.
Fuentes judiciales y policiales informaron que el hallazgo ocurrió alrededor de las 22, luego de que familiares de la joven fueron a la casa debido a que no respondía los llamados. Al ingresar al lugar, uno de ellos advirtió la presencia de los cuerpos sin vida de Acosta y del chico de cuatro años.
Además, el hijo menor de la mujer estaba llorando y presentaba una herida de arma blanca, por lo que debió ser trasladado de urgencia, en un auto particular, al Hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela. Anoche, fuentes del caso revelaron que recibió una puñalada en una axila y que se encontraba estable y fuera de peligro.
Por el crimen fue detenido Aníbal Mansilla, de 29 años, quien ayer se negó a declarar ante la fiscal Vanesa Maiola, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 descentralizada en Florencio Varela, del Departamento Judicial Quilmes.
Al ser detenido, Mansilla les dijo a los policías que se había “mandado un moco” y que no sabía por qué lo había hecho. Quedó imputado por el delito de “doble homicidio agravado”, para el cual se prevé una pena de prisión perpetua.
Los voceros aclararon que Mansilla y Acosta “no tenían una relación de pareja estable” y que el hombre no era el padre de los menores.
Otro crimen ocurrido el viernes a la noche fue el del monaguillo Germán Zucarelli, de 49 años, y de su tía, Ana Russo, de 75, quienes fueron acribillados cuando caminaban por el partido de Lanús.
El hombre, que murió casi en el acto, recibió seis disparos en el torso con un arma de fuego calibre 22. En tanto, la tía de Zucarelli recibió cuatro impactos de bala en el abdomen. Permaneció internada en estado crítico durante unas 40 horas hasta que murió, ayer a la tarde.
El crimen del monaguillo y de su tía ocurrió alrededor de las 22.30 del viernes en el cruce de General Pico y General Guido, a unas cuatro cuadras de la comisaría 8ª del barrio Villa Obrera, en la zona sur del Gran Buenos Aires.
Otro caso que conmocionó en las últimas horas ocurrió en el partido de Moreno, donde un hombre de 30 años fue encontrado asesinado de múltiples disparos tras haber sido privado de su libertad por una banda de delincuentes que luego de matarlo arrojó el cuerpo en un descampado.
El cadáver fue hallado el miércoles a las 19.30 en Benito Juárez y Alberto Williams, en cercanías del dique Roggero. Fuentes policiales y judiciales informaron a la agencia de noticias Télam que la madrugada del 31 de enero, cerca de la 1, Brian Adrián Silva estaba junto a uno de sus hermanos en la puerta de su vivienda, situada en el barrio Santa Brígida, de Villa Trujui.
En ese momento, tres autos con varias personas a bordo llegaron imprevistamente y, tras efectuar disparos de arma de fuego, el hombre fue obligado a subirse a uno de los vehículos.
Esa misma tarde, un grupo de personas encontró el cuerpo de Silva en unos pastizales. Tenía múltiples orificios de bala. Según fuentes de la pesquisa, los autores del crimen serían integrantes de una banda de narcotraficantes de la zona. Una de las hipótesis es que la víctima estaba en contra de la venta de drogas en el barrio y que, en represalia, fue asesinada.
Interviene en la causa la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien ordenó a la policía el relevamiento de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los agresores.
El viernes pasado, al mediodía, un hombre de 46 años, de nacionalidad peruana, fue asesinado de al menos dos puñaladas en la espalda en una pensión de Tigre. Por el crimen fueron detenidos dos sospechosos, uno de ellos, menor de edad.
Todo comenzó minutos después de las 13, cuando, a raíz de un llamado de emergencia al 911, personal policial del Comando de Patrullas de Tigre se hizo presente en una propiedad que funciona como pensión, ubicada en la calle Luis Pereyra, casi en el cruce con Sargento Cabral, en el barrio Los Tábanos.
Allí, los uniformados encontraron el cadáver de Pedro López Paredes, de 46 años, quien yacía en el piso, en la entrada a una de las habitaciones. Según los primeros peritajes, la víctima había recibido al menos dos heridas de arma de arma blanca en la espalda.
Voceros del caso señalaron a la agencia Télam que luego de diversas tareas investigativas la policía logró identificar a los presuntos autores del crimen: serían Diego Díaz, de 25 años, y un adolescente cuya identidad no fue suministrada por tratarse de un menor de edad.
Los investigadores precisaron que los dos sospechosos eran vecinos de la pensión donde residía la víctima, y que tras el asesinato se habrían dado a la fuga en dirección a San Isidro.
La investigación del crimen quedó a cargo de la fiscal Rosa Gómez Zambade, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Isidro.
Crímenes por un vehículo
El mes pasado se produjo una sucesión de homicidios que marcaron que el conurbano se convirtió en territorio del miedo, con familias destruidas luego de que alguno de sus integrantes fuera asesinado durante un asalto. Uma Aguilar, de 9 años, en Lomas de Zamora; María Lucrecia Arias, de 50, en Castelar; Eugenio Sipatov, de 40, en Lanús; Leonardo Quinteros, de 50, en Merlo; Sebastián Ochoa, de 26, en José C. Paz; Maximiliano Rojas, de 27, en Lanús, y Jennifer Campos Calle, de 13, en Virrey del Pino, fueron algunas de las víctimas a las que mataron en un lapso de solo dos semanas durante asaltos en el Gran Buenos Aires.
Los homicidios de Uma, María Lucrecia, Sebastián, Leonardo y Maximiliano no constituyeron casos aislados y tienen un elemento en común: a todos los mataron cuando quisieron robarles los autos o las motos en las que circulaban.
Este aumento en la violencia en los robos de vehículos quedó expuesto en las últimas estadísticas oficiales, que indicaron que el año pasado se iniciaron 26.529 investigaciones penales preparatorias por “hurto agravado de autos dejados en la vía pública”. Esa cifra representó un crecimiento de 32,3% con respecto al año anterior, cuando se denunciaron 20.052 robos de automóviles con esa modalidad.
Uma fue asesinada el 22 enero pasado a las 8.45, cuando viajaba en el asiento trasero del Ford Ka gris de su padre, Eduardo Aguilera, quien se desempeña en la custodia del Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese momento, el vehículo fue interceptado por un grupo de cuatro delincuentes que al llegar a Pío Baroja 637, de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, descendieron de un Toyota Corolla negro y, a punta de pistola, exigieron la entrega del automóvil.
Aguilera intentó eludir a los asaltantes para evitar que se llevaran el Ford Ka con su hija a bordo. Pero uno de los ladrones disparó dos balazos e hirió en la cabeza a la niña, que falleció tres horas después en el Hospital Churruca, de la Capital.
Después de asesinar a la menor, los asaltantes huyeron en el Toyota negro que habían robado ocho minutos antes en la esquina de Cosquín e Itatí. Antes de llevarse el vehículo, los delincuentes dispararon contra el dueño del auto para obligarlo a que entregara el rodado. No lo mataron de milagro.
Actualmente hay cuatro sospechosos detenidos por el homicidio de Uma. Uno de ellos es un menor de 17 años, que según la legislación penal argentina es punible.
El 19 de enero pasado, Sebastián Ochoa, de 26 años, padre de un bebé de nueve meses, fue asesinado a siete cuadras de la estación de servicio en la que trabajaba. Al llegar a la esquina de Luis María Drago y Brughetti, en José C. Paz, fue interceptado por delincuentes que le dispararon un balazo para robarle la moto en la que circulaba de regreso a su casa.
María Lucrecia Arias, de 50 años, fue asesinada el 24 de enero pasado por cuatro delincuentes que la sorprendieron cuando llegaba a su casa, en San Nicolás al 2000, en Castelar. Los asaltantes le apuntaron con un arma y le exigieron que entregara su Volkswagen Suran. Aparentemente, María Lucrecia intentó quitarse el cinturón de seguridad, que había quedado trabado, y uno de los ladrones la mató de un balazo. La hija de la víctima, que estaba en el auto, pudo escapar.
A poca distancia del conurbano, los homicidios de Nicolás Ricardi, de 16 años, y Teodoro y Juan Antonio Martínez, de 59 y 30 años, respectivamente, conmocionaron a las ciudades en las que vivían las víctimas. El adolescente fue asesinado de un puntazo en el corazón por tres delincuentes que le robaron la mochila cuando caminaba con sus amigos en el parque de la laguna en Chascomús. Y Martínez padre e hijo fueron asesinados al resistirse a un robo en la empresa avícola en la que trabajaban, en Zárate.
La sucesión de homicidios se completó con la masacre en la que fueron asesinadas cinco personas durante el enfrentamiento entre vecinos e integrantes de una organización mafiosa que se dedica a usurpar terrenos en la zona de González Catán, el 14 de enero pasado.

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Rompe, paga: un narco deberá pagar $50 millones por haber destrozado el SUM de la cárcel
Francisco Riquelme rompió sillas y un microondas del penal de Ezeiza luego de que le prohibieron visitas; después de eso mandó a balear una comisaría y una escuela

Germán de los SantosPersonal del SPF dominó a Francisco Riquelme tras su ataque de furia en Ezeiza
ROSARIO.– En una medida inédita, la Justicia dictó un embargo de 50.000.000 de pesos contra Francisco Riquelme, narco rosarino procesado por haber amenazado en diciembre pasado a directivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el penal de Ezeiza, donde rompió un horno de microondas y sillas luego de que, por una sanción administrativa, le rechazaron el ingreso de una visita a la cárcel.
Riquelme, exladero del capo narco Esteban Alvarado, protagonizó en los últimos dos años sangrientas batallas en los barrios Empalme Graneros y Ludueña contra engranajes de la banda de Los Monos, con quienes se disputaba el control territorial para la venta de drogas. En esa región del oeste de la ciudad subieron de manera vertiginosa los homicidios ligados a estos enfrentamientos por el negocio de la venta minorista de cocaína, que llevó a que Rosario terminara con 288 asesinatos en 2022 y 259 el año pasado.
El 22 de diciembre pasado, Riquelme debía recibir la visita de Cielo L., pero las autoridades del penal rechazaron el ingreso de la mujer por una serie de sanciones que había recibido el narco rosarino. Según la causa que investigaron los fiscales Sergio Mola y Patricia Cisnero, funcionaria de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), luego de que le informaron la decisión Riquelme comenzó a amenazar a las autoridades de la cárcel.
El detenido comenzó a gritar y a romper todo lo que encontraba a mano en el salón de usos múltiples (SUM) de Ezeiza. Era pura furia. “Prendan la tele hoy a la noche porque van a ver lo que voy a hacer. Los voy a cagar a tiros a todos ustedes. Acá afuera los voy a matar, voy a cagar a tiros una comisaría en Rosario hoy”, dijo, en medio de su desenfreno. Mencionó los apellidos de dos alcaides del penal. “Se van a querer matar, ya van a ver lo que voy a hacer”, agregó.
Riquelme parecía estar fuera de sí. Comenzó a romper todo lo que encontró a mano en el pabellón D de la Unidad Residencial VI de Ezeiza. Destrozó un microondas, dos sillas de plástico y una cámara de vigilancia. Arrojó sillas, palos de escoba y todo lo que quedó a su alcance contra el sector de la celaduría, mientras continuaba profiriendo agresiones y amenazas.
“Yo tengo a toda mi familia en cana. Tengo a mi mujer presa, mi hermano, mira qué familia tenemos todos… ustedes se cagan de risa cuando a la visita la verduguean… no pasa nada… ni Mameluco los va a salvar, sabés cómo les voy a pegar una zarpada bien piola”, gritó.
Siete días después apareció otra amenaza contra las autoridades de la cárcel. Riquelme ordenó que colgaran del alambrado externo del penal un trozo de tela blanco del tamaño de una sábana. El “trapo” contenía una leyenda escrita con aerosol negro que mencionaba los nombres de los alcaides: “Dejen de verduguear a los presos del módulo 6. Atte: Los Narcos”.
Los cargos
El juez federal Ernesto Kreplak –subrogante en Lomas de Zamora– procesó a Riquelme por el delito de “coacción agravada por haberse realizado con el propósito de obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos” y también por “daño agravado por tratarse de bienes de uso público”.
El magistrado había dictado antes medidas restrictivas para el detenido, que en Rosario fue imputado por el fiscal Franco Carbone por amenazar al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Riquelme fue acusado de balear la comisaría 19ª de Rosario y de intentar atentar contra una escuela, donde dos “soldaditos” iban a arrojar un mensaje con una amenaza contra el gobernador. Los dos atacantes fueron detenidos por la Policía de Acción Táctica cuando se dirigían a la escuela Paulo VI.
En sus mochilas fueron hallados guantes de látex, una pistola y el mensaje intimidatorio. Se sospecha que fueron los mismosgatil le rosque el 12 de diciembre atentaron contra una sucursal del Banco Macro y contra la guardia del Hospital de Emergencias (HECA). Allí también se habían dejado amenazas contra Pullaro, que ese día dispuso un reagrupamiento de los presos de alto perfil en las cárceles de Santa Fe, algo que generó represalias permanentes de los detenidos en las calles.
En esa dinámica atravesada por la violencia como respuesta, el viernes pasado fueron baleadas una escuela y un jardín de infantes, donde aparecieron notas amenazantes dejadas por los atacantes. A la madrugada, la escuela primaria Jesús Obrero, ubicada en Pasco al 7200, en el barrio de Belgrano, fue blanco de un ataque a tiros a cargo de soldaditos que iban a pie. Dejaron una nota intimidatoria en la que se mencionaba a dos presuntos narcos del barrio 7 de Septiembre como supuestos responsables de las amenazas a Pullaro y a la Tropa de Operaciones Especiales. Horas después balearon el jardín de infantes Arco Iris, situado en Monte Flores y Nicaragua, a 11 cuadras del otro hecho, donde también arrojaron un papel con un texto mafioso.
En la escena del primer suceso, personal de la brigada motorizada de la Unidad Regional II halló tres vainas servidas y constató tres impactos de bala en la puerta de ingreso. “Hay un caño roto por uno de los impactos. No hubo mayores daños materiales, más allá de la puerta. No hubo desgracias personales. Pedimos a las autoridades que hagan lo que se puede y debe hacer para superar esta situación”, sostuvo una directiva de la escuela.
Mariano Sironi, subsecretario de Gestión Territorial educativa de Santa Fe, opinó: “Las bandas criminales no nos van a amedrentar. Las escuelas van a seguir abiertas y vamos a hacer todo lo necesario para acompañar a las autoridades. Queremos dar el mensaje de que las escuelas no son el ámbito para dejar mensajes de esta naturaleza. Queremos transmitir tranquilidad, siempre vamos a estar presentes”.

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