Ofensiva oficial contra el “club de la obra pública”
No solo las constructoras podrán presentarse a licitaciones
Diego Cabot
El presidente Javier Milei y el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se aprestan a pegarle un duro golpe a lo que la historia llamó el “club de la obra pública”. Justo el año en el que varios integrantes de empresas constructoras deberán declarar en el juicio de los cuadernos de las coimas, el Gobierno pretende terminar con ese privilegio.
Se trata de un simple artículo, que finalmente hace las veces de requisito de entrada. De acuerdo con lo que confiaron fuentes oficiales, se va a quitar del derecho positivo el artículo 13 de la ley de obra pública, un pequeño tramo de la ley 13.064, creada en octubre de 1947. “Créase el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, a los efectos de la calificación y capacitación de las empresas, el que se regirá por el reglamento que deberá dictar el Poder Ejecutivo”, dice el artículo que Sturzenegger volará de un plumazo.
Parece una cosa menor, pero en realidad funciona como una suerte de bolilla negra para presentarse en una licitación. Quienes no están en el registro no pueden construir para el Estado. La administración de Milei ya decidió que ese requisito de inscripción será cosa del pasado y que apenas valdrá con una declaración jurada. “Quien se presente y diga que lo puede construir podrá hacerlo sin problemas. Luego deberá atenerse a las consecuencias en el supuesto caso de que no pueda con la obra. O que haya mentido en las declaraciones, pero será una cuestión de las inspecciones”, aclaran en el Gobierno.
Actualmente, el registro tiene una particularidad: otorga el certificado de capacidad de construcción. Y ese certificado entrega más posibilidades a las empresas que ya construyeron o construyen. Es decir, en los hechos, dicen en el Gobierno, obtura la entrada de nuevos jugadores y no incentiva la competencia. El asunto, explican, es que muchas veces las empresas saben que nadie tiene la capacidad para el total de una obra, entonces no tienen incentivo a bajar el precio porque saben y conocen que el proyecto se repartirá y que igual tendrán su porción, no importa el precio.
De acuerdo con la legislación vigente, en el registro “podrán inscribirse las personas físicas (que desarrollen la actividad y posean matrícula de comerciante), como también las personas jurídicas del tipo sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, personería jurídica extranjera con sucursal en el país u otras formas societarias en cuyo objeto social sean constructoras”, sean personas físicas como persona jurídicas que desarrollen la actividad.
Ese es el primer gran cambio. Sturzenegger se pregunta por qué no podría una empresa de otra actividad presentarse a construir una ruta en un lugar que necesite infraestructura para su planta. “En su caso podrá contratar una constructora que haga la obra”, dice el ministro. Es decir, en las futuras licitaciones podría haber empresas que no pertenezcan al histórico “club de la obra pública”.
La segunda consecuencia concreta es que podrán presentarse empresas extranjeras. Eso, al menos pretende el Gobierno.
“Cartelización”
Como se dijo, el gran punto que torna importante ese registro, al menos hasta ahora, es la entrega de ese certificado de capacidad de construir. “No favorece para nada la competencia. Más bien todo lo
contrario, lo que hace es fomentar la cartelización, ya que mientras más construyó una empresa más capacidad tiene y más obras podrá tener en el futuro”, dicen en el ministerio.
El registro de constructoras funciona como una bolilla negra para entrar en una licitación; quienes no están no pueden presentarse
¿Por qué no podría una empresa de otra actividad presentarse a construir una ruta donde la necesite?, se pregunta Sturzenegger
La reglamentación de este requisito dice actualmente: “Se deberán declarar todas las obras realizadas en los períodos de los estados contables declarados, incluyendo los compromisos actuales de obras preadjudicadas, adjudicadas y/o en ejecución, informando el avance de las mismas”.
Así las cosas, los constructores históricos siempre estuvieron en mejor posición para la próxima licitación por lo que habían hecho antes. Casi un coto de caza. Un tema no menos importante: para ser proveedor de obra pública, el Estado nunca les reclamó nada parecido a un esquema de “ficha limpia”, es decir, antecedentes.
Actualmente, gran cantidad de los que están primeros en el podio son imputados en la causa cuadernos por haber pagado coimas a funcionarios, justamente, para adjudicarles las obras. La Argentina, donde no hay condena social ni económica por haberse corrompido, los dejó seguir concursando sin ningún problema.
Sin fondos
La caída del registro se suma a otra medida que el Gobierno tomó en estos días y que también impactó a los constructores. A horas de terminar el año, la obra pública argentina vio cómo se esfumaba la última esperanzas de fondos. El Tesoro le pidió a la Secretaría de Obras Públicas que devuelva un billón de pesos que estaban en el presupuesto y que habían sido recaudados específicamente para ser derivados a proyectos de infraestructura. Era un hecho que el Presidente no destinaría una moneda de más a uno de los nudos de gasto público que siempre denostó. Ahora bien, también decidió que tampoco termine ahí lo que cada contribuyente puso de su bolsillo cuando pagó, durante el último año, el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS).
La cuestión es simple. Hace ya cuatro años, cuando el tributo apareció, en el amanecer del gobierno de Alberto Fernández, se aprobó con una cláusula de distribución. Originalmente, esa norma estableció que la recaudación de ese tributo se destinaría en un 70% a la Anses –de ese porcentaje, 42 puntos porcentuales quedan en el organismo y 28 se envían al PAMI–. A su vez, el 9% se debe reservar para el financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del polémico Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y otro 19,5%, a obras de infraestructura económica, dinero que debe ser ejecutado por la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. Queda un mínimo porcentaje (1,5%) que debía financiar actividades de fomento del turismo nacional.
Pero a poco de llegar, la administración libertaria desarmó aquella ecuación. Mediante el decreto 193, de febrero de este año, eliminó prácticamente el aporte al FISU y del 9% lo redujo a 1% para entregar esa diferencia a obras públicas. Así las cosas, llegó el fin de año y empezó la necesidad de darles un barniz de prolijidad a las cuentas públicas. Entonces, apareció un pagaré con 12 ceros.
“Establécese que la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía deberá constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por pesos un billón ($1.000.000.000.000)”, dice un artículo del decreto 1104, publicado el 17 de diciembre en el Boletín Oficial. Parece una cuestión técnica, pero se trata de la consolidación de la decisión de Milei de no poner una moneda en obra pública, aun aquella que fue recaudada con una aplicación específica. Y si bien no le quitó todo, se hizo de gran parte. Lágrimas de fin de año para los constructores argentinos.
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Deja de existir el impuesto PAIS y desde hoy el dólar turista será más barato
Había sido creado en 2019; esperan que bajen los precios
El impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS) nació el 19 de diciembre de 2019 y su duración prevista era de cinco períodos fiscales. Y, a diferencia de otros impuestos temporales, este sí dejará de existir desde hoy, según la decisión del Gobierno, que espera que esto se refleje en la reducción del costo argentino.
Los efectos inmediatos comenzarán a verse en un dólar tarjeta más barato, cuyo valor caerá de $1686,83 a $1370,55, según la cotización del viernes. Esto impacta en el pago de vuelos al exterior con aerolíneas extranjeras, así como en gastos en hoteles y otros hechos fuera del país. Más allá del fin de la vigencia, el stop debit de los cargos en dólares de las tarjetas y el pago del resumen en dólares en efectivo en la ventanilla del banco (o en home banking) ya habían marcado una vía de escape permitida al recargo impositivo. Otro servicio que podría abaratarse es el de streaming (como Netflix, por ejemplo), que no tendrá el recargo del 8%. En otros sectores, cuyas cadenas de valor tienen productos importados, las consecuencias no son tan lineales.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) señaló que la eliminación del impuesto “es un paso adelante”, dado que, según indicó, la presión fiscal en alimentos es del 40% y en bebidas, del 50%. Asimismo, estimó que tendrá un impacto heterogéneo en precios, que estará marcado por las materias primas e insumos que utilice cada cadena de valor en particular. Y recordó que, tras la reducción de la alícuota del 17,5% al 7,5% que se había registrado en septiembre, los costos bajaron.
En el caso de los autos, representantes de una importante automotriz multinacional dijeron a que se adelantaron la nacion a la eliminación del impuesto PAIS y que en diciembre habían bajado 3% el valor de los vehículos importados y 1% el de los nacionales. En la previa, cuando se redujo la alícuota en septiembre, los precios también experimentaron un descenso de 4% y 2%, respectivamente.
La otra cara de la moneda la muestran los neumáticos. El gerente comercial de Neumen Performance Center, Hugo Ruffa, explicó que “la baja del impuesto PAIS no va influir en el precio, porque hace un año que está bajando”. Ruffa le puso números al diagnóstico: “Si tomamos en cuenta que la inflación anual fue de más del 100%, el neumático bajó un 50%”.
Más allá del factor precios, la eliminación del impuesto PAIS también significa menos ingresos para el Estado. Este año, entre enero y noviembre generó $6,1 billones, el 4,8% de la recaudación total, según datos oficiales. Siguiendo esta línea, los especialistas sostienen que mantener el equilibrio fiscal demandará recortar el gasto para cubrir al extinto impuesto, o aumentar ingresos, lo que podría suceder, según el Gobierno, en el marco del crecimiento que se espera para el año que viene.
El registro de constructoras funciona como una bolilla negra para entrar en una licitación; quienes no están no pueden presentarse
¿Por qué no podría una empresa de otra actividad presentarse a construir una ruta donde la necesite?, se pregunta Sturzenegger
La reglamentación de este requisito dice actualmente: “Se deberán declarar todas las obras realizadas en los períodos de los estados contables declarados, incluyendo los compromisos actuales de obras preadjudicadas, adjudicadas y/o en ejecución, informando el avance de las mismas”.
Así las cosas, los constructores históricos siempre estuvieron en mejor posición para la próxima licitación por lo que habían hecho antes. Casi un coto de caza. Un tema no menos importante: para ser proveedor de obra pública, el Estado nunca les reclamó nada parecido a un esquema de “ficha limpia”, es decir, antecedentes.
Actualmente, gran cantidad de los que están primeros en el podio son imputados en la causa cuadernos por haber pagado coimas a funcionarios, justamente, para adjudicarles las obras. La Argentina, donde no hay condena social ni económica por haberse corrompido, los dejó seguir concursando sin ningún problema.
Sin fondos
La caída del registro se suma a otra medida que el Gobierno tomó en estos días y que también impactó a los constructores. A horas de terminar el año, la obra pública argentina vio cómo se esfumaba la última esperanzas de fondos. El Tesoro le pidió a la Secretaría de Obras Públicas que devuelva un billón de pesos que estaban en el presupuesto y que habían sido recaudados específicamente para ser derivados a proyectos de infraestructura. Era un hecho que el Presidente no destinaría una moneda de más a uno de los nudos de gasto público que siempre denostó. Ahora bien, también decidió que tampoco termine ahí lo que cada contribuyente puso de su bolsillo cuando pagó, durante el último año, el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS).
La cuestión es simple. Hace ya cuatro años, cuando el tributo apareció, en el amanecer del gobierno de Alberto Fernández, se aprobó con una cláusula de distribución. Originalmente, esa norma estableció que la recaudación de ese tributo se destinaría en un 70% a la Anses –de ese porcentaje, 42 puntos porcentuales quedan en el organismo y 28 se envían al PAMI–. A su vez, el 9% se debe reservar para el financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del polémico Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y otro 19,5%, a obras de infraestructura económica, dinero que debe ser ejecutado por la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. Queda un mínimo porcentaje (1,5%) que debía financiar actividades de fomento del turismo nacional.
Pero a poco de llegar, la administración libertaria desarmó aquella ecuación. Mediante el decreto 193, de febrero de este año, eliminó prácticamente el aporte al FISU y del 9% lo redujo a 1% para entregar esa diferencia a obras públicas. Así las cosas, llegó el fin de año y empezó la necesidad de darles un barniz de prolijidad a las cuentas públicas. Entonces, apareció un pagaré con 12 ceros.
“Establécese que la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía deberá constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por pesos un billón ($1.000.000.000.000)”, dice un artículo del decreto 1104, publicado el 17 de diciembre en el Boletín Oficial. Parece una cuestión técnica, pero se trata de la consolidación de la decisión de Milei de no poner una moneda en obra pública, aun aquella que fue recaudada con una aplicación específica. Y si bien no le quitó todo, se hizo de gran parte. Lágrimas de fin de año para los constructores argentinos.
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Deja de existir el impuesto PAIS y desde hoy el dólar turista será más barato
Había sido creado en 2019; esperan que bajen los precios
El impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS) nació el 19 de diciembre de 2019 y su duración prevista era de cinco períodos fiscales. Y, a diferencia de otros impuestos temporales, este sí dejará de existir desde hoy, según la decisión del Gobierno, que espera que esto se refleje en la reducción del costo argentino.
Los efectos inmediatos comenzarán a verse en un dólar tarjeta más barato, cuyo valor caerá de $1686,83 a $1370,55, según la cotización del viernes. Esto impacta en el pago de vuelos al exterior con aerolíneas extranjeras, así como en gastos en hoteles y otros hechos fuera del país. Más allá del fin de la vigencia, el stop debit de los cargos en dólares de las tarjetas y el pago del resumen en dólares en efectivo en la ventanilla del banco (o en home banking) ya habían marcado una vía de escape permitida al recargo impositivo. Otro servicio que podría abaratarse es el de streaming (como Netflix, por ejemplo), que no tendrá el recargo del 8%. En otros sectores, cuyas cadenas de valor tienen productos importados, las consecuencias no son tan lineales.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) señaló que la eliminación del impuesto “es un paso adelante”, dado que, según indicó, la presión fiscal en alimentos es del 40% y en bebidas, del 50%. Asimismo, estimó que tendrá un impacto heterogéneo en precios, que estará marcado por las materias primas e insumos que utilice cada cadena de valor en particular. Y recordó que, tras la reducción de la alícuota del 17,5% al 7,5% que se había registrado en septiembre, los costos bajaron.
En el caso de los autos, representantes de una importante automotriz multinacional dijeron a que se adelantaron la nacion a la eliminación del impuesto PAIS y que en diciembre habían bajado 3% el valor de los vehículos importados y 1% el de los nacionales. En la previa, cuando se redujo la alícuota en septiembre, los precios también experimentaron un descenso de 4% y 2%, respectivamente.
La otra cara de la moneda la muestran los neumáticos. El gerente comercial de Neumen Performance Center, Hugo Ruffa, explicó que “la baja del impuesto PAIS no va influir en el precio, porque hace un año que está bajando”. Ruffa le puso números al diagnóstico: “Si tomamos en cuenta que la inflación anual fue de más del 100%, el neumático bajó un 50%”.
Más allá del factor precios, la eliminación del impuesto PAIS también significa menos ingresos para el Estado. Este año, entre enero y noviembre generó $6,1 billones, el 4,8% de la recaudación total, según datos oficiales. Siguiendo esta línea, los especialistas sostienen que mantener el equilibrio fiscal demandará recortar el gasto para cubrir al extinto impuesto, o aumentar ingresos, lo que podría suceder, según el Gobierno, en el marco del crecimiento que se espera para el año que viene.
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