EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ,

Varios malos mensajes en uno

Joaquín Morales Solá
Cristina Kirchner, en los juzgados de Lomas de Zamora, el lunes, poco antes del anuncio de la intervención de Vicentin 
Cuando hace ocho años la entonces presidenta Cristina Kirchner intervino y expropió YPF a la española Repsol, Alberto Fernández fue uno de sus más consistentes críticos. El actual presidente tenía una vieja amistad personal con el CEO de la petrolera expropiada, Sebastián Eskenazi, de quien ahora sigue siendo amigo. Es notable que menos de una década después sea el propio Alberto Fernández quien haya recurrido a una decisión parecida con Vicentin, una de las grandes exportadoras de granos de la Argentina. La presencia destacada de la senadora Anabel Fernández Sagasti en el proceso de intervención y expropiación de Vicentin lleva inevitablemente a la conclusión de que el cristinismo, ya sea por influencia de la propia Cristina o de su hijo Máximo, tuvo participación en la decisión e instrumentación de la medida. Fernández Sagasti es una leal militante del cristinismo, y lo fue aun en los peores años de Cristina fuera del poder. La otra conclusión ineludible consiste en preguntarse si vale la pena seguir diferenciando a Alberto Fernández de Cristina Kirchner, sobre todo si el Presidente no está dispuesto a ponerle frenos al cristinismo. Son diferentes en ideas y modos, pero todas las partidas las termina ganando Cristina. En efecto, el propio Alberto Fernández intentaba ayer salir de la encerrona de la expropiación. Altas fuentes oficiales dijeron que el Presidente se reunirá hoy con los dueños de Vicentin y que estos prometieron entregarle una propuesta diferente de la expropiación. Los accionistas de la empresa intervenida le habían pedido a Alberto Fernández en diciembre pasado que YPF Agro se sumara como accionista de Vicentin. La idea no prosperó por la monumental deuda con bancos estatales.

Vicentin es una empresa increíblemente endeudada que necesita una reestructuración de su pasivo. Es una situación calcada de lo que le sucede al Estado argentino con sus acreedores; el mismo Estado que ahora se erige en el salvador de quien padece su misma enfermedad. Había varias empresas privadas, nacionales o multinacionales, interesadas en comprar Vicentin. A pesar de su deuda, es una empresa que está trabajando y que cuenta con una fabulosa facturación. ¿Hubo mal manejo financiero por parte de la empresa? Sí, sin duda. De hecho, la deuda de Vicentin con el Banco Nación, de la que tanto se habla, significa uno o dos meses de su facturación anual, cercana a los 3000 millones de dólares. Y el volumen de la deuda que tiene con el Estado, si se saca a la AFIP, no es más grande que la del resto de las 10 empresas más grandes del país. ¿Afectó a la empresa el zigzag permanente de la política económica y financiera argentina? También, sin duda. ¿Era el Estado el único que podía salvarla de la bancarrota? No. Podía haber soluciones privadas con la contribución del Estado, porque este es, como vemos, uno de sus grandes acreedores a través de la banca pública y de la agencia de recaudación impositiva. Haya sido -o no- un elemento decisivo para la intervención y expropiación de Vicentin, lo cierto es que la suspicacia es ineluctable cuando el primer manotazo del Estado a la actividad privada afecta a una de las principales empresas procesadoras y exportadoras de granos. En el sector agropecuario nunca olvidaron la guerra contra el campo de 2008, que significó la primera derrota política de Cristina Kirchner. Cristina tampoco la olvidó nunca.
Entre los principales empresarios, el estupor era ayer la única sensación constatable. No esperaban eso de un presidente que hace pocos días les dijo a esos mismos empresarios que el "peronismo es capitalista" y que él quiere a los hombres de negocios como "sus socios". "Fue una enorme sorpresa. Nadie venía imaginando semejante decisión", dijo uno de los empresarios que se reunió con Alberto Fernández la semana pasada. "El Estado no necesita más control sobre la exportación de granos, agregó, porque ya lo tiene. Las grandes exportadoras, como Vicentin, son agentes de retención de los derechos de exportación. ¿Qué más control necesita el Estado?".
Al mal manejo financiero de Vicentin, se le sumaron los sismos políticos del año último, cuando los argentinos eligieron a un nuevo gobierno. Después de las primarias de agosto de 2019, cuando quedó claro que el triunfo sería de un peronismo fiscalizado por Cristina Kirchner, Vicentin se quedó sin crédito para la prefinanciación de las exportaciones. En el exterior no querían darle créditos en dólares a una empresa de una Argentina inmersa en la incertidumbre política y endeudada en dólares fuera del país.

 Y ya estaba también demasiado endeudada dentro de la Argentina, donde tampoco tenía crédito. De las siete grandes empresas procesadoras y exportadoras de granos, tres son argentinas: Vicentin, Aceitera General Deheza y Molinos Río de la Plata. Las otras cuatro son multinacionales, que tienen la ventaja de que sus casas centrales pueden ayudarlas en situación de "estrés financiero", según la descripción que usó Vicentin para anunciar su primer default, apenas seis días antes de que asumiera Alberto Fernández, el 4 de diciembre. Pero ni Aceitera General Deheza ni Molinos tienen problemas de "estrés financiero".
La planta de la empresa agroexportadora Vicentin, intervenida por el gobierno nacional 
Los dueños de Vicentin podían tener simpatías por el gobierno de Macri, y la tuvieron, pero es una empresa con 90 años de antigüedad. No nació con Macri ni se hizo grande con el gobierno de ese presidente. ¿La intervención y expropiación es también una revancha contra el expresidente y todo lo que se le haya acercado? De hecho, el campo, en cualquiera de sus variantes, fue el sector social más leal a Macri en los días electorales. Nadie debería escandalizarse por eso. Pero, ¿el cristinismo es capaz de ignorar esas adhesiones o, mejor aún, esas posiciones críticas hacia su líder? Difícil, casi imposible.
La comparación con Venezuela
El Presidente trató ayer de explicar que la decisión fue casi desesperada y que no se la puede comparar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Debería entonces cuidarse de sus amigos. En la noche del lunes, Crónica TV, el canal de los hermanos Olmos, cercanos al peronismo kirchnerista y de clara militancia antimacrista, colocó placas enormes y dramáticas en su señal de cable de noticias con frases como estas: "Volvió el peronismo" o "El retorno del IAPI". Aludía desde ya a la expropiación de Vicentin. El IAPI fue una invención del primer peronismo que centralizó en manos del Estado el comercio de granos. Ese es el peor recuerdo que el sector agropecuario argentino tiene del peronismo. La Argentina retrocedía alegremente, según la versión de Crónica TV, setenta años. Las palabras del Presidente naufragaron entre la propaganda de sus propios simpatizantes.
Como toda decisión política de semejante envergadura, importan más los mensajes que desliza el poder que los hechos en sí mismos. Los mensajes del Gobierno y del propio Presidente estuvieron cargados de contradicciones. ¿Qué significa "garantizar la soberanía alimentaria de los argentinos"? Vicentin procesa y exporta productos que los argentinos no consumen, fundamentalmente soja y aceite y harina de soja. Pero la frase recuerda demasiado a una de Guillermo Moreno en medio de la guerra contra el campo: "Hay que cuidar la mesa de los argentinos". Moreno fue más coherente y devastador: se metió directamente con la soja, el trigo, el maíz y la carne. Sin embargo, sobresale la coincidencia de mensajes entre dos gobiernos que se suponían diferentes.
Otro mal mensaje fue hacia los empresarios, nacionales o extranjeros, justo los que deberían hacerse cargo de las inversiones para reactivar la economía cuando llegue la era de los pospandemia. Si el Presidente puede intervenir por simple decreto una empresa que está en concurso de acreedores en la Justicia, ¿no podría hacer lo mismo con otras empresas? ¿No debía ser el juez que lleva el caso el que interviniera? ¿No quebró la fundamental frontera de la división de poderes? ¿Por qué las empresas invertirían en un país con tan endeble seguridad jurídica? Otro mensaje desalentador fue hacia los acreedores con los que el Gobierno está negociando la reestructuración de la deuda para no caer en el décimo default del país.
El discurso ante los acreedores consiste en que el país no podrá pagar ni un dólar durante los próximos tres años. Y que la situación social es tan frágil y desesperada que la opción es cumplir con la deuda o condenar a millones de argentinos al hambre. Ahora bien, lo que Gobierno decidió el lunes fue hacerse cargo de una deuda de más de 1300 millones de dólares, que es la que tiene Vicentin, sin que estuviera obligado a hacerlo. Una parte importante de la deuda de la empresa es en dólares y con acreedores externos. Deberá pagarlos, le guste o no, como deberá pagar la de los bancos públicos argentinos si no quiere desestabilizarlos a estos. Es decir, asumió nuevas deudas cuando confiesa que no puede pagar las que ya tiene.
Otra parte del discurso oficial es que Vicentin, en manos del Estado, podría tener un papel regulador en el comercio de granos, como lo tiene YPF en la conformación del precio de las naftas en el mercado argentino. Mala noticia para el Gobierno: el precio de los granos, y sobre todo el de la soja, lo fijan los mercados de Chicago y de China. La Argentina no forma parte de esa decisión. Los productores, a su vez, solo aceptan cobrar el precio del mercado de Chicago, ni un dólar menos.
La pregunta final, que alude a qué quiso hacer el Gobierno con su decisión del lunes asombroso, podría empezar a tener una respuesta con una inferencia más que con una información. ¿Y si la fantasía oficialista es que ellos se harán con los dólares de la próxima cosecha, que podrán obligar a los productores a venderles sus productos a Vicentin y que de esa manera controlarán indirectamente el mercado de granos y oleaginosas? Es una deducción que recorre los ámbitos donde circulan economistas y empresarios. La Argentina no es Venezuela, en efecto. Sería arbitrario e injusto comparar ambos sistemas políticos y económicos. Pero el Gobierno debería evitar los bocetos que terminan dibujando esos supuestos parecidos