FRANCISCO OLIVERA OPINA,

La primera gran ironía del regreso del kirchnerismo

Francisco Olivera

El avance del Gobierno sobre Vicentin puso en una situación incómoda a empresarios y a productores agropecuarios. El natural rechazo a la posibilidad de cualquier expropiación convive desde el lunes en el establishment local con el instinto opuesto: unos 2600 acreedores del grupo agroindustrial estarían encantados con un rescate del Estado.
Es la primera gran ironía que les tenía reservada el regreso del kirchnerismo. "Nadie puede respaldar la decisión: hoy van por él y mañana por mí. Pero, si me van a pagar el 100% de la deuda, que la compre Cristina", resumieron en una de las entidades que integran la Mesa de Enlace.
Es la razón que viene atenuando las declaraciones corporativas. Hasta anoche, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) habían evitado una condena enérgica de la medida.
Anabel Fernández Sagasti, miembro de La Cámpora, fue quien impulsó el proyecto para intervenir y expropiar Vicentin 
Es cierto que el anuncio fue una sorpresa. En una parte del Frente de Todos intentaron que lo fuera incluso para Guillermo Nielsen, presidente de YPF, la petrolera estatal propuesta para asumir el salvataje a través de su división Agro. Fricciones de un espacio que, pese al Covid-19, se siente fuerte.
Todo es ya parte del paisaje. Dirigentes afines al presidente Alberto Fernández celebraban ayer el proyecto de expropiación y se lamentaban, al mismo tiempo, de la foto del escenario: que Anabel Fernández Sagasti, miembro de La Cámpora, hubiera estado en la conferencia de prensa. "La propuesta es buena, pero habría tenido mucha mejor recepción si se hubiera hecho desde la Cámara de Diputados e incluyendo a Massa", dijo  un intendente del conurbano. Era un análisis contrafáctico: la senadora ya había exhibido su derecho de autor delante del Presidente. "Muchas gracias por haber escuchado la idea", le dijo.
El meollo de la discusión está ahí y excede a los empresarios: cuánto deberán pagar los contribuyentes que no terminan de salir de una cuarentena cuyo estropicio económico parece todavía imposible de calcular.
El origen de la iniciativa sería trivial en cualquier administración del mundo, pero resulta decisivo con esta coalición gobernante. Y más cuando se requieren inversiones para salir de la crisis. Lo sabe Alberto Fernández, que ayer lo aclaró en una conversación con el periodista Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos: "No es que Cristina me esté mandando o que estoy calmando al espacio de nuestro sector político que reclama este tipo de cosas. En este mismo tema, hago memoria, Cristina cenó conmigo el jueves, si no me equivoco, y le dije: "Che, mirá, este fin de semana voy a hacer esto, qué sé yo', y me dijo: 'Ah, mirá qué bien, lo entiendo', y ahí coincidimos en la mirada. Pero no es que yo le estuve preguntando a Cristina: '¿Qué te parece que hago?'. No fue así".
Pero los empresarios suelen pensar mal. Atan cabos y ven en la medida el sello del Instituto Patria. En especial los que, meses atrás, oían a Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación (principal acreedor de Vicentin), transmitir en confianza una lamentación común a varios de sus compañeros: que José Luis Manzano, siempre atento a la oportunidad, estuviera mirando las situaciones de Vicentin y del grupo Impsa, de Pescarmona.
O quienes, hace menos de una semana, se habían ido de una reunión en la quinta de Olivos con la sensación de que Alberto Fernández quería salir de la cuarentena con un rumbo más propenso a la creación de riqueza. "No tengo problema con ninguna empresa", les dijo ese día el Presidente.
El experto en temas agropecuarios Gabriel Delgado será interventor de Vicentin 
"Esto de ahora es un poco discordante con lo que escuchamos la semana pasada", dijo ayer uno de esos diez invitados, que teme se esté gestando con Vicentin un caso similar al de YPF, sometida en estos momentos a un juicio millonario en tribunales de Nueva York por descuidos (o errores importantes, según se mire) durante el proceso de expropiación en la segunda gestión presidencial de Cristina Fernández, en 2012.
La incógnita es si el modelo pospandemia incluirá más sorpresas. Ayer, cuando, en la misma entrevista, el periodista Jairo Straccia preguntó si el caso Vicentin tendría un costo para el Estado, Alberto Fernández se limitó a contestar: "Claro que es un enorme esfuerzo del Tesoro". Pero agregó que esa era la razón por la cual la decisión tenía un carácter excepcional.
El eventual alivio para el presente podría resultar entonces también una inquietud futura. Nada nuevo: ningún espacio como el kirchnerismo ha explotado esa ambivalencia empresarial de un modo tan eficaz.
El meollo de la discusión está ahí y excede a los empresarios: cuánto deberán pagar los contribuyentes que no terminan de salir de una cuarentena cuyo estropicio económico parece todavía imposible de calcular.
En el sector privado lo tienen claro. "Esto no es ni bueno ni malo para el productor: en todo caso va a ser caro para el erario", dijo el dueño de un grupo con inversiones en el sector agropecuario.
Unos 2600 acreedores, algunos de ellos muy asfixiados económicamente, aguardan entonces desde el lunes los pasos del Gobierno y el próximo debate parlamentario sobre la expropiación. Es entendible que tengan sensaciones encontradas porque detestan a la expresidenta. ¿Y si las expropiaciones forman parte del modelo?
Esa preocupación llevó anoche a la Asociación Empresaria Argentina (AEA, la entidad en la que se agrupan dueños y CEO de las principales empresas del país) a calificar la medida sobre Vicentin de "grave" y a reclamar su revisión. En una línea similar, aunque más cauta, la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó "la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad".
El eventual alivio para el presente podría resultar entonces también una inquietud futura. Nada nuevo: ningún espacio como el kirchnerismo ha explotado esa ambivalencia empresarial de un modo tan eficaz.