LA OPINIÓN DE LUIS MAJUL,

La “feudalización” de la Argentina del Covid-19
Luis Majul
De la noche a la mañana, el Estado parece haberse adueñado de buena parte de la vida de los ciudadanos Solo unas pocas empresas se daban el lujo de rechazar o dar de baja la compensación ofrecida por el Estado
En este contexto resiste el sector privado
La pandemia lo provocó. Y el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández lo hizo. La Argentina se “feudalizó”. Y todo el país se transformó, de la noche a la mañana, en algo parecido a las provincias de Santa Cruz, San Luis y Formosa, para poner tres ejemplos de lo que estamos hablando. En su inolvidable libro, Miguel Wiñazki llamó a los hermanos Rodríguez Saá los dueños de El último feudo. Y denominó “feudo” a San Luis de manera deliberada. Para comparar a la administración de esa provincia con un sistema de gobierno que funcionaba en la Edad Media, basado en una serie de protocolos y obligaciones que vinculaban, de manera perversa, a vasallos y señores.
Salvando las enormes distancias de aquella época con la actual, ahora mismo parece haber un Estado al que todo el tiempo le estaríamos debiendo algo. Un vínculo paternalista entre el vasallo y el gran señor que resultaría desproporcionado. Un Estado que parece transformarse en el dueño de nuestras vidas, aunque el Presidente no sea un rey ni la vicepresidenta pueda ser comparada con una reina. Un Estado que, de manera incipiente, comienza a hacer un culto de la personalidad al presentar al primer mandatario como el Capitán Beto, o una mezcla de Batman y Superman, en lucha contra el Covid-19, ese bichito maligno y muy inteligente, que supera, él solo y por mucho, al Guasón y la kriptonita. Quizás el propio Alberto Fernández no se haya dado cuenta al hacerlo, pero cuando recomendó a los niños que le manden dibujitos con su imagen no estaba más que alentando ese culto a la personalidad tan propio de los regímenes autoritarios.
¿De qué hablamos cuando hablamos de feudalización de la Argentina? Lo vamos a plantear a través de ideas y con cifras aproximadas. Pusimos el ejemplo de los gobiernos de las provincias de Santa Cruz, Formosa y San Luis porque, desde el punto de vista conceptual, son idénticas. Y “feudales”. El empleo público es altísimo e involucra, directa o indirectamente, a la mayoría de la población económicamente activa. Por supuesto, muy por encima del empleo en el sector privado. La Justicia es, con honrosas excepciones, absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo. Los medios viven, casi exclusivamente, de la pauta oficial, y se terminan transformando –de nuevo, con honrosas excepciones– en un apéndice de un poder político concentrado y de prácticas autoritarias. Las legislaturas son dominadas por el Poder Ejecutivo. Así, el peso del “amo” resulta formidable. Porque la mayoría los habitantes se vinculan con él a través del cheque que emite el Estado pero distribuye el gobierno. Ese vínculo genera una dependencia muy difícil de romper. Al mismo tiempo, la economía, la educación, la salud, la cultura general y la integración social se deterioran cada vez más.
Para quienes consideran temerario hablar de feudalización de la Argentina, presentemos algunos números sencillos. Hasta el lanzamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el fondo de ayuda a empresas denominado ATP, las personas que recibían un cheque del Estado nacional eran aproximadamente 20 millones. Ahora, en el caso de que sea verdad lo que informa el Gobierno, los individuos que reciben un cheque del Estado alcanzarían los 33 o 34 millones. Es decir: el 75% de la población total. O para plantearlo de manera más dramática todavía: implicaría casi a todos los argentinos, menos los pocos que no están registrados en ningún sistema. Es decir: una suerte de parias en el limbo de las changas, el cuentapropismo y la informalidad.
Vamos de nuevo: el Covid-19 le permitió al Estado emitir 13 millones de cheques más. Mientras cerrábamos este artículo, la organización que representa a las empleadas y empleados domésticos también le pedía al Estado que se hiciera cargo del total o parte de su salario. Se trata aproximadamente de otro millón de personas en toda la República Argentina. Por otra parte, solo unas pocas empresas se daban el lujo de rechazar o dar de baja la compensación ofrecida por el Estado. Algunas, porque no quieren perder otras prerrogativas vinculadas con los dividendos de sus accionistas. Otras, porque prefieren perder mucho capital (o quebrar) a darle la posibilidad al Gobierno de que publique la lista de directivos o el nombre de las organizaciones que recibieron la ayuda. Se lo hicieron, a modo de advertencia, al autodefinido “anarcocapitalista” Javier Milei, quien recibió un cheque de la Anses por su trabajo en el Grupo América. Más allá de sus modos un tanto estruendosos, lo que sufrió Milei se llama escrache mediático. Un escrache parecido, aunque en diferente proporción, al que padecieron un puñado de argentinos, con un patrimonio personal abultado, cuya lista fue publicada por el sitio de Horacio Verbitsky con una intencionalidad clara: como si haber comprado dólares los colocara en el lugar de unos delincuentes comunes.
El problema de estos operadores de los gobiernos de turno como Verbitsky es su manifiesta incoherencia. Porque si pensaran de verdad que comprar dólares implica un delito real o un acto inmoral al que definen como fuga de capitales, la expresidenta Cristina Fernández debería ser declarada culpable, ya que, hace un tiempo, compró billetes de la moneda norteamericana y se los envió a la caja de seguridad que su hija Florencia tenía en el Banco Galicia. Fue en julio de 2016. Bastante más tarde, Cristina explicó que había comprado dólares porque no confiaba en la administración del presidente Mauricio Macri. Es una regla de oro: el discurso envalentonado pour la galerie se vuelve prudente cuando está de por medio el patrimonio propio.
En este contexto político, asfixiado, sin voz ni voto, atacado por una buena parte del Gobierno, resiste, con cierto orgullo, el sector privado que produce bienes y servicios. Suele vivir y trabajar en las ciudades. Y en el caso de los porteños de la ciudad de Buenos Aires, ahora somos doblemente discriminados. Empezó la discriminación, cuándo no, la dueña de la grieta, Cristina Fernández, comparando toda la riqueza de la ciudad con las necesidades del conurbano profundo. Con el verso de los jardines colgantes versus los barrios pobres sin agua potable con personas humildes que chapotean en el barro. Como si los porteños hubiésemos robado los sueños a los habitantes de la provincia empobrecida. Como si ella no hubiera contribuido a multiplicar la pobreza y la carencia en La Matanza, Merlo, Moreno o Lomas de Zamora. La está imitando uno de sus mejores discípulos, Alberto Fernández, quien a todo el que no piense como piensa él acerca de cómo debe ser la cuarentena le adjudica una mirada porteñista. Y, sobre llovido, mojado, reinterpreta la discriminación cristinista el energúmeno del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien acaba de decir: “A la Argentina que trabaja le sobran porteños”.
La gran pregunta que todavía no tiene respuesta es si la feudalización del país durará lo que dure la pandemia o habrá llegado para quedarse. Economistas de izquierda y de derecha afirman que la emisión monetaria sin límites es suicida, pero ¿qué presidente que se reconozca peronista resistiría la tentación de seguir prolongando el Ingreso Familiar de Emergencia y de mantener el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción si así se asegurara el voto de, por lo menos, la mitad más uno de los argentinos?