EDITORIAL

Chubut y la nefasta ley de lemas
La modificación de las normas electorales debe ser siempre el resultado de amplios consensos políticos y de debates alejados del llamado a las urnas
Director: Fernán Saguier
El oficialismo intentó presionar a la Legislatura de Chubut para modificar el sistema electoral e introducir la llamada ley de lemas en la provincia patagónica. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los principales referentes del justicialismo y del Frente Renovador terminó por desactivar la iniciativa y frustrar su sanción.
Estos enjuagues surgieron ante la preocupación del oficialismo provincial por perder el poder si se repitieran los resultados de las elecciones de 2021.
Chubut ha sufrido, desde hace varios períodos, verdaderos desgobiernos. Un ejemplo de ello lo constituyen los largos períodos sin clase que soportan los niños y jóvenes de aquella provincia. A pesar de la renta petrolera y los enormes recursos en agua, pesca, minerales y turismo, que le permitirían ser una de las provincias con mayor desarrollo económico y con más elevados niveles de vida para su población, el desmadre fiscal y los problemas de pobreza son enormes en el distrito chubutense.
No obstante, la preocupación del oficialismo pasa por buscar mecanismos tramposos tendientes a conservar el poder, aunque hayan demostrado que no saben hacer nada positivo con él.
En reiteradas ocasiones nos hemos ocupado desde este espacio del mamarracho de la ley de lemas. Distintos especialistas han planteado sus cuestionamientos a este sistema electoral; entre ellos, el titular de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, quien calificó estas propuestas, que rigen en varias provincias, de una “versión mal entendida de federalismo electoral” que introduce la “balcanización de la política”.
La ley de lemas, en los lugares donde rige o ha regido, ha llevado en casos extremos a instaurar gobernadores e intendentes municipales con un porcentaje mínimo de votos, por debajo incluso del 20%, que derrotaron a candidatos que superaban el 40% de los sufragios.
Además de una cuestión tan importante como la representatividad del elegido, el sistema de lemas incrementa costos por la mayor impresión de boletas, introduce confusión en el electorado, precisamente ante la cantidad de boletas en el cuarto oscuro, y activa mayores problemas de convivencia entre mayor número de fiscales en el comicio. A su vez, la pugna por la ubicación de las boletas vuelve lentísimo el escrutinio.
El oficialismo chubutense no logró imponer la ley de lemas, pero sí pudo suprimir las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, más conocidas por sus siglas, PASO. Más allá de que ningún sistema electoral es perfecto ni inocente, estas últimas han demostrado ser un mecanismo idóneo para resolver las diferencias dentro de los partidos y para dirimir las preferencias ciudadanas entre quienes aspiran a cargos electivos con la participación popular, evitando la dedocracia de los que se creen dueños de los votos, se trate de un caudillo anacrónico o de un grupo de dirigentes anquilosados en una estructura partidaria que carecen de genuina representación fuera de sus aparatos facciosos largamente sumidos en el descrédito.
Cuestiones como las leyes electorales deben ser el resultado de un amplio consenso entre toda la dirigencia política y es deseable que estos debates y propuestas se realicen con antelación suficiente a la celebración de elecciones.
De ninguna manera una ley electoral puede ser la imposición de un sector a otros en función de necesidades facciosas. Estas actitudes demuestran escasa vocación democrática, porque el acto más trascendente que da cabida periódicamente a la voluntad de una ciudadanía que elige a sus gobernantes y legisladores, el sufragio, debe ser el más limpio y transparente. Allí radica el respeto por el pueblo, por las instituciones sólidas que garanticen los derechos de todos, sin deleznables maniobras propias de un sector.
Muy lejos está la dirigencia que pergeña estas maniobras de la grandeza de Roque Sáenz Peña; de su ministro del Interior, Indalecio Gómez, y de un Congreso que votó la ley que lleva el nombre de aquel estadista. Él sabía que podía perder el monopolio del poder, pero estaba convencido de que ante el enorme salto poblacional, educativo y económico que daba el país, debía perfeccionar la democracia para dar respuesta al nuevo tiempo.
Muy lejos está la dirigencia que pergeña estas maniobras de la grandeza de Roque Sáenz Peña, quien sabía que podía perder el monopolio del poder, pero estaba convencido de que era necesario perfeccionar la democracia

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