CRISIS INSTITUCIONAL GRAVE

La Ciudad denunció al Gobierno por incumplir el fallo de la Corte Suprema
La Casa Rosada se niega a restituir los fondos quitados y busca dilatar los pagos
Hernán CappielloLarreta recibe el jueves el saludo de Ritondo, Negri, Jorge Macri y Tonelli, entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio
La ciudad de Buenos Aires denunciará  ante la Corte Suprema el incumplimiento del Estado nacional de la sentencia que ordenó entregarle de manera automática los fondos coparticipables que la Nación le había quitado en medio de la pandemia.
La Nación lleva desde el viernes pasado sin obedecer la orden judicial, tras calificar el fallo de “incumplible”. Los abogados del gobierno porteño trabajan también en una denuncia penal que podría alcanzar al directorio del Banco Nación, responsable según la sentencia de hacer el depósito diario de los fondos; al Ministerio de Economía, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En paralelo, el gobierno nacional prepara una estrategia para dilatar el pago a la ciudad de Buenos Aires. Para eso argumentará que carece de los fondos necesarios y que debe modificar el presupuesto a través de una nueva ley del Congreso.
La ciudad de Buenos Aires prepara un escrito para denunciar hoy ante la Corte Suprema el incumplimiento del Estado nacional de la sentencia que ordenó entregarle de manera automática y diaria el 2,95% de los fondos coparticipables que la Nación le había quitado en la pandemia.
La Ciudad entiende que desde el miércoles pasado, en que fue notificado el fallo, la Nación lleva al viernes último dos días de incumplimiento de la orden judicial.
El camino elegido es denunciar ante la Corte Suprema el incumplimiento del Banco Nación, que debe activar los giros, sin pedidos por ahora de embargos. Y, por lo tanto, sin apurar a la Corte Suprema, que tiene sus tiempos.
Al mismo tiempo, los abogados del gobierno porteño trabajan también en la redacción de una denuncia penal que podría alcanzar al directorio del Banco Nación, responsable según la sentencia de hacer el depósito diario y automático; el Ministerio de Economía, y la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Esta segunda presentación, que es otra vía para emplazar al gobierno nacional, se encauzaría por los juzgados federales de primera instancia, donde ya hay al menos dos denuncias penales contra el presidente Alberto Fernández, una de la Coalición Cívica y otra de Republicanos Unidos, por la desobediencia a la Corte Suprema y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. El lunes se sumará una tercera de Patricia Bullrich.
La Ciudad había adelantado que además iba a pedir el embargo de las cuentas para cobrarse lo que el Estado nacional no le paga, que son unos 1100 millones de pesos diarios. Sin embargo, por ahora, prefirió dejar de lado esta opción. “Queremos notificar a la Corte el incumplimiento de la sentencia, que hoy ya es de dos días, y que la Corte se tome el tiempo necesario para actuar; no vamos a pedir por ahora el embargo”, dijo a la nacion un alto funcionario porteño. Otra fuente de la Ciudad confirmó la estrategia y dijo que todo está por el momento bajo análisis y que están esperando el transcurso del acontecimiento. “Una cosa es decir que no van a incumplir y otra es ver qué hacen, veremos”, dijo este funcionario.
El ejemplo que tienen por delante en la Ciudad es el caso de la provincia de San Luis, donde la Corte falló contra el gobierno de Mauricio Macri para que le devolviera los impuestos, pero la ejecución de la sentencia duró cuatro años, con diversas propuestas que hizo la Nación para cumplir con la sentencia.
En tanto, desde el lado de la Nación, los abogados del Estado están trabajando en el recurso de revocatoria in extremis que anunció el presidente Alberto Fernández, que se iba a presentar para que la propia Corte dé vuelta su decisión. Si bien el recurso no está previsto en los códigos procesales, constitucionalistas consultados dijeron que la jurisprudencia lo fue contemplando, aunque para errores materiales y cuestiones formales, no de fondo, como esta. El plazo para presentarlo sería de tres días hábiles. Si se considera que la sentencia fue notificada el miércoles pasado, el plazo se vencería en las dos primeras horas del horario judicial del miércoles, ya que el viernes fue asueto.
Con respecto a la recusación que dijo el Presidente que iba a presentar contra la Corte, los especialistas no solo sostienen que es extemporánea, sino que hay precedentes del máximo tribunal para su rechazo.
Más allá de esta actividad en las dos partes del proceso, la Corte Suprema, una vez que reciba estos escritos, podría analizar si corresponde dar traslado a la contraparte del recurso, lo que llevaría los plazos más allá de esta semana que se inicia y que termina el jueves, ya que el viernes hay asueto. Por eso, cualquier decisión en este caso de la coparticipación federal va a ser analizada en febrero al concluir la feria judicial. La apertura de la feria para tratar algún asunto es muy excepcional y solo por cuestiones humanitarias. El último antecedente ocurrió hace 21 años, con el caso de Silvia Tanus. La Corte Suprema autorizó, el 11 de enero de 2001, a inducir el parto de una mujer que llevaba en su vientre un bebé de siete meses con anencefalia, sin posibilidades de sobrevida.
Así las cosas, a pesar del vértigo político que tomó el caso, tras el anuncio de Alberto Fernández de que el fallo era “incumplible”, la causa va a enfriarse en los tribunales, al menos durante el mes que duren las vacaciones de verano.
Esta velocidad también conviene al gobierno porteño, que prometió aprobar una ley en la Legislatura de la Ciudad para reducir los impuestos si la Nación paga la coparticipación. La semana pasada intentó aprobarla, pero se cayó la sesión por falta de apoyo opositor. Ahora en período de sesiones extraordinarias, necesitan 40 votos para hacerlo, pero tras el verano, en sesiones ordinarias les basta con 31 votos, y el bloque oficialista reúne 32, dijo a la nacion un funcionario del gobierno porteño. “Vamos a seguir trabajando en la Legislatura para sacar dictamen y que no sean necesarias las 40 personas, sino que con 31 ya se pueda aprobar. Los 31 votos son los que tiene le oficialismo, por lo que es una cuestión de tiempo para que eso suceda. Es un compromiso tomado y va a suceder”, dijo el ministro de Economía porteño, Martín Mura, a la CNN.
El análisis que hace la Ciudad es que el gobierno nacional se apuró al decir que el fallo era incumplible. Bastaba con anunciar los recursos de revocatoria y la recusación, y luego negociar la ejecución de la sentencia, señalan. Creen que la redacción del comunicado donde señalan que el fallo es “incumplible” fue alentado por el ala más indignada de los gobernadores peronistas y por el kirchnerismo.
Otro asunto es el aspecto político. Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmaron un comunicado con Alberto Fernández, pero no todos están en la misma sintonía. Alguno están analizando pedir intervenir en el expediente como terceros afectados, dado que entienden que los fondos que se ordena que le den a la Ciudad se los sacan a ellos. La Corte dijo que esto no es así porque los fondos coparticipables se deben detraer de los que percibe la Nación.
Algunos gobernadores están entusiasmados y sus asesores legales buscan bajar sus ánimos belicosos, pero otros están incómodos con la embestida contra la Corte porque tienen sus propios casos allí y no quieren malquistar a los jueces que deben decidir sobre ellos. Por eso es que enfriar el asunto podría ser beneficioso para todos.
En la intimidad, Alberto Fernández, en cambio, está convencido de la certeza de su decisión del viernes pasado y del escrito que suscribió. A sus interlocutores del fin de semana que lo llamaron para desearle feliz Navidad los sorprendió con una clase de derecho constitucional sobre lo correcto de su decisión. En su entorno trabajan en los recursos, a sabiendas de que, más allá del estrépito político inmediato, el caso terminará por perder estridencia, aplacado por el sopor del verano judicial.

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